Nicaragua por una manera distinta de hacer política

Más de cinco meses han pasado desde el estallido de la rebelión cívica contra la tiranía de Daniel Ortega. Cinco meses en los que se han revelado al menos tres cosas: la naturaleza autoritaria -y criminal-  de su régimen, el hartazgo de la población nicaragüense contra la forma de gobierno de los últimos once años y una nueva cultura política que puja por avanzar. La primera y la segunda lo han hecho de forma  explícita y sin lugar a la mínima duda,  la tercera aunque ha sido menos abordada,  es de absoluta relevancia para el futuro histórico del país.

Hace varios años un estudio sociológico sostenía a contrapelo de quienes afirmaban el desinterés de las nuevas generaciones en la política, que no es que a la juventud no le interesara, es que rechazaba la manera de practicarla por parte de los actores tradicionales. Se refería a la imposición, la corrupción, el compadrazgo y los conciliábulos, por encima del consenso, la persuasión, el diálogo abierto y la transparencia en el manejo de  la cosa pública.

La denuncia de la población juvenil a la irresponsabilidad del gobierno de Ortega ante el incendio de la Reserva Indio Maíz primero, y el rechazo a la reforma de la seguridad social después, ambas demostraciones reprimidas de manera violenta, fueron, como se sabe, los antecedentes inmediatos de una rebelión ciudadana que iniciada por la juventud universitaria, rápidamente convocó y movilizó a todos los sectores de la sociedad de forma transversal.

Si bien en las movilizaciones iniciales de abril, hubo una dosis de espontaneidad, no es menos cierto que desde que Ortega llegó al gobierno en el 2007, ha habido una constante denuncia de sus abusos en todos los órdenes y un constante llamado y organización de movimientos sociales y políticos para actuar contra esas prácticas antidemocráticas.

Si hasta antes de abril eran pequeños grupos los que se manifestaban contra el orteguismo, en la sociedad se incubaba indefectiblemente un descontento, cuya expresión manifiesta solo se postergaba  o adquiría expresiones menores ante la represión y la amenaza.

Cabe mencionar el movimiento campesino contra la concesión canalera, como la más importante movilización social   de los últimos años, hasta antes de abril.

Pero la presente insurrección de la población nicaragüense  tiene en sí misma, además del heroísmo demostrado por miles de ciudadanos, el mérito de sostenerse en el ámbito pacífico. Un mérito extraordinario  si se tiene en cuenta la violencia de la policía y de los grupos paramilitares con que el régimen ha reprimido a la ciudadanía. Frente a  los fusiles akas y dragonov -por decir lo menos- la población se defendió con barricadas, tranques o “armas“ tan precarias -ridículas, las llamó un periodista extranjero-  como tiradoras o piedras. Allí están las fotos en las que algunos de los más de quinientos asesinados por el régimen, yacen blandiendo esas “armas”.

Pero hay más. Esta insurrección no tiene una fuerza conductora. Una “vanguardia” se habría dicho en los años sesenta o setenta. Ha habido una organización auto diseñada por el movimiento insurrecto y sin un único líder o grupo de cabecillas que hayan marcado la pauta nacional. Y ese es otro mérito, porque  esta rebelión explícita contra el orteguismo lo es también, y de manera radical,  contra el autoritarismo, el vanguardismo, o el mesianismo cuyos restos persisten, aunque cada vez menos ciertamente.

Lo anterior no significa que no existan o no deban tener cabida  líderes. Los hay y los habrá. Pero esos líderes, sea cual sea la identidad ideológica con la que se identifiquen o la generación a la que pertenezcan, deben entender el mensaje que esta  nueva Nicaragua está enviando: no más autoritarismo ni imposiciones de ningún tipo, no más mesianismo, no más nepotismo.

Y eso entraña una nueva cultura política. Dar paso a esa nueva cultura supone también  asumir  que los liderazgos no se improvisan, que a la par de las habilidades y capacidades para conducir y actuar debidamente en la lucha política, sea callejera o parlamentaria,  se requiere también solidez ética y coherencia entre la prédica y la práctica.

Estos elementos son de una relevancia trascendental en un país cuya historia está marcada por dictaduras, guerras civiles e insurrecciones, y en cuyas raíces siempre ha estado el caudillismo, la triquiñuela o el afán desmedido de poder e imponer, haciendo caso omiso de las leyes y de valores fundamentales como la paz, la transparencia  y el respeto a los derechos humanos.

Aunque Ortega se sostenga todavía en el poder a sangre y fuego, y no será por mucho tiempo más, Nicaragua es otra desde abril. Y cuando el orteguismo sea historia, a la par de la democracia, habrá de apuntalarse esa nueva cultura política, democrática y sin divorcio con la ética. Esa es desde ya una responsabilidad de todos los cuerpos políticos democráticos y del futuro estado.

Un amigo extranjero me preguntó “¿y no surgirá otro con intentos de dictador después de Ortega?”. Mi respuesta fue: No lo sé, pero no creo que alguien lo intente. Y si lo hace, ya la sociedad nicaragüense tendrá el antídoto.

