Ortega enfrenta sanciones por corrupción e impunidad

En Managua, es comentario abierto que no hay tranquilidad en los despachos -ni en las alcobas- de El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega, presidente designado y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada, vocera y gobernanta de Nicaragua.

Y es comprensible que no haya sosiego en la sede del omnímodo poder que administra Nicaragua desde el 2007. Después de ejercer durante diez años un gobierno autoritario y de haber desmontado las instituciones democráticas que desde 1990 pujaban por establecerse, las cosas no pintan nada bien para la pareja Ortega- Murillo.

El pasado 21 de diciembre el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Roberto Rivas Reyes mediante la aplicación de Ley Magnitsky. Rivas Reyes, un protegido de Ortega y de su aliado, el jubilado Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quien preside el aparato electoral que ha organizado los fraudes electorales ejecutados en Nicaragua en los últimos diez años. Y eso, unido a sus prácticas corruptas como funcionario público, son las razones de la sanción estadounidense.

Las acusaciones de corrupción que recaen sobre Rivas Reyes, merecen párrafo aparte. La vida de Rivas Reyes está llena de lujos exuberantes e imposibles de  explican a partir de su ingreso salarial y de lo que le genera una modesta plantación de café de la cual es propietario. Su enriquecimiento, por lo demás ofensivo en el segundo país más pobre del continente de América, ha sido paralelo a su ejercicio como funcionario público. Mansiones y automóviles de lujo en Managua, Madrid y San José, jets privados, y numerosas inversiones inmobiliarias internacionales, solo pueden ser explicadas por el uso de recursos del erario en beneficio particular o porque es testaferro de poderosos, o por ambas cosas.

Pero Ortega no solo no ha destituido a Roberto Rivas Reyes, colocado ahora entre los catorce delincuentes internacionales sancionados por la Ley Magnitsky, sino que mediante una pueril reforma legal, lo confirmó en su cargo -aunque liberándolo de responsabilidades administrativas-, le preservó todas sus prebendas y la impunidad en que vive.

Un hecho que llama la atención en Managua en las últimas semanas, es que las escandalosas caravanas en las que se moviliza Rivas Reyes han dejado de circular. ¿Dónde está? Ortega ¿lo protege o lo retiene? Rivas Reyes sabe mucho, demasiado quizás y por eso la hipótesis que su director le mandó hacer mutis, es cada vez más aceptada.

Pero la impunidad que Ortega otorga a Rivas Reyes, también se la proporciona a perseguidos internacionales. Tal es el caso de Mauricio Funes, ex presidente salvadoreño, condenado por enriquecimiento ilícito en su país, quien vive alegremente en Managua, asiste a actos oficiales y goza incluso de protección policial. Más recientemente se ha  denunciado que Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura  de Guatemala y sobre quien hay una orden de captura por el delito de peculado y fraude, también está en Nicaragua.

La impunidad que el régimen de Ortega otorga a personajes acusados de corrupción, y  de distinta calaña, se extiende a violadores de los Derechos Humanos.

En los últimos años en el campo, las ejecuciones de la policía y el ejército a ciudadanos opositores, son cada vez más frecuentes. Desde el 2011 a la fecha, el número de opositores -a los que el régimen señala de delincuentes comunes- “muertos en combate” o abiertamente ejecutados, pasa de los cincuenta. El caso más reciente incluye las vejaciones y el asesinato a dos menores de edad a manos de unidades del ejército. Los cadáveres, como en otros casos, no fueron entregados a los familiares. Y al igual que en situaciones similares, los jefes policiales y militares involucrados, gozan de la protección del régimen de Ortega.

Permitir el enriquecimiento ilícito y otorgar protección ante las acusaciones por crímenes y corrupción, es la moneda con la que Ortega paga la fidelidad a los suyos. O bien es un servicio que ofrece a corruptos internacionales, fundado en el control unipersonal de las instituciones del estado.

Sin embargo, las sanciones con la Ley Magnitsky ya aplicadas a Roberto Rivas y los anuncios que pronto habrá nuevos sancionados, incluyendo al Tesorero del FSLN, Francisco López y altos magistrados judiciales, y la Nica Act que sancionaría al actual gobierno de Nicaragua por violador a las libertades y que puede ser aprobada en cualquier momento en el Senado de los EEUU, causan justificada preocupación en el círculo de los Ortega Murillo.

Ortega sabe que EE UU es un adversario poderoso, y con maniobras pretende eludirlo. Y sabe que el terreno de enfrentamiento en la sociedad global actual, es el comercial y el financiero, los mismos en los que, pese a las peroratas antiimperialistas que suele largar a sus bases, es frágil. Y es más frágil ahora que su protector en los últimos diez años -el régimen chavista- vive una crisis terminal.

