Algunas enseñanzas de la crisis de la socialdemocracia europea

La socialdemocracia, variada, vieja y todavía fuerte corriente política, sufre una ya prolongada crisis. Crisis que es particularmente grave y evidente en Europa. Los resultados obtenidos por el Partido Social Demócrata Alemán en las elecciones de septiembre pasado y el impasse sobre su participación o no en una coalición para gobernar, prolongado durante meses, constituyen el elemento más notorio del último año.

Desentrañar las causas de esa crisis, y en consecuencia las soluciones, no es sencillo. Las causas son muchas y muchas también -en tanto diversas-, las respuestas que se requieren para superarla.

Sería un error presentar el panorama como tabla rasa. No. Hay diferencias entre el estado de la social democracia en la Europa del Norte, por ejemplo, al estado de la misma en Alemania o en la Europa latina. Pero en el panorama actual, los gobiernos socialdemócratas, o en los que estos participan, son considerablemente los menos.

Mientras el Partido Social Demócrata Sueco gobierna -todavía- con holgada comodidad, y en Noruega los laboristas lograron en el 2017 una escasa mayoría, otra situación es la que se vive en el centro y en el sur de Europa.

Los resultados de septiembre del 2017 para el Partido Social Demócrata confirman su declive de los últimos 20 años. En 1998, con Gerhard Schröder como candidato, logró su máximo histórico con un 41% de los votos. En  las elecciones de septiembre del 2017 obtuvo el 20.5%  (la mitad  de aquel lejano 41%).

En España, entre el 2008 y el 2016, el PSOE vio disminuido su caudal electoral en casi 6 millones de votos: de los 11.289.335 que logró en las elecciones generales, cuando fue electo para un segundo período José Luis Rodríguez Zapatero, a los 5 millones y medio que logró Pedro Sánchez como candidato en junio del 2016.

En Francia, en el 2012, Francois Hollande obtuvo (en segunda vuelta) el  51,7% de los votos, frente al 48,3% de Nicolás Sarkozy. En 1988, Francois Mitterrand, había iniciado un segundo período con el 54% de los votos. Pero el año pasado, el Partido Socialista perdió el gobierno  con el peor resultado de los últimos 50 años al lograr  un exiguo 6% de los votos.

Ya antes, el PASOK, de Grecia, había experimentado un gradual descenso en su caudal electoral: de un promedio sostenido de un 42%  entre 1981 y 2009, cuando inició su debacle, hasta un catastrófico 4,79% en el 2015.

¿Que ha pasado? ¿Cómo es posible que fuerzas tan emblemáticas como el PSOE o el PASOK, baluartes de la construcción de la democracia en España y Grecia, vean descender su influencia así? ¿Por qué la socialdemocracia, la fuerza política que construyó el estado de bienestar en Europa, ha experimentado este derrumbe?

La primera gran enseñanza que salta ante todos, es que en las sociedades democráticas, ninguna mayoría es inmutable y que por lo tanto, obtenerla y preservarla, es tarea diaria de los partidos políticos.

El contexto mundial de la globalización, afianzado y acelerado en los últimos 20 años, ha conllevado transformaciones económicas, culturales, sociales y políticas. Y con ello nuevos problemas, nuevos desafíos. Esto es particularmente cierto en Europa, donde se vive el más avanzado proceso de integración. La relativización de la soberanía de los estados nacionales frente a las entidades supranacionales, la unidad monetaria, el libre comercio y tráfico de personas, son realidades y avances indiscutibles, pero no han eliminado las diferencias de desarrollo y de nivel de vida entre los países y a lo interno de cada uno.

La socialdemocracia ha sido clara y consecuente en que es europeísta y defensora de la integración -frente a una derecha ultranacionalista y separatista-, pero no tiene todavía una propuesta acabada de cómo lograr una Europa integrada, solidaria, con estados nacionales fuertes y en progreso, que no esté sometida a la lógica neoliberal  que marca el gran capital financiero internacional.

Los flujos migratorios desde los países árabes y africanos, unido a la movilización de ciudadanos europeos hacia los países con economías más sólidas, son una presión permanente, especialmente sobre Alemania y los países nórdicos. Son, de lejos, actualmente el principal problema social en el continente. Frente a ello no ha habido una respuesta diáfana y consistente de la socialdemocracia. La pregunta ¿cuál y cómo debe ser la política migratoria europea, interna y externa?, sigue planteada.

