A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)

En Nicaragua: “gracias a Dios, al comandante y a la compañera

Si nos atenemos a las declaraciones de los funcionarios públicos nicaragüenses, o a lo que dicen simpatizantes del gobierno, todo lo bueno que ocurre en el país, es “gracias a Dios, al comandante y a la compañera”, porque así lo “orientaron” estos últimos. No importa si es la captura, la liberación o el asilo de un delincuente, la limpieza del parque comunal, el goce de un prolongado fin de semana o que nadie murió en el país por la gripe porcina. En ello no hay nada casual.

Cuenta  Ryszard Kapuscinski, en el monumental reportaje global Viajes con Heródoto, que una de las cosas que más le impresionó en la China de los años cincuenta, fue la dificultad de auscultar en las verdaderas opiniones de los funcionarios y ciudadanos chinos, porque a todo respondían con las muletillas de “como señala el dirigente Mao…”  o “siguiendo las indicaciones del dirigente Mao…”. Todo era como era por la voluntad del Gran Timonel. Para entonces, en la extinta URSS el culto a la personalidad de Stalin estaba en la cima, sin embargo, por autocensura o porque la URSS no figuró en ese periplo, el polaco no la refiere.

El culto a la personalidad es un producto -concebido y diseñado- de los aparatos propagandísticos de regímenes totalitarios, que incorpora en la narrativa oficial como una verdad indiscutible, que los hechos sociales, trascendentes y nimios, los supuestos aciertos y las grandes obras, ocurren por la voluntad o la sabia visión de quien ejerce el poder, cuyo desempeño histórico, además, es sobredimensionado hasta la deificación. El empleo del recurso de la divinidad –por alusión directa o por asociación- se hace para reforzar el poder terrenal. El culto al líder -o lideresa- es un componente sustancial de la ideología que se pretende establecer como cultura única y soporte del régimen que se pretende eternizar.

El culto a la personalidad solo se da en regímenes totalitarios, aunque la sola existencia de estos no lo presupone. Está claro que su práctica es incompatible en las sociedades democráticas, en las que con distintos grados de perfección, prevalece la institucionalidad y la voluntad ciudadana.

La característica definitoria de los regímenes totalitarios es la concentración de poder en la cúpula, sea una  junta militar, la familia o el grupo que lo detenta en ejercicio de una supuesta representación. Pero siempre la cúspide del poder está personalizada. En China fue Mao, en la URSS, Stalin, en la ex Yugoslavia, Tito; en Cuba, Fidel; en Rumanía, Ceausescu.

En todos los casos, los apelativos acuñados han sintetizado el papel protagónico y supuestamente determinante que se les atribuyó: Mao era el Gran Timonel, Stalin literalmente el Hombre de Acero, Fidel El Caballo, Ceausescu el Visionario.

En Nicaragua, en los últimos diez años la promoción del culto a la personalidad ha ido de la mano a la concentración de poder en la pareja Ortega-Murillo y del establecimiento de un cuasi monopolio de los medios de comunicación.

Este culto a la personalidad tiene al menos dos rasgos particulares. Uno es que se rinde  a Daniel Ortega y simultáneamente a Rosario Murillo, quien ejerce como alter ego y vocero de aquel. De esta forma, y por la afinidad que les une, se ha cultivado a través de varias vías -pero con la auto referencia cotidiana como una de las más importantes- la figura de  la Murillo como la exclusiva receptora y continuadora de los supuestos valores que su esposo representa. Él, el comandante presidente, el líder; ella, la compa, la compañera, la eternamente leal. Se ha promovido el binomio, pero apuntando a posicionarla a ella en el imaginario colectivo como la heredera indiscutible del poder, hecho además que se pretendió legalizar en la farsa electoral del 6 de noviembre pasado.

Otra característica es el empleo del factor religioso y las permanentes alusiones a Dios, como recursos funcionales del culto a la pareja Ortega-Murillo. Se coloca al dúo en el mismo nivel de la divinidad como hacedores de la historia. La carencia del aval institucional de la Iglesia Católica en un país mayoritariamente católico a esta figura, es un factor que ha debilitado este componente, pero no lo ha  inutilizado del todo.

