Criminales libres y torturas

Estado de Derecho es un concepto, y por tanto una abstracción, pero su observancia o no, se manifiesta cotidianamente. Y cuando se expresa en asuntos de vida o muerte, su contundencia es mayor. De los hechos posteriores a los sucesos del pasado 26 de enero en el barrio San Luis, en el que resultaron dos policías y un delincuente muertos, se imponen reflexiones y preguntas impostergables

¿Por qué el delincuente muerto, ex policía, con un largo historial delictivo y condenas pendientes, estaba libre? ¿Por qué? Alguien debe explicarlo. ¿Cuántos más -criminales condenados- circulan libremente por las calles de nuestras ciudades y acaso planean ya el próximo delito?

Que el delincuente aniquilado sea un ex policía, egresado de la academia policial además, no es un asunto menor. Recibió entrenamiento e información, puesta al servicio del crimen. ¿Tiene que ver que haya estado libre  con su condición de ex policía?

En México ex policías se han distinguido como los más sanguinarios delincuentes vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles son los criterios de la institución policial para integrar personal? ¿Hay medidas de control y contra chequeo para prevenir ser penetrados por el crimen organizado ? ¿ Hay y funciona una inspectoría de asuntos internos? ¿Se sanciona? ¿Por qué no hacen públicos sus informes?

¿Por qué los delincuentes capturados presentan evidentes señales de torturas?¿Por qué la policía tortura? (No es el primer caso).

Y, como se señaló en las redes sociales después de la comparecencia de los capturados ante la judicial, el órgano policial no tiene ningún empacho en presentarlos públicamente así. Como quien dice torturan y no lo esconden.

El argumento que pretende justificar las torturas por la indignación que ha provocado la muerte de los policías es primitivo y por tanto despreciable, porque la tortura es ante todo un acto de cobardía. Y si es practicada por la autoridad un doble crimen.No hay ninguna motivación, ninguna, que la justifique.

Obviamente no hay institución pública ni privada exenta de ser penetrada por criminales. Pero es obligación del Estado, y de las instituciones públicas correspondientes en primer lugar,  disponer de los mecanismos de prevención del delito. Y si este ocurre, la aplicación efectiva de la legislación penal, incluyendo el debido proceso y los derechos humanos de los reos y procesados. Por ello la tortura está constitucionalmente prohibida. Y nadie, delincuente o asesino incluso, debe ser torturado. Nadie.

Claro: esto es lo que debe ser. Pero en Nicaragua el Estado de Derecho es inexistente y su desmontaje ha ido aparejado a la corrupción moral que promueve y estimula el régimen.

Si hay un presidente que llegó a serlo violentando la Constitución -la misma que prohíbe la tortura- si él mismo ha sido acusado de delitos sexuales que “prescribieron”,  si se designan jefes policiales y militares, magistrados, jueces, procuradores y demás, en virtud de la fidelidad al gobernante y no sobre la base de la ley, la transparencia o la experiencia, es razonable pensar que se exime de penas a delincuentes o a policías que matan o torturan por la misma razón.

Por eso mismo la mayoría de la población, está indefensa. Por eso, usted o yo podemos ser la próxima víctima del crimen o -aunque sea paradójico- de un policía, como lo fueron los niños de Las Jaguitas.

 

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TRUMP CONTRA EL MUNDO

Donald Trump es un espectáculo móvil. En él se resumen la política y el espectáculo. Lo que hace y dice es noticia donde quiera que vaya. Lo es -lo será más ahora por ser el presidente de Estados Unidos- por lo impredecible e histriónico. Por lo contradictorio en sí mismo.

Antes de y por encima de político, el ahora presidente, es empresario y como tal ha llegado a ser multimillonario, con inversiones en diversas partes del mundo. Las posee en al menos tres continentes: América por supuesto, Europa y como no, Asia. Subrayo diversas partes del mundo, ya verán por qué.

Lenin, el teórico y revolucionario ruso, argumentó en 1916, que una de las características consustanciales del capitalismo monopolista (imperialista) era la exportación de capital. Más allá de las derivaciones políticas del estudio leninista, la globalización, la transnacionalización de la economía con particular fuerza en las décadas finales del siglo veinte, confirmaron sus apreciaciones.

