Las reformas electorales para la democracia en Nicaragua

En la vida moderna de Nicaragua, los períodos democráticos han sido breves paréntesis. Las guerras, las intervenciones extranjeras y la violencia política, siempre originada desde el poder, han marcado la vida del que hoy sigue siendo el segundo país más pobre de América, en gran parte como saldo de esa cruenta historia.

Hoy dos verdades son  evidentes en Nicaragua: de un lado la naturaleza dictatorial, con pretensiones dinásticas, del régimen de Daniel Ortega y de otra parte, el rechazo ciudadano a la guerra o cualquier forma de violencia,  como vía para reconquistar la democracia. Mientras la primera  se confirma  cada día en la actuación nacional e internacional del orteguismo, la segunda es palpable en los estados de opinión de la población e incluso se expresa se manifiesta de manera singular en la aparente apatía frente a los abusos, la corrupción y la impunidad que el régimen practica y promueve.

Sería un error concluir que la falta  o esporádica movilización  ciudadana en rechazo  a las actuaciones  y políticas oficiales y sus consecuencias, es resignación fatalista o peor aun, apoyo mayoritario al gobierno.

Los estrictos controles que ejerce el régimen de Ortega en amplios sectores de la vida social, la represión expresa o sutil, física o económica, el chantaje y el soborno, son instrumentos que se dirigen precisamente a inhibir la movilización de la población descontenta. Así lo hizo el somocismo a lo largo de su dilatada dictadura, así fue en los años ochenta cuando el FSLN gobernó. Así lo han hecho siempre los regímenes antidemocráticos.

No obstante, la historia señala que eficacia de los  instrumentos  represivos solo es temporal  y nunca han sido capaces de impedir los cambios políticos y sociales ni las demostraciones de inconformidad o rechazo.

En Nicaragua, en los últimos años, se han hecho patente beligerantes demostraciones del campesinado, el movimiento femenino y los  ancianos, en contra de decisiones oficiales sustantivas como la concesión canalera lesiva a la soberanía nacional, la violencia que sufren las mujeres y la cada vez más exigua  amenazada seguridad social.

El cierre del siglo veinte abunda en cambios políticos radicales que poco antes que se dieran parecían imposibles: desde el No a Pinochet en 1988, pasando por las revoluciones democráticas en el este europeo, hasta la derrota electoral del FSLN en febrero del 90. Una condición indispensable en los desenlaces que se dieron mediante el voto, fue la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En Nicaragua, el desmontaje del andamiaje institucional democrático que, en medio de no pocas dificultades, pujaba por establecerse desde 1990,  y en particular la destrucción del sistema electoral, obra del orteguismo, invalidan las  elecciones en las actuales circunstancias, como vía para lograr los cambios políticos. Carecen de transparencia y por eso mismo son ilegítimas y faltas de credibilidad. El porcentaje de abstención que alcanzó el setenta por ciento en los comicios municipales de noviembre pasado, lo refrenda.

La aplicación de la Ley Magnistky a Roberto Rivas Reyes,  presidente del aparato electoral nicaraguense, testaferro y fiel servidor de Ortega, es más que emblemática. No es creíble un sistema electoral presidido por un individuo calificado como delincuente internacional y cuya venalidad está más que comprobada.

Entonces si en las actuales circunstancias (subrayo y enfatizo: actuales) las elecciones no son el camino a la democracia ¿cuál es? No es la violencia, a la que propio régimen empuja y cuyo saldo histórico de destrucción y muerte bien se conoce en Nicaragua. Solo hay uno: cambiar las condiciones y lograr que las elecciones sean transparentes, incluyentes y cuyos resultados respetados sin ápice de duda. Se trata de restituir la validez del principal instrumento para el ejercicio de la voluntad ciudadana: el voto.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), convergencia que aglutina a partidos y movimientos opositores, expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes, planteó el pasado 21 de diciembre, quince puntos que recogen la reforma electoral que Nicaragua necesita. La propuesta del FAD, la  más importante alianza opositora al orteguismo, es la más completa que se ha presentado en el menú de opciones de la reforma electoral hasta ahora conocido .

