Se caen las mentiras de Daniel Ortega

Hace algunos años, un político español -de izquierdas para más señas-, comparaba las personalidades del presidente venezolano Hugo Chávez, entonces en el pináculo de su carrera política y de Daniel Ortega. Decía que Chávez podía llegar a ser incluso simpático, que administraba de forma desordenada los recursos de los que disponía, en cambio el nicaragüense por mucho que se esforzaba, no lograba generar simpatía genuina en sus interlocutores y que siempre estaba buscando recursos, los que igualmente mal administraba o desaparecía. Finalmente decía, Chávez, para bien o para mal, hace lo que dice, Ortega en cambio, o hace lo contrario a lo dicho, o muy pronto se desdice. Miente a menudo  de forma rampante sellaba.

Individualidades aparte, la demagogia y el cinismo son inherentes al populismo. Y si bien siempre encuentran caldo de cultivo por doquier, tienen mayores posibilidades de tener éxito -que siempre será temporal y parcial- en las sociedades que sufren mayor atraso educativo. Ello explica el porqué el populismo, en todas sus variantes, mantiene el atraso a conveniencia o, en el caso de las expresiones más autoritarias, controla y manipula la educación formal, que la asume como parte del aparato de propaganda.

En Nicaragua, el orteguismo que ejerce un control absoluto de la educación formal pública, incluyendo la universitaria, y cuasi absoluto de los medios de comunicación, ha hecho de la divulgación gubernamental un acto cotidiano de propaganda y de los contenidos educativos -programas y textos- una  labor sistemática y permanente de culto a la personalidad de la pareja Ortega-Murillo, a quienes presentan como los exclusivos gestores y autores de la pasada épica revolucionaria y de  todo “lo bueno” que hoy ocurre en el país.

Dos ideas centrales figuran de forma transversal en la narrativa cotidiana orteguista. La primera es  que la gestión del gobierno contra la pobreza es exitosa, beneficiando a la población de logros sociales y la otra  es la reivindicación de la legitimidad del  gobierno, democrático y respetuoso  de los derechos de los nicaragüenses, dicen.

Si bien hay sectores de la población nicaragüense, especialmente los beneficiados con las acciones asistencialista del régimen que son todavía su base política activa y hasta hace poco la denuncia provenía solo de la oposición política a Ortega y de expresiones de la sociedad civil, hoy el mentís a las falacias oficiales es cada vez más generalizado y contundente.

Hace pocas semanas el PNUD dio a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Dicho informe, que se elabora sobre la base de las cifras que proveen los gobiernos nacionales, evalúa una serie de variables a fin de concluir el grado de bienestar económico, social y cultural de la población. En este informe Nicaragua ocupa el lugar número 124 de un universo de 188 países. Hace 10 años figuraba en el 112.

Dicho de otra manera: la gestión del régimen de Daniel Ortega que asumió la presidencia en enero del 2007, ha sido ineficaz y Nicaragua ha retrocedido 12 escalas en 10 años, en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que es –según el mismo informe- un 35 % pobre en el segundo país más pobre de América.

De otra parte, Ortega fue oficialmente reelecto en los comicios del 6 de noviembre del 2016, de los que fue arbitraria e ilegalmente excluida la auténtica oposición y en los que se experimentó un 70 % de abstención. Difícilmente puede reconocerse como legítimo un gobierno que surge en esas circunstancias.

Pero hay más. En febrero pasado el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que recuerda al estado de Nicaragua la “necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos” e instó a la Unión Europea  a “vigilar estrechamente la situación en el país y a adoptar, si fuera necesario, medidas concretas”. Medidas que solo asoman en el terreno de recorte a la cooperación económica.

En Washington, el miércoles 5 de abril, 25 congresistas, entre  republicanos y demócratas, presentaron para su discusión, una nueva versión del proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act) que retoma la iniciativa presentada en la legislatura pasada  que no logró ser discutida.

La Nica Act, en esta nueva versión, plantea de manera más categórica al régimen de Ortega la necesidad de restablecer el estado de derecho y la democracia, respetar las libertades ciudadanas, así como investigar y castigar la corrupción en las instituciones estatales. En caso contrario, todos los préstamos al gobierno nicaragüense en los organismos financieros internacionales, no serán aprobados por EE UU, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”. Y, después de 90 días de aprobada la ley, EE UU daría a conocer un informe sobre la corrupción en Nicaragua.

