Criminales libres y torturas

Estado de Derecho es un concepto, y por tanto una abstracción, pero su observancia o no, se manifiesta cotidianamente. Y cuando se expresa en asuntos de vida o muerte, su contundencia es mayor. De los hechos posteriores a los sucesos del pasado 26 de enero en el barrio San Luis, en el que resultaron dos policías y un delincuente muertos, se imponen reflexiones y preguntas impostergables

¿Por qué el delincuente muerto, ex policía, con un largo historial delictivo y condenas pendientes, estaba libre? ¿Por qué? Alguien debe explicarlo. ¿Cuántos más -criminales condenados- circulan libremente por las calles de nuestras ciudades y acaso planean ya el próximo delito?

Que el delincuente aniquilado sea un ex policía, egresado de la academia policial además, no es un asunto menor. Recibió entrenamiento e información, puesta al servicio del crimen. ¿Tiene que ver que haya estado libre  con su condición de ex policía?

En México ex policías se han distinguido como los más sanguinarios delincuentes vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles son los criterios de la institución policial para integrar personal? ¿Hay medidas de control y contra chequeo para prevenir ser penetrados por el crimen organizado ? ¿ Hay y funciona una inspectoría de asuntos internos? ¿Se sanciona? ¿Por qué no hacen públicos sus informes?

¿Por qué los delincuentes capturados presentan evidentes señales de torturas?¿Por qué la policía tortura? (No es el primer caso).

Y, como se señaló en las redes sociales después de la comparecencia de los capturados ante la judicial, el órgano policial no tiene ningún empacho en presentarlos públicamente así. Como quien dice torturan y no lo esconden.

El argumento que pretende justificar las torturas por la indignación que ha provocado la muerte de los policías es primitivo y por tanto despreciable, porque la tortura es ante todo un acto de cobardía. Y si es practicada por la autoridad un doble crimen.No hay ninguna motivación, ninguna, que la justifique.

Obviamente no hay institución pública ni privada exenta de ser penetrada por criminales. Pero es obligación del Estado, y de las instituciones públicas correspondientes en primer lugar,  disponer de los mecanismos de prevención del delito. Y si este ocurre, la aplicación efectiva de la legislación penal, incluyendo el debido proceso y los derechos humanos de los reos y procesados. Por ello la tortura está constitucionalmente prohibida. Y nadie, delincuente o asesino incluso, debe ser torturado. Nadie.

Claro: esto es lo que debe ser. Pero en Nicaragua el Estado de Derecho es inexistente y su desmontaje ha ido aparejado a la corrupción moral que promueve y estimula el régimen.

Si hay un presidente que llegó a serlo violentando la Constitución -la misma que prohíbe la tortura- si él mismo ha sido acusado de delitos sexuales que “prescribieron”,  si se designan jefes policiales y militares, magistrados, jueces, procuradores y demás, en virtud de la fidelidad al gobernante y no sobre la base de la ley, la transparencia o la experiencia, es razonable pensar que se exime de penas a delincuentes o a policías que matan o torturan por la misma razón.

Por eso mismo la mayoría de la población, está indefensa. Por eso, usted o yo podemos ser la próxima víctima del crimen o -aunque sea paradójico- de un policía, como lo fueron los niños de Las Jaguitas.

 

Anuncios

¿Cuál injerencia?

Como no podía ser de otra manera, el orteguismo ha respondido a la aprobación en primera instancia de la Nica Act, señalándola de ser una acción injerecista. Ciertamente no ha sido el propio Ortega, sino la gobernanta y vocera, quien presentó la reacción oficial. A tono, el coro de voceros oficiosos y plumíferos del régimen han desatado el discurso “anti imperialista”.

Casualmente las recientes declaraciones del viceministro ruso, Serguéi Riabkov, expresando su apoyo al FSLN en las denominadas elecciones de noviembre próximo, brindaron una oportunidad para que los que se erigen en defensores a ultranza de la soberanía nacional, reaccionaran a la injerencia rusa. Pero no. Hicieron mutis, y por el contrario, reprodujeron con alegre despliegue las declaraciones del vocero de Putin. Son los mismos que han apoyado y defendido la entrega del territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal interoceánico.

Por otra parte, hay quienes que desde posiciones no orteguistas, han criticado a los que supuestamente han reclamado y gestionado “el injerencismo estadounidense”

Sin embargo, demagogia oficial aparte, cabe preguntarse, si en verdad la preocupación reinante en diversos sectores de los EEUU, y que ha llevado a la promoción de la Nica Act, que dispone la oposición a créditos en tanto no se restituya la democracia en el país y la publicación de los actos de corrupción del régimen, es injerencia o no.