(Publicado en Mundiario- España el 26  de septiembre, 2018)

 

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Del FSLN al orteguismo

Han pasado más de tres meses desde el estallido de la insurrección cívica en Nicaragua. Casi 100 días en los que se ha revelado -de la forma más clara posible -la inconformidad acumulada en la sociedad nicaragüense ante la concentración de poder autoritario en la pareja y familia Ortega Murillo y el hartazgo frente a la corrupción y los abusos en todos los niveles que su gobierno promueve y practica desde hace 11 años.

Pero lo que no ha dejado de sorprender, incluso a sectores opositores, es la acción represiva del régimen de Ortega que ha cometido la más grande matanza en tiempos de paz que se conoce en el país. Más de 300 muertos, 2000 heridos y centenares de desparecidos en tres meses, marcan ya un parte aguas en la historia de Nicaragua. Y con justa razón han provocado un rechazo internacional casi unánime, a excepción de la “izquierda” retrógrada que vira la mirada ante los crímenes  de sus camaradas.

Y con la sorpresa, han surgido las preguntas ¿cómo es posible que el FSLN haya llegado hasta esto?, ¿cómo es posible que aquella Juventud Sandinista, protagonista de hermosas jornadas como la Cruzada Nacional de la Alfabetización, sea ahora un grupo de desalmados criminales? Y Ortega, el comandante revolucionario ¿cómo mutó  a dictador sanguinario, émulo de Pinochet, Videla o Somoza ?

La narrativa de la  izquierda reaccionaria -y esto ya no es oxímoron-, representada por el castrismo en Cuba, Maduro en Venezuela, Morales en Bolivia, y por supuesto por  Ortega en Nicaragua, ha trastocado la semántica, se ha apropiado de palabras como revolución,  izquierda, socialismo. Y vaciándolas de sus contenido original, denominan así prácticas y corrientes en verdad antagónicas. ¿Cómo puede llamarse “revolución” lo que ocurre en Cuba o en Venezuela? Osan en denominar “socialismo” lo que han hecho en Nicaragua, o “liberación” la ocupación que ejecutan los paramilitares orteguistas en las ciudades alzadas cívicamente.

Lo mismo ocurre con el FSLN o la Juventud Sandinista. Esos cuerpos de fieles fanáticos, solo preservan el nombre  de aquellas entidades y  no son más que turbas absolutamente controlados por los Ortega. Y de ellos son parte los grupos que  hoy matan estudiantes, mañana golpean mujeres y luego danzan agitando  felices  las banderas roji negras.

Desde finales de los años ochenta, dentro del FSLN se empezaron a dar manifestaciones de descomposición ética y social. Sin embargo, la guerra como fenómeno  abarcador, hacía que toda acción correctiva al respecto se postergara o se subordinara a la solución de esta. El prolongado conflicto militar, la carencia de controles institucionales o la inobservancia tolerada de ellos y la ausencia de una educación sostenida en valores y principios, fueron el caldo en que se incubó esa descomposición, cuyos síntomas fueron subestimados o francamente soslayados. Los sectores del sandinismo que lo advirtieron entonces, no tuvieron la suficiente fuerza para imponerse y corregir.

Luego de la derrota electoral del 90, Daniel Ortega desde su posición de Secretario General, procedió a desmontar la mínima pero existente institucionalidad del FSLN y nutrió su base de apoyo individual de los sectores beneficiados por la “piñata” y de otros, muchos de ellos procedentes del lumpen proletariado, golpeados por los planes de ajuste económico ejecutados por los gobiernos neo liberales que sucedieron a Ortega.

Este es un primer factor que contribuyó a la desaparición del FSLN y su continuidad nominal en el cuerpo orteguista de hoy.

La siguiente fuente fue la ampliación de esa base social sobre la base de los beneficios sociales posibles de ejecutar por el manejo discrecional  de la millonaria  cooperación petrolera venezolana. Esos beneficios se orientaron a consolidar su proyecto político, premiar fidelidad política mediante dádivas y no a resolver el problema de la pobreza. Si varios millones de dólares se destinaron a comprar canales de televisión para la familia, otros menos a comprar zinc  y madera para repartir entre los más pobres y comprar simpatías.

Paralelo a eso, mediante el ejercicio del poder –nepótico-  y en particular la cuota  que del mismo ha manejado Rosario Murillo, se promovió a importantes cargos estatales, desde ministerios hacia abajo, a disciplinados y fieles subordinados  a su proyecto familiar. Muchos de ellos jóvenes, inofensivos ante el autoritarismo. La misma lógica se empleó nombrando  jerarcas militares recién pasados a retiro en altos cargos, incluyendo el vicepresidente del período anterior.