El Informe del PNUD, la resolución del Parlamento Europeo y el proyecto bipartidario de la Nica Act en el Congreso de los EE UU, demuestran que el discurso de  Ortega se ha agotado. En Nicaragua no hay ni democracia ni superación de la pobreza. Es la corrupción la que se ha instalado.

Como decía el político español citado al inicio, Ortega miente a menudo. La diferencia es que ya no engaña.

(Publicado en MUNDIARIO, España 7.4.2017)

Cúpula de C x L pagó precio por personalidad

El pasado domingo Ciudadanos por la Libertad realizó su primera Convención, en ella eligió su Comité Ejecutivo Nacional. Se coloca así a las puertas de recibir su personalidad jurídica de parte del CSE. En el evento llamaron la atención varios hechos, entre otros, la escasísima presencia de mujeres y jóvenes en el órgano electo, y que los convencionales hayan escogido de forma unánime como presidenta, a doña Carmella María Rogers Amburn, conocida entre sus amigos antes y en el mundo político ahora, como Kitty Monterrey.

Como se sabe, Ciudadanos por la Libertad es el nombre que adoptaron los ex miembros del PLI, liderados por Eduardo Montealegre una vez que fueron despojados de la casilla legal de ese partido, en otra de las triquiñuelas a las que Daniel Ortega recurrió para evitar sobresaltos en la farsa electoral de noviembre pasado.

Aquel PLI, junto con el MRS, personalidades independientes y otras fuerzas, conformaban la Coalición Nacional por la Democracia, una opción electoral -que en medio de todas las dificultades- prontamente había empezado a mostrar músculo, especialmente con la fórmula de Luis Callejas y Violeta Granera. Tanto así que el despojo a Montealegre de la representación legal del PLI, mediante la sentencia de marras, fue tres días después que se oficializara dicha fórmula.

Aquella sentencia del 7 de junio del 2016, fue la última palada de tierra que el orteguismo lanzó sobre las ruinas del sistema electoral nicaragüense, que él mismo junto con A. Alemán habían ya desnaturalizado y corrompido.

Excluidas del proceso electoral, a las fuerzas aglutinadas hasta entonces en la Coalición Nacional por la Democracia, les quedaban dos caminos: el de la unidad, la resistencia cívica y la movilización ciudadana para lograr elecciones transparentes, sin exclusiones. O el camino contrario, el de la claudicación: abrirse a los halagos del orteguismo y romper la unidad de la oposición.

El MRS, connotados liberales y la independiente Violeta Granera, ex candidata a la vice presidencia, tomaron el primer camino. Seducidos o amenazados (para todos los efectos el resultado es el mismo), la cúpula de los ex PLI optaron por el otro: rompieron la unidad de la oposición y besaron el látigo que les había azotado al arrebatarles la legalidad primero, y despojar de sus curules, inmediatamente después, a 28 diputados opositores electos en su casilla. Lo hicieron, negociaciones mediante, ahora se sabe a cambio de qué.

En septiembre del 2016 -dos meses antes del fraude electoral- los ex PLI, denominados ya Ciudadanos por la Libertad, anunciaron que se conformarían como partido político, solicitarían su personalidad jurídica y participarían en los anunciados comicios municipales de noviembre del 2017. Emergía como líder –directora le llamaron- doña Kitty Monterrey, ya que se anunció el retiro de la política –dicen que definitivo- de Eduardo Montealegre. El ex candidato presidencial Luis Callejas, uno de los líderes en ascenso, se distanció en rechazo a las disposiciones claudicantes y sectarias de la cúpula de CxL

La señora Monterrey, que parece ser la artífice intelectual de las posiciones de Ciudadanos por la Libertad, ha intentado explicar sus decisiones de participar en el juego político del orteguismo, sobre la base del argumento simple de “esto es lo que hay y hay que tomarlo”, apostando a lo que presuntamente logrará la OEA y renunciando a la movilización ciudadana. Todo ello pese a que las condiciones electorales –que posibilitan el fraude y mantienen ilegalizados a varios partidos- no han variado un ápice en los últimos procesos electorales y, por el contrario, Ortega ha afianzado su concentración de poder dinástico y asegurado la sucesión continuista, en parte precisamente a que hay políticos que participan de la coreografía que se dirige desde El Carmen.

