Sabemos de dictaduras y guerras

De farsas electorales, dictaduras y guerras, conocemos mucho los nicaragüenses. Lamentablemente ciclos recurrentes de nuestra historia, está marcados por esos hechos. Pero también sabemos como se han cerrado esos ciclos.

Orondos y muy en sus papeles, los empleados de Ortega que ocupan los cargos de magistrados supremos de la justicia en Nicaragua, cumpliendo órdenes de su patrón, anunciaron en dos salidas al escenario, la decapitación del PLI. Lo ilegalizaron, lo proscribieron, como suele decir con deleite, un plumífero  de la familia Ortega-Murillo. Y con esa acción, hicieron del evento electoral de noviembre próximo una farsa, al excluir a la verdadera oposición, aglutinada en la Coalición Nacional por la Democracia. Pero la liquidación de la legalidad del PLI, misma que ya otras organizaciones como el MRS y la UDC han sufrido, es un hecho que corona una serie de atropellos, abusos e ilegalidades, que Ortega ha ejecutado desde su llegada al gobierno en el 2007.

En un tiempo histórico en que los dictadores son excepciones grotescas en el mundo y en el escenario latinoamericano, y la vía democrática se impone en la mayoría de países, Daniel Ortega se empeña en ir a contracorriente. Más que un error es una irresponsabilidad. A tono con su esencia autoritaria, con su retorcida y primitiva cosmovisión política, pero irracional, irresponsable.

El cierre de los espacios electorales y democráticos siempre ha conllevado a etapas de violencia política. Como sabemos, fue después de la farsa electoral de 1974, que en Nicaragua la lucha contra el somocismo, por lo demás cruenta, se intensificó. Fue entre 1984 y 1989 que la guerra, esencialmente fratricida, desgarró la sociedad nicaragüense hasta casi llevarla al colapso.

Ortega lo sabe, pero ¿por qué se empeña en su actuación?

Es obvio que los intereses de su grupo económico, conformado a partir del usufructo y abuso del erario, están de por medio. Solo el control del aparato estatal le garantiza a él y a sus sucesores, la continuidad de tal aprovechamiento. Solamente con el dominio de las instituciones -incluyendo la policía y el ejército- se beneficia de la impunidad por la corrupción que practican.

Pero ni el gran capital, aliado temporal del régimen, está a salvo de los desmanes. Una vez que las inevitables contradicciones con los intereses económicos del orteguismo salgan a flote, el orteguismo hará uso y abuso de los mecanismos que le permite el control del aparato gubernamental, como ahora lo hace en el terreno político contra el derecho de los nicaragüenses a elegir. Entonces les diremos: lo advertimos.

Mucho menos están a salvo -somos víctimas ya- la mayoría de los ciudadanos del desgobierno y el abuso. Porque es el orteguismo el que mantiene el precio más alto de la gasolina en Centro América, es el orteguismo el que como socio de la empresa distribuidora de la energía, impide que su precio baje; es el régimen el que protege la conducta criminal de quienes con uniforme de la policía o el ejército, asesinan a mansalva. Y podríamos abundar en ejemplos.

Pero más allá de los intereses económicos, ¿por qué Ortega muestra cada vez de forma más clara su autoritarismo? ¿Hay conflictos por la sucesión en la familia? ¿Hay luchas intestinas que desconocemos? ¿Quieren asegurarse la continuidad en noviembre sin sobresaltos de ningún tipo? No lo sabemos todavía.

Sea como fuere, lo cierto es que Nicaragua se ha adentrado en un nuevo ciclo de su historia. Sabemos como terminará, porque bien conocemos de fraudes, dictaduras y guerras: con la irremediable salida de Ortega, de sus secuaces y de sus cómplices.¿Cómo llegaremos a ese cierre? Ojalá por la vía cívica, que ya suficiente muerte y violencia hemos sufrido, con un saldo evidente de dolor y pobreza. En gran parte depende de Ortega, pero sobre todo depende de nosotros los ciudadanos.

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Yerra Ortega, otra vez.

Dicen, sicólogos que han estudiado a Daniel Ortega, que dos de sus características personales son su extrema frialdad y que su disposición a negociar -que implica ceder- solo se da  cuando es su última opción. Pero las que para un combatiente clandestino –como en efecto lo fue Ortega- pueden ser virtudes, en un estadista -que él pretende ser-, las mismas, llevadas al extremo, como es el caso, se tornan en irresponsabilidad. En irresponsabilidad que no pocas veces tiene graves y hasta funestas consecuencias.

Y para muestras dos hechos de distintas magnitudes. El año pasado, luego del enjambre de sismos que sacudió Mangua y otras ciudades por varios días, mientras la población estaba en vilo, él , según declaró, atendía responsabilidades familiares. Ha pasado más de un año y el presidente no se ha dignado en visitar a ninguno de los afectados por aquellos hechos. Otro: ¿cuánto costo, humano y material, tuvo su terquedad -su negativa a negociar- la paz en los ochenta, antes de Esquipulas?

Hoy, como quiera que sea, Ortega ejerce la presidencia de Nicaragua. Al menos así se asume, aunque los hechos cotidianos demuestren que la ha delegado. En todo caso se esperaría una actitud distinta a la que a diario observamos los nicaragüenses: irrespeto a las instituciones, ignorancia deliberada de las leyes que no le favorecen, autoritarismo político y oídos sordos a las demandas ciudadanas.

Y en este año electoral, su terquedad -serenidad le llaman sus seguidores- le hace ignorar la grita general de realizar elecciones libres y transparentes, con observación nacional e internacional creíble y calificada. Lo demandaron los obispos hace dos años, lo demandan la sociedad civil, los partidos políticos, gobiernos extranjeros y hasta bases de su propio partido.

¿Por qué? ¿Por qué si sus encuestas dicen que arrasará? ¿Por qué si tan seguro está de contar con el beneficio del voto ciudadano? No hay otra explicación que la arrogancia política de quien encabeza un proyecto autoritario.

Está claro que la personalidad de quienes ocupan posiciones de poder, influye en el estilo con que lo ejercen, lo que tiene necesariamente implicaciones para toda la sociedad. En el caso de Ortega, la evidencia demuestra que su visión autoritaria y dictatorial, es coherente con el proyecto que encabeza, con su desdén hacia las instituciones y la democracia. Para él, como para otros, la democracia es un trámite necio. Por eso la acomoda, sin importarle que se desvirtúe o destruya.

¿Hasta cuándo continuará  campante ante las protestas, la corrupción y el creciente rechazo a su gestión? ¿Hasta que la movilización ciudadana, en las calles y en las urnas, desborde su frialdad y le imponga la realidad?

El problemas es que el precio humano y material que puede llegar a pagar Nicaragua frente a la obcecación de Daniel Ortega, es alto, muy alto. Él, en tanto animal político, lo sabe, pero no le importa.

De allí que la responsabilidad ineludible de los demócratas nicaragüenses, sea demostrar con la fuerza de la razón y de la ciudadanía, que es imprescindible que en Nicaragua se restablezca la democracia. Y no será dádiva ni cesión, sino conquista.