Pero las elecciones libres, inclusivas y transparentes, no serán de fácil conquista. Y no lo serán porque la esencia del régimen que encabeza Daniel Ortega es el autoritarismo,  y porque sus cabecillas – el propio Ortega y su mujer en primer término- saben que en elecciones libres se juegan no solo su existencia política sino también  la  impunidad que ahora gozan y los casi infinitos  beneficios que disfrutan en el poder.

No será dádiva, porque en política predominan la opción y las propuestas que tengan a su favor la correlación de fuerzas. Por eso, la batalla cívica del pueblo nicaragüense es indispensable para lograr las reformas, realizar elecciones libres y recuperar la democracia. Pero en esa vorágine, cuyo estallido puede ser en cualquier momento y cuyas modalidades no se pueden prever, el mayor perdedor es desde ya el orteguismo.

El contexto internacional es cada vez más desfavorable a Ortega y sus márgenes de maniobra se estrechan. Por esa misma razón y porque es lo que más conviene al país, el orteguismo debería ahorrar el costo social que significaría una solución tardía y ahorrarse el costo político  a sí mismo. Debería, pero todo indica que no es su opción. De allí que la transformación democrática -que es inevitable, aunque se atrase-  será muy a pesar suyo.

No será ni con la  violencia, ni en conciliábulos, que  se reconquistará la democracia en Nicaragua. Las fuerzas democráticas tienen el desafío ineludible de afianzar las alianzas, desmarcarse de cualquier asomo de pacto de cúpulas y apostar a la acción ciudadana como condición para conquistar las reformas, para restituir la democracia.  A la comunidad internacional le corresponde apoyar ese esfuerzo y dar su valioso e insustituible aporte.

(publicado en Mundiario- España el 15 de marzo del 2018 y una versión en La Prensa, Nicaragua)

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Ortega enfrenta sanciones por corrupción e impunidad

En Managua, es comentario abierto que no hay tranquilidad en los despachos -ni en las alcobas- de El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega, presidente designado y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada, vocera y gobernanta de Nicaragua.

Y es comprensible que no haya sosiego en la sede del omnímodo poder que administra Nicaragua desde el 2007. Después de ejercer durante diez años un gobierno autoritario y de haber desmontado las instituciones democráticas que desde 1990 pujaban por establecerse, las cosas no pintan nada bien para la pareja Ortega- Murillo.

El pasado 21 de diciembre el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Roberto Rivas Reyes mediante la aplicación de Ley Magnitsky. Rivas Reyes, un protegido de Ortega y de su aliado, el jubilado Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quien preside el aparato electoral que ha organizado los fraudes electorales ejecutados en Nicaragua en los últimos diez años. Y eso, unido a sus prácticas corruptas como funcionario público, son las razones de la sanción estadounidense.

Las acusaciones de corrupción que recaen sobre Rivas Reyes, merecen párrafo aparte. La vida de Rivas Reyes está llena de lujos exuberantes e imposibles de  explican a partir de su ingreso salarial y de lo que le genera una modesta plantación de café de la cual es propietario. Su enriquecimiento, por lo demás ofensivo en el segundo país más pobre del continente de América, ha sido paralelo a su ejercicio como funcionario público. Mansiones y automóviles de lujo en Managua, Madrid y San José, jets privados, y numerosas inversiones inmobiliarias internacionales, solo pueden ser explicadas por el uso de recursos del erario en beneficio particular o porque es testaferro de poderosos, o por ambas cosas.

Pero Ortega no solo no ha destituido a Roberto Rivas Reyes, colocado ahora entre los catorce delincuentes internacionales sancionados por la Ley Magnitsky, sino que mediante una pueril reforma legal, lo confirmó en su cargo -aunque liberándolo de responsabilidades administrativas-, le preservó todas sus prebendas y la impunidad en que vive.

Un hecho que llama la atención en Managua en las últimas semanas, es que las escandalosas caravanas en las que se moviliza Rivas Reyes han dejado de circular. ¿Dónde está? Ortega ¿lo protege o lo retiene? Rivas Reyes sabe mucho, demasiado quizás y por eso la hipótesis que su director le mandó hacer mutis, es cada vez más aceptada.