Mención aparte necesitan las razones de la señora Rogers para sustentar su negativa a establecer alianzas con el MRS y torpedear, a partir de allí, la unidad de la oposición. Doña Carmela es recurrente en afirmar que hay diferencias ideológicas entre C x L y el MRS. Sin duda las hay, pero no solo: también hay diferencias de cómo se asume la ética política. Si no existiesen esas diferencias, ella sería miembro del MRS o los miembros del MRS estaríamos en C x L. El punto es que, carente de argumentos políticos convincentes –porque no hay-, que expliquen el precio que han pagado por la concesión orteguista de otorgarles la personalidad jurídica, se refugia en ataques y en insinuaciones peligrosas. Así no se hace política democrática y honesta, Kitty. Si se tienen genuina vocación democrática y ética política, la única alternativa es sumar fuerzas para lograr el objetivo de establecer la democracia en Nicaragua, que solo podrá ser resultado de la acción ciudadana.

Es prerrogativa de ellos –de la cúpula de CxL- hacer política como quieran, pero que no pretendan engañar a la ciudadanía y asuman con entereza el costo de ser los nuevos colaboracionistas del régimen.

Porque la historia es tozuda y ya se ha aprendido la lección, en las fuerzas que conforman el FAD, confluyen conservadores y liberales de cepa, sandinistas de distintas generaciones y personalidades de indiscutible coherencia política, que han optado por  la movilización ciudadana y el rechazo categórico e inequívoco al orteguismo y sus maniobras.

No tengo dudas que en el camino, centenares de hombres y mujeres genuinamente demócratas e invulnerables a presiones y ofertas provenientes del poder, que están hoy en C x L, se sumarán a la lucha ciudadana hasta conquistar la democracia.

 

De izquierdas e “izquierdas” en América Latina

La muerte de Fidel Castro, la destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, la crisis terminal del gobierno de Maduro en Venezuela y la confirmación de la naturaleza dictatorial del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua figuran entre las principales noticias latinoamericanas del año que finaliza. Todas vinculadas a lo que se llama genéricamente, y por eso erróneamente, “la izquierda”.

La izquierda nunca ha sido una corriente homogénea. Particularmente en América Latina en los años sesenta y setenta, se identificaban como sujetos de la izquierda a los viejos partidos comunistas y a los entonces emergentes movimientos guerrilleros de liberación nacional, mediando entre unos y otros profundas diferencias tácticas y estratégicas, casi nunca resueltas.

Hoy es posible diferenciar en ese conglomerado que se denomina izquierda – aunque también podría aplicarse a “las derechas”-, dos grandes grupos. De una parte la “izquierda” autoritaria y corrupta, y por lo tanto reaccionaria. Y de otra, la izquierda democrática, progresista. Si en el primer caso el oxímoron es solo aparente a la luz de los nuevos tiempos, en el segundo el pleonasmo es necesario.

El tema no es baladí. Las diferencias se marcan a partir de las posturas y acciones que asume e impulsa cada fuerza, desde la oposición o desde el gobierno, frente a los dos principales problemas comunes en Latinoamérica: las amenazas a la institucionalidad democrática en varios países, que en algunos ya es autoritarismo establecido y la corrupción en las esferas gubernamentales. Para poner ejemplos en los extremos, señalemos la gestión del gobierno del Frente Amplio en Uruguay y la de Daniel Ortega en Nicaragua. Si en el primero hay un respeto al sistema democrático y políticas claras contra la corrupción, en el segundo, el estado de derecho -fundado en las conquistas de la revolución sandinista del 79-, ha sido aniquilado y la corrupción no solo es tolerada, sino promovida.

O bien el caso las posturas de Dilma Rousseff en Brasil y de Evo Morales en Bolivia. Mientras la primera admite su destitución aunque la considera ilegítima pero legal por parte del senado brasileño, el segundo anuncia con desparpajo que recurrirá a triquiñuelas para intentar ser reelecto, todo a contrapelo de la voluntad ciudadana expresada en el referendo de principios de año.

La descomposición de esta “izquierda” obedece a factores diversos.

