Aniquilar el terror

La lógica de la guerra es tan simple como contundente y cruel: matar o morir. Es, por mucho, más simple que la política propiamente dicha. Pero la guerra y la política- aquella continuación violenta de la otra, decía Clausewitz- son hechas por seres humanos, seres con creencias y valores (o antivalores), portadores de una cultura, con determinada “conciencia social” diría el materialismo histórico. Tienen pues, guerra y política, una dimensión cultural que no siempre es considerada en su real magnitud.

La declaratoria  de guerra contra el terrorismo en Europa hecha por altos cargos, encierra dramatismo, pero también admite el fracaso de lo hecho hasta ahora -precisamente la guerra- para extirpar el terrorismo yihadista. Sin embargo, tal declaratoria, si se asume estrictamente desde el punto de vista militar, conlleva el riesgo de mantener en el descuido otros frentes de lucha. El cultural especialmente.

La guerra actual contra el terrorismo en Europa enfrenta, entre otras, dos dificultades estructurales. La primera es que la legislación europea dificulta la vigilancia y el procesamiento a sospechosos. Esta es una guerra sin estado de excepción en el teatro inmediato de operaciones, ya que el respeto a los Derechos Humanos se convierte en una frontera que los gobiernos no quieren siquiera correr el riesgo de pisar. Y es comprensible.

Sin descartar infaltables casos de ineficiencia policial o de la inteligencia, es común que varios de los terroristas que han actuado como “lobos solitarios”, ya estaban fichados o incluso habían sido interrogados. Y gozando de libertad, y quizás  hasta en “seguimiento”, cometieron los crímenes. Hay demasiados huecos legales y la libre movilidad por los estados de la Unión Europea en virtud del Tratado Schengen, les otorga ventaja a los terroristas. Hollande tuvo que pedir nuevas disposiciones legales para tener poderes especiales después de los actos del 13 de noviembre. Digo bien: nuevas leyes, no la aplicación de leyes pre existentes.

La otra dificultad es mayor. Las sociedades europeas no estaban –no están- anímicamente preparadas, culturalmente condicionadas, para recibir bombazos en los túneles de sus metros o en sus aeropuertos, ni en la discotecas o estadios, no obstante los recientes ataques en Bruselas, antes en Paris y más antes en Londres y Oslo. Y es absolutamente comprensible que no lo hayan estado. Sin embargo, la resistencia a admitir -todavía-, que el terrorista puede habitar en el vecindario o que puede ser el tipo de la maleta en el metro, tiene una consecuencia: hay una subestimación del peligro. Hasta ahora, que ocurran actos de terror en ciudades de Turquía, Pakistán o Irak, es “normal”, pero en Paris o Bélgica …! es difícil de asimilar. Pero ocurren. Y lo peor: seguirán ocurriendo, porque mientras los europeos siguen en la estupefacción, los terroristas operan.

No se trata de desatar la paranoia. O peor: que el miedo acicateado alimente –aun más- las opciones ultraderechistas y xenófobas, como ya  ocurre.En Francia el Frente Nacional y en Alemania la AFD, avanzan casi vertiginosamente en conseguir simpatías.Se trata que las sociedades europeas asuman que el terrorismo vive, conspira y actúa en su interior.Y que debe ser eliminado.

Si bien desde la perspectiva de Occidente, esta no es una guerra contra la cultura islámica, para el yihadismo sí es una guerra “santa”contra la civilización occidental, a la que pretenden sojuzgar y destruir.Ellos lo han dicho.

Y eso no debe ser subestimado de ninguna manera, por eso la defensa activa de los valores y de la cultura occidentales,  es la primera línea de defensa en esta estrategia integral para aniquilar el terror fundamentalista, sus fuentes y a sus portadores. Y debe ser sin culpas ni complejos, sin negar las otras culturas y su derecho a existir, toda vez que valores universales –y recalco universales- como los Derechos Humanos y la paz, sean observados por unos y otros.

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La corrupción, Lula y la izquierda

En las décadas de los sesenta y los setenta, la ética política constituyó el principal capital de la izquierda latinoamericana. Sin incurrir en la idealización, es innegable que el heroísmo y el sacrificio extremo, la coherencia entre el discurso y la práctica, más que propuestas programáticas muchas veces apenas enunciadas, fueron los factores que dieron credibilidad a aquellas, entonces pequeñas organizaciones que se batían, la más de las veces en la clandestinidad y con las armas en la mano, contra feroces dictaduras. Esto es en términos generales, porque como en cualquier grupo humano, en distintos momentos se manifestaron vicios y prácticas ajenas a lo que se reivindicaba, pero muchos de esos actos- también es cierto-, fueron sancionados con severidad.