Lo religioso, incorpora además, en un curioso eclecticismo, elementos esotéricos. Numerosos árboles de lata, pésimas copias de los Arboles de la Vida de Gustavo Klimt, instalados en las principales vías de las ciudades  y los singulares diseños de ornamentos  públicos, son los símbolos corpóreos más conocidos de este rasgo, pero no los únicos.

Sin embargo,  el factor geográfico y el contexto histórico en que se promueve el culto a la pareja que detenta el poder en Nicaragua no le es favorable. Si bien no alcanza los extremos ridículos que se dan en Corea del Norte ni las extravagancias que practican algunos dictadores africanos, no es por falta de voluntad de sus promotores, es porque incurrirían en el ridículo facilitando el rechazo popular.

La sola existencia de fronteras terrestres con dos países y el constante flujo migratorio con estos y otros fuera de la región, permite el acercamiento de los ciudadanos nicaragüenses  a realidades políticas y culturales distintas, que le posibilitan una aleccionadora comparación.

De otra parte, la penetración de los medios de comunicación internacionales está fuera del control del régimen y las redes sociales son un escenario de resistencia y cuestionamiento al discurso oficial. En ambos espacios el orteguismo está  a la defensiva. Controlarlos, censurarlos o prohibirlos, le acarrearía altísimos costos políticos, pero no debe descartarse que intenten hacerlo en el futuro.

Sin embargo, lo más relevante y la debilidad estructural del culto orteguista y de su propaganda, es que no se corresponden con la dinámica social. En este caso, como en otros, si bien el falseamiento de la realidad puede  ser temporalmente eficaz, históricamente está condenado al fracaso. Por eso las dictaduras caen, tarde o temprano, pero siempre caen.

(Publicado en MUNDIARIO-España el 30 de abril, 2017)

2016, el año que Daniel Ortega perdió

Si la legitimidad de un gobierno se mide por el respaldo mayoritario en comicios reconocidos y la democracia de una sociedad por la libertad de sus ciudadanos para opinar y escoger, Daniel Ortega, el inconstitucional presidente de Nicaragua, deberá anotar saldos rojos en su balance anual del 2016. Aunque su vocería intente demostrar lo contrario.

De la agenda política del año resaltarán las votaciones del pasado 6 de noviembre, en las que, según las cuentas del Consejo Electoral, Ortega resultó victorioso con un 72% de los votos. Así, Ortega y su consorte, Rosario Murillo, serán ungidos el próximo10 de enero como presidente y vicepresidenta para el período 2017-2022.

Sin embargo, en Nicaragua nadie duda, ni el ciudadano de a pie ni los especialistas, que las llamadas elecciones no fueron más que una puesta en escena, cuyos desenlace se conocía con antelación. Tampoco le han otorgado legitimidad a dichos comicios el gobierno de los EE UU,  que calificó el proceso de viciado, ni la Unión Europea, que lamentó que no fuesen libres.

Y a la puesta en escena no se prestó la ciudadanía nicaragüense. Según organismos especializados, la abstención alcanzó el 70% del padrón electoral, el más alto de los últimos treinta años y que hizo ostensible el rechazo a la farsa.

Pero hay más. Un estudio de opinión realizado entre el 13 de septiembre y el 19 de octubre pasado -precisamente en los meses previos a las votaciones del 6 de noviembre pasado-, por la Universidad de Vanderbilt como parte del Barómetro de las Américas, revela que el 63 % de los ciudadanos nicaragüenses opina que “hay que cuidarse al hablar de política, incluso con los amigos”. Es decir, dos tercios de la población expresan algún temor por causas políticas. Temor a perder el empleo, en un país en que el desempleo abierto y el encubierto, constituyen la principal angustia cotidiana de la población. Temor a las claques orteguistas, que bajo la complicidad de la policía amenazan y agreden a quienes protestan. Temor a la propia policía que dirigida de facto por el consuegro de Ortega, es otra pieza en el engranaje represivo del régimen.