Todas estas acciones obedecieron a la estrategia del orteguismo  de  disponer de un aparato estatal controlado y a su servicio, de un instrumento movilizador  de su base social, que le revistiera  de legitimidad en las calles. Con la posibilidad de activarlo, con todos los recursos necesarios, como instrumento en  los fraudes electorales o  como fuerza de choque paramilitar. En estos tres meses lo ha desplegado de la última forma  en una orgía espeluznante.

Sin embargo hay  tres  fenómenos que son la debilidad estructural inherente de Ortega, pese a la victoria que ahora alardee. De una parte la corrupción, los atropellos y el abuso que su régimen practica, han  afectado a muchos que han sido parte de su base social. En la medida que el orteguismo dejó de ser un proyecto político de un conjunto social para ser el de una familia fue labrando el aislamiento que hoy experimenta.

La merma  de la  base social del régimen reduce sus bases de apoyo beligerante a las estructuras organizadas, en su mayoría movilizadas por paga o por fanatismo. Los recursos para la paga no son ilimitados y el fanatismo es temporal ante la fuerza de los hechos. En  ninguno de los casos hay racionalidad ni convicciones sustentadas. Y ese factor es fundamental en situaciones de movilización y la resistencia social, como las que vive ahora en Nicaragua . Dicho de otra manera, son cada vez menos los orteguistas dispuestos al sacrificio por Ortega.

Sin embargo en las fuerzas sociales reveladas la situación es otra. Las convicciones  que dan legitimidad  y la cohesión son fortalezas ciudadanas. Por eso el mundo cada día es testigo como, en un país en el que se dispara a matar contra las manifestaciones cívicas, los ciudadanos han hecho de ese acto de heroísmo una práctica cotidiana. Esa es la garantía de su victoria.

(Publicado en Mundiario– España, 24 de julio del 2018)

(Se autoriza y agradece su reproducción, citando debidamente autoría)

Algunas enseñanzas de la crisis de la socialdemocracia europea

La socialdemocracia, variada, vieja y todavía fuerte corriente política, sufre una ya prolongada crisis. Crisis que es particularmente grave y evidente en Europa. Los resultados obtenidos por el Partido Social Demócrata Alemán en las elecciones de septiembre pasado y el impasse sobre su participación o no en una coalición para gobernar, prolongado durante meses, constituyen el elemento más notorio del último año.

Desentrañar las causas de esa crisis, y en consecuencia las soluciones, no es sencillo. Las causas son muchas y muchas también -en tanto diversas-, las respuestas que se requieren para superarla.

Sería un error presentar el panorama como tabla rasa. No. Hay diferencias entre el estado de la social democracia en la Europa del Norte, por ejemplo, al estado de la misma en Alemania o en la Europa latina. Pero en el panorama actual, los gobiernos socialdemócratas, o en los que estos participan, son considerablemente los menos.

Mientras el Partido Social Demócrata Sueco gobierna -todavía- con holgada comodidad, y en Noruega los laboristas lograron en el 2017 una escasa mayoría, otra situación es la que se vive en el centro y en el sur de Europa.

Los resultados de septiembre del 2017 para el Partido Social Demócrata confirman su declive de los últimos 20 años. En 1998, con Gerhard Schröder como candidato, logró su máximo histórico con un 41% de los votos. En  las elecciones de septiembre del 2017 obtuvo el 20.5%  (la mitad  de aquel lejano 41%).

En España, entre el 2008 y el 2016, el PSOE vio disminuido su caudal electoral en casi 6 millones de votos: de los 11.289.335 que logró en las elecciones generales, cuando fue electo para un segundo período José Luis Rodríguez Zapatero, a los 5 millones y medio que logró Pedro Sánchez como candidato en junio del 2016.

En Francia, en el 2012, Francois Hollande obtuvo (en segunda vuelta) el  51,7% de los votos, frente al 48,3% de Nicolás Sarkozy. En 1988, Francois Mitterrand, había iniciado un segundo período con el 54% de los votos. Pero el año pasado, el Partido Socialista perdió el gobierno  con el peor resultado de los últimos 50 años al lograr  un exiguo 6% de los votos.

Ya antes, el PASOK, de Grecia, había experimentado un gradual descenso en su caudal electoral: de un promedio sostenido de un 42%  entre 1981 y 2009, cuando inició su debacle, hasta un catastrófico 4,79% en el 2015.

¿Que ha pasado? ¿Cómo es posible que fuerzas tan emblemáticas como el PSOE o el PASOK, baluartes de la construcción de la democracia en España y Grecia, vean descender su influencia así? ¿Por qué la socialdemocracia, la fuerza política que construyó el estado de bienestar en Europa, ha experimentado este derrumbe?

La primera gran enseñanza que salta ante todos, es que en las sociedades democráticas, ninguna mayoría es inmutable y que por lo tanto, obtenerla y preservarla, es tarea diaria de los partidos políticos.

