Se caen las mentiras de Daniel Ortega

Hace algunos años, un político español -de izquierdas para más señas-, comparaba las personalidades del presidente venezolano Hugo Chávez, entonces en el pináculo de su carrera política y de Daniel Ortega. Decía que Chávez podía llegar a ser incluso simpático, que administraba de forma desordenada los recursos de los que disponía, en cambio el nicaragüense por mucho que se esforzaba, no lograba generar simpatía genuina en sus interlocutores y que siempre estaba buscando recursos, los que igualmente mal administraba o desaparecía. Finalmente decía, Chávez, para bien o para mal, hace lo que dice, Ortega en cambio, o hace lo contrario a lo dicho, o muy pronto se desdice. Miente a menudo  de forma rampante sellaba.

Individualidades aparte, la demagogia y el cinismo son inherentes al populismo. Y si bien siempre encuentran caldo de cultivo por doquier, tienen mayores posibilidades de tener éxito -que siempre será temporal y parcial- en las sociedades que sufren mayor atraso educativo. Ello explica el porqué el populismo, en todas sus variantes, mantiene el atraso a conveniencia o, en el caso de las expresiones más autoritarias, controla y manipula la educación formal, que la asume como parte del aparato de propaganda.

En Nicaragua, el orteguismo que ejerce un control absoluto de la educación formal pública, incluyendo la universitaria, y cuasi absoluto de los medios de comunicación, ha hecho de la divulgación gubernamental un acto cotidiano de propaganda y de los contenidos educativos -programas y textos- una  labor sistemática y permanente de culto a la personalidad de la pareja Ortega-Murillo, a quienes presentan como los exclusivos gestores y autores de la pasada épica revolucionaria y de  todo “lo bueno” que hoy ocurre en el país.

Dos ideas centrales figuran de forma transversal en la narrativa cotidiana orteguista. La primera es  que la gestión del gobierno contra la pobreza es exitosa, beneficiando a la población de logros sociales y la otra  es la reivindicación de la legitimidad del  gobierno, democrático y respetuoso  de los derechos de los nicaragüenses, dicen.

Si bien hay sectores de la población nicaragüense, especialmente los beneficiados con las acciones asistencialista del régimen que son todavía su base política activa y hasta hace poco la denuncia provenía solo de la oposición política a Ortega y de expresiones de la sociedad civil, hoy el mentís a las falacias oficiales es cada vez más generalizado y contundente.

Hace pocas semanas el PNUD dio a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Dicho informe, que se elabora sobre la base de las cifras que proveen los gobiernos nacionales, evalúa una serie de variables a fin de concluir el grado de bienestar económico, social y cultural de la población. En este informe Nicaragua ocupa el lugar número 124 de un universo de 188 países. Hace 10 años figuraba en el 112.

Dicho de otra manera: la gestión del régimen de Daniel Ortega que asumió la presidencia en enero del 2007, ha sido ineficaz y Nicaragua ha retrocedido 12 escalas en 10 años, en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que es –según el mismo informe- un 35 % pobre en el segundo país más pobre de América.

De otra parte, Ortega fue oficialmente reelecto en los comicios del 6 de noviembre del 2016, de los que fue arbitraria e ilegalmente excluida la auténtica oposición y en los que se experimentó un 70 % de abstención. Difícilmente puede reconocerse como legítimo un gobierno que surge en esas circunstancias.

Pero hay más. En febrero pasado el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que recuerda al estado de Nicaragua la “necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos” e instó a la Unión Europea  a “vigilar estrechamente la situación en el país y a adoptar, si fuera necesario, medidas concretas”. Medidas que solo asoman en el terreno de recorte a la cooperación económica.

En Washington, el miércoles 5 de abril, 25 congresistas, entre  republicanos y demócratas, presentaron para su discusión, una nueva versión del proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act) que retoma la iniciativa presentada en la legislatura pasada  que no logró ser discutida.