Pero la impunidad que Ortega otorga a Rivas Reyes, también se la proporciona a perseguidos internacionales. Tal es el caso de Mauricio Funes, ex presidente salvadoreño, condenado por enriquecimiento ilícito en su país, quien vive alegremente en Managua, asiste a actos oficiales y goza incluso de protección policial. Más recientemente se ha  denunciado que Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura  de Guatemala y sobre quien hay una orden de captura por el delito de peculado y fraude, también está en Nicaragua.

La impunidad que el régimen de Ortega otorga a personajes acusados de corrupción, y  de distinta calaña, se extiende a violadores de los Derechos Humanos.

En los últimos años en el campo, las ejecuciones de la policía y el ejército a ciudadanos opositores, son cada vez más frecuentes. Desde el 2011 a la fecha, el número de opositores -a los que el régimen señala de delincuentes comunes- “muertos en combate” o abiertamente ejecutados, pasa de los cincuenta. El caso más reciente incluye las vejaciones y el asesinato a dos menores de edad a manos de unidades del ejército. Los cadáveres, como en otros casos, no fueron entregados a los familiares. Y al igual que en situaciones similares, los jefes policiales y militares involucrados, gozan de la protección del régimen de Ortega.

Permitir el enriquecimiento ilícito y otorgar protección ante las acusaciones por crímenes y corrupción, es la moneda con la que Ortega paga la fidelidad a los suyos. O bien es un servicio que ofrece a corruptos internacionales, fundado en el control unipersonal de las instituciones del estado.

Sin embargo, las sanciones con la Ley Magnitsky ya aplicadas a Roberto Rivas y los anuncios que pronto habrá nuevos sancionados, incluyendo al Tesorero del FSLN, Francisco López y altos magistrados judiciales, y la Nica Act que sancionaría al actual gobierno de Nicaragua por violador a las libertades y que puede ser aprobada en cualquier momento en el Senado de los EEUU, causan justificada preocupación en el círculo de los Ortega Murillo.

Ortega sabe que EE UU es un adversario poderoso, y con maniobras pretende eludirlo. Y sabe que el terreno de enfrentamiento en la sociedad global actual, es el comercial y el financiero, los mismos en los que, pese a las peroratas antiimperialistas que suele largar a sus bases, es frágil. Y es más frágil ahora que su protector en los últimos diez años -el régimen chavista- vive una crisis terminal.

Pero Ortega también sabe que el voto ciudadano es su más poderoso adversario, toda vez que sea ejercido en libertad y sin exclusiones. Por eso ha impedido elecciones libres en los últimos diez años con la complicidad y los fieles servicios del ahora sancionado Roberto Rivas.

Por la misma razón, la oposición ha presentado la propuesta de una reforma electoral profunda, que permita  elecciones libres, sin exclusiones y con observación internacional. Ese es el camino –el único en paz- para restituir la democracia en Nicaragua y con ello terminar la impunidad y desterrar la corrupción.

Esa es la batalla cívica que se fermenta en Nicaragua. Suficientes razones para que el insomnio se pasee en El Carmen.

(publicado en Mundiario, España el 27 de febrero del 2018)

Inseguridad en Nicaragua

En Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, se han distinguido en los últimos años por los elevados índices de violencia criminal. El fenómeno está vinculado a tres factores: los altos niveles de pobreza, que la zona sea ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y a la herencia de las guerras que vivió la región en la década de los ochenta y que dejaron no solo una estela de dolor, sino también una cultura de violencia y numerosas armas de todo tipo en circulación ilegal.

En ese contexto, el gobierno de Daniel Ortega ha usado como uno de sus estandartes propagandísticos la presunta seguridad que se vive en Nicaragua. Pero además que la versión oficial emplea el concepto reduciéndolo a algunos componentes de la “seguridad ciudadana”, y manipula las estadísticas que marcan un alto sub registro, los hechos desmienten la versión oficial.

La seguridad humana, como concepto amplio, abarca distintas dimensiones y su efectividad se sustenta en la capacidad de los Estados para cumplir sus funciones normativas, preventivas y correctivas.

