De izquierdas e “izquierdas” en América Latina

La muerte de Fidel Castro, la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, la crisis terminal del gobierno de Maduro en Venezuela y la confirmación de la naturaleza dictatorial del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua figuran entre las principales noticias latinoamericanas del año que finaliza. Todas vinculadas a lo que se llama genéricamente, y por eso erróneamente, “la izquierda”.

La izquierda nunca ha sido una corriente homogénea. Particularmente en América Latina en los años sesenta y setenta, se identificaban como sujetos de la izquierda a los viejos partidos comunistas y a los entonces emergentes movimientos guerrilleros de liberación nacional, mediando entre unos y otros profundas diferencias tácticas y estratégicas, casi nunca resueltas.

Hoy es posible diferenciar en ese conglomerado que se denomina izquierda – aunque también podría aplicarse a “las derechas”-, dos grandes grupos. De una parte la “izquierda” autoritaria y corrupta, y por lo tanto reaccionaria. Y de otra, la izquierda democrática, progresista. Si en el primer caso el oxímoron es solo aparente a la luz de los nuevos tiempos, en el segundo el pleonasmo es necesario.

El tema no es baladí. Las diferencias se marcan a partir de las posturas y acciones que asume e impulsa cada fuerza, desde la oposición o desde el gobierno, frente a los dos principales problemas comunes en Latinoamérica: las amenazas a la institucionalidad democrática en varios países, que en algunos ya es autoritarismo establecido y la corrupción en las esferas gubernamentales. Para poner ejemplos en los extremos, señalemos la gestión del gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la de Daniel Ortega en Nicaragua. Si en el primero hay un respeto al sistema democrático y políticas claras contra la corrupción, en el segundo, el estado de derecho -fundado en las conquistas de la revolución sandinista del 79-, ha sido aniquilado y la corrupción no solo es tolerada, sino promovida.

O bien el caso las posturas de Dilma Rousseff en Brasil y de Evo Morales en Bolivia. Mientras la primera admite su destitución aunque la considera ilegítima pero legal por parte del senado brasileño, el segundo anuncia con desparpajo que recurrirá a triquiñuelas para intentar ser reelecto, todo a contrapelo de la voluntad ciudadana expresada en el referendo de principios de año.

La descomposición de esta “izquierda” obedece a factores diversos.

Uno de los más relevantes es el caudillismo, que alcanzó máxima expresión en Fidel Castro y Hugo Chávez. El caudillismo traducido en poder unipersonal como negación de la institucionalidad de sus partidos y estados.

En el caso de Castro una influencia unipersonal más allá de Cuba, por dos razones. Fidel encabezó la primera revolución armada triunfante en el continente orientada al socialismo, y a partir de tal hecho construyó su mito y en los hechos se le atribuyó una infalibilidad política que fue alimentada por una izquierda que con precaria elaboración teórica, optó por asumir como verdades indiscutibles las consideraciones de Castro, fuesen sobre el tema de la lucha armada como vía para llegar al poder, lo “impagabale” de la deuda externa de los países pobres o la validez del modelo cubano.

El fracaso del Socialismo Real y con él de los regímenes de partidos únicos en Europa al finalizar el siglo XX, despojó a la izquierda mundial de los referentes necesarios para articular un nuevo proyecto político y económico, alternativo al capitalismo. No obstante, en América Latina, el enorme costo social de las políticas económicas correctivas y de ajuste aplicadas en los años 90 por los gobiernos neo liberales, dio paso a un descontento que encontró expresión electoral en las opciones populistas, denominadas a sí mismas de izquierda. Así, estas fuerzas se encontraron, a finales de los noventa y al despuntar el presente siglo, con potencial electoral pero sin propuestas consistentes, ni para perfeccionar la democracia ni para establecer un modelo económico distinto.

Huérfanos de referentes y carentes de propuestas propias, se refugiaron en el populismo, y fieles a la tradición latinoamericana (de derecha) e imitando el viejo modelo cubano, sus líderes –Ortega, antes Chávez ahora Maduro y hoy Morales– se erigieron en los nuevos caudillos imprescindibles para las revoluciones que dicen llevar a cabo. Pero todo ello, además, a costa de la democracia en sus respectivos países. Y como autoritarismo y corrupción se nutren y se encubren mutuamente, también han convertido el erario en botín y el tráfico de influencias en práctica cotidiana.

Si bien los regímenes de esta “izquierda” reaccionaria son una realidad, también es cierto que están sometidos a una creciente oposición interna. Y, como en el caso de Venezuela, con pobres perspectivas de mantenerse en el gobierno a mediano plazo. La izquierda democrática en Chile o Uruguay, desde las coaliciones gobernantes, avanzan –no sin dificultades–, pero sometiéndose a las normas de la democracia en competencia con otras fuerzas democráticas, incluyendo las de derecha.