La Nica Act, en esta nueva versión, plantea de manera más categórica al régimen de Ortega la necesidad de restablecer el estado de derecho y la democracia, respetar las libertades ciudadanas, así como investigar y castigar la corrupción en las instituciones estatales. En caso contrario, todos los préstamos al gobierno nicaragüense en los organismos financieros internacionales, no serán aprobados por EE UU, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”. Y, después de 90 días de aprobada la ley, EE UU daría a conocer un informe sobre la corrupción en Nicaragua.

El Informe del PNUD, la resolución del Parlamento Europeo y el proyecto bipartidario de la Nica Act en el Congreso de los EE UU, demuestran que el discurso de  Ortega se ha agotado. En Nicaragua no hay ni democracia ni superación de la pobreza. Es la corrupción la que se ha instalado.

Como decía el político español citado al inicio, Ortega miente a menudo. La diferencia es que ya no engaña.

(Publicado en MUNDIARIO, España 7.4.2017)

Criminales libres y torturas

Estado de Derecho es un concepto, y por tanto una abstracción, pero su observancia o no, se manifiesta cotidianamente. Y cuando se expresa en asuntos de vida o muerte, su contundencia es mayor. De los hechos posteriores a los sucesos del pasado 26 de enero en el barrio San Luis, en el que resultaron dos policías y un delincuente muertos, se imponen reflexiones y preguntas impostergables

¿Por qué el delincuente muerto, ex policía, con un largo historial delictivo y condenas pendientes, estaba libre? ¿Por qué? Alguien debe explicarlo. ¿Cuántos más -criminales condenados- circulan libremente por las calles de nuestras ciudades y acaso planean ya el próximo delito?

Que el delincuente aniquilado sea un ex policía, egresado de la academia policial además, no es un asunto menor. Recibió entrenamiento e información, puesta al servicio del crimen. ¿Tiene que ver que haya estado libre  con su condición de ex policía?

En México ex policías se han distinguido como los más sanguinarios delincuentes vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles son los criterios de la institución policial para integrar personal? ¿Hay medidas de control y contra chequeo para prevenir ser penetrados por el crimen organizado ? ¿ Hay y funciona una inspectoría de asuntos internos? ¿Se sanciona? ¿Por qué no hacen públicos sus informes?

¿Por qué los delincuentes capturados presentan evidentes señales de torturas?¿Por qué la policía tortura? (No es el primer caso).

Y, como se señaló en las redes sociales después de la comparecencia de los capturados ante la judicial, el órgano policial no tiene ningún empacho en presentarlos públicamente así. Como quien dice torturan y no lo esconden.

El argumento que pretende justificar las torturas por la indignación que ha provocado la muerte de los policías es primitivo y por tanto despreciable, porque la tortura es ante todo un acto de cobardía. Y si es practicada por la autoridad un doble crimen.No hay ninguna motivación, ninguna, que la justifique.

Obviamente no hay institución pública ni privada exenta de ser penetrada por criminales. Pero es obligación del Estado, y de las instituciones públicas correspondientes en primer lugar,  disponer de los mecanismos de prevención del delito. Y si este ocurre, la aplicación efectiva de la legislación penal, incluyendo el debido proceso y los derechos humanos de los reos y procesados. Por ello la tortura está constitucionalmente prohibida. Y nadie, delincuente o asesino incluso, debe ser torturado. Nadie.

Claro: esto es lo que debe ser. Pero en Nicaragua el Estado de Derecho es inexistente y su desmontaje ha ido aparejado a la corrupción moral que promueve y estimula el régimen.

Si hay un presidente que llegó a serlo violentando la Constitución -la misma que prohíbe la tortura- si él mismo ha sido acusado de delitos sexuales que “prescribieron”,  si se designan jefes policiales y militares, magistrados, jueces, procuradores y demás, en virtud de la fidelidad al gobernante y no sobre la base de la ley, la transparencia o la experiencia, es razonable pensar que se exime de penas a delincuentes o a policías que matan o torturan por la misma razón.

Por eso mismo la mayoría de la población, está indefensa. Por eso, usted o yo podemos ser la próxima víctima del crimen o -aunque sea paradójico- de un policía, como lo fueron los niños de Las Jaguitas.