La confirmada presencia en Nicaragua de células de la banda criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, el reciente asesinato de una candidata a vice alcaldesa en un importante municipio rural, el aumento alarmante de los feminicidios, así como denuncias de despojos y tomas de propiedades urbanas y rurales, entre estas últimas muchas de comunidades indígenas, están demostrando la precariedad del eje de la propaganda oficialista.

Tres áreas de la seguridad tocan de manera inmediata la epidermis de la sociedad: la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y la seguridad social. Y en las tres, el déficit de la gestión de Ortega es evidente: Nicaragua hoy es menos segura que hace diez años, en la administración de justicia no priva la ley sino la discrecionalidad, y la virtual bancarrota de la seguridad social ha colocado en situación de riesgo vital a millares de jubilados y asegurados.

Bajo la administración de Ortega la seguridad humana solo tiende a desmejorarse. ¿Por qué? Porque el orteguismo ha despojado a las instituciones estatales de su naturaleza original, que es representar y servir a los intereses de la ciudadanía. Las ha puesto al servicio de los intereses de su familia y del círculo de adláteres. Ni siquiera cabe ya decir en función de los intereses del partido de Ortega, el FSLN, que ha quedado reducido a un cuerpo ejecutor obediente, sin ninguna capacidad decisoria.

Castradas de su esencia, las instituciones se dedican a velar por los intereses del proyecto familiar y los funcionarios estatales, operan de acuerdo a las instrucciones de la pareja presidencial, no en apego a las leyes. Como afirmó recientemente un funcionario extranjero, en Nicaragua una llamada telefónica desde la secretaría del FSLN, pesa más que la ley.

La discrecionalidad promovida desde la más altas esferas y practicada en todos los niveles, propicia la malversación del erario, el desvío de recursos, la falta de transparencia, la apropiación indebida y el tráfico de influencias.

La discrecionalidad permite la penetración del crimen organizado y que este emplee el país para la ejecución de sus delitos o como refugio. De esta manera el gobierno de Ortega ha otorgado protección, bajo la figura de asilo, al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (FMLN), acusado por la Fiscalía de su país por cinco delitos de corrupción; así mismo tal discrecionalidad permitió que el delincuente tailandés Thaksin Shinawatra se movilizara por el mundo con pasaporte diplomático nicaragüense otorgado por Ortega, quien lo nombró –ya prófugo- Embajador en Misión Especial.

Mientras el régimen se vuelve protector de delincuentes internacionales y da impunidad a los suyos, el ciudadano común padece la inseguridad de sus derechos, cuyo reconocimiento o no, que el Estado los resguarde o no, depende de factores metajurídicos.

La inseguridad física la padecen todos los ciudadanos. La masacre de una familia, incluyendo menores de edad en julio del 2015, a manos de patrullas de la Policía Nacional, sin resultados satisfactorios en la investigación, despojó a la institución policial de la escasa credibilidad que gozaba. Sufren inseguridad las mujeres que viven violencia machista en sus hogares, sin que el Estado tome cartas en el asunto. Hay incertidumbre por el destino de sus tierras y por su propio futuro en las familias campesinas que habitan en la franja del pretendido canal, así como en familias y empresarios que enfrentan tomas ilegales de sus propiedades, por grupos o individuos afines al gobierno de Ortega. Hay angustia en los pensionados y jubilados, cuyos derechos adquiridos a atención médica , medicinas y a una pensión, penden de un hilo ante la quiebra del Instituto de Seguridad Social, resultado entre otras cosas del uso discrecional de los fondos.

Pero esta realidad es consustancial a la naturaleza del régimen orteguista. Es su esencia, es su manera de sobrevivir, sustentándose en el clientelismo y en el compadrazgo, no en la ley ni el respeto a la institucionalidad. En Nicaragua se asiste no a la gestión de gobernantes administrando en nombre de la sociedad, sino de individuos que han usurpado el poder y ven el Estado como botín y los cargos públicos como una oportunidad para aprovecharse.

Con Ortega, el Estado, lejos de ser protector de los derechos ciudadanos, se ha tornado en un ente que los amenaza. Nadie que se coloque fuera de los intereses del orteguismo, está seguro, aunque lo parezca.

