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Criminales libres y torturas

Estado de Derecho es un concepto, y por tanto una abstracción, pero su observancia o no, se manifiesta cotidianamente. Y cuando se expresa en asuntos de vida o muerte, su contundencia es mayor. De los hechos posteriores a los sucesos del pasado 26 de enero en el barrio San Luis, en el que resultaron dos policías y un delincuente muertos, se imponen reflexiones y preguntas impostergables

¿Por qué el delincuente muerto, ex policía, con un largo historial delictivo y condenas pendientes, estaba libre? ¿Por qué? Alguien debe explicarlo. ¿Cuántos más -criminales condenados- circulan libremente por las calles de nuestras ciudades y acaso planean ya el próximo delito?

Que el delincuente aniquilado sea un ex policía, egresado de la academia policial además, no es un asunto menor. Recibió entrenamiento e información, puesta al servicio del crimen. ¿Tiene que ver que haya estado libre  con su condición de ex policía?

En México ex policías se han distinguido como los más sanguinarios delincuentes vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles son los criterios de la institución policial para integrar personal? ¿Hay medidas de control y contra chequeo para prevenir ser penetrados por el crimen organizado ? ¿ Hay y funciona una inspectoría de asuntos internos? ¿Se sanciona? ¿Por qué no hacen públicos sus informes?

¿Por qué los delincuentes capturados presentan evidentes señales de torturas?¿Por qué la policía tortura? (No es el primer caso).

Y, como se señaló en las redes sociales después de la comparecencia de los capturados ante la judicial, el órgano policial no tiene ningún empacho en presentarlos públicamente así. Como quien dice torturan y no lo esconden.

El argumento que pretende justificar las torturas por la indignación que ha provocado la muerte de los policías es primitivo y por tanto despreciable, porque la tortura es ante todo un acto de cobardía. Y si es practicada por la autoridad un doble crimen.No hay ninguna motivación, ninguna, que la justifique.

Obviamente no hay institución pública ni privada exenta de ser penetrada por criminales. Pero es obligación del Estado, y de las instituciones públicas correspondientes en primer lugar,  disponer de los mecanismos de prevención del delito. Y si este ocurre, la aplicación efectiva de la legislación penal, incluyendo el debido proceso y los derechos humanos de los reos y procesados. Por ello la tortura está constitucionalmente prohibida. Y nadie, delincuente o asesino incluso, debe ser torturado. Nadie.

Claro: esto es lo que debe ser. Pero en Nicaragua el Estado de Derecho es inexistente y su desmontaje ha ido aparejado a la corrupción moral que promueve y estimula el régimen.

Si hay un presidente que llegó a serlo violentando la Constitución -la misma que prohíbe la tortura- si él mismo ha sido acusado de delitos sexuales que «prescribieron»,  si se designan jefes policiales y militares, magistrados, jueces, procuradores y demás, en virtud de la fidelidad al gobernante y no sobre la base de la ley, la transparencia o la experiencia, es razonable pensar que se exime de penas a delincuentes o a policías que matan o torturan por la misma razón.

Por eso mismo la mayoría de la población, está indefensa. Por eso, usted o yo podemos ser la próxima víctima del crimen o -aunque sea paradójico- de un policía, como lo fueron los niños de Las Jaguitas.