Mi voto, mi dignidad

Mi voto es mi dignidad

la marca firme y sobria

de mi voluntad

que dibujo

en un momento justo e íntimo

con mi conciencia solitaria

con el recuerdo de los amigos y compañeros

idos y presentes

con los que sueño y construimos otro destino.

Mi voto son mis deseos para todos

liberado entre mis manos y las tuyas.

Es el compromiso con mis hijos

a quienes prometí una patria justa

para que no vayan ellos

otra vez y otra vez

los caminos conocidos

por los que ando y anduve.

Ahora no tendré ese libre

y apreciado instante ciudadano

que con dolor y violencia se logró antes.

No, no lo tendré

no lo tendremos

porque fariseos y sátiros

hicieron de la democracia un botín

y pretenden el país como hacienda

machacando la sangre de hermanos

mientras oran en público sin remilgos

y se lanzan loas mutuas

propias de alcoba

en las ágoras

cuando se legan entre ellos

el cofre con el  botín

las cuentas

las antenas

las tribunas usurpadas

los secretos

la opereta

los hilos

lo despojado

los serviles y sus servicios.

No votaré

porque me queda la dignidad

la altivez de nuestra razón.

No palmotearán mis manos sus muecas.

No cuenten conmigo

no soy bufón ni parte del orfeón de su embuste.

Nosotros, los otros,

nos quedamos con la razón y con la fuerza

para batir

las palabras

las calles

el cielo

las abras

las plazas

el mar

los corazones

para redimir a la patria.

Entonces ellos, los saqueadores de la esperanza,

de los bosques,de las palabras y de las arcas,

ellos solo serán un maldito recuerdo.

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¿Cuál injerencia?

Como no podía ser de otra manera, el orteguismo ha respondido a la aprobación en primera instancia de la Nica Act, señalándola de ser una acción injerecista. Ciertamente no ha sido el propio Ortega, sino la gobernanta y vocera, quien presentó la reacción oficial. A tono, el coro de voceros oficiosos y plumíferos del régimen han desatado el discurso “anti imperialista”.

Casualmente las recientes declaraciones del viceministro ruso, Serguéi Riabkov, expresando su apoyo al FSLN en las denominadas elecciones de noviembre próximo, brindaron una oportunidad para que los que se erigen en defensores a ultranza de la soberanía nacional, reaccionaran a la injerencia rusa. Pero no. Hicieron mutis, y por el contrario, reprodujeron con alegre despliegue las declaraciones del vocero de Putin. Son los mismos que han apoyado y defendido la entrega del territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal interoceánico.

Por otra parte, hay quienes que desde posiciones no orteguistas, han criticado a los que supuestamente han reclamado y gestionado “el injerencismo estadounidense”

Sin embargo, demagogia oficial aparte, cabe preguntarse, si en verdad la preocupación reinante en diversos sectores de los EEUU, y que ha llevado a la promoción de la Nica Act, que dispone la oposición a créditos en tanto no se restituya la democracia en el país y la publicación de los actos de corrupción del régimen, es injerencia o no.

En primer término hay que recordar que la cooperación que los EEUU brinda a diversos países proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Y, en consecuencia, supervisar su correcto destino y su debida utilización, es responsabilidad de sus gobernantes y legisladores. De allí que la decisión de dar o no préstamos al régimen de Ortega, que violenta los derechos de los nicaragüenses y ha desmantelado el estado de derecho, es absolutamente soberana. El mismo argumento vale para sustentar las posiciones que los EEUU asuman en las instituciones financieras internacionales, donde -de nuevo- los aportes provienen de los impuestos ciudadanos.

De otra parte hay que señalar que en el mundo de hoy, lo concerniente al medio ambiente, democracia y derechos humanos, son temas cuyo escrutinio está más allá de las fronteras formales. Incumben a la comunidad internacional. Diversos tratados multilaterales legislan la materia.

Pero además, las principales convenciones internacionales que reconocen los derechos humanos en sus ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos, tienen en Nicaragua, rango constitucional, a la luz del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, ya sabemos que para el régimen, acorde con su naturaleza totalitaria, la Constitución no es la norma fundamental que regula su quehacer, sino un instrumento que se usa de manera funcional a sus intereses y planes.