En primer término hay que recordar que la cooperación que los EEUU brinda a diversos países proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Y, en consecuencia, supervisar su correcto destino y su debida utilización, es responsabilidad de sus gobernantes y legisladores. De allí que la decisión de dar o no préstamos al régimen de Ortega, que violenta los derechos de los nicaragüenses y ha desmantelado el estado de derecho, es absolutamente soberana. El mismo argumento vale para sustentar las posiciones que los EEUU asuman en las instituciones financieras internacionales, donde -de nuevo- los aportes provienen de los impuestos ciudadanos.

De otra parte hay que señalar que en el mundo de hoy, lo concerniente al medio ambiente, democracia y derechos humanos, son temas cuyo escrutinio está más allá de las fronteras formales. Incumben a la comunidad internacional. Diversos tratados multilaterales legislan la materia.

Pero además, las principales convenciones internacionales que reconocen los derechos humanos en sus ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos, tienen en Nicaragua, rango constitucional, a la luz del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, ya sabemos que para el régimen, acorde con su naturaleza totalitaria, la Constitución no es la norma fundamental que regula su quehacer, sino un instrumento que se usa de manera funcional a sus intereses y planes.

Dirigir la crítica -la bien intencionada- hacia quienes han denunciado en distintos espacios y foros internacionales los desmanes del régimen, es errado. Es criticar las consecuencias y distraer la atención de las causas que han llevado a este punto.

Las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que han denunciado al orteguismo fuera del país, han hecho uso de un elemental derecho. Es más: cumplen la obligación de dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Las decisiones que tenga a bien tomar cada estado u organización, es su potestad exclusiva. Ya antes la Unión Europea y otros países, han reducido o retirado la cooperación oficial ante los fraudes electorales que ha ejecutado Ortega y  la corrupción que corroe su gobierno.

Claro, que los Estados Unidos tomen medidas como las que pretende la legislación en curso, tiene un mayor impacto nacional e internacional, tanto real como simbólico. No solo porque se trata del principal socio comercial de Nicaragua y donde reside la mayor comunidad migrante de nacionales, también por su peso específico -determinante- en los organismos financieros internacionales. Y, desde luego, porque la política exterior de los Estados Unidos ha jugado un papel incuestionable en la historia nicaragüense, ciertamente no siempre para bien.

Las consecuencias económicas, concretas y potenciales, de la Nica Act, ya han sido señaladas por organismos especializados de incuestionable rigurosidad y credibilidad. Corresponde al régimen de Ortega la autoría de los atropellos que han provocado la reacción estadounidense y por tanto la responsabilidad de las consecuencias, económicas y sociales, de concretarse la aprobación final de dicha ley. Decir otra cosa es tomar el rábano por las hojas y eximir al régimen de su culpa.

Está claro que la responsabilidad última de conquistar el re establecimiento de la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses, con la convicción que el peso de la comunidad internacional -estados y sociedad civil-, y dentro de ella los EEUU, es absolutamente relevante.

El régimen continuará e intensificará su demagogia. Soberanía, anti imperialismo, serán conceptos recurrentes y los adjetivos descalificativos a la oposición continuarán. Es el velo que pretende ocultar los desmanes y los actos de corrupción que la Nica Act revelaría. Es un discurso que se gasta, como se agota el tiempo de Ortega.

Las razones por las que Nicaragua vuelve a atraer la atención mundial

Durante la década de los ochenta, Nicaragua fue noticia constante en la prensa mundial. El derrocamiento de la dictadura somocista en los estertores de la década de los setenta, y el posterior establecimiento de un régimen que adelantó una revolución popular, que tuvo primero claros visos de originalidad y luego un marcado giro a la izquierda, concitaron la atención mundial. Más aún porque todo ello se daba en un cruento contexto de violencia, signado primero por una insurrección y luego por una guerra civil y porque el pequeño país centroamericano se convirtió en un protagonista menor de la Guerra Fría, cuyo final se acercaba.

Durante los últimos años, Nicaragua apenas llamó la atención de la opinión pública internacional, a no ser por tragedias naturales y la denuncia de uno u otro caso de corrupción en los gobiernos liberales que se sucedieron de 1990 al 2006. Sin embargo, en los últimos meses el mundo ha vuelto a prestar atención a lo ocurre en el triángulo terrestre en el que el continente americano se estrecha. Y ha sido precisamente de la mano de Daniel Ortega, uno de los líderes de aquella revolución del 79 y cabeza del ejecutivo durante los años ochenta, que la patria de Rubén Darío y de Sandino, es hoy otra vez noticia. Y, lamentablemente, no son precisamente buenas noticias.

En el 2006, Daniel Ortega, del FSLN, llegó nuevamente a la presidencia. Y aunque lo hizo apenas con el 38% de los votos, en virtud de un acuerdo de cúpulas con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, que, entre otras cosas, eliminó el mínimo anterior necesario para ganarla en primera vuelta, ciertamente sus votantes albergaban la esperanza de establecer un gobierno más sensible que los precedentes a las necesidades sociales de la población.