Los dirigentes de la ultraderechista alemana, AFD, suelen repetir el lema “Nuestros pobres primero”, en el afán de erigirse en los defensores de  los pobres de Alemania. Pobres y capas medias bajas que, por cierto, ven en los refugiados o inmigrantes europeos, una amenaza que les podría arrebatar sus puestos de trabajo o por quienes sus beneficios sociales podrían verse disminuidos. Esto lleva a la siguiente pregunta : ¿No representa  la socialdemocracia a los pobres? ¿ha dejado de hacerlo?

En algunos países se percibe una separación entre las prioridades y las exigencias de la dirigencia socialdemócrata y la masa votante. Para decirlo de otra manera entre “la alta política” y la “vida diaria” de las mayorías.

En diciembre pasado, en la conferencia internacional realizada en la víspera del  congreso ordinario del SPD, Sigmar Gabriel, hasta hacía poco su presidente, señalaba que ellos habían mantenido en alto, coherente y correctamente,  las banderas  de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y el tema ambiental. Sin embargo, la que fue la principal demanda de los trabajadores durante muchos años, la necesidad de una ley de salario mínimo, la habían mantenido en un segundo plano. Fue hasta en el 2015  -con el impulso socialdemócrata, como no- que se aprobó la ley correspondiente.

Pero no solo es la ultraderecha la que disputa la representación de los más pobres y de las capas medias bajas a la socialdemocracia, como lo hace el Frente Nacional en Francia o la AFD en Alemania. También desde el lado izquierdo surge competencia. Así en España irrumpió con fuerza Podemos y en Grecia Syriza.

Las fuerzas social demócratas han ejercido la lucha parlamentaria con vigor, pero en la mayoría de los casos sacrificando la acción política cotidiana, el trabajo cara a cara con los ciudadanos. Su presencia en las calles se reduce a las campañas electorales. Mientras, la competencia, de derecha y de izquierda, sí recurre a las  demostraciones, a la política cercana al ciudadano de a pie. No es posible que los ciudadanos solo sean apelados para solicitar  su voto. No es políticamente correcto ni estratégicamente sostenible.

La socialdemocracia está obligada a realizar un profundo proceso de reflexión ideológica y encontrar respuestas a viejos y nuevos problemas con los principios de siempre, con los que nació. El progreso, la democracia, la equidad, la libertad y la autodeterminación, son propósitos válidos en un mundo que es -tiene que ser y lo seguirá siendo- global, interconectado e interdependiente.

(Publicado en Mundiario-España, 22 de marzo del 2018)

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Las reformas electorales para la democracia en Nicaragua

En la vida moderna de Nicaragua, los períodos democráticos han sido breves paréntesis. Las guerras, las intervenciones extranjeras y la violencia política, siempre originada desde el poder, han marcado la vida del que hoy sigue siendo el segundo país más pobre de América, en gran parte como saldo de esa cruenta historia.

Hoy dos verdades son  evidentes en Nicaragua: de un lado la naturaleza dictatorial, con pretensiones dinásticas, del régimen de Daniel Ortega y de otra parte, el rechazo ciudadano a la guerra o cualquier forma de violencia,  como vía para reconquistar la democracia. Mientras la primera  se confirma  cada día en la actuación nacional e internacional del orteguismo, la segunda es palpable en los estados de opinión de la población e incluso se expresa se manifiesta de manera singular en la aparente apatía frente a los abusos, la corrupción y la impunidad que el régimen practica y promueve.

Sería un error concluir que la falta  o esporádica movilización  ciudadana en rechazo  a las actuaciones  y políticas oficiales y sus consecuencias, es resignación fatalista o peor aun, apoyo mayoritario al gobierno.

Los estrictos controles que ejerce el régimen de Ortega en amplios sectores de la vida social, la represión expresa o sutil, física o económica, el chantaje y el soborno, son instrumentos que se dirigen precisamente a inhibir la movilización de la población descontenta. Así lo hizo el somocismo a lo largo de su dilatada dictadura, así fue en los años ochenta cuando el FSLN gobernó. Así lo han hecho siempre los regímenes antidemocráticos.

