Algunas enseñanzas de la crisis de la socialdemocracia europea

La socialdemocracia, variada, vieja y todavía fuerte corriente política, sufre una ya prolongada crisis. Crisis que es particularmente grave y evidente en Europa. Los resultados obtenidos por el Partido Social Demócrata Alemán en las elecciones de septiembre pasado y el impasse sobre su participación o no en una coalición para gobernar, prolongado durante meses, constituyen el elemento más notorio del último año.

Desentrañar las causas de esa crisis, y en consecuencia las soluciones, no es sencillo. Las causas son muchas y muchas también -en tanto diversas-, las respuestas que se requieren para superarla.

Sería un error presentar el panorama como tabla rasa. No. Hay diferencias entre el estado de la social democracia en la Europa del Norte, por ejemplo, al estado de la misma en Alemania o en la Europa latina. Pero en el panorama actual, los gobiernos socialdemócratas, o en los que estos participan, son considerablemente los menos.

Mientras el Partido Social Demócrata Sueco gobierna -todavía- con holgada comodidad, y en Noruega los laboristas lograron en el 2017 una escasa mayoría, otra situación es la que se vive en el centro y en el sur de Europa.

Los resultados de septiembre del 2017 para el Partido Social Demócrata confirman su declive de los últimos 20 años. En 1998, con Gerhard Schröder como candidato, logró su máximo histórico con un 41% de los votos. En  las elecciones de septiembre del 2017 obtuvo el 20.5%  (la mitad  de aquel lejano 41%).

En España, entre el 2008 y el 2016, el PSOE vio disminuido su caudal electoral en casi 6 millones de votos: de los 11.289.335 que logró en las elecciones generales, cuando fue electo para un segundo período José Luis Rodríguez Zapatero, a los 5 millones y medio que logró Pedro Sánchez como candidato en junio del 2016.

En Francia, en el 2012, Francois Hollande obtuvo (en segunda vuelta) el  51,7% de los votos, frente al 48,3% de Nicolás Sarkozy. En 1988, Francois Mitterrand, había iniciado un segundo período con el 54% de los votos. Pero el año pasado, el Partido Socialista perdió el gobierno  con el peor resultado de los últimos 50 años al lograr  un exiguo 6% de los votos.

Ya antes, el PASOK, de Grecia, había experimentado un gradual descenso en su caudal electoral: de un promedio sostenido de un 42%  entre 1981 y 2009, cuando inició su debacle, hasta un catastrófico 4,79% en el 2015.

¿Que ha pasado? ¿Cómo es posible que fuerzas tan emblemáticas como el PSOE o el PASOK, baluartes de la construcción de la democracia en España y Grecia, vean descender su influencia así? ¿Por qué la socialdemocracia, la fuerza política que construyó el estado de bienestar en Europa, ha experimentado este derrumbe?

La primera gran enseñanza que salta ante todos, es que en las sociedades democráticas, ninguna mayoría es inmutable y que por lo tanto, obtenerla y preservarla, es tarea diaria de los partidos políticos.

El contexto mundial de la globalización, afianzado y acelerado en los últimos 20 años, ha conllevado transformaciones económicas, culturales, sociales y políticas. Y con ello nuevos problemas, nuevos desafíos. Esto es particularmente cierto en Europa, donde se vive el más avanzado proceso de integración. La relativización de la soberanía de los estados nacionales frente a las entidades supranacionales, la unidad monetaria, el libre comercio y tráfico de personas, son realidades y avances indiscutibles, pero no han eliminado las diferencias de desarrollo y de nivel de vida entre los países y a lo interno de cada uno.

La socialdemocracia ha sido clara y consecuente en que es europeísta y defensora de la integración -frente a una derecha ultranacionalista y separatista-, pero no tiene todavía una propuesta acabada de cómo lograr una Europa integrada, solidaria, con estados nacionales fuertes y en progreso, que no esté sometida a la lógica neoliberal  que marca el gran capital financiero internacional.

Los flujos migratorios desde los países árabes y africanos, unido a la movilización de ciudadanos europeos hacia los países con economías más sólidas, son una presión permanente, especialmente sobre Alemania y los países nórdicos. Son, de lejos, actualmente el principal problema social en el continente. Frente a ello no ha habido una respuesta diáfana y consistente de la socialdemocracia. La pregunta ¿cuál y cómo debe ser la política migratoria europea, interna y externa?, sigue planteada.

