YO NO BOTO MI VOTO

 

El acto íntimo, individual y solemne de votar para elegir, ejercicio y derecho básico de la democracia, los nicaragüenses no lo podremos ejercer. Nos ha sido usurpado, ahora de raíz, por el orteguismo. No solo porque ha impedido la participación de la verdadera fuerza opositora al despojarla de legalidad -como antes ya había hecho con la UDC y el MRS-, sino también porque ha dejado en evidencia que la voluntad de los ciudadanos le vale un pepino, al arrebatar su investidura de parlamentarios a los electos en el 2011 con la voluntad de al menos -para atenernos a las cifras oficiales- de una tercera parte de los votantes. El régimen ha ejecutado una violación masiva. Otra.

Y lo que aparece como un desmedido afán de concentración de poder, si bien puede obedecer a un comportamiento patológico, es resultado de intereses económicos bien asentados y por lo demás cuantificables.

El somocismo antes y el orteguismo ahora, son expresiones del capitalismo más primitivo y de la peor calaña, el que sustenta su acumulación originaria en base al parasitismo directo del Estado. ¿O se imaginan ustedes a algunos de los ahora flamantes empresarios en tal condición, en un sistema de verdadera y libre competencia y sin aprovecharse del erario?

La dictadura somocista se estructuró a partir del control de la Guardia Nacional. Desde allí avanzó al dominio de todo el aparato estatal y a la conformación de un grupo económico que lo usufructuó, hasta convertirse en una verdadera amenaza a los intereses de los otros grupos del capitalismo criollo. Amenaza que hizo crisis a partir de 1973, después del terremoto de Managua de 1972, cuando la rapacidad del somocismo traspasó los límites tácitamente acordados con la burguesía local.

Después vino la agudización de la crisis política: el surgimiento de UDEL, el operativo del 27 de diciembre, la represión generalizada, los ataques de octubre del 77, el asesinato del doctor Chamorro, las insurrecciones de Monimbó y de septiembre del 78 y finalmente el derrocamiento del somocismo, mediando -como bien sabemos- una cruenta guerra.

La dictadura orteguista se constituyó a partir de la apropiación de los fondos propiciados por la cooperación venezolana, lo que le fue posibilitado por el control del Ejecutivo. Ha sido mediante la usurpación -personal, familiar- de esos fondos, que ha logrado conformar un nuevo grupo económico parasitario y penetrado con voracidad todos -absolutamente todos- los ámbitos y niveles de la actividad económica. Y a su vez, el control personal- familiar de las instituciones del Estado, le permite, además de mantener a buen resguardo la riqueza acumulada y preservarse impunidad, activar las nominales instituciones para atraer a los vulnerables, reprimir a los consecuentes y finalmente sacar del juego electoral a la oposición.

La supervivencia del poder económico del orteguismo está íntimamente vinculada a que logre mantener el poder político. Y al revés. Ellos lo han sabido siempre. De allí que ante la crisis venezolana y sus consecuencias económicas, sociales y políticas en Nicaragua -unas ya reales, las más graves por venir-, en un período relativamente corto de menos de 60 días, entre el 4 de junio y el 2 de agosto, el régimen haya decapitado mediante varios zarpazos los últimos espacios de ejercicio democrático. Ortega, septuagenario y acaso valetudinario, quiere establecer una dinastía, ciertamente, pero lo que hay detrás es el interés de afianzar el poder para procurarse impunidad y continuar el enriquecimiento a su sombra.

En ese contexto y con los antecedentes señalados, las votaciones del 6 de noviembre, solo son una acción para apuntalarse y el intento del régimen de legitimarse. De allí que las comparsas, llámese Maximino, Canales, Cabezas, Pedro o Saturnino, sean cómplices -conscientes o por oportunismo- de esa maniobra del régimen.

De allí también el miedo del régimen a la abstención y las amenazas -por lo demás inútiles- proferidas  con la pretendida ley Navarro de encarcelar a quienes la promovamos.

Se nos ha conculcado a los nicaragüenses el derecho a votar para elegir. Y sobre quienes vayan a las urnas -por convicción, miedo o complicidad- estarán vigilantes los ojos del régimen, para garantizarse los porcentajes que ya definieron.