No obstante, la historia señala que eficacia de los  instrumentos  represivos solo es temporal  y nunca han sido capaces de impedir los cambios políticos y sociales ni las demostraciones de inconformidad o rechazo.

En Nicaragua, en los últimos años, se han hecho patente beligerantes demostraciones del campesinado, el movimiento femenino y los  ancianos, en contra de decisiones oficiales sustantivas como la concesión canalera lesiva a la soberanía nacional, la violencia que sufren las mujeres y la cada vez más exigua  amenazada seguridad social.

El cierre del siglo veinte abunda en cambios políticos radicales que poco antes que se dieran parecían imposibles: desde el No a Pinochet en 1988, pasando por las revoluciones democráticas en el este europeo, hasta la derrota electoral del FSLN en febrero del 90. Una condición indispensable en los desenlaces que se dieron mediante el voto, fue la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En Nicaragua, el desmontaje del andamiaje institucional democrático que, en medio de no pocas dificultades, pujaba por establecerse desde 1990,  y en particular la destrucción del sistema electoral, obra del orteguismo, invalidan las  elecciones en las actuales circunstancias, como vía para lograr los cambios políticos. Carecen de transparencia y por eso mismo son ilegítimas y faltas de credibilidad. El porcentaje de abstención que alcanzó el setenta por ciento en los comicios municipales de noviembre pasado, lo refrenda.

La aplicación de la Ley Magnistky a Roberto Rivas Reyes,  presidente del aparato electoral nicaraguense, testaferro y fiel servidor de Ortega, es más que emblemática. No es creíble un sistema electoral presidido por un individuo calificado como delincuente internacional y cuya venalidad está más que comprobada.

Entonces si en las actuales circunstancias (subrayo y enfatizo: actuales) las elecciones no son el camino a la democracia ¿cuál es? No es la violencia, a la que propio régimen empuja y cuyo saldo histórico de destrucción y muerte bien se conoce en Nicaragua. Solo hay uno: cambiar las condiciones y lograr que las elecciones sean transparentes, incluyentes y cuyos resultados respetados sin ápice de duda. Se trata de restituir la validez del principal instrumento para el ejercicio de la voluntad ciudadana: el voto.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), convergencia que aglutina a partidos y movimientos opositores, expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes, planteó el pasado 21 de diciembre, quince puntos que recogen la reforma electoral que Nicaragua necesita. La propuesta del FAD, la  más importante alianza opositora al orteguismo, es la más completa que se ha presentado en el menú de opciones de la reforma electoral hasta ahora conocido .

Pero las elecciones libres, inclusivas y transparentes, no serán de fácil conquista. Y no lo serán porque la esencia del régimen que encabeza Daniel Ortega es el autoritarismo,  y porque sus cabecillas – el propio Ortega y su mujer en primer término- saben que en elecciones libres se juegan no solo su existencia política sino también  la  impunidad que ahora gozan y los casi infinitos  beneficios que disfrutan en el poder.

No será dádiva, porque en política predominan la opción y las propuestas que tengan a su favor la correlación de fuerzas. Por eso, la batalla cívica del pueblo nicaragüense es indispensable para lograr las reformas, realizar elecciones libres y recuperar la democracia. Pero en esa vorágine, cuyo estallido puede ser en cualquier momento y cuyas modalidades no se pueden prever, el mayor perdedor es desde ya el orteguismo.

El contexto internacional es cada vez más desfavorable a Ortega y sus márgenes de maniobra se estrechan. Por esa misma razón y porque es lo que más conviene al país, el orteguismo debería ahorrar el costo social que significaría una solución tardía y ahorrarse el costo político  a sí mismo. Debería, pero todo indica que no es su opción. De allí que la transformación democrática -que es inevitable, aunque se atrase-  será muy a pesar suyo.

No será ni con la  violencia, ni en conciliábulos, que  se reconquistará la democracia en Nicaragua. Las fuerzas democráticas tienen el desafío ineludible de afianzar las alianzas, desmarcarse de cualquier asomo de pacto de cúpulas y apostar a la acción ciudadana como condición para conquistar las reformas, para restituir la democracia.  A la comunidad internacional le corresponde apoyar ese esfuerzo y dar su valioso e insustituible aporte.