No obstante ese temor tiende a desaparecer en la medida que los ciudadanos ven agredida su vida cotidiana y su modus vivendi. El rechazo de la población campesina al proyectado canal interoceánico de Ortega, quedó demostrado el pasado 30 de noviembre cuando una marcha sobre la ciudad capital fue reprimida por la policía que recurrió incluso a la destrucción de puentes y corte de caminos para impedir la movilización ciudadana.

Pero el balance negativo del 2016 de Ortega deberá anotar además y de manera resaltada, la crisis de Venezuela y sus consecuencias sobre Nicaragua y el hecho que la comunidad internacional ha posado los ojos sobre su gestión. Sus desmanes ya no pasan inadvertidos para el mundo.

La muerte de Fidel Castro, aparecerá también en sus pérdidas, sobre todo porque a su sombra recurría Ortega para reivindicarse de izquierda ante los grupos que en el mundo añoran tiempos idos y fracasados. Y sobre todo porque el fallecimiento de Castro recuerda que la inmortalidad es un recurso de la demagogia, que la muerte es inevitable incluso para comandantes y presidentes.

El régimen de Ortega entra al 2017 en posición defensiva. Está bajo la lupa del Senado de los EE UU que deberá abordar la Nica Act en los próximos meses, legislación que lo sanciona por antidemocrático, y a mediados de enero deberá conocerse el informe de la Secretaría General de la OEA sobre la situación de la democracia en Nicaragua y particularmente sobre las reiteradas denuncias de violaciones a la Carta Democrática que ha recibido de diferentes sectores de la población.

Las maniobras in extremis siempre han sido un rasgo típico de Ortega. Esta vez no debe ser la excepción. El punto es que su margen de acción se ha reducido considerablemente y ya está en duda que concluya el período que iniciará el 10 de enero: sin legitimidad interna, crecientes presiones económicas y cada vez menos aliados en el ámbito internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España, el 13/12/2016)

 

¿Cuál injerencia?

Como no podía ser de otra manera, el orteguismo ha respondido a la aprobación en primera instancia de la Nica Act, señalándola de ser una acción injerecista. Ciertamente no ha sido el propio Ortega, sino la gobernanta y vocera, quien presentó la reacción oficial. A tono, el coro de voceros oficiosos y plumíferos del régimen han desatado el discurso “anti imperialista”.

Casualmente las recientes declaraciones del viceministro ruso, Serguéi Riabkov, expresando su apoyo al FSLN en las denominadas elecciones de noviembre próximo, brindaron una oportunidad para que los que se erigen en defensores a ultranza de la soberanía nacional, reaccionaran a la injerencia rusa. Pero no. Hicieron mutis, y por el contrario, reprodujeron con alegre despliegue las declaraciones del vocero de Putin. Son los mismos que han apoyado y defendido la entrega del territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal interoceánico.

Por otra parte, hay quienes que desde posiciones no orteguistas, han criticado a los que supuestamente han reclamado y gestionado “el injerencismo estadounidense”

Sin embargo, demagogia oficial aparte, cabe preguntarse, si en verdad la preocupación reinante en diversos sectores de los EEUU, y que ha llevado a la promoción de la Nica Act, que dispone la oposición a créditos en tanto no se restituya la democracia en el país y la publicación de los actos de corrupción del régimen, es injerencia o no.

En primer término hay que recordar que la cooperación que los EEUU brinda a diversos países proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Y, en consecuencia, supervisar su correcto destino y su debida utilización, es responsabilidad de sus gobernantes y legisladores. De allí que la decisión de dar o no préstamos al régimen de Ortega, que violenta los derechos de los nicaragüenses y ha desmantelado el estado de derecho, es absolutamente soberana. El mismo argumento vale para sustentar las posiciones que los EEUU asuman en las instituciones financieras internacionales, donde -de nuevo- los aportes provienen de los impuestos ciudadanos.