Pero Ortega también sabe que el voto ciudadano es su más poderoso adversario, toda vez que sea ejercido en libertad y sin exclusiones. Por eso ha impedido elecciones libres en los últimos diez años con la complicidad y los fieles servicios del ahora sancionado Roberto Rivas.

Por la misma razón, la oposición ha presentado la propuesta de una reforma electoral profunda, que permita  elecciones libres, sin exclusiones y con observación internacional. Ese es el camino –el único en paz- para restituir la democracia en Nicaragua y con ello terminar la impunidad y desterrar la corrupción.

Esa es la batalla cívica que se fermenta en Nicaragua. Suficientes razones para que el insomnio se pasee en El Carmen.

(publicado en Mundiario, España el 27 de febrero del 2018)

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Inseguridad en Nicaragua

En Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, se han distinguido en los últimos años por los elevados índices de violencia criminal. El fenómeno está vinculado a tres factores: los altos niveles de pobreza, que la zona sea ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y a la herencia de las guerras que vivió la región en la década de los ochenta y que dejaron no solo una estela de dolor, sino también una cultura de violencia y numerosas armas de todo tipo en circulación ilegal.

En ese contexto, el gobierno de Daniel Ortega ha usado como uno de sus estandartes propagandísticos la presunta seguridad que se vive en Nicaragua. Pero además que la versión oficial emplea el concepto reduciéndolo a algunos componentes de la “seguridad ciudadana”, y manipula las estadísticas que marcan un alto sub registro, los hechos desmienten la versión oficial.

La seguridad humana, como concepto amplio, abarca distintas dimensiones y su efectividad se sustenta en la capacidad de los Estados para cumplir sus funciones normativas, preventivas y correctivas.

La confirmada presencia en Nicaragua de células de la banda criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, el reciente asesinato de una candidata a vice alcaldesa en un importante municipio rural, el aumento alarmante de los feminicidios, así como denuncias de despojos y tomas de propiedades urbanas y rurales, entre estas últimas muchas de comunidades indígenas, están demostrando la precariedad del eje de la propaganda oficialista.

Tres áreas de la seguridad tocan de manera inmediata la epidermis de la sociedad: la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y la seguridad social. Y en las tres, el déficit de la gestión de Ortega es evidente: Nicaragua hoy es menos segura que hace diez años, en la administración de justicia no priva la ley sino la discrecionalidad, y la virtual bancarrota de la seguridad social ha colocado en situación de riesgo vital a millares de jubilados y asegurados.

Bajo la administración de Ortega la seguridad humana solo tiende a desmejorarse. ¿Por qué? Porque el orteguismo ha despojado a las instituciones estatales de su naturaleza original, que es representar y servir a los intereses de la ciudadanía. Las ha puesto al servicio de los intereses de su familia y del círculo de adláteres. Ni siquiera cabe ya decir en función de los intereses del partido de Ortega, el FSLN, que ha quedado reducido a un cuerpo ejecutor obediente, sin ninguna capacidad decisoria.

Castradas de su esencia, las instituciones se dedican a velar por los intereses del proyecto familiar y los funcionarios estatales, operan de acuerdo a las instrucciones de la pareja presidencial, no en apego a las leyes. Como afirmó recientemente un funcionario extranjero, en Nicaragua una llamada telefónica desde la secretaría del FSLN, pesa más que la ley.

La discrecionalidad promovida desde la más altas esferas y practicada en todos los niveles, propicia la malversación del erario, el desvío de recursos, la falta de transparencia, la apropiación indebida y el tráfico de influencias.

La discrecionalidad permite la penetración del crimen organizado y que este emplee el país para la ejecución de sus delitos o como refugio. De esta manera el gobierno de Ortega ha otorgado protección, bajo la figura de asilo, al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (FMLN), acusado por la Fiscalía de su país por cinco delitos de corrupción; así mismo tal discrecionalidad permitió que el delincuente tailandés Thaksin Shinawatra se movilizara por el mundo con pasaporte diplomático nicaragüense otorgado por Ortega, quien lo nombró –ya prófugo- Embajador en Misión Especial.

Mientras el régimen se vuelve protector de delincuentes internacionales y da impunidad a los suyos, el ciudadano común padece la inseguridad de sus derechos, cuyo reconocimiento o no, que el Estado los resguarde o no, depende de factores metajurídicos.