(publicado en Mundiario- España el 15 de marzo del 2018 y una versión en La Prensa, Nicaragua)

Ortega enfrenta sanciones por corrupción e impunidad

En Managua, es comentario abierto que no hay tranquilidad en los despachos -ni en las alcobas- de El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega, presidente designado y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada, vocera y gobernanta de Nicaragua.

Y es comprensible que no haya sosiego en la sede del omnímodo poder que administra Nicaragua desde el 2007. Después de ejercer durante diez años un gobierno autoritario y de haber desmontado las instituciones democráticas que desde 1990 pujaban por establecerse, las cosas no pintan nada bien para la pareja Ortega- Murillo.

El pasado 21 de diciembre el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Roberto Rivas Reyes mediante la aplicación de Ley Magnitsky. Rivas Reyes, un protegido de Ortega y de su aliado, el jubilado Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quien preside el aparato electoral que ha organizado los fraudes electorales ejecutados en Nicaragua en los últimos diez años. Y eso, unido a sus prácticas corruptas como funcionario público, son las razones de la sanción estadounidense.

Las acusaciones de corrupción que recaen sobre Rivas Reyes, merecen párrafo aparte. La vida de Rivas Reyes está llena de lujos exuberantes e imposibles de  explican a partir de su ingreso salarial y de lo que le genera una modesta plantación de café de la cual es propietario. Su enriquecimiento, por lo demás ofensivo en el segundo país más pobre del continente de América, ha sido paralelo a su ejercicio como funcionario público. Mansiones y automóviles de lujo en Managua, Madrid y San José, jets privados, y numerosas inversiones inmobiliarias internacionales, solo pueden ser explicadas por el uso de recursos del erario en beneficio particular o porque es testaferro de poderosos, o por ambas cosas.

Pero Ortega no solo no ha destituido a Roberto Rivas Reyes, colocado ahora entre los catorce delincuentes internacionales sancionados por la Ley Magnitsky, sino que mediante una pueril reforma legal, lo confirmó en su cargo -aunque liberándolo de responsabilidades administrativas-, le preservó todas sus prebendas y la impunidad en que vive.

Un hecho que llama la atención en Managua en las últimas semanas, es que las escandalosas caravanas en las que se moviliza Rivas Reyes han dejado de circular. ¿Dónde está? Ortega ¿lo protege o lo retiene? Rivas Reyes sabe mucho, demasiado quizás y por eso la hipótesis que su director le mandó hacer mutis, es cada vez más aceptada.

Pero la impunidad que Ortega otorga a Rivas Reyes, también se la proporciona a perseguidos internacionales. Tal es el caso de Mauricio Funes, ex presidente salvadoreño, condenado por enriquecimiento ilícito en su país, quien vive alegremente en Managua, asiste a actos oficiales y goza incluso de protección policial. Más recientemente se ha  denunciado que Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura  de Guatemala y sobre quien hay una orden de captura por el delito de peculado y fraude, también está en Nicaragua.

La impunidad que el régimen de Ortega otorga a personajes acusados de corrupción, y  de distinta calaña, se extiende a violadores de los Derechos Humanos.

En los últimos años en el campo, las ejecuciones de la policía y el ejército a ciudadanos opositores, son cada vez más frecuentes. Desde el 2011 a la fecha, el número de opositores -a los que el régimen señala de delincuentes comunes- “muertos en combate” o abiertamente ejecutados, pasa de los cincuenta. El caso más reciente incluye las vejaciones y el asesinato a dos menores de edad a manos de unidades del ejército. Los cadáveres, como en otros casos, no fueron entregados a los familiares. Y al igual que en situaciones similares, los jefes policiales y militares involucrados, gozan de la protección del régimen de Ortega.

Permitir el enriquecimiento ilícito y otorgar protección ante las acusaciones por crímenes y corrupción, es la moneda con la que Ortega paga la fidelidad a los suyos. O bien es un servicio que ofrece a corruptos internacionales, fundado en el control unipersonal de las instituciones del estado.