La llegada al gobierno de organizaciones auto definidas de izquierda por la vía electoral en las dos últimas décadas en América Latina, ha planteado a los que se ven a sí mismos (a veces los mismos protagonistas) como continuadores de aquellas combativas huestes de los sesenta y setenta, el desafío de asumir las transformaciones económicas y sociales que nuestros países requieren, en el contexto de la “democracia burguesa” -antes vilipendiada-, pero también los ha sometido a la dura prueba de preservar -en las nuevas circunstancias históricas- los valores esenciales que identifican a la auténtica izquierda: la ética política, la solidaridad, justicia social y la democracia.

Algunos sucumbieron en el intento, o ya habían abandonado desde antes -consciente y deliberadamente- aquellos valores, asumiendo proyectos autoritarios y personalistas. Bien lo sabemos en Nicaragua.

Traigo esto a colación por la actual situación en Brasil. Las denuncias de presunta corrupción contra el ex presidente Lula, constituyen, sin duda alguna, un golpe a la credibilidad y al prestigio de uno de los representantes más prestigiados -hasta ahora- de la izquierda democrática latinoamericana.

El proceso abierto contra el ex presidente brasileño, tiene ante todo el objetivo de golpear el gobierno de la presidenta Dilma Rouseff, eventualmente destituirla e impedir un posible regreso de Lula a la presidencia. Debe tenerse en cuenta que Rouseff llegó la presidencia para este segundo período, en una forzada segunda vuelta (el 26 de octubre del 2014), en la que la oposición acarició la victoria con un 49% y que Brasil vive desde hace varios años una profunda crisis económica que han hecho caer el ingreso per cápita en un 35 % en los últimos 5 años provocando un descontento social manifiesto.La oposición ve la mesa servida para lograr lo que no pudieron  en las urnas en el 2014.

Sin embargo, el hecho que exista una acción orquestada contra el PT y sus dos principales figuras, no niega que se hayan dado actos de corrupción. Hay que recordar que históricos luchadores (desde los sesenta) como José Dirceu y José Genoino, ambos  cofundadores y ex presidentes del PT, cumplen condenas por casos de corrupción comprobada. Que el ex presidente Da Silva haya sido parte o no de los actos corruptos, está por verse. Y ojalá sea dilucidado con apego a la verdad y las leyes,sin la judicialización de la lucha política, independientemente de los resultados.

Pero queda claro que la izquierda no está exenta que representantes suyos, desde el gobierno o fuera de él, incurran en actos de corrupción. Y así como el respeto a la institucionalidad y la fiscalización social, son los principales antídotos para detectar y castigar la corrupción en los gobiernos, en los partidos y organizaciones políticas lo es además la observancia a su propia institucionalidad. Sabedores de ello, los corruptos lo primero que hacen  es procurarse el control personal de los partidos que los aupan o destruirlos.

La izquierda tiene desde cualquier punto de vista, mejores condiciones para enfrentar la corrupción, toda vez que se mantenga fiel a sus postulados originales constitutivos.

La política actual, como antes y como deberá ser en el futuro, no debe ser de apariencias. No basta decir, hay que ser. No basta tener un programa de transformaciones justas, hay que reivindicar la ética de la honestidad y la transparencia como divisas inamovibles y condiciones transversales de cualquier cambio social, económico o político.

Berta y nosotros.

El asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres el pasado 3 de marzo, ha provocado, con justificada razón, el repudio unánime en el ámbito internacional. Berta se suma a las doce víctimas que hubo en Honduras en el 2014 por la defensa del ambiente y los recursos naturales. Si: doce en un año. Macabros indicadores que lo califican como el país más peligroso también en este particular rubro.

Tras el crimen no es difícil identificar a sus autores intelectuales. Basta preguntarse ¿a quiénes perturbaba la lucha de Berta a favor de los intereses de las comunidades del noroeste hondureño? La lucha de la comunidad lenca contra las pretensiones de construir una presa hidroeléctrica, se sustenta en la defensa de los bosques, en el rechazo a la contaminación de los recursos hídricos -en particular del Río Lempa- y contra el desplazamiento forzoso al que se verían sometidos.

Básicamente las mismas causas que movilizan en Nicaragua a las comunidades campesinas en el centro, sur y este contra el proyecto del canal que promueve el orteguismo y a las comunidades   indígenas  por sus derechos ancestrales en el Caribe norte.

Pero si bien es cierto el crimen de Berta se da en Honduras, en el marco de lo que muchos califican como “Estado fallido”, que se muestra incapaz de frenar la violencia galopante que asedia en el campo y en las ciudades, también es cierto que demuestra hasta dónde puede llegar el capital troglodita con la complicidad, por acción u omisión, patrocinio o ineptitud, de quienes gobiernan.

La crisis que se vive en el Caribe Norte de Nicaragua entre las comunidades indígenas y los colonos, es latente. Tanto así, que la pasada Asamblea de YATAMA, realizada en los últimos días de febrero, ante la falta de protección por el Estado, convocó a las comunidades a la autodefensa. Y esa resolución no es de importancia menor en una región en la que hay historia de violencia y muchas armas en circulación.