Sería inconcebible la fortuna de Trump sin que haya exportado capital, sin inversiones directas en el extranjero. Como lo serían las de Carlos Slim o la de Bill Gates. Por muy grandes que sean los mercados de origen de esos capitales, igual que muchos otros, se quedaron estrechos ante su propio crecimiento  en un mundo global que demanda y atrae inversiones foráneas.

Sin embargo, uno de los ejes de la campaña electoral de Trump -anuncio de su credo gubernamental- ha sido el proteccionismo estatal a las empresas nacionales de los EEUU frente a la competencia extranjera, pero también la cuasi obligatoriedad del retorno de muchas inversiones que habían migrado, so pena de pagar más impuestos, incluso exorbitantes.

Y esto tiene un doble objetivo: recuperar puestos de empleo en los propios Estados Unidos, especialmente en industrias emblemáticas como la automovilística, con las consecuencias sociales y políticas que ello conlleva y dar ventaja a su propia economía en el escenario de la competencia global.

Eso en sí mismo podría parecer no solo necesario, sino justo, si no fuese porque el mundo de hoy es diverso, la economía -y la vida- global y porque Trump desarrolla esas propuestas -políticas de gobierno- desde posiciones mesiánicas, anti migración y rozando el ultra nacionalismo. Necesita –en sus cuentas- depurar el mercado laboral estadounidense, invadido de migrantes ilegales, para que el sistema asimile la mano de obra y le ofrezca bienestar a sus trabajadores; requieren las empresas estadounidenses la protección del estado para ser competitivas. Propone, pide, grita: “Primero Estados Unidos”, como Hitler reivindicaba el verso del viejo himno alemán: “Alemania sobre todo”.

Es harto paradójico que mientras en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de China –de la República Popular China, la de Mao, la que gobierna con mano de hierro el Partido Comunista- defiende el libre comercio y rechaza el proteccionismo, Trump dice lo opuesto. Es claro que aquellos comunistas no lo son más, pero Trump sigue siendo un capitalista.

El mundo asiste a una nueva etapa en el desarrollo de las contradicciones en el seno del capitalismo…y del “socialismo”. Por eso mismo la lucha por la democracia, de su establecimiento o perfeccionamiento, debe estar dotada de contenidos viables, realistas, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Si no, surgirán nuevos Trumps criollos: populistas, enemigos de las libertades, mentirosos, mesiánicos.

A propósito ¿qué ha dicho Ortega de Trump? No ha dicho nada ni dirá nada, porque pretende evitarlo, pero sobre todo porque esconde el propósito de parecerle simpático.

(P.D) Escrito y ya publicado este artículo, se dieron el sábado 21 las formidables movilizaciones ciudadanas en distintas ciudades del mundo, y especialmente la de Washington, para decirle a Trump que no podrá hacer lo que se le antoje.

 

LA INMORALIDAD COMO GOBIERNO

La historia de Nicaragua, tan llena de sinuosidades en la búsqueda de la democracia y la libertad, ha nutrido el calendario de numerosas efemérides políticas. No hay mes en que falte alguna relevante. La mayoría de batallas o martirios, escasas las que celebran victorias o alegrías nacionales. Porque como Sísifo, dice el símil, el pueblo de Nicaragua cuando casi ha llegado a la cima, una y otra vez ha tenido que volver al inicio.

Empieza enero, y cómo no, apenas al décimo día se conmemora el martirio de Pedro Joaquín Chamorro, periodista y político que terca y consecuentemente enfrentó a la dictadura somocista durante décadas, con la palabra para denunciar y convocar, y cuando lo consideró necesario, con el fusil.

El 10 de enero de 1978, dieciocho meses antes de su derrocamiento, el somocismo, evidenciado como una dictadura sangrienta, mandó a asesinar a Chamorro. Fueron sicarios los que apretaron el gatillo de la escopeta, pero los autores intelectuales del magnicidio conspicuos miembros de la cúpula del régimen.