Uno de los más relevantes es el caudillismo, que alcanzó máxima expresión en Fidel Castro y Hugo Chávez. El caudillismo traducido en poder unipersonal como negación de la institucionalidad de sus partidos y estados.

En el caso de Castro una influencia unipersonal más allá de Cuba, por dos razones. Fidel encabezó la primera revolución armada triunfante en el continente orientada al socialismo, y a partir de tal hecho construyó su mito y en los hechos se le atribuyó una infalibilidad política que fue alimentada por una izquierda que con precaria elaboración teórica, optó por asumir como verdades indiscutibles las consideraciones de Castro, fuesen sobre el tema de la lucha armada como vía para llegar al poder, lo “impagabale” de la deuda externa de los países pobres o la validez del modelo cubano.

El fracaso del Socialismo Real y con él de los regímenes de partidos únicos en Europa al finalizar el siglo XX, despojó a la izquierda mundial de los referentes necesarios para articular un nuevo proyecto político y económico, alternativo al capitalismo. No obstante, en América Latina, el enorme costo social de las políticas económicas correctivas y de ajuste aplicadas en los años 90 por los gobiernos neo liberales, dio paso a un descontento que encontró expresión electoral en las opciones populistas, denominadas a sí mismas de izquierda. Así, estas fuerzas se encontraron, a finales de los noventa y al despuntar el presente siglo, con potencial electoral pero sin propuestas consistentes, ni para perfeccionar la democracia ni para establecer un modelo económico distinto.

Huérfanos de referentes y carentes de propuestas propias, se refugiaron en el populismo, y fieles a la tradición latinoamericana (de derecha) e imitando el viejo modelo cubano, sus líderes –Ortega, antes Chávez ahora Maduro y hoy Morales– se erigieron en los nuevos caudillos imprescindibles para las revoluciones que dicen llevar a cabo. Pero todo ello, además, a costa de la democracia en sus respectivos países. Y como autoritarismo y corrupción se nutren y se encubren mutuamente, también han convertido el erario en botín y el tráfico de influencias en práctica cotidiana.

Si bien los regímenes de esta “izquierda” reaccionaria son una realidad, también es cierto que están sometidos a una creciente oposición interna. Y, como en el caso de Venezuela, con pobres perspectivas de mantenerse en el gobierno a mediano plazo. La izquierda democrática en Chile o Uruguay, desde las coaliciones gobernantes, avanzan –no sin dificultades–, pero sometiéndose a las normas de la democracia en competencia con otras fuerzas democráticas, incluyendo las de derecha.

Mientras nos adentramos al siglo XXI, en un panorama sumamente complejo y riesgoso, que demanda eficiencia política y reflexión intelectual para hacer frente exitosamente a los impostergables retos de preservar el sistema democrático, extirpar la pobreza y la corrupción, y conquistar la paz mundial, cabe reconsiderar las denominaciones tradicionales de las fuerzas políticas. Acaso sea tiempo de caracterizarlas simplemente como democráticas o no democráticas y definir su naturaleza por los programas que proponen a los ciudadanos. Y, sobre todo, por su práctica, porque como decía el viejo marxismo, ésta es el supremo criterio de la verdad.

(Publicado en el MUNDIARIO- España, el 22 de diciembre del 2016)

¿Cuál injerencia?

Como no podía ser de otra manera, el orteguismo ha respondido a la aprobación en primera instancia de la Nica Act, señalándola de ser una acción injerecista. Ciertamente no ha sido el propio Ortega, sino la gobernanta y vocera, quien presentó la reacción oficial. A tono, el coro de voceros oficiosos y plumíferos del régimen han desatado el discurso “anti imperialista”.

Casualmente las recientes declaraciones del viceministro ruso, Serguéi Riabkov, expresando su apoyo al FSLN en las denominadas elecciones de noviembre próximo, brindaron una oportunidad para que los que se erigen en defensores a ultranza de la soberanía nacional, reaccionaran a la injerencia rusa. Pero no. Hicieron mutis, y por el contrario, reprodujeron con alegre despliegue las declaraciones del vocero de Putin. Son los mismos que han apoyado y defendido la entrega del territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal interoceánico.