El contexto mundial de la globalización, afianzado y acelerado en los últimos 20 años, ha conllevado transformaciones económicas, culturales, sociales y políticas. Y con ello nuevos problemas, nuevos desafíos. Esto es particularmente cierto en Europa, donde se vive el más avanzado proceso de integración. La relativización de la soberanía de los estados nacionales frente a las entidades supranacionales, la unidad monetaria, el libre comercio y tráfico de personas, son realidades y avances indiscutibles, pero no han eliminado las diferencias de desarrollo y de nivel de vida entre los países y a lo interno de cada uno.

La socialdemocracia ha sido clara y consecuente en que es europeísta y defensora de la integración -frente a una derecha ultranacionalista y separatista-, pero no tiene todavía una propuesta acabada de cómo lograr una Europa integrada, solidaria, con estados nacionales fuertes y en progreso, que no esté sometida a la lógica neoliberal  que marca el gran capital financiero internacional.

Los flujos migratorios desde los países árabes y africanos, unido a la movilización de ciudadanos europeos hacia los países con economías más sólidas, son una presión permanente, especialmente sobre Alemania y los países nórdicos. Son, de lejos, actualmente el principal problema social en el continente. Frente a ello no ha habido una respuesta diáfana y consistente de la socialdemocracia. La pregunta ¿cuál y cómo debe ser la política migratoria europea, interna y externa?, sigue planteada.

Los dirigentes de la ultraderechista alemana, AFD, suelen repetir el lema “Nuestros pobres primero”, en el afán de erigirse en los defensores de  los pobres de Alemania. Pobres y capas medias bajas que, por cierto, ven en los refugiados o inmigrantes europeos, una amenaza que les podría arrebatar sus puestos de trabajo o por quienes sus beneficios sociales podrían verse disminuidos. Esto lleva a la siguiente pregunta : ¿No representa  la socialdemocracia a los pobres? ¿ha dejado de hacerlo?

En algunos países se percibe una separación entre las prioridades y las exigencias de la dirigencia socialdemócrata y la masa votante. Para decirlo de otra manera entre “la alta política” y la “vida diaria” de las mayorías.

En diciembre pasado, en la conferencia internacional realizada en la víspera del  congreso ordinario del SPD, Sigmar Gabriel, hasta hacía poco su presidente, señalaba que ellos habían mantenido en alto, coherente y correctamente,  las banderas  de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y el tema ambiental. Sin embargo, la que fue la principal demanda de los trabajadores durante muchos años, la necesidad de una ley de salario mínimo, la habían mantenido en un segundo plano. Fue hasta en el 2015  -con el impulso socialdemócrata, como no- que se aprobó la ley correspondiente.

Pero no solo es la ultraderecha la que disputa la representación de los más pobres y de las capas medias bajas a la socialdemocracia, como lo hace el Frente Nacional en Francia o la AFD en Alemania. También desde el lado izquierdo surge competencia. Así en España irrumpió con fuerza Podemos y en Grecia Syriza.

Las fuerzas social demócratas han ejercido la lucha parlamentaria con vigor, pero en la mayoría de los casos sacrificando la acción política cotidiana, el trabajo cara a cara con los ciudadanos. Su presencia en las calles se reduce a las campañas electorales. Mientras, la competencia, de derecha y de izquierda, sí recurre a las  demostraciones, a la política cercana al ciudadano de a pie. No es posible que los ciudadanos solo sean apelados para solicitar  su voto. No es políticamente correcto ni estratégicamente sostenible.

La socialdemocracia está obligada a realizar un profundo proceso de reflexión ideológica y encontrar respuestas a viejos y nuevos problemas con los principios de siempre, con los que nació. El progreso, la democracia, la equidad, la libertad y la autodeterminación, son propósitos válidos en un mundo que es -tiene que ser y lo seguirá siendo- global, interconectado e interdependiente.

(Publicado en Mundiario-España, 22 de marzo del 2018)

Las reformas electorales para la democracia en Nicaragua

En la vida moderna de Nicaragua, los períodos democráticos han sido breves paréntesis. Las guerras, las intervenciones extranjeras y la violencia política, siempre originada desde el poder, han marcado la vida del que hoy sigue siendo el segundo país más pobre de América, en gran parte como saldo de esa cruenta historia.

Hoy dos verdades son  evidentes en Nicaragua: de un lado la naturaleza dictatorial, con pretensiones dinásticas, del régimen de Daniel Ortega y de otra parte, el rechazo ciudadano a la guerra o cualquier forma de violencia,  como vía para reconquistar la democracia. Mientras la primera  se confirma  cada día en la actuación nacional e internacional del orteguismo, la segunda es palpable en los estados de opinión de la población e incluso se expresa se manifiesta de manera singular en la aparente apatía frente a los abusos, la corrupción y la impunidad que el régimen practica y promueve.

Sería un error concluir que la falta  o esporádica movilización  ciudadana en rechazo  a las actuaciones  y políticas oficiales y sus consecuencias, es resignación fatalista o peor aun, apoyo mayoritario al gobierno.