De otra parte hay que señalar que en el mundo de hoy, lo concerniente al medio ambiente, democracia y derechos humanos, son temas cuyo escrutinio está más allá de las fronteras formales. Incumben a la comunidad internacional. Diversos tratados multilaterales legislan la materia.

Pero además, las principales convenciones internacionales que reconocen los derechos humanos en sus ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos, tienen en Nicaragua, rango constitucional, a la luz del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, ya sabemos que para el régimen, acorde con su naturaleza totalitaria, la Constitución no es la norma fundamental que regula su quehacer, sino un instrumento que se usa de manera funcional a sus intereses y planes.

Dirigir la crítica -la bien intencionada- hacia quienes han denunciado en distintos espacios y foros internacionales los desmanes del régimen, es errado. Es criticar las consecuencias y distraer la atención de las causas que han llevado a este punto.

Las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que han denunciado al orteguismo fuera del país, han hecho uso de un elemental derecho. Es más: cumplen la obligación de dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Las decisiones que tenga a bien tomar cada estado u organización, es su potestad exclusiva. Ya antes la Unión Europea y otros países, han reducido o retirado la cooperación oficial ante los fraudes electorales que ha ejecutado Ortega y  la corrupción que corroe su gobierno.

Claro, que los Estados Unidos tomen medidas como las que pretende la legislación en curso, tiene un mayor impacto nacional e internacional, tanto real como simbólico. No solo porque se trata del principal socio comercial de Nicaragua y donde reside la mayor comunidad migrante de nacionales, también por su peso específico -determinante- en los organismos financieros internacionales. Y, desde luego, porque la política exterior de los Estados Unidos ha jugado un papel incuestionable en la historia nicaragüense, ciertamente no siempre para bien.

Las consecuencias económicas, concretas y potenciales, de la Nica Act, ya han sido señaladas por organismos especializados de incuestionable rigurosidad y credibilidad. Corresponde al régimen de Ortega la autoría de los atropellos que han provocado la reacción estadounidense y por tanto la responsabilidad de las consecuencias, económicas y sociales, de concretarse la aprobación final de dicha ley. Decir otra cosa es tomar el rábano por las hojas y eximir al régimen de su culpa.

Está claro que la responsabilidad última de conquistar el re establecimiento de la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses, con la convicción que el peso de la comunidad internacional -estados y sociedad civil-, y dentro de ella los EEUU, es absolutamente relevante.

El régimen continuará e intensificará su demagogia. Soberanía, anti imperialismo, serán conceptos recurrentes y los adjetivos descalificativos a la oposición continuarán. Es el velo que pretende ocultar los desmanes y los actos de corrupción que la Nica Act revelaría. Es un discurso que se gasta, como se agota el tiempo de Ortega.

¿”Unidad” sectaria?

Las posiciones y propuestas frente a dos temas definen la naturaleza progresista o no, de las fuerzas políticas en el actual contexto latinoamericano. Y ello abarca tanto el variado espectro de derechas, como el de las denominadas izquierdas, también diverso y multiforme. Y esto es válido para Nicaragua.

Los temas son democracia y corrupción.

En las últimas décadas, fuerzas definidas como izquierda, han tenido en varios países latinoamericanos la posibilidad de llegar a ser gobierno. Y lo han hecho mediante elecciones, en el contexto de la -antes doctrinariamente denostada- “democracia burguesa”. Más tarde o más temprano, algunas de ellas hicieron públicas sus intenciones de deshacer las reglas de esa democracia. No para perfeccionarla ni profundizarla, sino para perpetuarse en el poder y llevar a cabo -según ellos- revoluciones que solo existen en el discurso.