El asesinato de Pedro Joaquín, como el pueblo lo llamaba a secas, fue repudiado por toda la ciudadanía. Desató de inmediato innumerables demostraciones populares, incluso violentas, que continuaron ininterrumpidamente hasta la insurrección general que derrocó al somocismo en julio de 1979. Nada casual. La sociedad nicaragüense estaba preñada de contradicciones que pugnaban por resolverse. De una parte la dictadura somocista había aniquilado todo espacio democrático mediante farsas electorales y represión, contaba para ello con una guardia pretoriana, con cómplices disfrazados de oposición y disponía del erario, para sobornar y comprar. De otra parte, las fuerzas opositoras, plurales y multiformes, por décadas habían labrado de diferentes maneras el camino para conquistar la democracia.

Con el asesinato de Chamorro el somocismo demostró hasta donde era capaz de llegar. El grupo económico de los Somoza que ejercía el usufructo del estado en su beneficio particular y en clara ventaja de los otros sectores de la clase empresarial, también estaba dispuesto a eliminar, incluso físicamente, a cualquiera que osara enfrentarlo, indistintamente de su pertenencia social o arraigo.

Y se dio el estallido. Transcurrirían menos de dos años para que el pueblo nicaragüense acariciara el establecimiento definitivo –eso creímos, eso quisimos– de una sociedad democrática, moderna, respetuosa de la pluralidad inherente, que allanara la conquista de la justicia social.

En 1985 se instaló una Asamblea Nacional, con carácter constituyente y de legislación ordinaria. La Constitución que resultó de sus deliberaciones, estableció que las tomas de posesión de los electos a la presidencia y vice presidencia en los comicios a realizarse cada cinco años, serían el 10 de enero correspondiente. Homenaje explícito y merecido por supuesto, a Pedro Joaquín Chamorro, el Mártir de las libertades públicas, como lo reconoció la misma Carta Magna.

Este 10 de enero del 2017, tomarán posesión de la presidencia y de la vicepresidencia, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, respectivamente. Él inicia así su cuarto período como gobernante, tercero consecutivo, y ella su primero en un cargo de supuesta elección. “Tomarán posesión” es un decir y el acto, lleno de parafernalia y frases vacuas a las que la Murillo es tan dada, solo es la parte final de la puesta en escena que empezó el 6 de noviembre con la farsa electoral.

La pareja Ortega-Murillo, es apenas el segundo caso en la historia de América Latina, en que quienes ostentan los máximos cargos del Poder Ejecutivo, comparten alcoba como matrimonio y en el que las principales decisiones de gobierno se toman –se supone– entre gemidos y arrumacos. Los argentinos Perón y María Estela Martínez eran hasta ahora el único.

Pero más allá del rasgo grotesco, más medieval que del siglo XXI que representa el acto de toma de posesión de la pareja Ortega-Murillo como reyezuelos de Nicaragua –con séquito y bufones incluidos–, es también una afrenta pública a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro precisamente cuando se conmemora su muerte. Chamorro fue mandado a matar por luchar toda su vida contra todo lo que Ortega personaliza: continuismo en el poder, fraude electoral, nepotismo, corrupción y descaro político.

Daniel Ortega y con él su mujer, a lo largo de los últimos diez años han desmontado el Estado de Derecho que había empezado a construirse en Nicaragua, han entregado la soberanía nacional a un oscuro empresario chino para la supuesta construcción de un canal interoceánico, se han enriquecido ellos y sus adláteres aprovechando los recursos del Estado, han descompuesto la institucionalidad de la policía y el ejército para colocarlos a su servicio y perpetuar un régimen familiar. Pero sobre todo, y al mismo tiempo de lo anterior, han corrompido moralmente el ejercicio de la política, en nombre de la izquierda y de una falsa revolución.

Pero hoy como en 1978, se han acumulado en la sociedad nicaragüense, contradicciones insalvables, que tarde o temprano darán al traste con el régimen de Ortega, para que de una vez por todas en el país se establezca la democracia, se construya la justicia,y la ética y la moral en política. Para no ser más Sísifo, porque los pueblos no están condenados a cumplir el fatídico mito, aunque a veces lo parezca.

