Las reformas electorales para la democracia en Nicaragua

En la vida moderna de Nicaragua, los períodos democráticos han sido breves paréntesis. Las guerras, las intervenciones extranjeras y la violencia política, siempre originada desde el poder, han marcado la vida del que hoy sigue siendo el segundo país más pobre de América, en gran parte como saldo de esa cruenta historia.

Hoy dos verdades son  evidentes en Nicaragua: de un lado la naturaleza dictatorial, con pretensiones dinásticas, del régimen de Daniel Ortega y de otra parte, el rechazo ciudadano a la guerra o cualquier forma de violencia,  como vía para reconquistar la democracia. Mientras la primera  se confirma  cada día en la actuación nacional e internacional del orteguismo, la segunda es palpable en los estados de opinión de la población e incluso se expresa se manifiesta de manera singular en la aparente apatía frente a los abusos, la corrupción y la impunidad que el régimen practica y promueve.

Sería un error concluir que la falta  o esporádica movilización  ciudadana en rechazo  a las actuaciones  y políticas oficiales y sus consecuencias, es resignación fatalista o peor aun, apoyo mayoritario al gobierno.

Los estrictos controles que ejerce el régimen de Ortega en amplios sectores de la vida social, la represión expresa o sutil, física o económica, el chantaje y el soborno, son instrumentos que se dirigen precisamente a inhibir la movilización de la población descontenta. Así lo hizo el somocismo a lo largo de su dilatada dictadura, así fue en los años ochenta cuando el FSLN gobernó. Así lo han hecho siempre los regímenes antidemocráticos.

No obstante, la historia señala que eficacia de los  instrumentos  represivos solo es temporal  y nunca han sido capaces de impedir los cambios políticos y sociales ni las demostraciones de inconformidad o rechazo.

En Nicaragua, en los últimos años, se han hecho patente beligerantes demostraciones del campesinado, el movimiento femenino y los  ancianos, en contra de decisiones oficiales sustantivas como la concesión canalera lesiva a la soberanía nacional, la violencia que sufren las mujeres y la cada vez más exigua  amenazada seguridad social.

El cierre del siglo veinte abunda en cambios políticos radicales que poco antes que se dieran parecían imposibles: desde el No a Pinochet en 1988, pasando por las revoluciones democráticas en el este europeo, hasta la derrota electoral del FSLN en febrero del 90. Una condición indispensable en los desenlaces que se dieron mediante el voto, fue la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En Nicaragua, el desmontaje del andamiaje institucional democrático que, en medio de no pocas dificultades, pujaba por establecerse desde 1990,  y en particular la destrucción del sistema electoral, obra del orteguismo, invalidan las  elecciones en las actuales circunstancias, como vía para lograr los cambios políticos. Carecen de transparencia y por eso mismo son ilegítimas y faltas de credibilidad. El porcentaje de abstención que alcanzó el setenta por ciento en los comicios municipales de noviembre pasado, lo refrenda.

La aplicación de la Ley Magnistky a Roberto Rivas Reyes,  presidente del aparato electoral nicaraguense, testaferro y fiel servidor de Ortega, es más que emblemática. No es creíble un sistema electoral presidido por un individuo calificado como delincuente internacional y cuya venalidad está más que comprobada.

Entonces si en las actuales circunstancias (subrayo y enfatizo: actuales) las elecciones no son el camino a la democracia ¿cuál es? No es la violencia, a la que propio régimen empuja y cuyo saldo histórico de destrucción y muerte bien se conoce en Nicaragua. Solo hay uno: cambiar las condiciones y lograr que las elecciones sean transparentes, incluyentes y cuyos resultados respetados sin ápice de duda. Se trata de restituir la validez del principal instrumento para el ejercicio de la voluntad ciudadana: el voto.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), convergencia que aglutina a partidos y movimientos opositores, expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes, planteó el pasado 21 de diciembre, quince puntos que recogen la reforma electoral que Nicaragua necesita. La propuesta del FAD, la  más importante alianza opositora al orteguismo, es la más completa que se ha presentado en el menú de opciones de la reforma electoral hasta ahora conocido .

Pero las elecciones libres, inclusivas y transparentes, no serán de fácil conquista. Y no lo serán porque la esencia del régimen que encabeza Daniel Ortega es el autoritarismo,  y porque sus cabecillas – el propio Ortega y su mujer en primer término- saben que en elecciones libres se juegan no solo su existencia política sino también  la  impunidad que ahora gozan y los casi infinitos  beneficios que disfrutan en el poder.

No será dádiva, porque en política predominan la opción y las propuestas que tengan a su favor la correlación de fuerzas. Por eso, la batalla cívica del pueblo nicaragüense es indispensable para lograr las reformas, realizar elecciones libres y recuperar la democracia. Pero en esa vorágine, cuyo estallido puede ser en cualquier momento y cuyas modalidades no se pueden prever, el mayor perdedor es desde ya el orteguismo.

El contexto internacional es cada vez más desfavorable a Ortega y sus márgenes de maniobra se estrechan. Por esa misma razón y porque es lo que más conviene al país, el orteguismo debería ahorrar el costo social que significaría una solución tardía y ahorrarse el costo político  a sí mismo. Debería, pero todo indica que no es su opción. De allí que la transformación democrática -que es inevitable, aunque se atrase-  será muy a pesar suyo.