La frase de Hugo Chávez en su toma de posesión presidencial, el 2 de febrero de 1999, “Juro sobre esta moribunda constitución…”, más que un recurso retórico que él tanto acostumbraba, fue la anunciadora de lo que vino después, tanto en las restricciones a la democracia -que no han sido mayores por la unidad y la fuerza de la oposición democrática que las ha impedido- como en la desastrosa gestión económica, procesos -ambos-que han colocado a Venezuela en el estado calamitoso actual, y cuyas consecuencias pagan los más pobres, en nombre de quienes, precisamente, se dice que hay una revolución. Y la corrupción en el gobierno venezolano ha ido a la par.

En cambio, fuerzas progresistas de izquierda que han gobernado en el contexto de las reglas de la democracia, no sin reconocer sus imperfecciones, como en Chile, han enfrentado –pagando sus costos políticos- las consecuencias de las manifestaciones de corrupción. Incluso en Brasil -más allá de la responsabilidad de Dilma Rousseff y de la ilegitimidad de su destitución- ha prevalecido el respeto al funcionamiento de las instituciones. No se le ocurrió a Dilma, durante su mandato, reprimir a los que anunciaban sus intenciones de destituirla, disolver el congreso o despojar a los  congresistas de tal investidura. Tampoco dijo al ser destituida “Vamos a gobernar desde abajo”.

Y lo apuntado antes sobre Venezuela no es casual. No solo por la identidad ideológica del chavismo y el orteguismo, que se precian ambos de “izquierda”, sino porque la actualidad de Venezuela puede ser nuestro futuro. En Nicaragua, como bien sabemos, el régimen ha destruido la democracia y establecido la corrupción. Porque es aquella la que impide esta, o al menos posibilita, cuando las instituciones funcionan, que sea detectada, perseguida y castigada.

De lo anterior se desprende que el arco de alianzas a configurar para enfrentar exitosamente al orteguismo, debe tener de forma inequívoca, como ejes programáticos transversales, el restablecimiento de la democracia y la extirpación de la corrupción, desafíos íntimamente interrelacionados uno al otro. Y en la composición de esa alianza, no debe haber ninguna exclusión de quienes asumen consecuentemente esas banderas.

Sin embargo, la sola declaración de la necesidad de constituir esa alianza e incluso la voluntad de hacerlo, no es suficiente. Es claro que el universo de fuerzas opositoras al orteguismo no es homogéneo. Y me refiero a las fuerzas auténticamente opositoras, no a las que desempeñan voluntariamente el papel de “opositores”, pero que están al servicio del régimen.

El pecado del sectarismo y de la autosuficiencia es fatal en política. Y en Nicaragua no es la izquierda democrática, representada en el MRS, quien lo padece. Por el contrario, ha sido por la correcta identificación de las contradicción fundamental de esta etapa histórica, hecha desde sus instancias,  que impulsa -en calles y salones-  el modelo de alianza más adecuado para hacer frente al régimen.

Pero si bien hay sectores en los movimientos sociales progresistas que padecen de sectarismo, o un comprensible pero ya injustificable prejuicio anti partidos, es desde la derecha doctrinaria, opuesta ciertamente al orteguismo, que más se agitan viejos fantasmas o se levantan obstáculos para una unidad amplia frente al régimen.

La experiencia histórica está a la vista: los grandes hitos en la lucha por la democracia en Nicaragua, solo se han conseguido con frentes amplios, diversos ideológicamente y multiformes orgánicamente. Otros intentos fracasaron o sucumbieron ante el poder que se pretende desplazar.

Más tarde o más temprano, ese frente amplio por la democracia en Nicaragua, y cuyas bases existen, se concretará exitosamente. Quienes lo retrasen, sólo estarán prolongando al orteguismo en el poder, vale decir atrasando la conquista de la democracia.