Sin embargo, a diez años de haber asumido Ortega la presidencia, renovada en unas cuestionadas elecciones del 2011, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente, solo superado por Haití. Pero no solamente. Los avances en la construcción de la institucionalidad democrática, forjados en los noventa y primeros años del presente siglo, han sido gradualmente desmontados por el régimen del caudillo del FSLN, que hoy se prepara para asumir un nuevo período -cinco años más- mediando una farsa electoral a realizarse el 6 de noviembre próximo. Ahora con su mujer, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta.

La concentración de poder por parte de Daniel Ortega, de desnaturalización de las instituciones -policía y ejército incluidos- y la ilegalización de los auténtico partidos opositores, ha ido aparejado de la apropiación de la mayor parte de los réditos de la cooperación petrolera venezolana que, según especialistas, alcanza la bicoca de más de 4.000 millones de dólares. La cooperación en términos generosos para Nicaragua, de la que Ortega y su grupo se han apropiado, es resultado de un acuerdo económico suscrito entre él y el fallecido Hugo Chávez, al que Nicolás Maduro ha dado continuidad.

Una parte de esos fondos el gobierno de Ortega los ha empleado en planes de asistencia social, sustentados en el clientelismo político, y constituyen todavía el sustento del apoyo que luce en las encuestas oficiales. Todo cobijado con un discurso programático que se auto denomina “cristiano, socialista y solidario”.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el régimen de Ortega. En el año 2013, mediante una ley aprobada por el parlamento bajo su control, entregó mediante una generosa concesión prácticamente todo el territorio nacional, a un oscuro empresario de China Popular, para la supuesta construcción de un canal interoceánico.Tres años después, no hay señales creíbles de tal obra, que amén de la destrucción ambiental que implicaría, desarraigaría a más de cien mil familias campesinas de sus territorios. Wang Jing, el empresario beneficiado por la concesión, ha enfrentado el último año graves problemas financieros y la población campesina se encuentra en estado de movilización permanente en rechazo al pretendido canal.

El régimen venezolano enfrenta una crisis integral y sin duda su desenlace significará un parteaguas también para Ortega. De hecho, ya en los últimos meses la cooperación venezolana se ha visto reducida obligando al gobierno nicaragüense a restringir sus planes asistencialistas y anunciar un aumento de los impuestos.

Sumado a ello, el pasado 21 de septiembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley Nicaraguan Investiment Conditionality H.R. 5708. La ley, una iniciativa bi partidista, cuyos autores y promotores han sido los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), establece dos disposiciones fundamentales. Por un lado indica que los Estados Unidos se opondrán a que se otorguen créditos a Nicaragua en las instituciones multilaterales como son el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no se reestablezca el Estado de Derecho y la efectiva independencia de poderes, se efectúen elecciones transparentes y se garantice la libertad de expresión.

De otra parte, establece que 120 días después que la legislación entre en vigencia el Departamento de Estado deberá presentar al Congreso un informe sobre los actos de corrupción en el ejecutivo nicaragüense y en otras instituciones como el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

La aprobación de esta ley en la primera instancia del legislativo estadounidense es un indicativo fiel de la percepción y preocupación que priva en los Estados Unidos por el estado de cosas en Nicaragua, cuyo régimen, además, no oculta su alianza – estratégica, han dicho sus protagonistas- con Rusia e Irán.

Las consecuencias de la entrada en vigencia de la ley, una vez que sea ratificada por el senado y refrendada por el presidente estadounidense, serían poco menos que catastróficas para la endeble economía nicaragüense que tiene en los EE UU el principal socio comercial y gran dependencia del financiamiento internacional.

La oposición en Nicaragua, mantiene un desconocimiento adelantado a las “elecciones” de noviembre próximo en las que, el ya septuagenario Daniel Ortega, pretende legitimar una dictadura de tipo dinástico bajo el modelo de partido único, al estilo de los viejos modelos socialistas de “democracia popular”. La oposición demanda que se convoquen nuevos comicios, con árbitros electorales imparciales, presencia de observación nacional e internacional independiente y calificada y que no se den exclusiones de ningún tipo.

Aunque en Nicaragua hay señales ciertas de la existencia de pequeños grupos armados opuestos a Ortega, la oposición, que abarca un amplio abanico de identidades ideológicas desde la derecha hasta la izquierda democrática, ha sido categórica en afirmar que la guerra no es opción, y apuestan por una salida cívica. Mientras, el régimen no da ninguna señal de corregir el rumbo.

Es previsible, entonces, que en Nicaragua los meses que faltan y el próximo año, se den hechos que atraerán la atención de la opinión pública internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España el 7 de octubre)

Golpe de Estado en Nicaragua

Daniel Ortega ha coronado un golpe contra el estado de derecho en Nicaragua.