No será ni con la  violencia, ni en conciliábulos, que  se reconquistará la democracia en Nicaragua. Las fuerzas democráticas tienen el desafío ineludible de afianzar las alianzas, desmarcarse de cualquier asomo de pacto de cúpulas y apostar a la acción ciudadana como condición para conquistar las reformas, para restituir la democracia.  A la comunidad internacional le corresponde apoyar ese esfuerzo y dar su valioso e insustituible aporte.

(publicado en Mundiario- España el 15 de marzo del 2018 y una versión en La Prensa, Nicaragua)

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A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)

¿”Unidad” sectaria?

Las posiciones y propuestas frente a dos temas definen la naturaleza progresista o no, de las fuerzas políticas en el actual contexto latinoamericano. Y ello abarca tanto el variado espectro de derechas, como el de las denominadas izquierdas, también diverso y multiforme. Y esto es válido para Nicaragua.

Los temas son democracia y corrupción.

En las últimas décadas, fuerzas definidas como izquierda, han tenido en varios países latinoamericanos la posibilidad de llegar a ser gobierno. Y lo han hecho mediante elecciones, en el contexto de la -antes doctrinariamente denostada- “democracia burguesa”. Más tarde o más temprano, algunas de ellas hicieron públicas sus intenciones de deshacer las reglas de esa democracia. No para perfeccionarla ni profundizarla, sino para perpetuarse en el poder y llevar a cabo -según ellos- revoluciones que solo existen en el discurso.

La frase de Hugo Chávez en su toma de posesión presidencial, el 2 de febrero de 1999, “Juro sobre esta moribunda constitución…”, más que un recurso retórico que él tanto acostumbraba, fue la anunciadora de lo que vino después, tanto en las restricciones a la democracia -que no han sido mayores por la unidad y la fuerza de la oposición democrática que las ha impedido- como en la desastrosa gestión económica, procesos -ambos-que han colocado a Venezuela en el estado calamitoso actual, y cuyas consecuencias pagan los más pobres, en nombre de quienes, precisamente, se dice que hay una revolución. Y la corrupción en el gobierno venezolano ha ido a la par.

En cambio, fuerzas progresistas de izquierda que han gobernado en el contexto de las reglas de la democracia, no sin reconocer sus imperfecciones, como en Chile, han enfrentado –pagando sus costos políticos- las consecuencias de las manifestaciones de corrupción. Incluso en Brasil -más allá de la responsabilidad de Dilma Rousseff y de la ilegitimidad de su destitución- ha prevalecido el respeto al funcionamiento de las instituciones. No se le ocurrió a Dilma, durante su mandato, reprimir a los que anunciaban sus intenciones de destituirla, disolver el congreso o despojar a los  congresistas de tal investidura. Tampoco dijo al ser destituida “Vamos a gobernar desde abajo”.

Y lo apuntado antes sobre Venezuela no es casual. No solo por la identidad ideológica del chavismo y el orteguismo, que se precian ambos de “izquierda”, sino porque la actualidad de Venezuela puede ser nuestro futuro. En Nicaragua, como bien sabemos, el régimen ha destruido la democracia y establecido la corrupción. Porque es aquella la que impide esta, o al menos posibilita, cuando las instituciones funcionan, que sea detectada, perseguida y castigada.

De lo anterior se desprende que el arco de alianzas a configurar para enfrentar exitosamente al orteguismo, debe tener de forma inequívoca, como ejes programáticos transversales, el restablecimiento de la democracia y la extirpación de la corrupción, desafíos íntimamente interrelacionados uno al otro. Y en la composición de esa alianza, no debe haber ninguna exclusión de quienes asumen consecuentemente esas banderas.

Sin embargo, la sola declaración de la necesidad de constituir esa alianza e incluso la voluntad de hacerlo, no es suficiente. Es claro que el universo de fuerzas opositoras al orteguismo no es homogéneo. Y me refiero a las fuerzas auténticamente opositoras, no a las que desempeñan voluntariamente el papel de “opositores”, pero que están al servicio del régimen.

El pecado del sectarismo y de la autosuficiencia es fatal en política. Y en Nicaragua no es la izquierda democrática, representada en el MRS, quien lo padece. Por el contrario, ha sido por la correcta identificación de las contradicción fundamental de esta etapa histórica, hecha desde sus instancias,  que impulsa -en calles y salones-  el modelo de alianza más adecuado para hacer frente al régimen.

Pero si bien hay sectores en los movimientos sociales progresistas que padecen de sectarismo, o un comprensible pero ya injustificable prejuicio anti partidos, es desde la derecha doctrinaria, opuesta ciertamente al orteguismo, que más se agitan viejos fantasmas o se levantan obstáculos para una unidad amplia frente al régimen.

La experiencia histórica está a la vista: los grandes hitos en la lucha por la democracia en Nicaragua, solo se han conseguido con frentes amplios, diversos ideológicamente y multiformes orgánicamente. Otros intentos fracasaron o sucumbieron ante el poder que se pretende desplazar.

Más tarde o más temprano, ese frente amplio por la democracia en Nicaragua, y cuyas bases existen, se concretará exitosamente. Quienes lo retrasen, sólo estarán prolongando al orteguismo en el poder, vale decir atrasando la conquista de la democracia.