Los dirigentes de la ultraderechista alemana, AFD, suelen repetir el lema “Nuestros pobres primero”, en el afán de erigirse en los defensores de  los pobres de Alemania. Pobres y capas medias bajas que, por cierto, ven en los refugiados o inmigrantes europeos, una amenaza que les podría arrebatar sus puestos de trabajo o por quienes sus beneficios sociales podrían verse disminuidos. Esto lleva a la siguiente pregunta : ¿No representa  la socialdemocracia a los pobres? ¿ha dejado de hacerlo?

En algunos países se percibe una separación entre las prioridades y las exigencias de la dirigencia socialdemócrata y la masa votante. Para decirlo de otra manera entre “la alta política” y la “vida diaria” de las mayorías.

En diciembre pasado, en la conferencia internacional realizada en la víspera del  congreso ordinario del SPD, Sigmar Gabriel, hasta hacía poco su presidente, señalaba que ellos habían mantenido en alto, coherente y correctamente,  las banderas  de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual y el tema ambiental. Sin embargo, la que fue la principal demanda de los trabajadores durante muchos años, la necesidad de una ley de salario mínimo, la habían mantenido en un segundo plano. Fue hasta en el 2015  -con el impulso socialdemócrata, como no- que se aprobó la ley correspondiente.

Pero no solo es la ultraderecha la que disputa la representación de los más pobres y de las capas medias bajas a la socialdemocracia, como lo hace el Frente Nacional en Francia o la AFD en Alemania. También desde el lado izquierdo surge competencia. Así en España irrumpió con fuerza Podemos y en Grecia Syriza.

Las fuerzas social demócratas han ejercido la lucha parlamentaria con vigor, pero en la mayoría de los casos sacrificando la acción política cotidiana, el trabajo cara a cara con los ciudadanos. Su presencia en las calles se reduce a las campañas electorales. Mientras, la competencia, de derecha y de izquierda, sí recurre a las  demostraciones, a la política cercana al ciudadano de a pie. No es posible que los ciudadanos solo sean apelados para solicitar  su voto. No es políticamente correcto ni estratégicamente sostenible.

La socialdemocracia está obligada a realizar un profundo proceso de reflexión ideológica y encontrar respuestas a viejos y nuevos problemas con los principios de siempre, con los que nació. El progreso, la democracia, la equidad, la libertad y la autodeterminación, son propósitos válidos en un mundo que es -tiene que ser y lo seguirá siendo- global, interconectado e interdependiente.

(Publicado en Mundiario-España, 22 de marzo del 2018)

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Las reformas electorales para la democracia en Nicaragua

En la vida moderna de Nicaragua, los períodos democráticos han sido breves paréntesis. Las guerras, las intervenciones extranjeras y la violencia política, siempre originada desde el poder, han marcado la vida del que hoy sigue siendo el segundo país más pobre de América, en gran parte como saldo de esa cruenta historia.

Hoy dos verdades son  evidentes en Nicaragua: de un lado la naturaleza dictatorial, con pretensiones dinásticas, del régimen de Daniel Ortega y de otra parte, el rechazo ciudadano a la guerra o cualquier forma de violencia,  como vía para reconquistar la democracia. Mientras la primera  se confirma  cada día en la actuación nacional e internacional del orteguismo, la segunda es palpable en los estados de opinión de la población e incluso se expresa se manifiesta de manera singular en la aparente apatía frente a los abusos, la corrupción y la impunidad que el régimen practica y promueve.

Sería un error concluir que la falta  o esporádica movilización  ciudadana en rechazo  a las actuaciones  y políticas oficiales y sus consecuencias, es resignación fatalista o peor aun, apoyo mayoritario al gobierno.

Los estrictos controles que ejerce el régimen de Ortega en amplios sectores de la vida social, la represión expresa o sutil, física o económica, el chantaje y el soborno, son instrumentos que se dirigen precisamente a inhibir la movilización de la población descontenta. Así lo hizo el somocismo a lo largo de su dilatada dictadura, así fue en los años ochenta cuando el FSLN gobernó. Así lo han hecho siempre los regímenes antidemocráticos.

No obstante, la historia señala que eficacia de los  instrumentos  represivos solo es temporal  y nunca han sido capaces de impedir los cambios políticos y sociales ni las demostraciones de inconformidad o rechazo.

En Nicaragua, en los últimos años, se han hecho patente beligerantes demostraciones del campesinado, el movimiento femenino y los  ancianos, en contra de decisiones oficiales sustantivas como la concesión canalera lesiva a la soberanía nacional, la violencia que sufren las mujeres y la cada vez más exigua  amenazada seguridad social.