Sin embargo, las sanciones con la Ley Magnitsky ya aplicadas a Roberto Rivas y los anuncios que pronto habrá nuevos sancionados, incluyendo al Tesorero del FSLN, Francisco López y altos magistrados judiciales, y la Nica Act que sancionaría al actual gobierno de Nicaragua por violador a las libertades y que puede ser aprobada en cualquier momento en el Senado de los EEUU, causan justificada preocupación en el círculo de los Ortega Murillo.

Ortega sabe que EE UU es un adversario poderoso, y con maniobras pretende eludirlo. Y sabe que el terreno de enfrentamiento en la sociedad global actual, es el comercial y el financiero, los mismos en los que, pese a las peroratas antiimperialistas que suele largar a sus bases, es frágil. Y es más frágil ahora que su protector en los últimos diez años -el régimen chavista- vive una crisis terminal.

Pero Ortega también sabe que el voto ciudadano es su más poderoso adversario, toda vez que sea ejercido en libertad y sin exclusiones. Por eso ha impedido elecciones libres en los últimos diez años con la complicidad y los fieles servicios del ahora sancionado Roberto Rivas.

Por la misma razón, la oposición ha presentado la propuesta de una reforma electoral profunda, que permita  elecciones libres, sin exclusiones y con observación internacional. Ese es el camino –el único en paz- para restituir la democracia en Nicaragua y con ello terminar la impunidad y desterrar la corrupción.

Esa es la batalla cívica que se fermenta en Nicaragua. Suficientes razones para que el insomnio se pasee en El Carmen.

(publicado en Mundiario, España el 27 de febrero del 2018)

Ejército de Ortega practica ejecuciones

“ ¿Dónde están nuestros hermanos campesinos? Que contesten los asesinos !”

Era una consigna que resonaba en los recintos universitarios  y en las marchas ciudadanas contra la dictadura somocista. Era Nicaragua a finales de los años setenta, cuando por la represión política en el campo se contabilizaban decenas de campesinos asesinados o desaparecidos.

Desde hace dos semanas la misma consigna vuelve a leerse en las redes sociales y en los muros de las ciudades y a escucharse en las protestas ciudadanas. Es siempre en Nicaragua, y aunque han pasado 40 años el drama es un déjà vu. Ejecución sumaria. Masacre. Torturas. Violaciones. Son palabras que han regresado y con ellas el dolor de quienes  las  han padecido y la creciente indignación de una sociedad que no quiere repetir todo lo sufrido.

El último de los hechos que ha dado lugar a ello podría haber pasado como una noticia más de los últimos meses, aunque con una dudosa credibilidad por la parcialidad de sus emisores primarios: “El delincuente Rafael Dávila Pérez, alias “Colocho” y 5 de sus compinches murieron este fin de semana al enfrentarse a balazos con tropas del Sexto Comando Militar Regional, en el sector de la comunidad San Pablo 22, en el municipio de la Cruz de Rio Grande, al este del país.” Así informó la radio oficiosa su versión de lo ocurrido.

Lo que se ha sabido  después, por la valiente denuncia de Elea Valle, la esposa del mencionado Rafael Dávila Pérez y por unas desgarradoras fotografías que de manera anónima empezaron a circular por la red, es lo que tiene estremecida a la sociedad nicaragüense: Dávila Pérez  no era un delincuente común, era un alzado en armas contra el régimen de Ortega por razones políticas; los muertos fueron el resultado de una ejecución sumaria, no de un combate; entre los muertos hay dos menores de edad, Yojeisel  y Francisco de 16 y 12 años respectivamente, ambos hijos de Dávila y quienes habían acudido a encontrarse con su padre después de largo tiempo de no verlo. Los cadáveres de los menores, según las fotografías y testigos,  presentan evidentes signos de torturas y acuchillamiento. En palabras de la madre, Yojeisel, la niña, también fue ultrajada sexualmente.

La jefatura del ejército, incluyendo a su jefe supremo, Daniel Ortega, ha guardado un estrepitoso silencio frente a las denuncias hechas. Pero no solo, también ha puesto oídos sordos a la demanda de la ahora viuda de Dávila Pérez y madre de las dos víctimas menores de edad, para que los cuerpos sean entregados. Al dolor por la ejecución de sus tres seres queridos, se suma el escarnio de no poder darles la debida sepultura.