La inseguridad física la padecen todos los ciudadanos. La masacre de una familia, incluyendo menores de edad en julio del 2015, a manos de patrullas de la Policía Nacional, sin resultados satisfactorios en la investigación, despojó a la institución policial de la escasa credibilidad que gozaba. Sufren inseguridad las mujeres que viven violencia machista en sus hogares, sin que el Estado tome cartas en el asunto. Hay incertidumbre por el destino de sus tierras y por su propio futuro en las familias campesinas que habitan en la franja del pretendido canal, así como en familias y empresarios que enfrentan tomas ilegales de sus propiedades, por grupos o individuos afines al gobierno de Ortega. Hay angustia en los pensionados y jubilados, cuyos derechos adquiridos a atención médica , medicinas y a una pensión, penden de un hilo ante la quiebra del Instituto de Seguridad Social, resultado entre otras cosas del uso discrecional de los fondos.

Pero esta realidad es consustancial a la naturaleza del régimen orteguista. Es su esencia, es su manera de sobrevivir, sustentándose en el clientelismo y en el compadrazgo, no en la ley ni el respeto a la institucionalidad. En Nicaragua se asiste no a la gestión de gobernantes administrando en nombre de la sociedad, sino de individuos que han usurpado el poder y ven el Estado como botín y los cargos públicos como una oportunidad para aprovecharse.

Con Ortega, el Estado, lejos de ser protector de los derechos ciudadanos, se ha tornado en un ente que los amenaza. Nadie que se coloque fuera de los intereses del orteguismo, está seguro, aunque lo parezca.

Por eso, la restitución de la democracia es condición para construir la seguridad que Nicaragua necesita. Solo así el crimen organizado, la corrupción, el desempleo y la inseguridad ciudadana podrán ser resueltos con propuestas programáticas novedosas y realistas.

(publicado en MUNDIARIO- España, el 6 de septiembre, 2017)

 

POR LA DEMOCRACIA, CONTRA LA CORRUPCION.

Hace aproximadamente dos décadas, llegó a mis manos un estudio patrocinado por una institución académica centroamericana, que sostenía que en América Latina, los costos para prevenir y sancionar la corrupción, superaban los recursos que por ella se perdían. Dicho estudio, abundante en datos, consideraba la corrupción un fenómeno circunscrito a la esfera de las instituciones estatales.

Dicha tesis, cuestionable desde el punto de vista ético, hoy también sería invalidada por las dimensiones financieras que ha alcanzado la corrupción y porque se ha expandido a la esfera privada.

La corrupción se ejerce de diversas maneras y está prevista en varios tipos penales: malversación de fondos, soborno, tráfico de influencias, peculado, nepotismo, fraude, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito. Tipos que pueden concurrir más de uno en una sola acción delictiva. Sin embargo, en todos ellos está presente la característica que, de acuerdo a Transparencia Internacional, define la corrupción: el uso y abuso del poder en beneficio propio, privado. Y se considera el poder en su acepción amplia, no solo en cuanto control gubernamental.

Mucho se ha dicho sobre las causas que provocan y posibilitan la corrupción. La certeza que habrá impunidad, o que sea muy probable que se de, aunque se haya delinquido, es la más común y deviene precisamente de que el hechor ejerce algún tipo de poder en la esfera pública o cuenta con su protección, misma que por cierto no es gratuita. El abandono de valores como la integridad, la ética y la obligación de rendir cuentas, que priva en diversos sectores de la población y en quienes detentan algún poder, es el terreno fértil para que la corrupción se establezca. El deterioro de estos valores es resultado tanto de su inobservancia, pese a las obligaciones que incluso por ley corresponde cumplir, como de su consciente desatención en la educación formal.

Un ejemplo: si quien ejerce el cargo de presidente en Nicaragua, no rinde cuentas de su gestión, ni en la Asamblea Nacional, ni en sus excepcionales comparecencias públicas, ni se expone a los cuestionamientos de los periodistas, ¿por qué debería hacerlo el funcionario de tercer nivel?

El caso Odebrecht, que ha sacado a flote una trama delictiva en diez países latinoamericanos, es el más claro ejemplo de como en la corrupción pueden coludir funcionarios públicos y empresarios. Pero también el caso demuestra que es posible que los casos de corrupción se conozcan, se ventilen ante la sociedad y óptimamente sus responsables sean sometidos a juicio y castigados, siempre y cuando haya funcionamiento de las instituciones democráticas y se respete la libertad de prensa.

El hecho que hoy se conozcan más casos de corrupción, es positivo en cuanto los corruptos, si bien pueden tener impunidad judicial, o pretenderla, están expuestos al escrutinio ciudadano. No obstante, la aspiración debe ser erradicar y, en todo caso reducir al mínimo, la corrupción. Eso solo es posible lograrlo en un contexto democrático.