El cierre del siglo veinte abunda en cambios políticos radicales que poco antes que se dieran parecían imposibles: desde el No a Pinochet en 1988, pasando por las revoluciones democráticas en el este europeo, hasta la derrota electoral del FSLN en febrero del 90. Una condición indispensable en los desenlaces que se dieron mediante el voto, fue la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En Nicaragua, el desmontaje del andamiaje institucional democrático que, en medio de no pocas dificultades, pujaba por establecerse desde 1990,  y en particular la destrucción del sistema electoral, obra del orteguismo, invalidan las  elecciones en las actuales circunstancias, como vía para lograr los cambios políticos. Carecen de transparencia y por eso mismo son ilegítimas y faltas de credibilidad. El porcentaje de abstención que alcanzó el setenta por ciento en los comicios municipales de noviembre pasado, lo refrenda.

La aplicación de la Ley Magnistky a Roberto Rivas Reyes,  presidente del aparato electoral nicaraguense, testaferro y fiel servidor de Ortega, es más que emblemática. No es creíble un sistema electoral presidido por un individuo calificado como delincuente internacional y cuya venalidad está más que comprobada.

Entonces si en las actuales circunstancias (subrayo y enfatizo: actuales) las elecciones no son el camino a la democracia ¿cuál es? No es la violencia, a la que propio régimen empuja y cuyo saldo histórico de destrucción y muerte bien se conoce en Nicaragua. Solo hay uno: cambiar las condiciones y lograr que las elecciones sean transparentes, incluyentes y cuyos resultados respetados sin ápice de duda. Se trata de restituir la validez del principal instrumento para el ejercicio de la voluntad ciudadana: el voto.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), convergencia que aglutina a partidos y movimientos opositores, expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes, planteó el pasado 21 de diciembre, quince puntos que recogen la reforma electoral que Nicaragua necesita. La propuesta del FAD, la  más importante alianza opositora al orteguismo, es la más completa que se ha presentado en el menú de opciones de la reforma electoral hasta ahora conocido .

Pero las elecciones libres, inclusivas y transparentes, no serán de fácil conquista. Y no lo serán porque la esencia del régimen que encabeza Daniel Ortega es el autoritarismo,  y porque sus cabecillas – el propio Ortega y su mujer en primer término- saben que en elecciones libres se juegan no solo su existencia política sino también  la  impunidad que ahora gozan y los casi infinitos  beneficios que disfrutan en el poder.

No será dádiva, porque en política predominan la opción y las propuestas que tengan a su favor la correlación de fuerzas. Por eso, la batalla cívica del pueblo nicaragüense es indispensable para lograr las reformas, realizar elecciones libres y recuperar la democracia. Pero en esa vorágine, cuyo estallido puede ser en cualquier momento y cuyas modalidades no se pueden prever, el mayor perdedor es desde ya el orteguismo.

El contexto internacional es cada vez más desfavorable a Ortega y sus márgenes de maniobra se estrechan. Por esa misma razón y porque es lo que más conviene al país, el orteguismo debería ahorrar el costo social que significaría una solución tardía y ahorrarse el costo político  a sí mismo. Debería, pero todo indica que no es su opción. De allí que la transformación democrática -que es inevitable, aunque se atrase-  será muy a pesar suyo.

No será ni con la  violencia, ni en conciliábulos, que  se reconquistará la democracia en Nicaragua. Las fuerzas democráticas tienen el desafío ineludible de afianzar las alianzas, desmarcarse de cualquier asomo de pacto de cúpulas y apostar a la acción ciudadana como condición para conquistar las reformas, para restituir la democracia.  A la comunidad internacional le corresponde apoyar ese esfuerzo y dar su valioso e insustituible aporte.

(publicado en Mundiario- España el 15 de marzo del 2018 y una versión en La Prensa, Nicaragua)

Ortega enfrenta sanciones por corrupción e impunidad

En Managua, es comentario abierto que no hay tranquilidad en los despachos -ni en las alcobas- de El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega, presidente designado y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada, vocera y gobernanta de Nicaragua.

Y es comprensible que no haya sosiego en la sede del omnímodo poder que administra Nicaragua desde el 2007. Después de ejercer durante diez años un gobierno autoritario y de haber desmontado las instituciones democráticas que desde 1990 pujaban por establecerse, las cosas no pintan nada bien para la pareja Ortega- Murillo.

El pasado 21 de diciembre el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Roberto Rivas Reyes mediante la aplicación de Ley Magnitsky. Rivas Reyes, un protegido de Ortega y de su aliado, el jubilado Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quien preside el aparato electoral que ha organizado los fraudes electorales ejecutados en Nicaragua en los últimos diez años. Y eso, unido a sus prácticas corruptas como funcionario público, son las razones de la sanción estadounidense.