En los últimos siete años en Nicaragua, según los registros oficiales, se han dado 20 enfrentamientos armados de las fuerzas de la policía o del ejército con grupos “delincuenciales“. De ellos han resultado  41 ciudadanos muertos. Nunca se han presentado capturados y pese a la recurrente versión oficial de que son delincuentes comunes, familiares y amigos de los fallecidos y sacerdotes, han sostenido -en todos los casos-  que eran personas alzadas en armas por razones políticas.

Pero delincuentes comunes o no, el  Estado y las autoridades militares y policiales, no han cumplido con la obligación de respetar la vida y la integridad física de los capturados y procesarlos debidamente como en derecho les corresponde.

El último caso, ya conocido como la masacre de La Cruz de Río Grande, ha dado lugar a que ex jefes militares, jerarcas religiosos, entre ellos varios obispos católicos, diversas organizaciones de la sociedad civil y  partidos políticos de oposición, adviertan que el régimen de Ortega se ha configurado ya de manera clara en una dictadura en que la policía y el ejército son instrumentos de represión política, que violan constante y flagrantemente los Derechos Humanos.

La situación es preocupante, no solo por el último hecho denunciado en sí mismo, sino porque podría ser el inicio de un nuevo ciclo de violencia política en un país en donde las heridas morales de dos guerras en los últimos cuarenta años están todavía frescas y las consecuencias materiales de 100 mil muertos, otro tanto de sobrevivientes con lesiones físicas y morales permanentes, centenares de miles de migrantes y millonarios daños, todavía son notorios.

En Nicaragua, como en cualquier otra parte del mundo, el  delincuente o el asesino, como el corrupto, cuando siente el amparo de impunidad que le da la protección del poder, es incentivado  a repetir sus acciones. Pero además su conducta tiende a ser imitada.

De allí que la responsabilidad de quienes ahora  ejercen el poder en Nicaragua es enorme. Y están frente a una disyuntiva: o  investigan y castigan a los responsables de la masacre de la Cruz de Río Grande y de todas las denunciadas antes,  o se mantienen como cómplices encubridores, y se atienen a las consecuencias políticas y legales que tales hechos inevitablemente tendrán a corto y mediano plazo.

Publicado en :

MUNDIARIO- España: www.mundiario.com/articulo/politica/nicaragua-ejercito-ortega-oractica-ejecuciones-sumarias/20171128164551107572.html

Nicaragua Hoy : http://www.nicaraguahoy.info/ejercito-ortega-practica-ejecuciones-sumarias/

Cien años de una revolución que se fue

Frente al imponente edificio de la Universidad Lomonósov, en Moscú, el pintor peruano –comunista para más señas- preguntó a la catedrática soviética:  “¿Cuáles son las corrientes actuales más importantes en la plástica rusa?”. La doctora en artes, entre sorprendida e indignada, respondió “¡En la URSS, solo hay una: el Realismo Socialista !”. Corría el año 1976.

Casi para esos mismos días, los partidos comunistas de España, Francia e Italia, los dos últimos especialmente poderosos, renunciaron abiertamente a la premisa- tenida hasta entonces como dogma en el marxismo-leninismo de la instauración de la dictadura del proletariado como condición para construir el socialismo. A contrario senso de Moscú, reivindicaron la democracia y el pluripartidismo. Aquello fue interpretado como una rebelión y los descalificativos -muchos de ellos todavía en uso por la izquierda más ortodoxa- contra los “disidentes”, abundaron: traidores, revisionistas, agentes de la CIA, entre otros.

La revolución rusa de octubre de 1917 que abrió paso al establecimiento del socialismo en lo que después fue la URSS y marcó su impronta en el siglo XX, celebra su centenario. Y el hecho, sin duda relevante, ha provocado que defensores y críticos en el mundo entero, se enzarcen en debates de todo tipo y calidad.

Pero esa revolución que en los manuales del viejo materialismo histórico, marcaba el inicio de una nueva época, naufragó.