Por otra parte, hay quienes que desde posiciones no orteguistas, han criticado a los que supuestamente han reclamado y gestionado “el injerencismo estadounidense”

Sin embargo, demagogia oficial aparte, cabe preguntarse, si en verdad la preocupación reinante en diversos sectores de los EEUU, y que ha llevado a la promoción de la Nica Act, que dispone la oposición a créditos en tanto no se restituya la democracia en el país y la publicación de los actos de corrupción del régimen, es injerencia o no.

En primer término hay que recordar que la cooperación que los EEUU brinda a diversos países proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Y, en consecuencia, supervisar su correcto destino y su debida utilización, es responsabilidad de sus gobernantes y legisladores. De allí que la decisión de dar o no préstamos al régimen de Ortega, que violenta los derechos de los nicaragüenses y ha desmantelado el estado de derecho, es absolutamente soberana. El mismo argumento vale para sustentar las posiciones que los EEUU asuman en las instituciones financieras internacionales, donde -de nuevo- los aportes provienen de los impuestos ciudadanos.

De otra parte hay que señalar que en el mundo de hoy, lo concerniente al medio ambiente, democracia y derechos humanos, son temas cuyo escrutinio está más allá de las fronteras formales. Incumben a la comunidad internacional. Diversos tratados multilaterales legislan la materia.

Pero además, las principales convenciones internacionales que reconocen los derechos humanos en sus ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos, tienen en Nicaragua, rango constitucional, a la luz del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, ya sabemos que para el régimen, acorde con su naturaleza totalitaria, la Constitución no es la norma fundamental que regula su quehacer, sino un instrumento que se usa de manera funcional a sus intereses y planes.

Dirigir la crítica -la bien intencionada- hacia quienes han denunciado en distintos espacios y foros internacionales los desmanes del régimen, es errado. Es criticar las consecuencias y distraer la atención de las causas que han llevado a este punto.

Las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que han denunciado al orteguismo fuera del país, han hecho uso de un elemental derecho. Es más: cumplen la obligación de dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Las decisiones que tenga a bien tomar cada estado u organización, es su potestad exclusiva. Ya antes la Unión Europea y otros países, han reducido o retirado la cooperación oficial ante los fraudes electorales que ha ejecutado Ortega y  la corrupción que corroe su gobierno.

Claro, que los Estados Unidos tomen medidas como las que pretende la legislación en curso, tiene un mayor impacto nacional e internacional, tanto real como simbólico. No solo porque se trata del principal socio comercial de Nicaragua y donde reside la mayor comunidad migrante de nacionales, también por su peso específico -determinante- en los organismos financieros internacionales. Y, desde luego, porque la política exterior de los Estados Unidos ha jugado un papel incuestionable en la historia nicaragüense, ciertamente no siempre para bien.

Las consecuencias económicas, concretas y potenciales, de la Nica Act, ya han sido señaladas por organismos especializados de incuestionable rigurosidad y credibilidad. Corresponde al régimen de Ortega la autoría de los atropellos que han provocado la reacción estadounidense y por tanto la responsabilidad de las consecuencias, económicas y sociales, de concretarse la aprobación final de dicha ley. Decir otra cosa es tomar el rábano por las hojas y eximir al régimen de su culpa.

Está claro que la responsabilidad última de conquistar el re establecimiento de la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses, con la convicción que el peso de la comunidad internacional -estados y sociedad civil-, y dentro de ella los EEUU, es absolutamente relevante.

El régimen continuará e intensificará su demagogia. Soberanía, anti imperialismo, serán conceptos recurrentes y los adjetivos descalificativos a la oposición continuarán. Es el velo que pretende ocultar los desmanes y los actos de corrupción que la Nica Act revelaría. Es un discurso que se gasta, como se agota el tiempo de Ortega.

¿”Unidad” sectaria?

Las posiciones y propuestas frente a dos temas definen la naturaleza progresista o no, de las fuerzas políticas en el actual contexto latinoamericano. Y ello abarca tanto el variado espectro de derechas, como el de las denominadas izquierdas, también diverso y multiforme. Y esto es válido para Nicaragua.

Los temas son democracia y corrupción.

