Ejército de Ortega practica ejecuciones

“ ¿Dónde están nuestros hermanos campesinos? Que contesten los asesinos !”

Era una consigna que resonaba en los recintos universitarios  y en las marchas ciudadanas contra la dictadura somocista. Era Nicaragua a finales de los años setenta, cuando por la represión política en el campo se contabilizaban decenas de campesinos asesinados o desaparecidos.

Desde hace dos semanas la misma consigna vuelve a leerse en las redes sociales y en los muros de las ciudades y a escucharse en las protestas ciudadanas. Es siempre en Nicaragua, y aunque han pasado 40 años el drama es un déjà vu. Ejecución sumaria. Masacre. Torturas. Violaciones. Son palabras que han regresado y con ellas el dolor de quienes  las  han padecido y la creciente indignación de una sociedad que no quiere repetir todo lo sufrido.

El último de los hechos que ha dado lugar a ello podría haber pasado como una noticia más de los últimos meses, aunque con una dudosa credibilidad por la parcialidad de sus emisores primarios: “El delincuente Rafael Dávila Pérez, alias “Colocho” y 5 de sus compinches murieron este fin de semana al enfrentarse a balazos con tropas del Sexto Comando Militar Regional, en el sector de la comunidad San Pablo 22, en el municipio de la Cruz de Rio Grande, al este del país.” Así informó la radio oficiosa su versión de lo ocurrido.

Lo que se ha sabido  después, por la valiente denuncia de Elea Valle, la esposa del mencionado Rafael Dávila Pérez y por unas desgarradoras fotografías que de manera anónima empezaron a circular por la red, es lo que tiene estremecida a la sociedad nicaragüense: Dávila Pérez  no era un delincuente común, era un alzado en armas contra el régimen de Ortega por razones políticas; los muertos fueron el resultado de una ejecución sumaria, no de un combate; entre los muertos hay dos menores de edad, Yojeisel  y Francisco de 16 y 12 años respectivamente, ambos hijos de Dávila y quienes habían acudido a encontrarse con su padre después de largo tiempo de no verlo. Los cadáveres de los menores, según las fotografías y testigos,  presentan evidentes signos de torturas y acuchillamiento. En palabras de la madre, Yojeisel, la niña, también fue ultrajada sexualmente.

La jefatura del ejército, incluyendo a su jefe supremo, Daniel Ortega, ha guardado un estrepitoso silencio frente a las denuncias hechas. Pero no solo, también ha puesto oídos sordos a la demanda de la ahora viuda de Dávila Pérez y madre de las dos víctimas menores de edad, para que los cuerpos sean entregados. Al dolor por la ejecución de sus tres seres queridos, se suma el escarnio de no poder darles la debida sepultura.

En los últimos siete años en Nicaragua, según los registros oficiales, se han dado 20 enfrentamientos armados de las fuerzas de la policía o del ejército con grupos “delincuenciales“. De ellos han resultado  41 ciudadanos muertos. Nunca se han presentado capturados y pese a la recurrente versión oficial de que son delincuentes comunes, familiares y amigos de los fallecidos y sacerdotes, han sostenido -en todos los casos-  que eran personas alzadas en armas por razones políticas.

Pero delincuentes comunes o no, el  Estado y las autoridades militares y policiales, no han cumplido con la obligación de respetar la vida y la integridad física de los capturados y procesarlos debidamente como en derecho les corresponde.

El último caso, ya conocido como la masacre de La Cruz de Río Grande, ha dado lugar a que ex jefes militares, jerarcas religiosos, entre ellos varios obispos católicos, diversas organizaciones de la sociedad civil y  partidos políticos de oposición, adviertan que el régimen de Ortega se ha configurado ya de manera clara en una dictadura en que la policía y el ejército son instrumentos de represión política, que violan constante y flagrantemente los Derechos Humanos.

La situación es preocupante, no solo por el último hecho denunciado en sí mismo, sino porque podría ser el inicio de un nuevo ciclo de violencia política en un país en donde las heridas morales de dos guerras en los últimos cuarenta años están todavía frescas y las consecuencias materiales de 100 mil muertos, otro tanto de sobrevivientes con lesiones físicas y morales permanentes, centenares de miles de migrantes y millonarios daños, todavía son notorios.

En Nicaragua, como en cualquier otra parte del mundo, el  delincuente o el asesino, como el corrupto, cuando siente el amparo de impunidad que le da la protección del poder, es incentivado  a repetir sus acciones. Pero además su conducta tiende a ser imitada.

De allí que la responsabilidad de quienes ahora  ejercen el poder en Nicaragua es enorme. Y están frente a una disyuntiva: o  investigan y castigan a los responsables de la masacre de la Cruz de Río Grande y de todas las denunciadas antes,  o se mantienen como cómplices encubridores, y se atienen a las consecuencias políticas y legales que tales hechos inevitablemente tendrán a corto y mediano plazo.