La visión reduccionista de la realidad, el intento de establecer una ideología como la cultura de la sociedad, pasando por alto la diversidad que la caracteriza, y la negación de la democracia como una necesidad histórica, sentenciaron a muerte el socialismo soviético desde muy temprano. El socialismo en la URSS, nació y se estableció como sistema en medio de muchas dificultades, y sobrevivió siete décadas, pero se derrumbó estrepitosamente apenas se plantearon reformas para establecer la transparencia (glásnot) en la política y las reformas modernizantes (perestroika) en lo económico.

La gigantesca burocracia y el estricto control del omnímodo PCUS, ocultaban las heces y las debilidades estructurales del sistema. Pero un sistema que niega el ejercicio de las libertades ciudadanas y abandona al ser humano como centro de su gestión, aunque  sea en nombre de la clase o el pueblo, está condenado inevitablemente a fenecer.

Por eso,  quienes de manera simplista atribuyen el derrumbe del socialismo soviético y sus consecuencias -la desaparición de la llamada comunidad de países socialistas-,  a la gestión personal de Mijail Gorbachov, no hacen más que reconocer la debilidad innata del socialismo soviético. Este mismo razonamiento simplista, es el que atribuye a Stalin –y no al sacrificio del pueblo soviético- la victoria sobre la invasión hitleriana y el aporte de la ex URSS  a la derrota del fascismo. Y lo peor: excusan de esa manera los crímenes del estalinismo.

¿Cómo puede ser legítimo un sistema que necesita un dictador para defenderse y que no resiste una reforma democrática ?

Quienes defienden a ultranza el modelo soviético, esgrimen como uno de sus argumentos, la solidaridad que en nombre del Internacionalismo Proletario practicó la antigua URSS con muchos pueblos. Dicha solidaridad, que no fue incondicional, era parte del cálculo soviético en el contexto de la Guerra Fría. Y se dio en cuanto fue funcional a sus intereses estratégicos. La otra cara de la moneda fueron las invasiones a Hungría (1956), a Checoslovaquia (1968) y a Afganistán (1979), las dos primeras para aplastar movimientos democráticos nacionales y la tercera para afianzar un poder afín, objetivo que no alcanzaron y que dejó un saldo doloroso con miles de jóvenes caídos lejos de su patria. El síndrome de Viet Nam no conoce de ideologías.

La revolución rusa concitó en su momento las esperanzas de los pueblos oprimidos del mundo, y presentó la posibilidad real de construir un sistema alternativo al capitalismo. A partir de ella, el socialismo, como ninguna otra causa política en la historia, movilizó a millones  de personas y otros tanto de miles, entregaron su vida creyendo en sus postulados. Pero como en otras experiencias, las deformaciones que sobrevinieron, enterraron las legítimas expectativas

Ninguna revolución se ha dado reivindicando el establecimiento de una dictadura. La revolución rusa triunfó contra el zarismo  demandando “Pan, paz y tierra“. Tampoco son las intenciones ni los actos heroicos que se producen, los que cuenta para valorar la justeza de una causa, son los resultados y es el saldo neto el que se registra. Y la revolución rusa, no superó el escrutinio de la historia.

(Publicado en MUNDIARIO- España, 6.11.2017)

Inseguridad en Nicaragua

En Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, se han distinguido en los últimos años por los elevados índices de violencia criminal. El fenómeno está vinculado a tres factores: los altos niveles de pobreza, que la zona sea ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y a la herencia de las guerras que vivió la región en la década de los ochenta y que dejaron no solo una estela de dolor, sino también una cultura de violencia y numerosas armas de todo tipo en circulación ilegal.

En ese contexto, el gobierno de Daniel Ortega ha usado como uno de sus estandartes propagandísticos la presunta seguridad que se vive en Nicaragua. Pero además que la versión oficial emplea el concepto reduciéndolo a algunos componentes de la “seguridad ciudadana”, y manipula las estadísticas que marcan un alto sub registro, los hechos desmienten la versión oficial.

La seguridad humana, como concepto amplio, abarca distintas dimensiones y su efectividad se sustenta en la capacidad de los Estados para cumplir sus funciones normativas, preventivas y correctivas.

La confirmada presencia en Nicaragua de células de la banda criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, el reciente asesinato de una candidata a vice alcaldesa en un importante municipio rural, el aumento alarmante de los feminicidios, así como denuncias de despojos y tomas de propiedades urbanas y rurales, entre estas últimas muchas de comunidades indígenas, están demostrando la precariedad del eje de la propaganda oficialista.