(Publicado en MUNDIARIO-España el 9.1.2017, con el título: Tarde o temprano, contradicciones insalvables darán al traste con el régimen de Ortega)

De izquierdas e “izquierdas” en América Latina

La muerte de Fidel Castro, la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, la crisis terminal del gobierno de Maduro en Venezuela y la confirmación de la naturaleza dictatorial del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua figuran entre las principales noticias latinoamericanas del año que finaliza. Todas vinculadas a lo que se llama genéricamente, y por eso erróneamente, “la izquierda”.

La izquierda nunca ha sido una corriente homogénea. Particularmente en América Latina en los años sesenta y setenta, se identificaban como sujetos de la izquierda a los viejos partidos comunistas y a los entonces emergentes movimientos guerrilleros de liberación nacional, mediando entre unos y otros profundas diferencias tácticas y estratégicas, casi nunca resueltas.

Hoy es posible diferenciar en ese conglomerado que se denomina izquierda – aunque también podría aplicarse a “las derechas”-, dos grandes grupos. De una parte la “izquierda” autoritaria y corrupta, y por lo tanto reaccionaria. Y de otra, la izquierda democrática, progresista. Si en el primer caso el oxímoron es solo aparente a la luz de los nuevos tiempos, en el segundo el pleonasmo es necesario.

El tema no es baladí. Las diferencias se marcan a partir de las posturas y acciones que asume e impulsa cada fuerza, desde la oposición o desde el gobierno, frente a los dos principales problemas comunes en Latinoamérica: las amenazas a la institucionalidad democrática en varios países, que en algunos ya es autoritarismo establecido y la corrupción en las esferas gubernamentales. Para poner ejemplos en los extremos, señalemos la gestión del gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la de Daniel Ortega en Nicaragua. Si en el primero hay un respeto al sistema democrático y políticas claras contra la corrupción, en el segundo, el estado de derecho -fundado en las conquistas de la revolución sandinista del 79-, ha sido aniquilado y la corrupción no solo es tolerada, sino promovida.

O bien el caso las posturas de Dilma Rousseff en Brasil y de Evo Morales en Bolivia. Mientras la primera admite su destitución aunque la considera ilegítima pero legal por parte del senado brasileño, el segundo anuncia con desparpajo que recurrirá a triquiñuelas para intentar ser reelecto, todo a contrapelo de la voluntad ciudadana expresada en el referendo de principios de año.

La descomposición de esta “izquierda” obedece a factores diversos.

Uno de los más relevantes es el caudillismo, que alcanzó máxima expresión en Fidel Castro y Hugo Chávez. El caudillismo traducido en poder unipersonal como negación de la institucionalidad de sus partidos y estados.

En el caso de Castro una influencia unipersonal más allá de Cuba, por dos razones. Fidel encabezó la primera revolución armada triunfante en el continente orientada al socialismo, y a partir de tal hecho construyó su mito y en los hechos se le atribuyó una infalibilidad política que fue alimentada por una izquierda que con precaria elaboración teórica, optó por asumir como verdades indiscutibles las consideraciones de Castro, fuesen sobre el tema de la lucha armada como vía para llegar al poder, lo “impagabale” de la deuda externa de los países pobres o la validez del modelo cubano.

El fracaso del Socialismo Real y con él de los regímenes de partidos únicos en Europa al finalizar el siglo XX, despojó a la izquierda mundial de los referentes necesarios para articular un nuevo proyecto político y económico, alternativo al capitalismo. No obstante, en América Latina, el enorme costo social de las políticas económicas correctivas y de ajuste aplicadas en los años 90 por los gobiernos neo liberales, dio paso a un descontento que encontró expresión electoral en las opciones populistas, denominadas a sí mismas de izquierda. Así, estas fuerzas se encontraron, a finales de los noventa y al despuntar el presente siglo, con potencial electoral pero sin propuestas consistentes, ni para perfeccionar la democracia ni para establecer un modelo económico distinto.