 

 

YO NO BOTO MI VOTO

 

El acto íntimo, individual y solemne de votar para elegir, ejercicio y derecho básico de la democracia, los nicaragüenses no lo podremos ejercer. Nos ha sido usurpado, ahora de raíz, por el orteguismo. No solo porque ha impedido la participación de la verdadera fuerza opositora al despojarla de legalidad -como antes ya había hecho con la UDC y el MRS-, sino también porque ha dejado en evidencia que la voluntad de los ciudadanos le vale un pepino, al arrebatar su investidura de parlamentarios a los electos en el 2011 con la voluntad de al menos -para atenernos a las cifras oficiales- de una tercera parte de los votantes. El régimen ha ejecutado una violación masiva. Otra.

Y lo que aparece como un desmedido afán de concentración de poder, si bien puede obedecer a un comportamiento patológico, es resultado de intereses económicos bien asentados y por lo demás cuantificables.

El somocismo antes y el orteguismo ahora, son expresiones del capitalismo más primitivo y de la peor calaña, el que sustenta su acumulación originaria en base al parasitismo directo del Estado. ¿O se imaginan ustedes a algunos de los ahora flamantes empresarios en tal condición, en un sistema de verdadera y libre competencia y sin aprovecharse del erario?

La dictadura somocista se estructuró a partir del control de la Guardia Nacional. Desde allí avanzó al dominio de todo el aparato estatal y a la conformación de un grupo económico que lo usufructuó, hasta convertirse en una verdadera amenaza a los intereses de los otros grupos del capitalismo criollo. Amenaza que hizo crisis a partir de 1973, después del terremoto de Managua de 1972, cuando la rapacidad del somocismo traspasó los límites tácitamente acordados con la burguesía local.

Después vino la agudización de la crisis política: el surgimiento de UDEL, el operativo del 27 de diciembre, la represión generalizada, los ataques de octubre del 77, el asesinato del doctor Chamorro, las insurrecciones de Monimbó y de septiembre del 78 y finalmente el derrocamiento del somocismo, mediando -como bien sabemos- una cruenta guerra.

La dictadura orteguista se constituyó a partir de la apropiación de los fondos propiciados por la cooperación venezolana, lo que le fue posibilitado por el control del Ejecutivo. Ha sido mediante la usurpación -personal, familiar- de esos fondos, que ha logrado conformar un nuevo grupo económico parasitario y penetrado con voracidad todos -absolutamente todos- los ámbitos y niveles de la actividad económica. Y a su vez, el control personal- familiar de las instituciones del Estado, le permite, además de mantener a buen resguardo la riqueza acumulada y preservarse impunidad, activar las nominales instituciones para atraer a los vulnerables, reprimir a los consecuentes y finalmente sacar del juego electoral a la oposición.

La supervivencia del poder económico del orteguismo está íntimamente vinculada a que logre mantener el poder político. Y al revés. Ellos lo han sabido siempre. De allí que ante la crisis venezolana y sus consecuencias económicas, sociales y políticas en Nicaragua -unas ya reales, las más graves por venir-, en un período relativamente corto de menos de 60 días, entre el 4 de junio y el 2 de agosto, el régimen haya decapitado mediante varios zarpazos los últimos espacios de ejercicio democrático. Ortega, septuagenario y acaso valetudinario, quiere establecer una dinastía, ciertamente, pero lo que hay detrás es el interés de afianzar el poder para procurarse impunidad y continuar el enriquecimiento a su sombra.

En ese contexto y con los antecedentes señalados, las votaciones del 6 de noviembre, solo son una acción para apuntalarse y el intento del régimen de legitimarse. De allí que las comparsas, llámese Maximino, Canales, Cabezas, Pedro o Saturnino, sean cómplices -conscientes o por oportunismo- de esa maniobra del régimen.

De allí también el miedo del régimen a la abstención y las amenazas -por lo demás inútiles- proferidas  con la pretendida ley Navarro de encarcelar a quienes la promovamos.

Se nos ha conculcado a los nicaragüenses el derecho a votar para elegir. Y sobre quienes vayan a las urnas -por convicción, miedo o complicidad- estarán vigilantes los ojos del régimen, para garantizarse los porcentajes que ya definieron.

Por eso yo no boto mi voto.