El sistema democrático, entendiendo por este la independencia de poderes, la libertad de prensa y una sociedad civil beligerante, es el contexto más favorable para neutralizar, detectar y sancionar los actos de corrupción.

En la mayoría de los países de América Latina, donde la democracia funciona, no obstante las imperfecciones, la sociedad civil desempeña un creciente papel en la lucha contra la corrupción, mediante la denuncia, la formulación de propuestas normativas y sobre todo, con la activa movilización ciudadana. Las movilizaciones en Guatemala en el 2015, que llevaron a la renuncia destitución del presidente y la vice presidenta, constituyen hasta ahora la más importante experiencia en este orden.

En países donde la democracia ha sido desmantelada, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, el establecimiento de regímenes autoritarios ha estado acompañado de la instalación de una corrupción sistémica. No es casual que en el informe de Transparencia Internacional del 2016, Venezuela, aparezca como el peor valorado en América Latina (lugar 166 entre 176 países) y Nicaragua no tan lejos (en el lugar 145).

Uruguay, donde se han sucedido tres gobiernos de izquierda en los últimos 12 años, pero en el que se respetan las reglas democráticas, es considerado el menos corrupto en América Latina. Le sigue Chile, donde se han alternado gobiernos de izquierda y de derecha, en los últimos 27 años. Las etiquetas ideológicas no funcionan para calificar a los corruptos.

La lucha por la democracia es también una lucha contra la corrupción. No se trata solamente de lograr que se respete la voluntad popular expresada en los votos, de establecer instituciones independientes, vigorosas y creíbles dirigidas por funcionarios probos, que administren justicia jueces íntegros y que haya absoluta y plena libertad de prensa y de organización. Se trata de establecer y normar debidamente, una cultura de la transparencia, de rendición de cuentas y de ética de los servidores, en los funcionarios públicos, en los organismos de la sociedad civil, en los partidos políticos, en los ciudadanos.

Razonamientos como “roba, pero hace “, “ es un compañero”, “pecó, pero es de los nuestros”, son inadmisibles en una sociedad democrática, porque apañan la corrupción. Erradicar la corrupción, hay que decirlo también, pasa por el castigo a los corruptos. El corrupto es un delincuente y como tal debe ser tratado, con independencia de su cargo, eficacia de su gestión o militancia partidaria.

 

 

Cúpula de C x L pagó precio por personalidad

El pasado domingo Ciudadanos por la Libertad realizó su primera Convención, en ella eligió su Comité Ejecutivo Nacional. Se coloca así a las puertas de recibir su personalidad jurídica de parte del CSE. En el evento llamaron la atención varios hechos, entre otros, la escasísima presencia de mujeres y jóvenes en el órgano electo, y que los convencionales hayan escogido de forma unánime como presidenta, a doña Carmella María Rogers Amburn, conocida entre sus amigos antes y en el mundo político ahora, como Kitty Monterrey.

Como se sabe, Ciudadanos por la Libertad es el nombre que adoptaron los ex miembros del PLI, liderados por Eduardo Montealegre una vez que fueron despojados de la casilla legal de ese partido, en otra de las triquiñuelas a las que Daniel Ortega recurrió para evitar sobresaltos en la farsa electoral de noviembre pasado.

Aquel PLI, junto con el MRS, personalidades independientes y otras fuerzas, conformaban la Coalición Nacional por la Democracia, una opción electoral -que en medio de todas las dificultades- prontamente había empezado a mostrar músculo, especialmente con la fórmula de Luis Callejas y Violeta Granera. Tanto así que el despojo a Montealegre de la representación legal del PLI, mediante la sentencia de marras, fue tres días después que se oficializara dicha fórmula.

Aquella sentencia del 7 de junio del 2016, fue la última palada de tierra que el orteguismo lanzó sobre las ruinas del sistema electoral nicaragüense, que él mismo junto con A. Alemán habían ya desnaturalizado y corrompido.

Excluidas del proceso electoral, a las fuerzas aglutinadas hasta entonces en la Coalición Nacional por la Democracia, les quedaban dos caminos: el de la unidad, la resistencia cívica y la movilización ciudadana para lograr elecciones transparentes, sin exclusiones. O el camino contrario, el de la claudicación: abrirse a los halagos del orteguismo y romper la unidad de la oposición.

El MRS, connotados liberales y la independiente Violeta Granera, ex candidata a la vice presidencia, tomaron el primer camino. Seducidos o amenazados (para todos los efectos el resultado es el mismo), la cúpula de los ex PLI optaron por el otro: rompieron la unidad de la oposición y besaron el látigo que les había azotado al arrebatarles la legalidad primero, y despojar de sus curules, inmediatamente después, a 28 diputados opositores electos en su casilla. Lo hicieron, negociaciones mediante, ahora se sabe a cambio de qué.