En las últimas décadas, fuerzas definidas como izquierda, han tenido en varios países latinoamericanos la posibilidad de llegar a ser gobierno. Y lo han hecho mediante elecciones, en el contexto de la -antes doctrinariamente denostada- “democracia burguesa”. Más tarde o más temprano, algunas de ellas hicieron públicas sus intenciones de deshacer las reglas de esa democracia. No para perfeccionarla ni profundizarla, sino para perpetuarse en el poder y llevar a cabo -según ellos- revoluciones que solo existen en el discurso.

La frase de Hugo Chávez en su toma de posesión presidencial, el 2 de febrero de 1999, “Juro sobre esta moribunda constitución…”, más que un recurso retórico que él tanto acostumbraba, fue la anunciadora de lo que vino después, tanto en las restricciones a la democracia -que no han sido mayores por la unidad y la fuerza de la oposición democrática que las ha impedido- como en la desastrosa gestión económica, procesos -ambos-que han colocado a Venezuela en el estado calamitoso actual, y cuyas consecuencias pagan los más pobres, en nombre de quienes, precisamente, se dice que hay una revolución. Y la corrupción en el gobierno venezolano ha ido a la par.

En cambio, fuerzas progresistas de izquierda que han gobernado en el contexto de las reglas de la democracia, no sin reconocer sus imperfecciones, como en Chile, han enfrentado –pagando sus costos políticos- las consecuencias de las manifestaciones de corrupción. Incluso en Brasil -más allá de la responsabilidad de Dilma Rousseff y de la ilegitimidad de su destitución- ha prevalecido el respeto al funcionamiento de las instituciones. No se le ocurrió a Dilma, durante su mandato, reprimir a los que anunciaban sus intenciones de destituirla, disolver el congreso o despojar a los  congresistas de tal investidura. Tampoco dijo al ser destituida “Vamos a gobernar desde abajo”.

Y lo apuntado antes sobre Venezuela no es casual. No solo por la identidad ideológica del chavismo y el orteguismo, que se precian ambos de “izquierda”, sino porque la actualidad de Venezuela puede ser nuestro futuro. En Nicaragua, como bien sabemos, el régimen ha destruido la democracia y establecido la corrupción. Porque es aquella la que impide esta, o al menos posibilita, cuando las instituciones funcionan, que sea detectada, perseguida y castigada.

De lo anterior se desprende que el arco de alianzas a configurar para enfrentar exitosamente al orteguismo, debe tener de forma inequívoca, como ejes programáticos transversales, el restablecimiento de la democracia y la extirpación de la corrupción, desafíos íntimamente interrelacionados uno al otro. Y en la composición de esa alianza, no debe haber ninguna exclusión de quienes asumen consecuentemente esas banderas.

Sin embargo, la sola declaración de la necesidad de constituir esa alianza e incluso la voluntad de hacerlo, no es suficiente. Es claro que el universo de fuerzas opositoras al orteguismo no es homogéneo. Y me refiero a las fuerzas auténticamente opositoras, no a las que desempeñan voluntariamente el papel de “opositores”, pero que están al servicio del régimen.

El pecado del sectarismo y de la autosuficiencia es fatal en política. Y en Nicaragua no es la izquierda democrática, representada en el MRS, quien lo padece. Por el contrario, ha sido por la correcta identificación de las contradicción fundamental de esta etapa histórica, hecha desde sus instancias,  que impulsa -en calles y salones-  el modelo de alianza más adecuado para hacer frente al régimen.

Pero si bien hay sectores en los movimientos sociales progresistas que padecen de sectarismo, o un comprensible pero ya injustificable prejuicio anti partidos, es desde la derecha doctrinaria, opuesta ciertamente al orteguismo, que más se agitan viejos fantasmas o se levantan obstáculos para una unidad amplia frente al régimen.

La experiencia histórica está a la vista: los grandes hitos en la lucha por la democracia en Nicaragua, solo se han conseguido con frentes amplios, diversos ideológicamente y multiformes orgánicamente. Otros intentos fracasaron o sucumbieron ante el poder que se pretende desplazar.

Más tarde o más temprano, ese frente amplio por la democracia en Nicaragua, y cuyas bases existen, se concretará exitosamente. Quienes lo retrasen, sólo estarán prolongando al orteguismo en el poder, vale decir atrasando la conquista de la democracia.