Los estrictos controles que ejerce el régimen de Ortega en amplios sectores de la vida social, la represión expresa o sutil, física o económica, el chantaje y el soborno, son instrumentos que se dirigen precisamente a inhibir la movilización de la población descontenta. Así lo hizo el somocismo a lo largo de su dilatada dictadura, así fue en los años ochenta cuando el FSLN gobernó. Así lo han hecho siempre los regímenes antidemocráticos.

No obstante, la historia señala que eficacia de los  instrumentos  represivos solo es temporal  y nunca han sido capaces de impedir los cambios políticos y sociales ni las demostraciones de inconformidad o rechazo.

En Nicaragua, en los últimos años, se han hecho patente beligerantes demostraciones del campesinado, el movimiento femenino y los  ancianos, en contra de decisiones oficiales sustantivas como la concesión canalera lesiva a la soberanía nacional, la violencia que sufren las mujeres y la cada vez más exigua  amenazada seguridad social.

El cierre del siglo veinte abunda en cambios políticos radicales que poco antes que se dieran parecían imposibles: desde el No a Pinochet en 1988, pasando por las revoluciones democráticas en el este europeo, hasta la derrota electoral del FSLN en febrero del 90. Una condición indispensable en los desenlaces que se dieron mediante el voto, fue la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En Nicaragua, el desmontaje del andamiaje institucional democrático que, en medio de no pocas dificultades, pujaba por establecerse desde 1990,  y en particular la destrucción del sistema electoral, obra del orteguismo, invalidan las  elecciones en las actuales circunstancias, como vía para lograr los cambios políticos. Carecen de transparencia y por eso mismo son ilegítimas y faltas de credibilidad. El porcentaje de abstención que alcanzó el setenta por ciento en los comicios municipales de noviembre pasado, lo refrenda.

La aplicación de la Ley Magnistky a Roberto Rivas Reyes,  presidente del aparato electoral nicaraguense, testaferro y fiel servidor de Ortega, es más que emblemática. No es creíble un sistema electoral presidido por un individuo calificado como delincuente internacional y cuya venalidad está más que comprobada.

Entonces si en las actuales circunstancias (subrayo y enfatizo: actuales) las elecciones no son el camino a la democracia ¿cuál es? No es la violencia, a la que propio régimen empuja y cuyo saldo histórico de destrucción y muerte bien se conoce en Nicaragua. Solo hay uno: cambiar las condiciones y lograr que las elecciones sean transparentes, incluyentes y cuyos resultados respetados sin ápice de duda. Se trata de restituir la validez del principal instrumento para el ejercicio de la voluntad ciudadana: el voto.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), convergencia que aglutina a partidos y movimientos opositores, expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes, planteó el pasado 21 de diciembre, quince puntos que recogen la reforma electoral que Nicaragua necesita. La propuesta del FAD, la  más importante alianza opositora al orteguismo, es la más completa que se ha presentado en el menú de opciones de la reforma electoral hasta ahora conocido .

Pero las elecciones libres, inclusivas y transparentes, no serán de fácil conquista. Y no lo serán porque la esencia del régimen que encabeza Daniel Ortega es el autoritarismo,  y porque sus cabecillas – el propio Ortega y su mujer en primer término- saben que en elecciones libres se juegan no solo su existencia política sino también  la  impunidad que ahora gozan y los casi infinitos  beneficios que disfrutan en el poder.

No será dádiva, porque en política predominan la opción y las propuestas que tengan a su favor la correlación de fuerzas. Por eso, la batalla cívica del pueblo nicaragüense es indispensable para lograr las reformas, realizar elecciones libres y recuperar la democracia. Pero en esa vorágine, cuyo estallido puede ser en cualquier momento y cuyas modalidades no se pueden prever, el mayor perdedor es desde ya el orteguismo.

El contexto internacional es cada vez más desfavorable a Ortega y sus márgenes de maniobra se estrechan. Por esa misma razón y porque es lo que más conviene al país, el orteguismo debería ahorrar el costo social que significaría una solución tardía y ahorrarse el costo político  a sí mismo. Debería, pero todo indica que no es su opción. De allí que la transformación democrática -que es inevitable, aunque se atrase-  será muy a pesar suyo.

No será ni con la  violencia, ni en conciliábulos, que  se reconquistará la democracia en Nicaragua. Las fuerzas democráticas tienen el desafío ineludible de afianzar las alianzas, desmarcarse de cualquier asomo de pacto de cúpulas y apostar a la acción ciudadana como condición para conquistar las reformas, para restituir la democracia.  A la comunidad internacional le corresponde apoyar ese esfuerzo y dar su valioso e insustituible aporte.

(publicado en Mundiario- España el 15 de marzo del 2018 y una versión en La Prensa, Nicaragua)

Ortega enfrenta sanciones por corrupción e impunidad

En Managua, es comentario abierto que no hay tranquilidad en los despachos -ni en las alcobas- de El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega, presidente designado y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada, vocera y gobernanta de Nicaragua.

Y es comprensible que no haya sosiego en la sede del omnímodo poder que administra Nicaragua desde el 2007. Después de ejercer durante diez años un gobierno autoritario y de haber desmontado las instituciones democráticas que desde 1990 pujaban por establecerse, las cosas no pintan nada bien para la pareja Ortega- Murillo.