Dirigir la crítica -la bien intencionada- hacia quienes han denunciado en distintos espacios y foros internacionales los desmanes del régimen, es errado. Es criticar las consecuencias y distraer la atención de las causas que han llevado a este punto.

Las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que han denunciado al orteguismo fuera del país, han hecho uso de un elemental derecho. Es más: cumplen la obligación de dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Las decisiones que tenga a bien tomar cada estado u organización, es su potestad exclusiva. Ya antes la Unión Europea y otros países, han reducido o retirado la cooperación oficial ante los fraudes electorales que ha ejecutado Ortega y  la corrupción que corroe su gobierno.

Claro, que los Estados Unidos tomen medidas como las que pretende la legislación en curso, tiene un mayor impacto nacional e internacional, tanto real como simbólico. No solo porque se trata del principal socio comercial de Nicaragua y donde reside la mayor comunidad migrante de nacionales, también por su peso específico -determinante- en los organismos financieros internacionales. Y, desde luego, porque la política exterior de los Estados Unidos ha jugado un papel incuestionable en la historia nicaragüense, ciertamente no siempre para bien.

Las consecuencias económicas, concretas y potenciales, de la Nica Act, ya han sido señaladas por organismos especializados de incuestionable rigurosidad y credibilidad. Corresponde al régimen de Ortega la autoría de los atropellos que han provocado la reacción estadounidense y por tanto la responsabilidad de las consecuencias, económicas y sociales, de concretarse la aprobación final de dicha ley. Decir otra cosa es tomar el rábano por las hojas y eximir al régimen de su culpa.

Está claro que la responsabilidad última de conquistar el re establecimiento de la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses, con la convicción que el peso de la comunidad internacional -estados y sociedad civil-, y dentro de ella los EEUU, es absolutamente relevante.

El régimen continuará e intensificará su demagogia. Soberanía, anti imperialismo, serán conceptos recurrentes y los adjetivos descalificativos a la oposición continuarán. Es el velo que pretende ocultar los desmanes y los actos de corrupción que la Nica Act revelaría. Es un discurso que se gasta, como se agota el tiempo de Ortega.

Las razones por las que Nicaragua vuelve a atraer la atención mundial

Durante la década de los ochenta, Nicaragua fue noticia constante en la prensa mundial. El derrocamiento de la dictadura somocista en los estertores de la década de los setenta, y el posterior establecimiento de un régimen que adelantó una revolución popular, que tuvo primero claros visos de originalidad y luego un marcado giro a la izquierda, concitaron la atención mundial. Más aún porque todo ello se daba en un cruento contexto de violencia, signado primero por una insurrección y luego por una guerra civil y porque el pequeño país centroamericano se convirtió en un protagonista menor de la Guerra Fría, cuyo final se acercaba.

Durante los últimos años, Nicaragua apenas llamó la atención de la opinión pública internacional, a no ser por tragedias naturales y la denuncia de uno u otro caso de corrupción en los gobiernos liberales que se sucedieron de 1990 al 2006. Sin embargo, en los últimos meses el mundo ha vuelto a prestar atención a lo ocurre en el triángulo terrestre en el que el continente americano se estrecha. Y ha sido precisamente de la mano de Daniel Ortega, uno de los líderes de aquella revolución del 79 y cabeza del ejecutivo durante los años ochenta, que la patria de Rubén Darío y de Sandino, es hoy otra vez noticia. Y, lamentablemente, no son precisamente buenas noticias.

En el 2006, Daniel Ortega, del FSLN, llegó nuevamente a la presidencia. Y aunque lo hizo apenas con el 38% de los votos, en virtud de un acuerdo de cúpulas con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, que, entre otras cosas, eliminó el mínimo anterior necesario para ganarla en primera vuelta, ciertamente sus votantes albergaban la esperanza de establecer un gobierno más sensible que los precedentes a las necesidades sociales de la población.

Sin embargo, a diez años de haber asumido Ortega la presidencia, renovada en unas cuestionadas elecciones del 2011, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente, solo superado por Haití. Pero no solamente. Los avances en la construcción de la institucionalidad democrática, forjados en los noventa y primeros años del presente siglo, han sido gradualmente desmontados por el régimen del caudillo del FSLN, que hoy se prepara para asumir un nuevo período -cinco años más- mediando una farsa electoral a realizarse el 6 de noviembre próximo. Ahora con su mujer, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta.