Huérfanos de referentes y carentes de propuestas propias, se refugiaron en el populismo, y fieles a la tradición latinoamericana (de derecha) e imitando el viejo modelo cubano, sus líderes –Ortega, antes Chávez ahora Maduro y hoy Morales– se erigieron en los nuevos caudillos imprescindibles para las revoluciones que dicen llevar a cabo. Pero todo ello, además, a costa de la democracia en sus respectivos países. Y como autoritarismo y corrupción se nutren y se encubren mutuamente, también han convertido el erario en botín y el tráfico de influencias en práctica cotidiana.

Si bien los regímenes de esta “izquierda” reaccionaria son una realidad, también es cierto que están sometidos a una creciente oposición interna. Y, como en el caso de Venezuela, con pobres perspectivas de mantenerse en el gobierno a mediano plazo. La izquierda democrática en Chile o Uruguay, desde las coaliciones gobernantes, avanzan –no sin dificultades–, pero sometiéndose a las normas de la democracia en competencia con otras fuerzas democráticas, incluyendo las de derecha.

Mientras nos adentramos al siglo XXI, en un panorama sumamente complejo y riesgoso, que demanda eficiencia política y reflexión intelectual para hacer frente exitosamente a los impostergables retos de preservar el sistema democrático, extirpar la pobreza y la corrupción, y conquistar la paz mundial, cabe reconsiderar las denominaciones tradicionales de las fuerzas políticas. Acaso sea tiempo de caracterizarlas simplemente como democráticas o no democráticas y definir su naturaleza por los programas que proponen a los ciudadanos. Y, sobre todo, por su práctica, porque como decía el viejo marxismo, ésta es el supremo criterio de la verdad.

(Publicado en el MUNDIARIO- España, el 22 de diciembre del 2016)

2016, el año que Daniel Ortega perdió

Si la legitimidad de un gobierno se mide por el respaldo mayoritario en comicios reconocidos y la democracia de una sociedad por la libertad de sus ciudadanos para opinar y escoger, Daniel Ortega, el inconstitucional presidente de Nicaragua, deberá anotar saldos rojos en su balance anual del 2016. Aunque su vocería intente demostrar lo contrario.

De la agenda política del año resaltarán las votaciones del pasado 6 de noviembre, en las que, según las cuentas del Consejo Electoral, Ortega resultó victorioso con un 72% de los votos. Así, Ortega y su consorte, Rosario Murillo, serán ungidos el próximo10 de enero como presidente y vicepresidenta para el período 2017-2022.

Sin embargo, en Nicaragua nadie duda, ni el ciudadano de a pie ni los especialistas, que las llamadas elecciones no fueron más que una puesta en escena, cuyos desenlace se conocía con antelación. Tampoco le han otorgado legitimidad a dichos comicios el gobierno de los EE UU,  que calificó el proceso de viciado, ni la Unión Europea, que lamentó que no fuesen libres.

Y a la puesta en escena no se prestó la ciudadanía nicaragüense. Según organismos especializados, la abstención alcanzó el 70% del padrón electoral, el más alto de los últimos treinta años y que hizo ostensible el rechazo a la farsa.

Pero hay más. Un estudio de opinión realizado entre el 13 de septiembre y el 19 de octubre pasado -precisamente en los meses previos a las votaciones del 6 de noviembre pasado-, por la Universidad de Vanderbilt como parte del Barómetro de las Américas, revela que el 63 % de los ciudadanos nicaragüenses opina que “hay que cuidarse al hablar de política, incluso con los amigos”. Es decir, dos tercios de la población expresan algún temor por causas políticas. Temor a perder el empleo, en un país en que el desempleo abierto y el encubierto, constituyen la principal angustia cotidiana de la población. Temor a las claques orteguistas, que bajo la complicidad de la policía amenazan y agreden a quienes protestan. Temor a la propia policía que dirigida de facto por el consuegro de Ortega, es otra pieza en el engranaje represivo del régimen.