El pasado 21 de diciembre el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Roberto Rivas Reyes mediante la aplicación de Ley Magnitsky. Rivas Reyes, un protegido de Ortega y de su aliado, el jubilado Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quien preside el aparato electoral que ha organizado los fraudes electorales ejecutados en Nicaragua en los últimos diez años. Y eso, unido a sus prácticas corruptas como funcionario público, son las razones de la sanción estadounidense.

Las acusaciones de corrupción que recaen sobre Rivas Reyes, merecen párrafo aparte. La vida de Rivas Reyes está llena de lujos exuberantes e imposibles de  explican a partir de su ingreso salarial y de lo que le genera una modesta plantación de café de la cual es propietario. Su enriquecimiento, por lo demás ofensivo en el segundo país más pobre del continente de América, ha sido paralelo a su ejercicio como funcionario público. Mansiones y automóviles de lujo en Managua, Madrid y San José, jets privados, y numerosas inversiones inmobiliarias internacionales, solo pueden ser explicadas por el uso de recursos del erario en beneficio particular o porque es testaferro de poderosos, o por ambas cosas.

Pero Ortega no solo no ha destituido a Roberto Rivas Reyes, colocado ahora entre los catorce delincuentes internacionales sancionados por la Ley Magnitsky, sino que mediante una pueril reforma legal, lo confirmó en su cargo -aunque liberándolo de responsabilidades administrativas-, le preservó todas sus prebendas y la impunidad en que vive.

Un hecho que llama la atención en Managua en las últimas semanas, es que las escandalosas caravanas en las que se moviliza Rivas Reyes han dejado de circular. ¿Dónde está? Ortega ¿lo protege o lo retiene? Rivas Reyes sabe mucho, demasiado quizás y por eso la hipótesis que su director le mandó hacer mutis, es cada vez más aceptada.

Pero la impunidad que Ortega otorga a Rivas Reyes, también se la proporciona a perseguidos internacionales. Tal es el caso de Mauricio Funes, ex presidente salvadoreño, condenado por enriquecimiento ilícito en su país, quien vive alegremente en Managua, asiste a actos oficiales y goza incluso de protección policial. Más recientemente se ha  denunciado que Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura  de Guatemala y sobre quien hay una orden de captura por el delito de peculado y fraude, también está en Nicaragua.

La impunidad que el régimen de Ortega otorga a personajes acusados de corrupción, y  de distinta calaña, se extiende a violadores de los Derechos Humanos.

En los últimos años en el campo, las ejecuciones de la policía y el ejército a ciudadanos opositores, son cada vez más frecuentes. Desde el 2011 a la fecha, el número de opositores -a los que el régimen señala de delincuentes comunes- “muertos en combate” o abiertamente ejecutados, pasa de los cincuenta. El caso más reciente incluye las vejaciones y el asesinato a dos menores de edad a manos de unidades del ejército. Los cadáveres, como en otros casos, no fueron entregados a los familiares. Y al igual que en situaciones similares, los jefes policiales y militares involucrados, gozan de la protección del régimen de Ortega.

Permitir el enriquecimiento ilícito y otorgar protección ante las acusaciones por crímenes y corrupción, es la moneda con la que Ortega paga la fidelidad a los suyos. O bien es un servicio que ofrece a corruptos internacionales, fundado en el control unipersonal de las instituciones del estado.

Sin embargo, las sanciones con la Ley Magnitsky ya aplicadas a Roberto Rivas y los anuncios que pronto habrá nuevos sancionados, incluyendo al Tesorero del FSLN, Francisco López y altos magistrados judiciales, y la Nica Act que sancionaría al actual gobierno de Nicaragua por violador a las libertades y que puede ser aprobada en cualquier momento en el Senado de los EEUU, causan justificada preocupación en el círculo de los Ortega Murillo.

Ortega sabe que EE UU es un adversario poderoso, y con maniobras pretende eludirlo. Y sabe que el terreno de enfrentamiento en la sociedad global actual, es el comercial y el financiero, los mismos en los que, pese a las peroratas antiimperialistas que suele largar a sus bases, es frágil. Y es más frágil ahora que su protector en los últimos diez años -el régimen chavista- vive una crisis terminal.

Pero Ortega también sabe que el voto ciudadano es su más poderoso adversario, toda vez que sea ejercido en libertad y sin exclusiones. Por eso ha impedido elecciones libres en los últimos diez años con la complicidad y los fieles servicios del ahora sancionado Roberto Rivas.

Por la misma razón, la oposición ha presentado la propuesta de una reforma electoral profunda, que permita  elecciones libres, sin exclusiones y con observación internacional. Ese es el camino –el único en paz- para restituir la democracia en Nicaragua y con ello terminar la impunidad y desterrar la corrupción.

Esa es la batalla cívica que se fermenta en Nicaragua. Suficientes razones para que el insomnio se pasee en El Carmen.