Por eso yo no boto mi voto.

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Golpe de Estado en Nicaragua

Daniel Ortega ha coronado un golpe contra el estado de derecho en Nicaragua.

Si bien las acciones que lo configuran no se atienen a la definición clásica de un golpe de Estado, el proceso de concentración de poder y la desnaturalización de las instituciones, iniciado a partir del 2007, y que tiene su acto más relevante -y acaso el más descarado- en la destitución de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, no permiten eufemismos. Es un golpe de Estado.

Los golpes de Estado clásicos se caracterizan por la toma del poder violentamente por un grupo, normalmente mediando la acción explícita de las fuerzas armadas. El caso de Chile en 1973, de Honduras en el 2009, y más recientemente en Turquía, calzan en esa definición, especialmente en la forma y las escenas que los ilustran: la suspensión de las garantías constitucionales, las fuerzas castrenses declarando estado de excepción, el cierre manu militari de los medios de comunicación independientes, los tanques en las calles y una represión generalizada.

No obstante, la evolución de la circunstancias históricas, con el creciente peso de las normas sobre Derechos Humanos y de los convenios internacionales que velan por la democracia, como la Carta Democrática de la OEA, la globalización económica y sus consecuencias políticas y jurídicas, han condicionado que los golpistas -desde dentro o fuera de los gobiernos- recurran a nuevas formas y coartadas para concretar sus despropósitos, normalmente amparándose en interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales, en reformas espurias aplicadas previamente por ellos mismos o haciendo operar poderes constituidos, que solo formalmente lo son. Todo para demoler la democracia desde adentro, alegando una legalidad inexistente e intentando reducir el costo político, especialmente externo.

La ciencia política moderna define como rasgos comunes de los golpes de Estado, al margen de las diferencias técnicas o formales mediante los cuales se ejecuten el acto, así: la negación de los derechos ciudadanos y en primer término de los derechos políticos, la subordinación por desnaturalización de las instituciones, la participación -por acción u omisión- de las fuerzas armadas, resultado de su parcialidad, la represión política a la oposición, la criminalización de las protestas sociales y la exaltación de un líder.

Pero hay otro elemento nuevo. Si los golpes en América Latina en la década de los setenta –Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala- se sustentaban básicamente en razones ideológicas -el anti comunismo-, ya desde Fujimori en 1992, una causal relevante en las motivaciones golpistas, ha sido encubrir el enriquecimiento ilícito de las cúpulas golpistas a costa del erario.

De otra parte, tampoco legitima los golpes de Estado el hecho que sus ejecutores gocen en algunos casos y siempre temporalmente, de alguna popularidad. Hitler la tuvo en los albores de su poder, Pinochet actuó con el beneplácito o la complicidad pasiva de importantes sectores de la sociedad chilena, al igual que Fujimori en su momento.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional era el último espacio institucional en el que la oposición actuaba. Al expulsar de su seno a los diputados que no se rindieron ante su chantaje o presiones, Ortega la terminó de aniquilar como institución y la convirtió en un espacio ocupado solo por empleados suyos. Ciertamente no la ha disuelto. Esa cosa, ese remedo de órgano legislativo, continuará funcionando formalmente para dar forma de ley a la voluntad del dictador, sin voces que desde su seno o con la investidura de parlamentarios, denuncien o cuestionen los atropellos.

La fuerzas armadas no han desplegado tanques ni soldados en las calles, pero los miembros de su jefatura son cómplices conscientes del golpe. ¿No estarán los tanques rusos en elevada disposición combativa, por cualquier cosa?

El hecho que este golpe se ultime cuatro meses antes de las votaciones de noviembre, precedido de la exclusión de la oposición de las mismas, revela además que el proyecto de Ortega no es solo antidemocrático, es absolutista. Ortega quiere gobernar solo, o que su eventual heredero así lo haga. No solo ha debilitado el estado de derecho, como cándidamente dijo la cúpula empresarial: lo sepultó.

El cambio definitivo de las reglas traslada la lucha interna por la democracia a un exclusivo pero amplio escenario: las calles.