Berta y nosotros.

El asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres el pasado 3 de marzo, ha provocado, con justificada razón, el repudio unánime en el ámbito internacional. Berta se suma a las doce víctimas que hubo en Honduras en el 2014 por la defensa del ambiente y los recursos naturales. Si: doce en un año. Macabros indicadores que lo califican como el país más peligroso también en este particular rubro.

Tras el crimen no es difícil identificar a sus autores intelectuales. Basta preguntarse ¿a quiénes perturbaba la lucha de Berta a favor de los intereses de las comunidades del noroeste hondureño? La lucha de la comunidad lenca contra las pretensiones de construir una presa hidroeléctrica, se sustenta en la defensa de los bosques, en el rechazo a la contaminación de los recursos hídricos -en particular del Río Lempa- y contra el desplazamiento forzoso al que se verían sometidos.

Básicamente las mismas causas que movilizan en Nicaragua a las comunidades campesinas en el centro, sur y este contra el proyecto del canal que promueve el orteguismo y a las comunidades   indígenas  por sus derechos ancestrales en el Caribe norte.

Pero si bien es cierto el crimen de Berta se da en Honduras, en el marco de lo que muchos califican como “Estado fallido”, que se muestra incapaz de frenar la violencia galopante que asedia en el campo y en las ciudades, también es cierto que demuestra hasta dónde puede llegar el capital troglodita con la complicidad, por acción u omisión, patrocinio o ineptitud, de quienes gobiernan.

La crisis que se vive en el Caribe Norte de Nicaragua entre las comunidades indígenas y los colonos, es latente. Tanto así, que la pasada Asamblea de YATAMA, realizada en los últimos días de febrero, ante la falta de protección por el Estado, convocó a las comunidades a la autodefensa. Y esa resolución no es de importancia menor en una región en la que hay historia de violencia y muchas armas en circulación.

Las causas de esa crisis yacen en la complicidad del régimen con los que, violentando los derechos de propiedad de las comunidades, deforestan y desplazan a la población, se asientan en sus territorios y desarrollan cultivos extensivos. Ello, a pesar que el país cuenta con una legislación que reivindica, incluso constitucionalmente desde 1987, los derechos de propiedad comunitaria e indígenas.

Y respecto al pretendido canal, el régimen es de manera inocultable, patrocinador y socio.

Ante eso, el riesgo que se presenten en Nicaragua crímenes como el cometido contra  Berta, no está de ninguna manera descartado. Triste pero cierto y hay que advertirlo a altas voces y con crudeza, para impedirlo. Si hasta ahora el crimen ha actuado impunemente en el plano de la violencia política, no hay garantías que esa misma violencia no opere contra los activistas sociales. Amenazas y agresiones menores ya se han dado.

El concepto de Desarrollo Sostenible abarca esencialmente el derecho a la vida. Es el aprovechamiento de los recursos naturales sin poner el riesgo la sobrevivencia de las futuras generaciones, pero simultáneamente comprende el derecho humano al ambiente seguro y saludable, al equilibrio ecológico y al agua. Y los Derechos Humanos son universales.

Por eso, afirmar que la lucha de Berta Cáceres y de las comunidades lempas en Honduras, es la nuestra, la de las comunidades campesinas e indígenas de Nicaragua, no es retórica. Es simple y pura verdad.

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Un comentario en “Berta y nosotros.

  1. Pero lo más asombroso es que el presidente Ortega se exprese consternado con ese asesinato, lo cual es justo pero no así que en su país se acaba de acuchillar a un dirigente opositor a su gobierno no hace nada más que echarle tierra al caso en un descomunal acto de impunidad. Esos contrastes de doble moral son los que preocupan y que mucha gente no quiere ver o calla en un acto de complicidad manifiesta.

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