Las acusaciones de corrupción que recaen sobre Rivas Reyes, merecen párrafo aparte. La vida de Rivas Reyes está llena de lujos exuberantes e imposibles de  explican a partir de su ingreso salarial y de lo que le genera una modesta plantación de café de la cual es propietario. Su enriquecimiento, por lo demás ofensivo en el segundo país más pobre del continente de América, ha sido paralelo a su ejercicio como funcionario público. Mansiones y automóviles de lujo en Managua, Madrid y San José, jets privados, y numerosas inversiones inmobiliarias internacionales, solo pueden ser explicadas por el uso de recursos del erario en beneficio particular o porque es testaferro de poderosos, o por ambas cosas.

Pero Ortega no solo no ha destituido a Roberto Rivas Reyes, colocado ahora entre los catorce delincuentes internacionales sancionados por la Ley Magnitsky, sino que mediante una pueril reforma legal, lo confirmó en su cargo -aunque liberándolo de responsabilidades administrativas-, le preservó todas sus prebendas y la impunidad en que vive.

Un hecho que llama la atención en Managua en las últimas semanas, es que las escandalosas caravanas en las que se moviliza Rivas Reyes han dejado de circular. ¿Dónde está? Ortega ¿lo protege o lo retiene? Rivas Reyes sabe mucho, demasiado quizás y por eso la hipótesis que su director le mandó hacer mutis, es cada vez más aceptada.

Pero la impunidad que Ortega otorga a Rivas Reyes, también se la proporciona a perseguidos internacionales. Tal es el caso de Mauricio Funes, ex presidente salvadoreño, condenado por enriquecimiento ilícito en su país, quien vive alegremente en Managua, asiste a actos oficiales y goza incluso de protección policial. Más recientemente se ha  denunciado que Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura  de Guatemala y sobre quien hay una orden de captura por el delito de peculado y fraude, también está en Nicaragua.

La impunidad que el régimen de Ortega otorga a personajes acusados de corrupción, y  de distinta calaña, se extiende a violadores de los Derechos Humanos.

En los últimos años en el campo, las ejecuciones de la policía y el ejército a ciudadanos opositores, son cada vez más frecuentes. Desde el 2011 a la fecha, el número de opositores -a los que el régimen señala de delincuentes comunes- “muertos en combate” o abiertamente ejecutados, pasa de los cincuenta. El caso más reciente incluye las vejaciones y el asesinato a dos menores de edad a manos de unidades del ejército. Los cadáveres, como en otros casos, no fueron entregados a los familiares. Y al igual que en situaciones similares, los jefes policiales y militares involucrados, gozan de la protección del régimen de Ortega.

Permitir el enriquecimiento ilícito y otorgar protección ante las acusaciones por crímenes y corrupción, es la moneda con la que Ortega paga la fidelidad a los suyos. O bien es un servicio que ofrece a corruptos internacionales, fundado en el control unipersonal de las instituciones del estado.

Sin embargo, las sanciones con la Ley Magnitsky ya aplicadas a Roberto Rivas y los anuncios que pronto habrá nuevos sancionados, incluyendo al Tesorero del FSLN, Francisco López y altos magistrados judiciales, y la Nica Act que sancionaría al actual gobierno de Nicaragua por violador a las libertades y que puede ser aprobada en cualquier momento en el Senado de los EEUU, causan justificada preocupación en el círculo de los Ortega Murillo.

Ortega sabe que EE UU es un adversario poderoso, y con maniobras pretende eludirlo. Y sabe que el terreno de enfrentamiento en la sociedad global actual, es el comercial y el financiero, los mismos en los que, pese a las peroratas antiimperialistas que suele largar a sus bases, es frágil. Y es más frágil ahora que su protector en los últimos diez años -el régimen chavista- vive una crisis terminal.

Pero Ortega también sabe que el voto ciudadano es su más poderoso adversario, toda vez que sea ejercido en libertad y sin exclusiones. Por eso ha impedido elecciones libres en los últimos diez años con la complicidad y los fieles servicios del ahora sancionado Roberto Rivas.

Por la misma razón, la oposición ha presentado la propuesta de una reforma electoral profunda, que permita  elecciones libres, sin exclusiones y con observación internacional. Ese es el camino –el único en paz- para restituir la democracia en Nicaragua y con ello terminar la impunidad y desterrar la corrupción.

Esa es la batalla cívica que se fermenta en Nicaragua. Suficientes razones para que el insomnio se pasee en El Carmen.

(publicado en Mundiario, España el 27 de febrero del 2018)