 

 

YO NO BOTO MI VOTO

 

El acto íntimo, individual y solemne de votar para elegir, ejercicio y derecho básico de la democracia, los nicaragüenses no lo podremos ejercer. Nos ha sido usurpado, ahora de raíz, por el orteguismo. No solo porque ha impedido la participación de la verdadera fuerza opositora al despojarla de legalidad -como antes ya había hecho con la UDC y el MRS-, sino también porque ha dejado en evidencia que la voluntad de los ciudadanos le vale un pepino, al arrebatar su investidura de parlamentarios a los electos en el 2011 con la voluntad de al menos -para atenernos a las cifras oficiales- de una tercera parte de los votantes. El régimen ha ejecutado una violación masiva. Otra.

Y lo que aparece como un desmedido afán de concentración de poder, si bien puede obedecer a un comportamiento patológico, es resultado de intereses económicos bien asentados y por lo demás cuantificables.

El somocismo antes y el orteguismo ahora, son expresiones del capitalismo más primitivo y de la peor calaña, el que sustenta su acumulación originaria en base al parasitismo directo del Estado. ¿O se imaginan ustedes a algunos de los ahora flamantes empresarios en tal condición, en un sistema de verdadera y libre competencia y sin aprovecharse del erario?

La dictadura somocista se estructuró a partir del control de la Guardia Nacional. Desde allí avanzó al dominio de todo el aparato estatal y a la conformación de un grupo económico que lo usufructuó, hasta convertirse en una verdadera amenaza a los intereses de los otros grupos del capitalismo criollo. Amenaza que hizo crisis a partir de 1973, después del terremoto de Managua de 1972, cuando la rapacidad del somocismo traspasó los límites tácitamente acordados con la burguesía local.

Después vino la agudización de la crisis política: el surgimiento de UDEL, el operativo del 27 de diciembre, la represión generalizada, los ataques de octubre del 77, el asesinato del doctor Chamorro, las insurrecciones de Monimbó y de septiembre del 78 y finalmente el derrocamiento del somocismo, mediando -como bien sabemos- una cruenta guerra.

La dictadura orteguista se constituyó a partir de la apropiación de los fondos propiciados por la cooperación venezolana, lo que le fue posibilitado por el control del Ejecutivo. Ha sido mediante la usurpación -personal, familiar- de esos fondos, que ha logrado conformar un nuevo grupo económico parasitario y penetrado con voracidad todos -absolutamente todos- los ámbitos y niveles de la actividad económica. Y a su vez, el control personal- familiar de las instituciones del Estado, le permite, además de mantener a buen resguardo la riqueza acumulada y preservarse impunidad, activar las nominales instituciones para atraer a los vulnerables, reprimir a los consecuentes y finalmente sacar del juego electoral a la oposición.

La supervivencia del poder económico del orteguismo está íntimamente vinculada a que logre mantener el poder político. Y al revés. Ellos lo han sabido siempre. De allí que ante la crisis venezolana y sus consecuencias económicas, sociales y políticas en Nicaragua -unas ya reales, las más graves por venir-, en un período relativamente corto de menos de 60 días, entre el 4 de junio y el 2 de agosto, el régimen haya decapitado mediante varios zarpazos los últimos espacios de ejercicio democrático. Ortega, septuagenario y acaso valetudinario, quiere establecer una dinastía, ciertamente, pero lo que hay detrás es el interés de afianzar el poder para procurarse impunidad y continuar el enriquecimiento a su sombra.

En ese contexto y con los antecedentes señalados, las votaciones del 6 de noviembre, solo son una acción para apuntalarse y el intento del régimen de legitimarse. De allí que las comparsas, llámese Maximino, Canales, Cabezas, Pedro o Saturnino, sean cómplices -conscientes o por oportunismo- de esa maniobra del régimen.

De allí también el miedo del régimen a la abstención y las amenazas -por lo demás inútiles- proferidas  con la pretendida ley Navarro de encarcelar a quienes la promovamos.

Se nos ha conculcado a los nicaragüenses el derecho a votar para elegir. Y sobre quienes vayan a las urnas -por convicción, miedo o complicidad- estarán vigilantes los ojos del régimen, para garantizarse los porcentajes que ya definieron.

Por eso yo no boto mi voto.

