POR LA DEMOCRACIA, CONTRA LA CORRUPCION.

Hace aproximadamente dos décadas, llegó a mis manos un estudio patrocinado por una institución académica centroamericana, que sostenía que en América Latina, los costos para prevenir y sancionar la corrupción, superaban los recursos que por ella se perdían. Dicho estudio, abundante en datos, consideraba la corrupción un fenómeno circunscrito a la esfera de las instituciones estatales.

Dicha tesis, cuestionable desde el punto de vista ético, hoy también sería invalidada por las dimensiones financieras que ha alcanzado la corrupción y porque se ha expandido a la esfera privada.

La corrupción se ejerce de diversas maneras y está prevista en varios tipos penales: malversación de fondos, soborno, tráfico de influencias, peculado, nepotismo, fraude, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito. Tipos que pueden concurrir más de uno en una sola acción delictiva. Sin embargo, en todos ellos está presente la característica que, de acuerdo a Transparencia Internacional, define la corrupción: el uso y abuso del poder en beneficio propio, privado. Y se considera el poder en su acepción amplia, no solo en cuanto control gubernamental.

Mucho se ha dicho sobre las causas que provocan y posibilitan la corrupción. La certeza que habrá impunidad, o que sea muy probable que se de, aunque se haya delinquido, es la más común y deviene precisamente de que el hechor ejerce algún tipo de poder en la esfera pública o cuenta con su protección, misma que por cierto no es gratuita. El abandono de valores como la integridad, la ética y la obligación de rendir cuentas, que priva en diversos sectores de la población y en quienes detentan algún poder, es el terreno fértil para que la corrupción se establezca. El deterioro de estos valores es resultado tanto de su inobservancia, pese a las obligaciones que incluso por ley corresponde cumplir, como de su consciente desatención en la educación formal.

Un ejemplo: si quien ejerce el cargo de presidente en Nicaragua, no rinde cuentas de su gestión, ni en la Asamblea Nacional, ni en sus excepcionales comparecencias públicas, ni se expone a los cuestionamientos de los periodistas, ¿por qué debería hacerlo el funcionario de tercer nivel?

El caso Odebrecht, que ha sacado a flote una trama delictiva en diez países latinoamericanos, es el más claro ejemplo de como en la corrupción pueden coludir funcionarios públicos y empresarios. Pero también el caso demuestra que es posible que los casos de corrupción se conozcan, se ventilen ante la sociedad y óptimamente sus responsables sean sometidos a juicio y castigados, siempre y cuando haya funcionamiento de las instituciones democráticas y se respete la libertad de prensa.

El hecho que hoy se conozcan más casos de corrupción, es positivo en cuanto los corruptos, si bien pueden tener impunidad judicial, o pretenderla, están expuestos al escrutinio ciudadano. No obstante, la aspiración debe ser erradicar y, en todo caso reducir al mínimo, la corrupción. Eso solo es posible lograrlo en un contexto democrático.

El sistema democrático, entendiendo por este la independencia de poderes, la libertad de prensa y una sociedad civil beligerante, es el contexto más favorable para neutralizar, detectar y sancionar los actos de corrupción.

En la mayoría de los países de América Latina, donde la democracia funciona, no obstante las imperfecciones, la sociedad civil desempeña un creciente papel en la lucha contra la corrupción, mediante la denuncia, la formulación de propuestas normativas y sobre todo, con la activa movilización ciudadana. Las movilizaciones en Guatemala en el 2015, que llevaron a la renuncia destitución del presidente y la vice presidenta, constituyen hasta ahora la más importante experiencia en este orden.

En países donde la democracia ha sido desmantelada, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, el establecimiento de regímenes autoritarios ha estado acompañado de la instalación de una corrupción sistémica. No es casual que en el informe de Transparencia Internacional del 2016, Venezuela, aparezca como el peor valorado en América Latina (lugar 166 entre 176 países) y Nicaragua no tan lejos (en el lugar 145).

Uruguay, donde se han sucedido tres gobiernos de izquierda en los últimos 12 años, pero en el que se respetan las reglas democráticas, es considerado el menos corrupto en América Latina. Le sigue Chile, donde se han alternado gobiernos de izquierda y de derecha, en los últimos 27 años. Las etiquetas ideológicas no funcionan para calificar a los corruptos.

La lucha por la democracia es también una lucha contra la corrupción. No se trata solamente de lograr que se respete la voluntad popular expresada en los votos, de establecer instituciones independientes, vigorosas y creíbles dirigidas por funcionarios probos, que administren justicia jueces íntegros y que haya absoluta y plena libertad de prensa y de organización. Se trata de establecer y normar debidamente, una cultura de la transparencia, de rendición de cuentas y de ética de los servidores, en los funcionarios públicos, en los organismos de la sociedad civil, en los partidos políticos, en los ciudadanos.

Razonamientos como “roba, pero hace “, “ es un compañero”, “pecó, pero es de los nuestros”, son inadmisibles en una sociedad democrática, porque apañan la corrupción. Erradicar la corrupción, hay que decirlo también, pasa por el castigo a los corruptos. El corrupto es un delincuente y como tal debe ser tratado, con independencia de su cargo, eficacia de su gestión o militancia partidaria.

 

 

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