Por eso, la restitución de la democracia es condición para construir la seguridad que Nicaragua necesita. Solo así el crimen organizado, la corrupción, el desempleo y la inseguridad ciudadana podrán ser resueltos con propuestas programáticas novedosas y realistas.

(publicado en MUNDIARIO- España, el 6 de septiembre, 2017)

 

A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)

En Nicaragua: “gracias a Dios, al comandante y a la compañera

Si nos atenemos a las declaraciones de los funcionarios públicos nicaragüenses, o a lo que dicen simpatizantes del gobierno, todo lo bueno que ocurre en el país, es “gracias a Dios, al comandante y a la compañera”, porque así lo “orientaron” estos últimos. No importa si es la captura, la liberación o el asilo de un delincuente, la limpieza del parque comunal, el goce de un prolongado fin de semana o que nadie murió en el país por la gripe porcina. En ello no hay nada casual.

Cuenta  Ryszard Kapuscinski, en el monumental reportaje global Viajes con Heródoto, que una de las cosas que más le impresionó en la China de los años cincuenta, fue la dificultad de auscultar en las verdaderas opiniones de los funcionarios y ciudadanos chinos, porque a todo respondían con las muletillas de “como señala el dirigente Mao…”  o “siguiendo las indicaciones del dirigente Mao…”. Todo era como era por la voluntad del Gran Timonel. Para entonces, en la extinta URSS el culto a la personalidad de Stalin estaba en la cima, sin embargo, por autocensura o porque la URSS no figuró en ese periplo, el polaco no la refiere.

El culto a la personalidad es un producto -concebido y diseñado- de los aparatos propagandísticos de regímenes totalitarios, que incorpora en la narrativa oficial como una verdad indiscutible, que los hechos sociales, trascendentes y nimios, los supuestos aciertos y las grandes obras, ocurren por la voluntad o la sabia visión de quien ejerce el poder, cuyo desempeño histórico, además, es sobredimensionado hasta la deificación. El empleo del recurso de la divinidad –por alusión directa o por asociación- se hace para reforzar el poder terrenal. El culto al líder -o lideresa- es un componente sustancial de la ideología que se pretende establecer como cultura única y soporte del régimen que se pretende eternizar.

El culto a la personalidad solo se da en regímenes totalitarios, aunque la sola existencia de estos no lo presupone. Está claro que su práctica es incompatible en las sociedades democráticas, en las que con distintos grados de perfección, prevalece la institucionalidad y la voluntad ciudadana.

La característica definitoria de los regímenes totalitarios es la concentración de poder en la cúpula, sea una  junta militar, la familia o el grupo que lo detenta en ejercicio de una supuesta representación. Pero siempre la cúspide del poder está personalizada. En China fue Mao, en la URSS, Stalin, en la ex Yugoslavia, Tito; en Cuba, Fidel; en Rumanía, Ceausescu.

En todos los casos, los apelativos acuñados han sintetizado el papel protagónico y supuestamente determinante que se les atribuyó: Mao era el Gran Timonel, Stalin literalmente el Hombre de Acero, Fidel El Caballo, Ceausescu el Visionario.

En Nicaragua, en los últimos diez años la promoción del culto a la personalidad ha ido de la mano a la concentración de poder en la pareja Ortega-Murillo y del establecimiento de un cuasi monopolio de los medios de comunicación.

Este culto a la personalidad tiene al menos dos rasgos particulares. Uno es que se rinde  a Daniel Ortega y simultáneamente a Rosario Murillo, quien ejerce como alter ego y vocero de aquel. De esta forma, y por la afinidad que les une, se ha cultivado a través de varias vías -pero con la auto referencia cotidiana como una de las más importantes- la figura de  la Murillo como la exclusiva receptora y continuadora de los supuestos valores que su esposo representa. Él, el comandante presidente, el líder; ella, la compa, la compañera, la eternamente leal. Se ha promovido el binomio, pero apuntando a posicionarla a ella en el imaginario colectivo como la heredera indiscutible del poder, hecho además que se pretendió legalizar en la farsa electoral del 6 de noviembre pasado.