(publicado en Mundiario, España el 27 de febrero del 2018)

Ejército de Ortega practica ejecuciones

“ ¿Dónde están nuestros hermanos campesinos? Que contesten los asesinos !”

Era una consigna que resonaba en los recintos universitarios  y en las marchas ciudadanas contra la dictadura somocista. Era Nicaragua a finales de los años setenta, cuando por la represión política en el campo se contabilizaban decenas de campesinos asesinados o desaparecidos.

Desde hace dos semanas la misma consigna vuelve a leerse en las redes sociales y en los muros de las ciudades y a escucharse en las protestas ciudadanas. Es siempre en Nicaragua, y aunque han pasado 40 años el drama es un déjà vu. Ejecución sumaria. Masacre. Torturas. Violaciones. Son palabras que han regresado y con ellas el dolor de quienes  las  han padecido y la creciente indignación de una sociedad que no quiere repetir todo lo sufrido.

El último de los hechos que ha dado lugar a ello podría haber pasado como una noticia más de los últimos meses, aunque con una dudosa credibilidad por la parcialidad de sus emisores primarios: “El delincuente Rafael Dávila Pérez, alias “Colocho” y 5 de sus compinches murieron este fin de semana al enfrentarse a balazos con tropas del Sexto Comando Militar Regional, en el sector de la comunidad San Pablo 22, en el municipio de la Cruz de Rio Grande, al este del país.” Así informó la radio oficiosa su versión de lo ocurrido.

Lo que se ha sabido  después, por la valiente denuncia de Elea Valle, la esposa del mencionado Rafael Dávila Pérez y por unas desgarradoras fotografías que de manera anónima empezaron a circular por la red, es lo que tiene estremecida a la sociedad nicaragüense: Dávila Pérez  no era un delincuente común, era un alzado en armas contra el régimen de Ortega por razones políticas; los muertos fueron el resultado de una ejecución sumaria, no de un combate; entre los muertos hay dos menores de edad, Yojeisel  y Francisco de 16 y 12 años respectivamente, ambos hijos de Dávila y quienes habían acudido a encontrarse con su padre después de largo tiempo de no verlo. Los cadáveres de los menores, según las fotografías y testigos,  presentan evidentes signos de torturas y acuchillamiento. En palabras de la madre, Yojeisel, la niña, también fue ultrajada sexualmente.

La jefatura del ejército, incluyendo a su jefe supremo, Daniel Ortega, ha guardado un estrepitoso silencio frente a las denuncias hechas. Pero no solo, también ha puesto oídos sordos a la demanda de la ahora viuda de Dávila Pérez y madre de las dos víctimas menores de edad, para que los cuerpos sean entregados. Al dolor por la ejecución de sus tres seres queridos, se suma el escarnio de no poder darles la debida sepultura.

En los últimos siete años en Nicaragua, según los registros oficiales, se han dado 20 enfrentamientos armados de las fuerzas de la policía o del ejército con grupos “delincuenciales“. De ellos han resultado  41 ciudadanos muertos. Nunca se han presentado capturados y pese a la recurrente versión oficial de que son delincuentes comunes, familiares y amigos de los fallecidos y sacerdotes, han sostenido -en todos los casos-  que eran personas alzadas en armas por razones políticas.

Pero delincuentes comunes o no, el  Estado y las autoridades militares y policiales, no han cumplido con la obligación de respetar la vida y la integridad física de los capturados y procesarlos debidamente como en derecho les corresponde.

El último caso, ya conocido como la masacre de La Cruz de Río Grande, ha dado lugar a que ex jefes militares, jerarcas religiosos, entre ellos varios obispos católicos, diversas organizaciones de la sociedad civil y  partidos políticos de oposición, adviertan que el régimen de Ortega se ha configurado ya de manera clara en una dictadura en que la policía y el ejército son instrumentos de represión política, que violan constante y flagrantemente los Derechos Humanos.

La situación es preocupante, no solo por el último hecho denunciado en sí mismo, sino porque podría ser el inicio de un nuevo ciclo de violencia política en un país en donde las heridas morales de dos guerras en los últimos cuarenta años están todavía frescas y las consecuencias materiales de 100 mil muertos, otro tanto de sobrevivientes con lesiones físicas y morales permanentes, centenares de miles de migrantes y millonarios daños, todavía son notorios.

En Nicaragua, como en cualquier otra parte del mundo, el  delincuente o el asesino, como el corrupto, cuando siente el amparo de impunidad que le da la protección del poder, es incentivado  a repetir sus acciones. Pero además su conducta tiende a ser imitada.

De allí que la responsabilidad de quienes ahora  ejercen el poder en Nicaragua es enorme. Y están frente a una disyuntiva: o  investigan y castigan a los responsables de la masacre de la Cruz de Río Grande y de todas las denunciadas antes,  o se mantienen como cómplices encubridores, y se atienen a las consecuencias políticas y legales que tales hechos inevitablemente tendrán a corto y mediano plazo.