En septiembre del 2016 -dos meses antes del fraude electoral- los ex PLI, denominados ya Ciudadanos por la Libertad, anunciaron que se conformarían como partido político, solicitarían su personalidad jurídica y participarían en los anunciados comicios municipales de noviembre del 2017. Emergía como líder –directora le llamaron- doña Kitty Monterrey, ya que se anunció el retiro de la política –dicen que definitivo- de Eduardo Montealegre. El ex candidato presidencial Luis Callejas, uno de los líderes en ascenso, se distanció en rechazo a las disposiciones claudicantes y sectarias de la cúpula de CxL

La señora Monterrey, que parece ser la artífice intelectual de las posiciones de Ciudadanos por la Libertad, ha intentado explicar sus decisiones de participar en el juego político del orteguismo, sobre la base del argumento simple de “esto es lo que hay y hay que tomarlo”, apostando a lo que presuntamente logrará la OEA y renunciando a la movilización ciudadana. Todo ello pese a que las condiciones electorales –que posibilitan el fraude y mantienen ilegalizados a varios partidos- no han variado un ápice en los últimos procesos electorales y, por el contrario, Ortega ha afianzado su concentración de poder dinástico y asegurado la sucesión continuista, en parte precisamente a que hay políticos que participan de la coreografía que se dirige desde El Carmen.

Mención aparte necesitan las razones de la señora Rogers para sustentar su negativa a establecer alianzas con el MRS y torpedear, a partir de allí, la unidad de la oposición. Doña Carmela es recurrente en afirmar que hay diferencias ideológicas entre C x L y el MRS. Sin duda las hay, pero no solo: también hay diferencias de cómo se asume la ética política. Si no existiesen esas diferencias, ella sería miembro del MRS o los miembros del MRS estaríamos en C x L. El punto es que, carente de argumentos políticos convincentes –porque no hay-, que expliquen el precio que han pagado por la concesión orteguista de otorgarles la personalidad jurídica, se refugia en ataques y en insinuaciones peligrosas. Así no se hace política democrática y honesta, Kitty. Si se tienen genuina vocación democrática y ética política, la única alternativa es sumar fuerzas para lograr el objetivo de establecer la democracia en Nicaragua, que solo podrá ser resultado de la acción ciudadana.

Es prerrogativa de ellos –de la cúpula de CxL- hacer política como quieran, pero que no pretendan engañar a la ciudadanía y asuman con entereza el costo de ser los nuevos colaboracionistas del régimen.

Porque la historia es tozuda y ya se ha aprendido la lección, en las fuerzas que conforman el FAD, confluyen conservadores y liberales de cepa, sandinistas de distintas generaciones y personalidades de indiscutible coherencia política, que han optado por  la movilización ciudadana y el rechazo categórico e inequívoco al orteguismo y sus maniobras.

No tengo dudas que en el camino, centenares de hombres y mujeres genuinamente demócratas e invulnerables a presiones y ofertas provenientes del poder, que están hoy en C x L, se sumarán a la lucha ciudadana hasta conquistar la democracia.

 

LA INMORALIDAD COMO GOBIERNO

La historia de Nicaragua, tan llena de sinuosidades en la búsqueda de la democracia y la libertad, ha nutrido el calendario de numerosas efemérides políticas. No hay mes en que falte alguna relevante. La mayoría de batallas o martirios, escasas las que celebran victorias o alegrías nacionales. Porque como Sísifo, dice el símil, el pueblo de Nicaragua cuando casi ha llegado a la cima, una y otra vez ha tenido que volver al inicio.

Empieza enero, y cómo no, apenas al décimo día se conmemora el martirio de Pedro Joaquín Chamorro, periodista y político que terca y consecuentemente enfrentó a la dictadura somocista durante décadas, con la palabra para denunciar y convocar, y cuando lo consideró necesario, con el fusil.

El 10 de enero de 1978, dieciocho meses antes de su derrocamiento, el somocismo, evidenciado como una dictadura sangrienta, mandó a asesinar a Chamorro. Fueron sicarios los que apretaron el gatillo de la escopeta, pero los autores intelectuales del magnicidio conspicuos miembros de la cúpula del régimen.