Otra característica es el empleo del factor religioso y las permanentes alusiones a Dios, como recursos funcionales del culto a la pareja Ortega-Murillo. Se coloca al dúo en el mismo nivel de la divinidad como hacedores de la historia. La carencia del aval institucional de la Iglesia Católica en un país mayoritariamente católico a esta figura, es un factor que ha debilitado este componente, pero no lo ha  inutilizado del todo.

Lo religioso, incorpora además, en un curioso eclecticismo, elementos esotéricos. Numerosos árboles de lata, pésimas copias de los Arboles de la Vida de Gustavo Klimt, instalados en las principales vías de las ciudades  y los singulares diseños de ornamentos  públicos, son los símbolos corpóreos más conocidos de este rasgo, pero no los únicos.

Sin embargo,  el factor geográfico y el contexto histórico en que se promueve el culto a la pareja que detenta el poder en Nicaragua no le es favorable. Si bien no alcanza los extremos ridículos que se dan en Corea del Norte ni las extravagancias que practican algunos dictadores africanos, no es por falta de voluntad de sus promotores, es porque incurrirían en el ridículo facilitando el rechazo popular.

La sola existencia de fronteras terrestres con dos países y el constante flujo migratorio con estos y otros fuera de la región, permite el acercamiento de los ciudadanos nicaragüenses  a realidades políticas y culturales distintas, que le posibilitan una aleccionadora comparación.

De otra parte, la penetración de los medios de comunicación internacionales está fuera del control del régimen y las redes sociales son un escenario de resistencia y cuestionamiento al discurso oficial. En ambos espacios el orteguismo está  a la defensiva. Controlarlos, censurarlos o prohibirlos, le acarrearía altísimos costos políticos, pero no debe descartarse que intenten hacerlo en el futuro.

Sin embargo, lo más relevante y la debilidad estructural del culto orteguista y de su propaganda, es que no se corresponden con la dinámica social. En este caso, como en otros, si bien el falseamiento de la realidad puede  ser temporalmente eficaz, históricamente está condenado al fracaso. Por eso las dictaduras caen, tarde o temprano, pero siempre caen.

(Publicado en MUNDIARIO-España el 30 de abril, 2017)

Se caen las mentiras de Daniel Ortega

Hace algunos años, un político español -de izquierdas para más señas-, comparaba las personalidades del presidente venezolano Hugo Chávez, entonces en el pináculo de su carrera política y de Daniel Ortega. Decía que Chávez podía llegar a ser incluso simpático, que administraba de forma desordenada los recursos de los que disponía, en cambio el nicaragüense por mucho que se esforzaba, no lograba generar simpatía genuina en sus interlocutores y que siempre estaba buscando recursos, los que igualmente mal administraba o desaparecía. Finalmente decía, Chávez, para bien o para mal, hace lo que dice, Ortega en cambio, o hace lo contrario a lo dicho, o muy pronto se desdice. Miente a menudo  de forma rampante sellaba.

Individualidades aparte, la demagogia y el cinismo son inherentes al populismo. Y si bien siempre encuentran caldo de cultivo por doquier, tienen mayores posibilidades de tener éxito -que siempre será temporal y parcial- en las sociedades que sufren mayor atraso educativo. Ello explica el porqué el populismo, en todas sus variantes, mantiene el atraso a conveniencia o, en el caso de las expresiones más autoritarias, controla y manipula la educación formal, que la asume como parte del aparato de propaganda.

En Nicaragua, el orteguismo que ejerce un control absoluto de la educación formal pública, incluyendo la universitaria, y cuasi absoluto de los medios de comunicación, ha hecho de la divulgación gubernamental un acto cotidiano de propaganda y de los contenidos educativos -programas y textos- una  labor sistemática y permanente de culto a la personalidad de la pareja Ortega-Murillo, a quienes presentan como los exclusivos gestores y autores de la pasada épica revolucionaria y de  todo “lo bueno” que hoy ocurre en el país.

Dos ideas centrales figuran de forma transversal en la narrativa cotidiana orteguista. La primera es  que la gestión del gobierno contra la pobreza es exitosa, beneficiando a la población de logros sociales y la otra  es la reivindicación de la legitimidad del  gobierno, democrático y respetuoso  de los derechos de los nicaragüenses, dicen.