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MUNDIARIO- España: www.mundiario.com/articulo/politica/nicaragua-ejercito-ortega-oractica-ejecuciones-sumarias/20171128164551107572.html

Nicaragua Hoy : http://www.nicaraguahoy.info/ejercito-ortega-practica-ejecuciones-sumarias/

Cien años de una revolución que se fue

Frente al imponente edificio de la Universidad Lomonósov, en Moscú, el pintor peruano –comunista para más señas- preguntó a la catedrática soviética:  “¿Cuáles son las corrientes actuales más importantes en la plástica rusa?”. La doctora en artes, entre sorprendida e indignada, respondió “¡En la URSS, solo hay una: el Realismo Socialista !”. Corría el año 1976.

Casi para esos mismos días, los partidos comunistas de España, Francia e Italia, los dos últimos especialmente poderosos, renunciaron abiertamente a la premisa- tenida hasta entonces como dogma en el marxismo-leninismo de la instauración de la dictadura del proletariado como condición para construir el socialismo. A contrario senso de Moscú, reivindicaron la democracia y el pluripartidismo. Aquello fue interpretado como una rebelión y los descalificativos -muchos de ellos todavía en uso por la izquierda más ortodoxa- contra los “disidentes”, abundaron: traidores, revisionistas, agentes de la CIA, entre otros.

La revolución rusa de octubre de 1917 que abrió paso al establecimiento del socialismo en lo que después fue la URSS y marcó su impronta en el siglo XX, celebra su centenario. Y el hecho, sin duda relevante, ha provocado que defensores y críticos en el mundo entero, se enzarcen en debates de todo tipo y calidad.

Pero esa revolución que en los manuales del viejo materialismo histórico, marcaba el inicio de una nueva época, naufragó.

La visión reduccionista de la realidad, el intento de establecer una ideología como la cultura de la sociedad, pasando por alto la diversidad que la caracteriza, y la negación de la democracia como una necesidad histórica, sentenciaron a muerte el socialismo soviético desde muy temprano. El socialismo en la URSS, nació y se estableció como sistema en medio de muchas dificultades, y sobrevivió siete décadas, pero se derrumbó estrepitosamente apenas se plantearon reformas para establecer la transparencia (glásnot) en la política y las reformas modernizantes (perestroika) en lo económico.

La gigantesca burocracia y el estricto control del omnímodo PCUS, ocultaban las heces y las debilidades estructurales del sistema. Pero un sistema que niega el ejercicio de las libertades ciudadanas y abandona al ser humano como centro de su gestión, aunque  sea en nombre de la clase o el pueblo, está condenado inevitablemente a fenecer.

Por eso,  quienes de manera simplista atribuyen el derrumbe del socialismo soviético y sus consecuencias -la desaparición de la llamada comunidad de países socialistas-,  a la gestión personal de Mijail Gorbachov, no hacen más que reconocer la debilidad innata del socialismo soviético. Este mismo razonamiento simplista, es el que atribuye a Stalin –y no al sacrificio del pueblo soviético- la victoria sobre la invasión hitleriana y el aporte de la ex URSS  a la derrota del fascismo. Y lo peor: excusan de esa manera los crímenes del estalinismo.

¿Cómo puede ser legítimo un sistema que necesita un dictador para defenderse y que no resiste una reforma democrática ?

Quienes defienden a ultranza el modelo soviético, esgrimen como uno de sus argumentos, la solidaridad que en nombre del Internacionalismo Proletario practicó la antigua URSS con muchos pueblos. Dicha solidaridad, que no fue incondicional, era parte del cálculo soviético en el contexto de la Guerra Fría. Y se dio en cuanto fue funcional a sus intereses estratégicos. La otra cara de la moneda fueron las invasiones a Hungría (1956), a Checoslovaquia (1968) y a Afganistán (1979), las dos primeras para aplastar movimientos democráticos nacionales y la tercera para afianzar un poder afín, objetivo que no alcanzaron y que dejó un saldo doloroso con miles de jóvenes caídos lejos de su patria. El síndrome de Viet Nam no conoce de ideologías.

La revolución rusa concitó en su momento las esperanzas de los pueblos oprimidos del mundo, y presentó la posibilidad real de construir un sistema alternativo al capitalismo. A partir de ella, el socialismo, como ninguna otra causa política en la historia, movilizó a millones  de personas y otros tanto de miles, entregaron su vida creyendo en sus postulados. Pero como en otras experiencias, las deformaciones que sobrevinieron, enterraron las legítimas expectativas

Ninguna revolución se ha dado reivindicando el establecimiento de una dictadura. La revolución rusa triunfó contra el zarismo  demandando “Pan, paz y tierra“. Tampoco son las intenciones ni los actos heroicos que se producen, los que cuenta para valorar la justeza de una causa, son los resultados y es el saldo neto el que se registra. Y la revolución rusa, no superó el escrutinio de la historia.

(Publicado en MUNDIARIO- España, 6.11.2017)