No obstante ese temor tiende a desaparecer en la medida que los ciudadanos ven agredida su vida cotidiana y su modus vivendi. El rechazo de la población campesina al proyectado canal interoceánico de Ortega, quedó demostrado el pasado 30 de noviembre cuando una marcha sobre la ciudad capital fue reprimida por la policía que recurrió incluso a la destrucción de puentes y corte de caminos para impedir la movilización ciudadana.

Pero el balance negativo del 2016 de Ortega deberá anotar además y de manera resaltada, la crisis de Venezuela y sus consecuencias sobre Nicaragua y el hecho que la comunidad internacional ha posado los ojos sobre su gestión. Sus desmanes ya no pasan inadvertidos para el mundo.

La muerte de Fidel Castro, aparecerá también en sus pérdidas, sobre todo porque a su sombra recurría Ortega para reivindicarse de izquierda ante los grupos que en el mundo añoran tiempos idos y fracasados. Y sobre todo porque el fallecimiento de Castro recuerda que la inmortalidad es un recurso de la demagogia, que la muerte es inevitable incluso para comandantes y presidentes.

El régimen de Ortega entra al 2017 en posición defensiva. Está bajo la lupa del Senado de los EE UU que deberá abordar la Nica Act en los próximos meses, legislación que lo sanciona por antidemocrático, y a mediados de enero deberá conocerse el informe de la Secretaría General de la OEA sobre la situación de la democracia en Nicaragua y particularmente sobre las reiteradas denuncias de violaciones a la Carta Democrática que ha recibido de diferentes sectores de la población.

Las maniobras in extremis siempre han sido un rasgo típico de Ortega. Esta vez no debe ser la excepción. El punto es que su margen de acción se ha reducido considerablemente y ya está en duda que concluya el período que iniciará el 10 de enero: sin legitimidad interna, crecientes presiones económicas y cada vez menos aliados en el ámbito internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España, el 13/12/2016)

 

Mi voto, mi dignidad

Mi voto es mi dignidad

la marca firme y sobria

de mi voluntad

que dibujo

en un momento justo e íntimo

con mi conciencia solitaria

con el recuerdo de los amigos y compañeros

idos y presentes

con los que sueño y construimos otro destino.

Mi voto son mis deseos para todos

liberado entre mis manos y las tuyas.

Es el compromiso con mis hijos

a quienes prometí una patria justa

para que no vayan ellos

otra vez y otra vez

los caminos conocidos

por los que ando y anduve.

Ahora no tendré ese libre

y apreciado instante ciudadano

que con dolor y violencia se logró antes.

No, no lo tendré

no lo tendremos

porque fariseos y sátiros

hicieron de la democracia un botín

y pretenden el país como hacienda

machacando la sangre de hermanos

mientras oran en público sin remilgos

y se lanzan loas mutuas

propias de alcoba

en las ágoras

cuando se legan entre ellos

el cofre con el  botín

las cuentas

las antenas

las tribunas usurpadas

los secretos

la opereta

los hilos

lo despojado

los serviles y sus servicios.

No votaré

porque me queda la dignidad

la altivez de nuestra razón.

No palmotearán mis manos sus muecas.

No cuenten conmigo

no soy bufón ni parte del orfeón de su embuste.

Nosotros, los otros,

nos quedamos con la razón y con la fuerza

para batir

las palabras

las calles

el cielo

las abras

las plazas

el mar

los corazones

para redimir a la patria.

Entonces ellos, los saqueadores de la esperanza,

de los bosques,de las palabras y de las arcas,

ellos solo serán un maldito recuerdo.

¿Cuál injerencia?

Como no podía ser de otra manera, el orteguismo ha respondido a la aprobación en primera instancia de la Nica Act, señalándola de ser una acción injerecista. Ciertamente no ha sido el propio Ortega, sino la gobernanta y vocera, quien presentó la reacción oficial. A tono, el coro de voceros oficiosos y plumíferos del régimen han desatado el discurso “anti imperialista”.