Si bien hay sectores de la población nicaragüense, especialmente los beneficiados con las acciones asistencialista del régimen que son todavía su base política activa y hasta hace poco la denuncia provenía solo de la oposición política a Ortega y de expresiones de la sociedad civil, hoy el mentís a las falacias oficiales es cada vez más generalizado y contundente.

Hace pocas semanas el PNUD dio a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Dicho informe, que se elabora sobre la base de las cifras que proveen los gobiernos nacionales, evalúa una serie de variables a fin de concluir el grado de bienestar económico, social y cultural de la población. En este informe Nicaragua ocupa el lugar número 124 de un universo de 188 países. Hace 10 años figuraba en el 112.

Dicho de otra manera: la gestión del régimen de Daniel Ortega que asumió la presidencia en enero del 2007, ha sido ineficaz y Nicaragua ha retrocedido 12 escalas en 10 años, en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que es –según el mismo informe- un 35 % pobre en el segundo país más pobre de América.

De otra parte, Ortega fue oficialmente reelecto en los comicios del 6 de noviembre del 2016, de los que fue arbitraria e ilegalmente excluida la auténtica oposición y en los que se experimentó un 70 % de abstención. Difícilmente puede reconocerse como legítimo un gobierno que surge en esas circunstancias.

Pero hay más. En febrero pasado el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que recuerda al estado de Nicaragua la “necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos” e instó a la Unión Europea  a “vigilar estrechamente la situación en el país y a adoptar, si fuera necesario, medidas concretas”. Medidas que solo asoman en el terreno de recorte a la cooperación económica.

En Washington, el miércoles 5 de abril, 25 congresistas, entre  republicanos y demócratas, presentaron para su discusión, una nueva versión del proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act) que retoma la iniciativa presentada en la legislatura pasada  que no logró ser discutida.

La Nica Act, en esta nueva versión, plantea de manera más categórica al régimen de Ortega la necesidad de restablecer el estado de derecho y la democracia, respetar las libertades ciudadanas, así como investigar y castigar la corrupción en las instituciones estatales. En caso contrario, todos los préstamos al gobierno nicaragüense en los organismos financieros internacionales, no serán aprobados por EE UU, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”. Y, después de 90 días de aprobada la ley, EE UU daría a conocer un informe sobre la corrupción en Nicaragua.

El Informe del PNUD, la resolución del Parlamento Europeo y el proyecto bipartidario de la Nica Act en el Congreso de los EE UU, demuestran que el discurso de  Ortega se ha agotado. En Nicaragua no hay ni democracia ni superación de la pobreza. Es la corrupción la que se ha instalado.

Como decía el político español citado al inicio, Ortega miente a menudo. La diferencia es que ya no engaña.

(Publicado en MUNDIARIO, España 7.4.2017)

Cúpula de C x L pagó precio por personalidad

El pasado domingo Ciudadanos por la Libertad realizó su primera Convención, en ella eligió su Comité Ejecutivo Nacional. Se coloca así a las puertas de recibir su personalidad jurídica de parte del CSE. En el evento llamaron la atención varios hechos, entre otros, la escasísima presencia de mujeres y jóvenes en el órgano electo, y que los convencionales hayan escogido de forma unánime como presidenta, a doña Carmella María Rogers Amburn, conocida entre sus amigos antes y en el mundo político ahora, como Kitty Monterrey.

Como se sabe, Ciudadanos por la Libertad es el nombre que adoptaron los ex miembros del PLI, liderados por Eduardo Montealegre una vez que fueron despojados de la casilla legal de ese partido, en otra de las triquiñuelas a las que Daniel Ortega recurrió para evitar sobresaltos en la farsa electoral de noviembre pasado.

Aquel PLI, junto con el MRS, personalidades independientes y otras fuerzas, conformaban la Coalición Nacional por la Democracia, una opción electoral -que en medio de todas las dificultades- prontamente había empezado a mostrar músculo, especialmente con la fórmula de Luis Callejas y Violeta Granera. Tanto así que el despojo a Montealegre de la representación legal del PLI, mediante la sentencia de marras, fue tres días después que se oficializara dicha fórmula.