Mientras nos adentramos al siglo XXI, en un panorama sumamente complejo y riesgoso, que demanda eficiencia política y reflexión intelectual para hacer frente exitosamente a los impostergables retos de preservar el sistema democrático, extirpar la pobreza y la corrupción, y conquistar la paz mundial, cabe reconsiderar las denominaciones tradicionales de las fuerzas políticas. Acaso sea tiempo de caracterizarlas simplemente como democráticas o no democráticas y definir su naturaleza por los programas que proponen a los ciudadanos. Y, sobre todo, por su práctica, porque como decía el viejo marxismo, ésta es el supremo criterio de la verdad.

(Publicado en el MUNDIARIO- España, el 22 de diciembre del 2016)

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2016, el año que Daniel Ortega perdió

Si la legitimidad de un gobierno se mide por el respaldo mayoritario en comicios reconocidos y la democracia de una sociedad por la libertad de sus ciudadanos para opinar y escoger, Daniel Ortega, el inconstitucional presidente de Nicaragua, deberá anotar saldos rojos en su balance anual del 2016. Aunque su vocería intente demostrar lo contrario.

De la agenda política del año resaltarán las votaciones del pasado 6 de noviembre, en las que, según las cuentas del Consejo Electoral, Ortega resultó victorioso con un 72% de los votos. Así, Ortega y su consorte, Rosario Murillo, serán ungidos el próximo10 de enero como presidente y vicepresidenta para el período 2017-2022.

Sin embargo, en Nicaragua nadie duda, ni el ciudadano de a pie ni los especialistas, que las llamadas elecciones no fueron más que una puesta en escena, cuyos desenlace se conocía con antelación. Tampoco le han otorgado legitimidad a dichos comicios el gobierno de los EE UU,  que calificó el proceso de viciado, ni la Unión Europea, que lamentó que no fuesen libres.

Y a la puesta en escena no se prestó la ciudadanía nicaragüense. Según organismos especializados, la abstención alcanzó el 70% del padrón electoral, el más alto de los últimos treinta años y que hizo ostensible el rechazo a la farsa.

Pero hay más. Un estudio de opinión realizado entre el 13 de septiembre y el 19 de octubre pasado -precisamente en los meses previos a las votaciones del 6 de noviembre pasado-, por la Universidad de Vanderbilt como parte del Barómetro de las Américas, revela que el 63 % de los ciudadanos nicaragüenses opina que “hay que cuidarse al hablar de política, incluso con los amigos”. Es decir, dos tercios de la población expresan algún temor por causas políticas. Temor a perder el empleo, en un país en que el desempleo abierto y el encubierto, constituyen la principal angustia cotidiana de la población. Temor a las claques orteguistas, que bajo la complicidad de la policía amenazan y agreden a quienes protestan. Temor a la propia policía que dirigida de facto por el consuegro de Ortega, es otra pieza en el engranaje represivo del régimen.

No obstante ese temor tiende a desaparecer en la medida que los ciudadanos ven agredida su vida cotidiana y su modus vivendi. El rechazo de la población campesina al proyectado canal interoceánico de Ortega, quedó demostrado el pasado 30 de noviembre cuando una marcha sobre la ciudad capital fue reprimida por la policía que recurrió incluso a la destrucción de puentes y corte de caminos para impedir la movilización ciudadana.

Pero el balance negativo del 2016 de Ortega deberá anotar además y de manera resaltada, la crisis de Venezuela y sus consecuencias sobre Nicaragua y el hecho que la comunidad internacional ha posado los ojos sobre su gestión. Sus desmanes ya no pasan inadvertidos para el mundo.

La muerte de Fidel Castro, aparecerá también en sus pérdidas, sobre todo porque a su sombra recurría Ortega para reivindicarse de izquierda ante los grupos que en el mundo añoran tiempos idos y fracasados. Y sobre todo porque el fallecimiento de Castro recuerda que la inmortalidad es un recurso de la demagogia, que la muerte es inevitable incluso para comandantes y presidentes.

El régimen de Ortega entra al 2017 en posición defensiva. Está bajo la lupa del Senado de los EE UU que deberá abordar la Nica Act en los próximos meses, legislación que lo sanciona por antidemocrático, y a mediados de enero deberá conocerse el informe de la Secretaría General de la OEA sobre la situación de la democracia en Nicaragua y particularmente sobre las reiteradas denuncias de violaciones a la Carta Democrática que ha recibido de diferentes sectores de la población.

Las maniobras in extremis siempre han sido un rasgo típico de Ortega. Esta vez no debe ser la excepción. El punto es que su margen de acción se ha reducido considerablemente y ya está en duda que concluya el período que iniciará el 10 de enero: sin legitimidad interna, crecientes presiones económicas y cada vez menos aliados en el ámbito internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España, el 13/12/2016)