Publicado en :

MUNDIARIO- España: www.mundiario.com/articulo/politica/nicaragua-ejercito-ortega-oractica-ejecuciones-sumarias/20171128164551107572.html

Nicaragua Hoy : http://www.nicaraguahoy.info/ejercito-ortega-practica-ejecuciones-sumarias/

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Cien años de una revolución que se fue

Frente al imponente edificio de la Universidad Lomonósov, en Moscú, el pintor peruano –comunista para más señas- preguntó a la catedrática soviética:  “¿Cuáles son las corrientes actuales más importantes en la plástica rusa?”. La doctora en artes, entre sorprendida e indignada, respondió “¡En la URSS, solo hay una: el Realismo Socialista !”. Corría el año 1976.

Casi para esos mismos días, los partidos comunistas de España, Francia e Italia, los dos últimos especialmente poderosos, renunciaron abiertamente a la premisa- tenida hasta entonces como dogma en el marxismo-leninismo de la instauración de la dictadura del proletariado como condición para construir el socialismo. A contrario senso de Moscú, reivindicaron la democracia y el pluripartidismo. Aquello fue interpretado como una rebelión y los descalificativos -muchos de ellos todavía en uso por la izquierda más ortodoxa- contra los “disidentes”, abundaron: traidores, revisionistas, agentes de la CIA, entre otros.

La revolución rusa de octubre de 1917 que abrió paso al establecimiento del socialismo en lo que después fue la URSS y marcó su impronta en el siglo XX, celebra su centenario. Y el hecho, sin duda relevante, ha provocado que defensores y críticos en el mundo entero, se enzarcen en debates de todo tipo y calidad.

Pero esa revolución que en los manuales del viejo materialismo histórico, marcaba el inicio de una nueva época, naufragó.

La visión reduccionista de la realidad, el intento de establecer una ideología como la cultura de la sociedad, pasando por alto la diversidad que la caracteriza, y la negación de la democracia como una necesidad histórica, sentenciaron a muerte el socialismo soviético desde muy temprano. El socialismo en la URSS, nació y se estableció como sistema en medio de muchas dificultades, y sobrevivió siete décadas, pero se derrumbó estrepitosamente apenas se plantearon reformas para establecer la transparencia (glásnot) en la política y las reformas modernizantes (perestroika) en lo económico.

La gigantesca burocracia y el estricto control del omnímodo PCUS, ocultaban las heces y las debilidades estructurales del sistema. Pero un sistema que niega el ejercicio de las libertades ciudadanas y abandona al ser humano como centro de su gestión, aunque  sea en nombre de la clase o el pueblo, está condenado inevitablemente a fenecer.

Por eso,  quienes de manera simplista atribuyen el derrumbe del socialismo soviético y sus consecuencias -la desaparición de la llamada comunidad de países socialistas-,  a la gestión personal de Mijail Gorbachov, no hacen más que reconocer la debilidad innata del socialismo soviético. Este mismo razonamiento simplista, es el que atribuye a Stalin –y no al sacrificio del pueblo soviético- la victoria sobre la invasión hitleriana y el aporte de la ex URSS  a la derrota del fascismo. Y lo peor: excusan de esa manera los crímenes del estalinismo.

¿Cómo puede ser legítimo un sistema que necesita un dictador para defenderse y que no resiste una reforma democrática ?

Quienes defienden a ultranza el modelo soviético, esgrimen como uno de sus argumentos, la solidaridad que en nombre del Internacionalismo Proletario practicó la antigua URSS con muchos pueblos. Dicha solidaridad, que no fue incondicional, era parte del cálculo soviético en el contexto de la Guerra Fría. Y se dio en cuanto fue funcional a sus intereses estratégicos. La otra cara de la moneda fueron las invasiones a Hungría (1956), a Checoslovaquia (1968) y a Afganistán (1979), las dos primeras para aplastar movimientos democráticos nacionales y la tercera para afianzar un poder afín, objetivo que no alcanzaron y que dejó un saldo doloroso con miles de jóvenes caídos lejos de su patria. El síndrome de Viet Nam no conoce de ideologías.

La revolución rusa concitó en su momento las esperanzas de los pueblos oprimidos del mundo, y presentó la posibilidad real de construir un sistema alternativo al capitalismo. A partir de ella, el socialismo, como ninguna otra causa política en la historia, movilizó a millones  de personas y otros tanto de miles, entregaron su vida creyendo en sus postulados. Pero como en otras experiencias, las deformaciones que sobrevinieron, enterraron las legítimas expectativas

Ninguna revolución se ha dado reivindicando el establecimiento de una dictadura. La revolución rusa triunfó contra el zarismo  demandando “Pan, paz y tierra“. Tampoco son las intenciones ni los actos heroicos que se producen, los que cuenta para valorar la justeza de una causa, son los resultados y es el saldo neto el que se registra. Y la revolución rusa, no superó el escrutinio de la historia.

(Publicado en MUNDIARIO- España, 6.11.2017)