Casualmente las recientes declaraciones del viceministro ruso, Serguéi Riabkov, expresando su apoyo al FSLN en las denominadas elecciones de noviembre próximo, brindaron una oportunidad para que los que se erigen en defensores a ultranza de la soberanía nacional, reaccionaran a la injerencia rusa. Pero no. Hicieron mutis, y por el contrario, reprodujeron con alegre despliegue las declaraciones del vocero de Putin. Son los mismos que han apoyado y defendido la entrega del territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal interoceánico.

Por otra parte, hay quienes que desde posiciones no orteguistas, han criticado a los que supuestamente han reclamado y gestionado “el injerencismo estadounidense”

Sin embargo, demagogia oficial aparte, cabe preguntarse, si en verdad la preocupación reinante en diversos sectores de los EEUU, y que ha llevado a la promoción de la Nica Act, que dispone la oposición a créditos en tanto no se restituya la democracia en el país y la publicación de los actos de corrupción del régimen, es injerencia o no.

En primer término hay que recordar que la cooperación que los EEUU brinda a diversos países proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Y, en consecuencia, supervisar su correcto destino y su debida utilización, es responsabilidad de sus gobernantes y legisladores. De allí que la decisión de dar o no préstamos al régimen de Ortega, que violenta los derechos de los nicaragüenses y ha desmantelado el estado de derecho, es absolutamente soberana. El mismo argumento vale para sustentar las posiciones que los EEUU asuman en las instituciones financieras internacionales, donde -de nuevo- los aportes provienen de los impuestos ciudadanos.

De otra parte hay que señalar que en el mundo de hoy, lo concerniente al medio ambiente, democracia y derechos humanos, son temas cuyo escrutinio está más allá de las fronteras formales. Incumben a la comunidad internacional. Diversos tratados multilaterales legislan la materia.

Pero además, las principales convenciones internacionales que reconocen los derechos humanos en sus ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos, tienen en Nicaragua, rango constitucional, a la luz del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, ya sabemos que para el régimen, acorde con su naturaleza totalitaria, la Constitución no es la norma fundamental que regula su quehacer, sino un instrumento que se usa de manera funcional a sus intereses y planes.

Dirigir la crítica -la bien intencionada- hacia quienes han denunciado en distintos espacios y foros internacionales los desmanes del régimen, es errado. Es criticar las consecuencias y distraer la atención de las causas que han llevado a este punto.

Las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que han denunciado al orteguismo fuera del país, han hecho uso de un elemental derecho. Es más: cumplen la obligación de dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Las decisiones que tenga a bien tomar cada estado u organización, es su potestad exclusiva. Ya antes la Unión Europea y otros países, han reducido o retirado la cooperación oficial ante los fraudes electorales que ha ejecutado Ortega y  la corrupción que corroe su gobierno.

Claro, que los Estados Unidos tomen medidas como las que pretende la legislación en curso, tiene un mayor impacto nacional e internacional, tanto real como simbólico. No solo porque se trata del principal socio comercial de Nicaragua y donde reside la mayor comunidad migrante de nacionales, también por su peso específico -determinante- en los organismos financieros internacionales. Y, desde luego, porque la política exterior de los Estados Unidos ha jugado un papel incuestionable en la historia nicaragüense, ciertamente no siempre para bien.

Las consecuencias económicas, concretas y potenciales, de la Nica Act, ya han sido señaladas por organismos especializados de incuestionable rigurosidad y credibilidad. Corresponde al régimen de Ortega la autoría de los atropellos que han provocado la reacción estadounidense y por tanto la responsabilidad de las consecuencias, económicas y sociales, de concretarse la aprobación final de dicha ley. Decir otra cosa es tomar el rábano por las hojas y eximir al régimen de su culpa.

Está claro que la responsabilidad última de conquistar el re establecimiento de la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses, con la convicción que el peso de la comunidad internacional -estados y sociedad civil-, y dentro de ella los EEUU, es absolutamente relevante.

El régimen continuará e intensificará su demagogia. Soberanía, anti imperialismo, serán conceptos recurrentes y los adjetivos descalificativos a la oposición continuarán. Es el velo que pretende ocultar los desmanes y los actos de corrupción que la Nica Act revelaría. Es un discurso que se gasta, como se agota el tiempo de Ortega.