El asesinato de Pedro Joaquín, como el pueblo lo llamaba a secas, fue repudiado por toda la ciudadanía. Desató de inmediato innumerables demostraciones populares, incluso violentas, que continuaron ininterrumpidamente hasta la insurrección general que derrocó al somocismo en julio de 1979. Nada casual. La sociedad nicaragüense estaba preñada de contradicciones que pugnaban por resolverse. De una parte la dictadura somocista había aniquilado todo espacio democrático mediante farsas electorales y represión, contaba para ello con una guardia pretoriana, con cómplices disfrazados de oposición y disponía del erario, para sobornar y comprar. De otra parte, las fuerzas opositoras, plurales y multiformes, por décadas habían labrado de diferentes maneras el camino para conquistar la democracia.

Con el asesinato de Chamorro el somocismo demostró hasta donde era capaz de llegar. El grupo económico de los Somoza que ejercía el usufructo del estado en su beneficio particular y en clara ventaja de los otros sectores de la clase empresarial, también estaba dispuesto a eliminar, incluso físicamente, a cualquiera que osara enfrentarlo, indistintamente de su pertenencia social o arraigo.

Y se dio el estallido. Transcurrirían menos de dos años para que el pueblo nicaragüense acariciara el establecimiento definitivo –eso creímos, eso quisimos– de una sociedad democrática, moderna, respetuosa de la pluralidad inherente, que allanara la conquista de la justicia social.

En 1985 se instaló una Asamblea Nacional, con carácter constituyente y de legislación ordinaria. La Constitución que resultó de sus deliberaciones, estableció que las tomas de posesión de los electos a la presidencia y vice presidencia en los comicios a realizarse cada cinco años, serían el 10 de enero correspondiente. Homenaje explícito y merecido por supuesto, a Pedro Joaquín Chamorro, el Mártir de las libertades públicas, como lo reconoció la misma Carta Magna.

Este 10 de enero del 2017, tomarán posesión de la presidencia y de la vicepresidencia, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, respectivamente. Él inicia así su cuarto período como gobernante, tercero consecutivo, y ella su primero en un cargo de supuesta elección. “Tomarán posesión” es un decir y el acto, lleno de parafernalia y frases vacuas a las que la Murillo es tan dada, solo es la parte final de la puesta en escena que empezó el 6 de noviembre con la farsa electoral.

La pareja Ortega-Murillo, es apenas el segundo caso en la historia de América Latina, en que quienes ostentan los máximos cargos del Poder Ejecutivo, comparten alcoba como matrimonio y en el que las principales decisiones de gobierno se toman –se supone– entre gemidos y arrumacos. Los argentinos Perón y María Estela Martínez eran hasta ahora el único.

Pero más allá del rasgo grotesco, más medieval que del siglo XXI que representa el acto de toma de posesión de la pareja Ortega-Murillo como reyezuelos de Nicaragua –con séquito y bufones incluidos–, es también una afrenta pública a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro precisamente cuando se conmemora su muerte. Chamorro fue mandado a matar por luchar toda su vida contra todo lo que Ortega personaliza: continuismo en el poder, fraude electoral, nepotismo, corrupción y descaro político.

Daniel Ortega y con él su mujer, a lo largo de los últimos diez años han desmontado el Estado de Derecho que había empezado a construirse en Nicaragua, han entregado la soberanía nacional a un oscuro empresario chino para la supuesta construcción de un canal interoceánico, se han enriquecido ellos y sus adláteres aprovechando los recursos del Estado, han descompuesto la institucionalidad de la policía y el ejército para colocarlos a su servicio y perpetuar un régimen familiar. Pero sobre todo, y al mismo tiempo de lo anterior, han corrompido moralmente el ejercicio de la política, en nombre de la izquierda y de una falsa revolución.

Pero hoy como en 1978, se han acumulado en la sociedad nicaragüense, contradicciones insalvables, que tarde o temprano darán al traste con el régimen de Ortega, para que de una vez por todas en el país se establezca la democracia, se construya la justicia,y la ética y la moral en política. Para no ser más Sísifo, porque los pueblos no están condenados a cumplir el fatídico mito, aunque a veces lo parezca.

(Publicado en MUNDIARIO-España el 9.1.2017, con el título: Tarde o temprano, contradicciones insalvables darán al traste con el régimen de Ortega)

De izquierdas e “izquierdas” en América Latina

La muerte de Fidel Castro, la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, la crisis terminal del gobierno de Maduro en Venezuela y la confirmación de la naturaleza dictatorial del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua figuran entre las principales noticias latinoamericanas del año que finaliza. Todas vinculadas a lo que se llama genéricamente, y por eso erróneamente, “la izquierda”.