Aquella sentencia del 7 de junio del 2016, fue la última palada de tierra que el orteguismo lanzó sobre las ruinas del sistema electoral nicaragüense, que él mismo junto con A. Alemán habían ya desnaturalizado y corrompido.

Excluidas del proceso electoral, a las fuerzas aglutinadas hasta entonces en la Coalición Nacional por la Democracia, les quedaban dos caminos: el de la unidad, la resistencia cívica y la movilización ciudadana para lograr elecciones transparentes, sin exclusiones. O el camino contrario, el de la claudicación: abrirse a los halagos del orteguismo y romper la unidad de la oposición.

El MRS, connotados liberales y la independiente Violeta Granera, ex candidata a la vice presidencia, tomaron el primer camino. Seducidos o amenazados (para todos los efectos el resultado es el mismo), la cúpula de los ex PLI optaron por el otro: rompieron la unidad de la oposición y besaron el látigo que les había azotado al arrebatarles la legalidad primero, y despojar de sus curules, inmediatamente después, a 28 diputados opositores electos en su casilla. Lo hicieron, negociaciones mediante, ahora se sabe a cambio de qué.

En septiembre del 2016 -dos meses antes del fraude electoral- los ex PLI, denominados ya Ciudadanos por la Libertad, anunciaron que se conformarían como partido político, solicitarían su personalidad jurídica y participarían en los anunciados comicios municipales de noviembre del 2017. Emergía como líder –directora le llamaron- doña Kitty Monterrey, ya que se anunció el retiro de la política –dicen que definitivo- de Eduardo Montealegre. El ex candidato presidencial Luis Callejas, uno de los líderes en ascenso, se distanció en rechazo a las disposiciones claudicantes y sectarias de la cúpula de CxL

La señora Monterrey, que parece ser la artífice intelectual de las posiciones de Ciudadanos por la Libertad, ha intentado explicar sus decisiones de participar en el juego político del orteguismo, sobre la base del argumento simple de “esto es lo que hay y hay que tomarlo”, apostando a lo que presuntamente logrará la OEA y renunciando a la movilización ciudadana. Todo ello pese a que las condiciones electorales –que posibilitan el fraude y mantienen ilegalizados a varios partidos- no han variado un ápice en los últimos procesos electorales y, por el contrario, Ortega ha afianzado su concentración de poder dinástico y asegurado la sucesión continuista, en parte precisamente a que hay políticos que participan de la coreografía que se dirige desde El Carmen.

Mención aparte necesitan las razones de la señora Rogers para sustentar su negativa a establecer alianzas con el MRS y torpedear, a partir de allí, la unidad de la oposición. Doña Carmela es recurrente en afirmar que hay diferencias ideológicas entre C x L y el MRS. Sin duda las hay, pero no solo: también hay diferencias de cómo se asume la ética política. Si no existiesen esas diferencias, ella sería miembro del MRS o los miembros del MRS estaríamos en C x L. El punto es que, carente de argumentos políticos convincentes –porque no hay-, que expliquen el precio que han pagado por la concesión orteguista de otorgarles la personalidad jurídica, se refugia en ataques y en insinuaciones peligrosas. Así no se hace política democrática y honesta, Kitty. Si se tienen genuina vocación democrática y ética política, la única alternativa es sumar fuerzas para lograr el objetivo de establecer la democracia en Nicaragua, que solo podrá ser resultado de la acción ciudadana.

Es prerrogativa de ellos –de la cúpula de CxL- hacer política como quieran, pero que no pretendan engañar a la ciudadanía y asuman con entereza el costo de ser los nuevos colaboracionistas del régimen.

Porque la historia es tozuda y ya se ha aprendido la lección, en las fuerzas que conforman el FAD, confluyen conservadores y liberales de cepa, sandinistas de distintas generaciones y personalidades de indiscutible coherencia política, que han optado por  la movilización ciudadana y el rechazo categórico e inequívoco al orteguismo y sus maniobras.

No tengo dudas que en el camino, centenares de hombres y mujeres genuinamente demócratas e invulnerables a presiones y ofertas provenientes del poder, que están hoy en C x L, se sumarán a la lucha ciudadana hasta conquistar la democracia.