Ortega se repite con el ego dolido

El 19 de julio, a plaza y calles adyacentes llenas, como no, Ortega habló 53 minutos. Su intervención, que no alcanza a ser discurso, me recordó al diputado somocista Luis Felipe Hidalgo. El susodicho tenía un programa sabatino llamado pomposamente Fórum Político, escenografía con pódium y un letrero enmarcado pomposamente en un par de columnas griegas dibujadas. Hidalgo hablaba de cualquier cosa durante media hora, en una improvisada, exótica y divertida mezcla de temas. No digresiones, desorden total. Pero con un eje: reiterarle su fidelidad al jefe y repetir una y otra vez los descalificativos contra la oposición.

El pasado martes Ortega se refirió -rozó- varios temas y a salto de mata dijo algo del cambio climático, de la -según él- conspiración internacional contra Maduro, de sus paisanos liberteños, de Chávez, de Fidel, de las nuevas misiones a las comandancias, de la fidelidad de su señora esposa y manifestó su dolor porque el sandinismo-¡hace 21 años! -se expresó en el surgimiento de una nueva opción política.

No hay duda que Ortega tiene fijaciones y furia contenida.

Al arrancar la década de los años noventa el fin de la Guerra Fría con la desaparición del Socialismo, la pacificación de Centroamérica y la derrota electoral del FSLN en las elecciones de febrero, se configuró un nuevo contexto para la acción política. Nicaragua había iniciado un complejo período de la guerra a la paz y el camino hacia la profundización de la democracia institucional, con una sociedad políticamente polarizada. El sandinismo, para sobrevivir fiel a sus principios debía aprender de las contundentes lecciones de la historia reciente, debía redefinir su estrategia preservando su identidad sandinista al mismo tiempo de asumir de manera inequívoca su compromiso con la  democracia. Y eso Ortega no quiso o no pudo entenderlo. Y no quiso o no pudo entenderlo, porque su concepción de la política y del poder es –ya era entonces- primitiva y prebendaria. Así, impidió el debate, y recurrieron, sus claques y él mismo, como lo hizo el martes, al descalificativo y a la calumnia, cuando no a la pedrada, el garrote o la amenaza.

El documento Por un Sandinismo que vuelva a las mayorías, hizo públicos en febrero de 1994, los planteamientos que una parte importante de la militancia sandinista había expuesto internamente. Al conocerlo, Ortega tuvo un ataque de furia porque asumió los planteamientos como una crítica contra él (furia que parece perdurar). Y ciertamente lo eran, en la medida que había iniciado la privatización y el desmontaje del frente, en función de sus entonces inconfesables propósitos.

La fundación del MRS,  en mayo de 1995, se da porque  aquel FSLN -el de la mística, el de Sandino, el que procuraba interpretar la realidad para actuar correctamente, el de las mayorías- definitivamente no existía más. Ortega lo había destruido, lo había despojado  del sandinismo, mudándolo a un proyecto familiar dinástico, en las antípodas de los principios que le habían dado origen.

Pero a 21 años de aquellos hechos, Ortega sigue adolorido. Y en su reducido vocabulario, y a falta de argumentos -porque es autoritario y no presenta ni debate ideas- sigue repitiendo los mismos calificativos de entonces. Con la diferencia que ahora está desnudado en su naturaleza dinástica y dictatorial, aferrado al continuismo en el poder, arropado por los millones de dólares de los que se ha apropiado y con la protección de una cúpula militar y policial cómplice de su proyecto. Él ha tenido un evidente cambio de bando, quienes nos separamos del orteguismo a causa de ello, seguimos fieles a los principios del sandinismo : soberanía, democracia, justicia social.

Ortega no dijo nada nuevo. No habló de los problemas actuales que preocupan a los ciudadanos. No habló del brote de dengue en Jalapa, del desempleo, de la inseguridad en el campo y que es creciente en las ciudades, de la destrucción de Bosawás, de de la carestía de la vida. No. Repitió peroratas y calumnias.

¿A plaza llena? Si. Somoza también llenó la plaza el 1 de mayo del 79, y a voz en cuello su militancia le coreaba “No te vas, te quedás!” Y ya sabemos que pasó pocas semanas después. Y el 21 de febrero de 1990, en el cierre de campaña del FSLN, en la plaza hubo más asistentes que los votos obtenidos cuatro días después.