La izquierda nunca ha sido una corriente homogénea. Particularmente en América Latina en los años sesenta y setenta, se identificaban como sujetos de la izquierda a los viejos partidos comunistas y a los entonces emergentes movimientos guerrilleros de liberación nacional, mediando entre unos y otros profundas diferencias tácticas y estratégicas, casi nunca resueltas.

Hoy es posible diferenciar en ese conglomerado que se denomina izquierda – aunque también podría aplicarse a “las derechas”-, dos grandes grupos. De una parte la “izquierda” autoritaria y corrupta, y por lo tanto reaccionaria. Y de otra, la izquierda democrática, progresista. Si en el primer caso el oxímoron es solo aparente a la luz de los nuevos tiempos, en el segundo el pleonasmo es necesario.

El tema no es baladí. Las diferencias se marcan a partir de las posturas y acciones que asume e impulsa cada fuerza, desde la oposición o desde el gobierno, frente a los dos principales problemas comunes en Latinoamérica: las amenazas a la institucionalidad democrática en varios países, que en algunos ya es autoritarismo establecido y la corrupción en las esferas gubernamentales. Para poner ejemplos en los extremos, señalemos la gestión del gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la de Daniel Ortega en Nicaragua. Si en el primero hay un respeto al sistema democrático y políticas claras contra la corrupción, en el segundo, el estado de derecho -fundado en las conquistas de la revolución sandinista del 79-, ha sido aniquilado y la corrupción no solo es tolerada, sino promovida.

O bien el caso las posturas de Dilma Rousseff en Brasil y de Evo Morales en Bolivia. Mientras la primera admite su destitución aunque la considera ilegítima pero legal por parte del senado brasileño, el segundo anuncia con desparpajo que recurrirá a triquiñuelas para intentar ser reelecto, todo a contrapelo de la voluntad ciudadana expresada en el referendo de principios de año.

La descomposición de esta “izquierda” obedece a factores diversos.

Uno de los más relevantes es el caudillismo, que alcanzó máxima expresión en Fidel Castro y Hugo Chávez. El caudillismo traducido en poder unipersonal como negación de la institucionalidad de sus partidos y estados.

En el caso de Castro una influencia unipersonal más allá de Cuba, por dos razones. Fidel encabezó la primera revolución armada triunfante en el continente orientada al socialismo, y a partir de tal hecho construyó su mito y en los hechos se le atribuyó una infalibilidad política que fue alimentada por una izquierda que con precaria elaboración teórica, optó por asumir como verdades indiscutibles las consideraciones de Castro, fuesen sobre el tema de la lucha armada como vía para llegar al poder, lo “impagabale” de la deuda externa de los países pobres o la validez del modelo cubano.

El fracaso del Socialismo Real y con él de los regímenes de partidos únicos en Europa al finalizar el siglo XX, despojó a la izquierda mundial de los referentes necesarios para articular un nuevo proyecto político y económico, alternativo al capitalismo. No obstante, en América Latina, el enorme costo social de las políticas económicas correctivas y de ajuste aplicadas en los años 90 por los gobiernos neo liberales, dio paso a un descontento que encontró expresión electoral en las opciones populistas, denominadas a sí mismas de izquierda. Así, estas fuerzas se encontraron, a finales de los noventa y al despuntar el presente siglo, con potencial electoral pero sin propuestas consistentes, ni para perfeccionar la democracia ni para establecer un modelo económico distinto.

Huérfanos de referentes y carentes de propuestas propias, se refugiaron en el populismo, y fieles a la tradición latinoamericana (de derecha) e imitando el viejo modelo cubano, sus líderes –Ortega, antes Chávez ahora Maduro y hoy Morales– se erigieron en los nuevos caudillos imprescindibles para las revoluciones que dicen llevar a cabo. Pero todo ello, además, a costa de la democracia en sus respectivos países. Y como autoritarismo y corrupción se nutren y se encubren mutuamente, también han convertido el erario en botín y el tráfico de influencias en práctica cotidiana.

Si bien los regímenes de esta “izquierda” reaccionaria son una realidad, también es cierto que están sometidos a una creciente oposición interna. Y, como en el caso de Venezuela, con pobres perspectivas de mantenerse en el gobierno a mediano plazo. La izquierda democrática en Chile o Uruguay, desde las coaliciones gobernantes, avanzan –no sin dificultades–, pero sometiéndose a las normas de la democracia en competencia con otras fuerzas democráticas, incluyendo las de derecha.

Mientras nos adentramos al siglo XXI, en un panorama sumamente complejo y riesgoso, que demanda eficiencia política y reflexión intelectual para hacer frente exitosamente a los impostergables retos de preservar el sistema democrático, extirpar la pobreza y la corrupción, y conquistar la paz mundial, cabe reconsiderar las denominaciones tradicionales de las fuerzas políticas. Acaso sea tiempo de caracterizarlas simplemente como democráticas o no democráticas y definir su naturaleza por los programas que proponen a los ciudadanos. Y, sobre todo, por su práctica, porque como decía el viejo marxismo, ésta es el supremo criterio de la verdad.