Las causas de esa crisis yacen en la complicidad del régimen con los que, violentando los derechos de propiedad de las comunidades, deforestan y desplazan a la población, se asientan en sus territorios y desarrollan cultivos extensivos. Ello, a pesar que el país cuenta con una legislación que reivindica, incluso constitucionalmente desde 1987, los derechos de propiedad comunitaria e indígenas.

Y respecto al pretendido canal, el régimen es de manera inocultable, patrocinador y socio.

Ante eso, el riesgo que se presenten en Nicaragua crímenes como el cometido contra  Berta, no está de ninguna manera descartado. Triste pero cierto y hay que advertirlo a altas voces y con crudeza, para impedirlo. Si hasta ahora el crimen ha actuado impunemente en el plano de la violencia política, no hay garantías que esa misma violencia no opere contra los activistas sociales. Amenazas y agresiones menores ya se han dado.

El concepto de Desarrollo Sostenible abarca esencialmente el derecho a la vida. Es el aprovechamiento de los recursos naturales sin poner el riesgo la sobrevivencia de las futuras generaciones, pero simultáneamente comprende el derecho humano al ambiente seguro y saludable, al equilibrio ecológico y al agua. Y los Derechos Humanos son universales.

Por eso, afirmar que la lucha de Berta Cáceres y de las comunidades lempas en Honduras, es la nuestra, la de las comunidades campesinas e indígenas de Nicaragua, no es retórica. Es simple y pura verdad.

Por la verdad: no hay mentiras eternas

En Nicaragua la mayoría de periodistas, y debo decir también los mejores, los más creíbles y los más de las nuevas generaciones, son fieles al compromiso básico del oficio: decir la verdad, aunque al descubrirla se encuentre inmundicia y sean poderosos los responsables de haberla creado. Tan simple como eso.

Pero también hay varios casos de aquellos que han pasado a ser propagandistas oficiosos del actual gobierno. Habrá quienes lo hacen por convicción, otros por necesidad y también quienes han mudado por conveniencia. El hecho es que han enajenado su oficio- sacrificándolo- para estar al servicio del régimen.

La historia real, recreada en la película Spotlight (Primera plana) es un buen ejemplo de la búsqueda de la verdad y su publicación. Como lo es también All the President´s man (Todos los hombres del presidente). En ambas historias, los descubrimientos y las denuncias llevadas a la opinión pública por los medios, dada la voluntad y la tesón de los periodistas involucrados, sacudieron los cimientos del poder de la Arquidiócesis Católica de Boston en el primer caso y de la presidencia de los Estados Unidos en el segundo. Ni más ni menos.

Y para más, y de más reciente data en un régimen amigo del nicaragüense, menciono la experiencia de Bolivia. Fue Carlos Valverde, periodista boliviano, quien denunció el tráfico de influencias, dada las íntimas relaciones del presidente boliviano con la regente de una empresa china beneficiada con generosos contratos. Denuncia que al poner en la picota a Morales en las semanas previas al referéndum recién realizado, contribuyó sin duda a su derrota en el mismo.

Y resalto primero las dos experiencias ocurridas en Estados Unidos por dos razones. La primera es para recordar que en “las entrañas del monstruo”, uno de los valores más respetados es la libertad de prensa y lo es porque es funcional al sistema, a la sociedad en su conjunto. Y la segunda para subrayar que la misión original y preeminente del oficio, es universal y la primera condición para el periodismo de calidad.

Sin embargo cabe preguntarse ¿por qué en Estados Unidos o incluso en Bolivia, es posible que las denuncias de los periodistas prosperen y hasta puedan ventilarse en los tribunales? Porque en cada caso, y mediando las correspondientes particularidades, las instituciones básicamente funcionan y su independencia es real.

En Nicaragua, el orteguismo ha diseñado y ejecuta desde hace 10 años, un plan coherente-hay que reconocerlo- de concentración de poder. Y en ese diseño totalitario, la libertad de prensa es solo otra víctima cuyo ejercicio se permite hasta el punto en que, según las cuentas del régimen, no se ponga en riesgo su propia permanencia. Así, el ejercicio de la libertad de prensa, se ve restringido por la amenaza, el chantaje, las puertas cerradas, el embargo económico y si es necesario, por la acción física represiva de los mensajeros del régimen.

Esas condiciones, aunque dificultan el periodismo comprometido, no lo imposibilitan, plantean superiores exigencias de calidad, esfuerzo y creatividad a quienes lo ejercen. Hay excelentes y conocidos ejemplos que tienen el reconocimiento social.

El trabajo por revelar la verdad siempre es fructífero, porque como decía Sófocles, una mentira nunca vive para siempre. Tampoco las dictaduras.