Golpe de Estado en Nicaragua

Daniel Ortega ha coronado un golpe contra el estado de derecho en Nicaragua.

Si bien las acciones que lo configuran no se atienen a la definición clásica de un golpe de Estado, el proceso de concentración de poder y la desnaturalización de las instituciones, iniciado a partir del 2007, y que tiene su acto más relevante -y acaso el más descarado- en la destitución de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, no permiten eufemismos. Es un golpe de Estado.

Los golpes de Estado clásicos se caracterizan por la toma del poder violentamente por un grupo, normalmente mediando la acción explícita de las fuerzas armadas. El caso de Chile en 1973, de Honduras en el 2009, y más recientemente en Turquía, calzan en esa definición, especialmente en la forma y las escenas que los ilustran: la suspensión de las garantías constitucionales, las fuerzas castrenses declarando estado de excepción, el cierre manu militari de los medios de comunicación independientes, los tanques en las calles y una represión generalizada.

No obstante, la evolución de la circunstancias históricas, con el creciente peso de las normas sobre Derechos Humanos y de los convenios internacionales que velan por la democracia, como la Carta Democrática de la OEA, la globalización económica y sus consecuencias políticas y jurídicas, han condicionado que los golpistas -desde dentro o fuera de los gobiernos- recurran a nuevas formas y coartadas para concretar sus despropósitos, normalmente amparándose en interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales, en reformas espurias aplicadas previamente por ellos mismos o haciendo operar poderes constituidos, que solo formalmente lo son. Todo para demoler la democracia desde adentro, alegando una legalidad inexistente e intentando reducir el costo político, especialmente externo.

La ciencia política moderna define como rasgos comunes de los golpes de Estado, al margen de las diferencias técnicas o formales mediante los cuales se ejecuten el acto, así: la negación de los derechos ciudadanos y en primer término de los derechos políticos, la subordinación por desnaturalización de las instituciones, la participación -por acción u omisión- de las fuerzas armadas, resultado de su parcialidad, la represión política a la oposición, la criminalización de las protestas sociales y la exaltación de un líder.

Pero hay otro elemento nuevo. Si los golpes en América Latina en la década de los setenta –Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala- se sustentaban básicamente en razones ideológicas -el anti comunismo-, ya desde Fujimori en 1992, una causal relevante en las motivaciones golpistas, ha sido encubrir el enriquecimiento ilícito de las cúpulas golpistas a costa del erario.

De otra parte, tampoco legitima los golpes de Estado el hecho que sus ejecutores gocen en algunos casos y siempre temporalmente, de alguna popularidad. Hitler la tuvo en los albores de su poder, Pinochet actuó con el beneplácito o la complicidad pasiva de importantes sectores de la sociedad chilena, al igual que Fujimori en su momento.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional era el último espacio institucional en el que la oposición actuaba. Al expulsar de su seno a los diputados que no se rindieron ante su chantaje o presiones, Ortega la terminó de aniquilar como institución y la convirtió en un espacio ocupado solo por empleados suyos. Ciertamente no la ha disuelto. Esa cosa, ese remedo de órgano legislativo, continuará funcionando formalmente para dar forma de ley a la voluntad del dictador, sin voces que desde su seno o con la investidura de parlamentarios, denuncien o cuestionen los atropellos.

La fuerzas armadas no han desplegado tanques ni soldados en las calles, pero los miembros de su jefatura son cómplices conscientes del golpe. ¿No estarán los tanques rusos en elevada disposición combativa, por cualquier cosa?

El hecho que este golpe se ultime cuatro meses antes de las votaciones de noviembre, precedido de la exclusión de la oposición de las mismas, revela además que el proyecto de Ortega no es solo antidemocrático, es absolutista. Ortega quiere gobernar solo, o que su eventual heredero así lo haga. No solo ha debilitado el estado de derecho, como cándidamente dijo la cúpula empresarial: lo sepultó.

El cambio definitivo de las reglas traslada la lucha interna por la democracia a un exclusivo pero amplio escenario: las calles.