Tres áreas de la seguridad tocan de manera inmediata la epidermis de la sociedad: la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y la seguridad social. Y en las tres, el déficit de la gestión de Ortega es evidente: Nicaragua hoy es menos segura que hace diez años, en la administración de justicia no priva la ley sino la discrecionalidad, y la virtual bancarrota de la seguridad social ha colocado en situación de riesgo vital a millares de jubilados y asegurados.

Bajo la administración de Ortega la seguridad humana solo tiende a desmejorarse. ¿Por qué? Porque el orteguismo ha despojado a las instituciones estatales de su naturaleza original, que es representar y servir a los intereses de la ciudadanía. Las ha puesto al servicio de los intereses de su familia y del círculo de adláteres. Ni siquiera cabe ya decir en función de los intereses del partido de Ortega, el FSLN, que ha quedado reducido a un cuerpo ejecutor obediente, sin ninguna capacidad decisoria.

Castradas de su esencia, las instituciones se dedican a velar por los intereses del proyecto familiar y los funcionarios estatales, operan de acuerdo a las instrucciones de la pareja presidencial, no en apego a las leyes. Como afirmó recientemente un funcionario extranjero, en Nicaragua una llamada telefónica desde la secretaría del FSLN, pesa más que la ley.

La discrecionalidad promovida desde la más altas esferas y practicada en todos los niveles, propicia la malversación del erario, el desvío de recursos, la falta de transparencia, la apropiación indebida y el tráfico de influencias.

La discrecionalidad permite la penetración del crimen organizado y que este emplee el país para la ejecución de sus delitos o como refugio. De esta manera el gobierno de Ortega ha otorgado protección, bajo la figura de asilo, al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (FMLN), acusado por la Fiscalía de su país por cinco delitos de corrupción; así mismo tal discrecionalidad permitió que el delincuente tailandés Thaksin Shinawatra se movilizara por el mundo con pasaporte diplomático nicaragüense otorgado por Ortega, quien lo nombró –ya prófugo- Embajador en Misión Especial.

Mientras el régimen se vuelve protector de delincuentes internacionales y da impunidad a los suyos, el ciudadano común padece la inseguridad de sus derechos, cuyo reconocimiento o no, que el Estado los resguarde o no, depende de factores metajurídicos.

La inseguridad física la padecen todos los ciudadanos. La masacre de una familia, incluyendo menores de edad en julio del 2015, a manos de patrullas de la Policía Nacional, sin resultados satisfactorios en la investigación, despojó a la institución policial de la escasa credibilidad que gozaba. Sufren inseguridad las mujeres que viven violencia machista en sus hogares, sin que el Estado tome cartas en el asunto. Hay incertidumbre por el destino de sus tierras y por su propio futuro en las familias campesinas que habitan en la franja del pretendido canal, así como en familias y empresarios que enfrentan tomas ilegales de sus propiedades, por grupos o individuos afines al gobierno de Ortega. Hay angustia en los pensionados y jubilados, cuyos derechos adquiridos a atención médica , medicinas y a una pensión, penden de un hilo ante la quiebra del Instituto de Seguridad Social, resultado entre otras cosas del uso discrecional de los fondos.

Pero esta realidad es consustancial a la naturaleza del régimen orteguista. Es su esencia, es su manera de sobrevivir, sustentándose en el clientelismo y en el compadrazgo, no en la ley ni el respeto a la institucionalidad. En Nicaragua se asiste no a la gestión de gobernantes administrando en nombre de la sociedad, sino de individuos que han usurpado el poder y ven el Estado como botín y los cargos públicos como una oportunidad para aprovecharse.

Con Ortega, el Estado, lejos de ser protector de los derechos ciudadanos, se ha tornado en un ente que los amenaza. Nadie que se coloque fuera de los intereses del orteguismo, está seguro, aunque lo parezca.

Por eso, la restitución de la democracia es condición para construir la seguridad que Nicaragua necesita. Solo así el crimen organizado, la corrupción, el desempleo y la inseguridad ciudadana podrán ser resueltos con propuestas programáticas novedosas y realistas.

(publicado en MUNDIARIO- España, el 6 de septiembre, 2017)

 

A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)