 

2016, el año que Daniel Ortega perdió

Si la legitimidad de un gobierno se mide por el respaldo mayoritario en comicios reconocidos y la democracia de una sociedad por la libertad de sus ciudadanos para opinar y escoger, Daniel Ortega, el inconstitucional presidente de Nicaragua, deberá anotar saldos rojos en su balance anual del 2016. Aunque su vocería intente demostrar lo contrario.

De la agenda política del año resaltarán las votaciones del pasado 6 de noviembre, en las que, según las cuentas del Consejo Electoral, Ortega resultó victorioso con un 72% de los votos. Así, Ortega y su consorte, Rosario Murillo, serán ungidos el próximo10 de enero como presidente y vicepresidenta para el período 2017-2022.

Sin embargo, en Nicaragua nadie duda, ni el ciudadano de a pie ni los especialistas, que las llamadas elecciones no fueron más que una puesta en escena, cuyos desenlace se conocía con antelación. Tampoco le han otorgado legitimidad a dichos comicios el gobierno de los EE UU,  que calificó el proceso de viciado, ni la Unión Europea, que lamentó que no fuesen libres.

Y a la puesta en escena no se prestó la ciudadanía nicaragüense. Según organismos especializados, la abstención alcanzó el 70% del padrón electoral, el más alto de los últimos treinta años y que hizo ostensible el rechazo a la farsa.

Pero hay más. Un estudio de opinión realizado entre el 13 de septiembre y el 19 de octubre pasado -precisamente en los meses previos a las votaciones del 6 de noviembre pasado-, por la Universidad de Vanderbilt como parte del Barómetro de las Américas, revela que el 63 % de los ciudadanos nicaragüenses opina que “hay que cuidarse al hablar de política, incluso con los amigos”. Es decir, dos tercios de la población expresan algún temor por causas políticas. Temor a perder el empleo, en un país en que el desempleo abierto y el encubierto, constituyen la principal angustia cotidiana de la población. Temor a las claques orteguistas, que bajo la complicidad de la policía amenazan y agreden a quienes protestan. Temor a la propia policía que dirigida de facto por el consuegro de Ortega, es otra pieza en el engranaje represivo del régimen.

No obstante ese temor tiende a desaparecer en la medida que los ciudadanos ven agredida su vida cotidiana y su modus vivendi. El rechazo de la población campesina al proyectado canal interoceánico de Ortega, quedó demostrado el pasado 30 de noviembre cuando una marcha sobre la ciudad capital fue reprimida por la policía que recurrió incluso a la destrucción de puentes y corte de caminos para impedir la movilización ciudadana.

Pero el balance negativo del 2016 de Ortega deberá anotar además y de manera resaltada, la crisis de Venezuela y sus consecuencias sobre Nicaragua y el hecho que la comunidad internacional ha posado los ojos sobre su gestión. Sus desmanes ya no pasan inadvertidos para el mundo.

La muerte de Fidel Castro, aparecerá también en sus pérdidas, sobre todo porque a su sombra recurría Ortega para reivindicarse de izquierda ante los grupos que en el mundo añoran tiempos idos y fracasados. Y sobre todo porque el fallecimiento de Castro recuerda que la inmortalidad es un recurso de la demagogia, que la muerte es inevitable incluso para comandantes y presidentes.

El régimen de Ortega entra al 2017 en posición defensiva. Está bajo la lupa del Senado de los EE UU que deberá abordar la Nica Act en los próximos meses, legislación que lo sanciona por antidemocrático, y a mediados de enero deberá conocerse el informe de la Secretaría General de la OEA sobre la situación de la democracia en Nicaragua y particularmente sobre las reiteradas denuncias de violaciones a la Carta Democrática que ha recibido de diferentes sectores de la población.

Las maniobras in extremis siempre han sido un rasgo típico de Ortega. Esta vez no debe ser la excepción. El punto es que su margen de acción se ha reducido considerablemente y ya está en duda que concluya el período que iniciará el 10 de enero: sin legitimidad interna, crecientes presiones económicas y cada vez menos aliados en el ámbito internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España, el 13/12/2016)