(Publicado en el MUNDIARIO- España, el 22 de diciembre del 2016)

YO NO BOTO MI VOTO

 

El acto íntimo, individual y solemne de votar para elegir, ejercicio y derecho básico de la democracia, los nicaragüenses no lo podremos ejercer. Nos ha sido usurpado, ahora de raíz, por el orteguismo. No solo porque ha impedido la participación de la verdadera fuerza opositora al despojarla de legalidad -como antes ya había hecho con la UDC y el MRS-, sino también porque ha dejado en evidencia que la voluntad de los ciudadanos le vale un pepino, al arrebatar su investidura de parlamentarios a los electos en el 2011 con la voluntad de al menos -para atenernos a las cifras oficiales- de una tercera parte de los votantes. El régimen ha ejecutado una violación masiva. Otra.

Y lo que aparece como un desmedido afán de concentración de poder, si bien puede obedecer a un comportamiento patológico, es resultado de intereses económicos bien asentados y por lo demás cuantificables.

El somocismo antes y el orteguismo ahora, son expresiones del capitalismo más primitivo y de la peor calaña, el que sustenta su acumulación originaria en base al parasitismo directo del Estado. ¿O se imaginan ustedes a algunos de los ahora flamantes empresarios en tal condición, en un sistema de verdadera y libre competencia y sin aprovecharse del erario?

La dictadura somocista se estructuró a partir del control de la Guardia Nacional. Desde allí avanzó al dominio de todo el aparato estatal y a la conformación de un grupo económico que lo usufructuó, hasta convertirse en una verdadera amenaza a los intereses de los otros grupos del capitalismo criollo. Amenaza que hizo crisis a partir de 1973, después del terremoto de Managua de 1972, cuando la rapacidad del somocismo traspasó los límites tácitamente acordados con la burguesía local.

Después vino la agudización de la crisis política: el surgimiento de UDEL, el operativo del 27 de diciembre, la represión generalizada, los ataques de octubre del 77, el asesinato del doctor Chamorro, las insurrecciones de Monimbó y de septiembre del 78 y finalmente el derrocamiento del somocismo, mediando -como bien sabemos- una cruenta guerra.

La dictadura orteguista se constituyó a partir de la apropiación de los fondos propiciados por la cooperación venezolana, lo que le fue posibilitado por el control del Ejecutivo. Ha sido mediante la usurpación -personal, familiar- de esos fondos, que ha logrado conformar un nuevo grupo económico parasitario y penetrado con voracidad todos -absolutamente todos- los ámbitos y niveles de la actividad económica. Y a su vez, el control personal- familiar de las instituciones del Estado, le permite, además de mantener a buen resguardo la riqueza acumulada y preservarse impunidad, activar las nominales instituciones para atraer a los vulnerables, reprimir a los consecuentes y finalmente sacar del juego electoral a la oposición.

La supervivencia del poder económico del orteguismo está íntimamente vinculada a que logre mantener el poder político. Y al revés. Ellos lo han sabido siempre. De allí que ante la crisis venezolana y sus consecuencias económicas, sociales y políticas en Nicaragua -unas ya reales, las más graves por venir-, en un período relativamente corto de menos de 60 días, entre el 4 de junio y el 2 de agosto, el régimen haya decapitado mediante varios zarpazos los últimos espacios de ejercicio democrático. Ortega, septuagenario y acaso valetudinario, quiere establecer una dinastía, ciertamente, pero lo que hay detrás es el interés de afianzar el poder para procurarse impunidad y continuar el enriquecimiento a su sombra.

En ese contexto y con los antecedentes señalados, las votaciones del 6 de noviembre, solo son una acción para apuntalarse y el intento del régimen de legitimarse. De allí que las comparsas, llámese Maximino, Canales, Cabezas, Pedro o Saturnino, sean cómplices -conscientes o por oportunismo- de esa maniobra del régimen.

De allí también el miedo del régimen a la abstención y las amenazas -por lo demás inútiles- proferidas  con la pretendida ley Navarro de encarcelar a quienes la promovamos.

Se nos ha conculcado a los nicaragüenses el derecho a votar para elegir. Y sobre quienes vayan a las urnas -por convicción, miedo o complicidad- estarán vigilantes los ojos del régimen, para garantizarse los porcentajes que ya definieron.

Por eso yo no boto mi voto.