La concentración de poder por parte de Daniel Ortega, de desnaturalización de las instituciones -policía y ejército incluidos- y la ilegalización de los auténtico partidos opositores, ha ido aparejado de la apropiación de la mayor parte de los réditos de la cooperación petrolera venezolana que, según especialistas, alcanza la bicoca de más de 4.000 millones de dólares. La cooperación en términos generosos para Nicaragua, de la que Ortega y su grupo se han apropiado, es resultado de un acuerdo económico suscrito entre él y el fallecido Hugo Chávez, al que Nicolás Maduro ha dado continuidad.

Una parte de esos fondos el gobierno de Ortega los ha empleado en planes de asistencia social, sustentados en el clientelismo político, y constituyen todavía el sustento del apoyo que luce en las encuestas oficiales. Todo cobijado con un discurso programático que se auto denomina “cristiano, socialista y solidario”.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el régimen de Ortega. En el año 2013, mediante una ley aprobada por el parlamento bajo su control, entregó mediante una generosa concesión prácticamente todo el territorio nacional, a un oscuro empresario de China Popular, para la supuesta construcción de un canal interoceánico.Tres años después, no hay señales creíbles de tal obra, que amén de la destrucción ambiental que implicaría, desarraigaría a más de cien mil familias campesinas de sus territorios. Wang Jing, el empresario beneficiado por la concesión, ha enfrentado el último año graves problemas financieros y la población campesina se encuentra en estado de movilización permanente en rechazo al pretendido canal.

El régimen venezolano enfrenta una crisis integral y sin duda su desenlace significará un parteaguas también para Ortega. De hecho, ya en los últimos meses la cooperación venezolana se ha visto reducida obligando al gobierno nicaragüense a restringir sus planes asistencialistas y anunciar un aumento de los impuestos.

Sumado a ello, el pasado 21 de septiembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley Nicaraguan Investiment Conditionality H.R. 5708. La ley, una iniciativa bi partidista, cuyos autores y promotores han sido los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), establece dos disposiciones fundamentales. Por un lado indica que los Estados Unidos se opondrán a que se otorguen créditos a Nicaragua en las instituciones multilaterales como son el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no se reestablezca el Estado de Derecho y la efectiva independencia de poderes, se efectúen elecciones transparentes y se garantice la libertad de expresión.

De otra parte, establece que 120 días después que la legislación entre en vigencia el Departamento de Estado deberá presentar al Congreso un informe sobre los actos de corrupción en el ejecutivo nicaragüense y en otras instituciones como el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

La aprobación de esta ley en la primera instancia del legislativo estadounidense es un indicativo fiel de la percepción y preocupación que priva en los Estados Unidos por el estado de cosas en Nicaragua, cuyo régimen, además, no oculta su alianza – estratégica, han dicho sus protagonistas- con Rusia e Irán.

Las consecuencias de la entrada en vigencia de la ley, una vez que sea ratificada por el senado y refrendada por el presidente estadounidense, serían poco menos que catastróficas para la endeble economía nicaragüense que tiene en los EE UU el principal socio comercial y gran dependencia del financiamiento internacional.

La oposición en Nicaragua, mantiene un desconocimiento adelantado a las “elecciones” de noviembre próximo en las que, el ya septuagenario Daniel Ortega, pretende legitimar una dictadura de tipo dinástico bajo el modelo de partido único, al estilo de los viejos modelos socialistas de “democracia popular”. La oposición demanda que se convoquen nuevos comicios, con árbitros electorales imparciales, presencia de observación nacional e internacional independiente y calificada y que no se den exclusiones de ningún tipo.

Aunque en Nicaragua hay señales ciertas de la existencia de pequeños grupos armados opuestos a Ortega, la oposición, que abarca un amplio abanico de identidades ideológicas desde la derecha hasta la izquierda democrática, ha sido categórica en afirmar que la guerra no es opción, y apuestan por una salida cívica. Mientras, el régimen no da ninguna señal de corregir el rumbo.

Es previsible, entonces, que en Nicaragua los meses que faltan y el próximo año, se den hechos que atraerán la atención de la opinión pública internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España el 7 de octubre)