Si bien las acciones que lo configuran no se atienen a la definición clásica de un golpe de Estado, el proceso de concentración de poder y la desnaturalización de las instituciones, iniciado a partir del 2007, y que tiene su acto más relevante -y acaso el más descarado- en la destitución de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, no permiten eufemismos. Es un golpe de Estado.

Los golpes de Estado clásicos se caracterizan por la toma del poder violentamente por un grupo, normalmente mediando la acción explícita de las fuerzas armadas. El caso de Chile en 1973, de Honduras en el 2009, y más recientemente en Turquía, calzan en esa definición, especialmente en la forma y las escenas que los ilustran: la suspensión de las garantías constitucionales, las fuerzas castrenses declarando estado de excepción, el cierre manu militari de los medios de comunicación independientes, los tanques en las calles y una represión generalizada.

No obstante, la evolución de la circunstancias históricas, con el creciente peso de las normas sobre Derechos Humanos y de los convenios internacionales que velan por la democracia, como la Carta Democrática de la OEA, la globalización económica y sus consecuencias políticas y jurídicas, han condicionado que los golpistas -desde dentro o fuera de los gobiernos- recurran a nuevas formas y coartadas para concretar sus despropósitos, normalmente amparándose en interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales, en reformas espurias aplicadas previamente por ellos mismos o haciendo operar poderes constituidos, que solo formalmente lo son. Todo para demoler la democracia desde adentro, alegando una legalidad inexistente e intentando reducir el costo político, especialmente externo.

La ciencia política moderna define como rasgos comunes de los golpes de Estado, al margen de las diferencias técnicas o formales mediante los cuales se ejecuten el acto, así: la negación de los derechos ciudadanos y en primer término de los derechos políticos, la subordinación por desnaturalización de las instituciones, la participación -por acción u omisión- de las fuerzas armadas, resultado de su parcialidad, la represión política a la oposición, la criminalización de las protestas sociales y la exaltación de un líder.

Pero hay otro elemento nuevo. Si los golpes en América Latina en la década de los setenta –Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala- se sustentaban básicamente en razones ideológicas -el anti comunismo-, ya desde Fujimori en 1992, una causal relevante en las motivaciones golpistas, ha sido encubrir el enriquecimiento ilícito de las cúpulas golpistas a costa del erario.

De otra parte, tampoco legitima los golpes de Estado el hecho que sus ejecutores gocen en algunos casos y siempre temporalmente, de alguna popularidad. Hitler la tuvo en los albores de su poder, Pinochet actuó con el beneplácito o la complicidad pasiva de importantes sectores de la sociedad chilena, al igual que Fujimori en su momento.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional era el último espacio institucional en el que la oposición actuaba. Al expulsar de su seno a los diputados que no se rindieron ante su chantaje o presiones, Ortega la terminó de aniquilar como institución y la convirtió en un espacio ocupado solo por empleados suyos. Ciertamente no la ha disuelto. Esa cosa, ese remedo de órgano legislativo, continuará funcionando formalmente para dar forma de ley a la voluntad del dictador, sin voces que desde su seno o con la investidura de parlamentarios, denuncien o cuestionen los atropellos.

La fuerzas armadas no han desplegado tanques ni soldados en las calles, pero los miembros de su jefatura son cómplices conscientes del golpe. ¿No estarán los tanques rusos en elevada disposición combativa, por cualquier cosa?

El hecho que este golpe se ultime cuatro meses antes de las votaciones de noviembre, precedido de la exclusión de la oposición de las mismas, revela además que el proyecto de Ortega no es solo antidemocrático, es absolutista. Ortega quiere gobernar solo, o que su eventual heredero así lo haga. No solo ha debilitado el estado de derecho, como cándidamente dijo la cúpula empresarial: lo sepultó.

El cambio definitivo de las reglas traslada la lucha interna por la democracia a un exclusivo pero amplio escenario: las calles.

 

Almagro y el factor internacional

Tienen razón quienes afirman que el Secretario General de la OEA, no es más que un funcionario electo, un “empleado” dicen, en un afán de descalificar el actual desempeño de Luis Almagro. El punto es que quien ejerce dicho cargo, es un mandatario, encargado de velar por el cumplimiento de los postulados constituyentes y los acuerdos de la organización, así como mantener debidamente informado de ello a los órganos correspondientes, recomendando las acciones pertinentes.

La Carta Democrática de la OEA suscrita el 11 de septiembre del 2001, el mismo día que el mundo observaba estupefacto el acto de terror en New York contra la humanidad, es uno de los pilares fundamentales para la convivencia política en paz y con democracia en el continente americano. Y en consecuencia uno de los documentos guías de la actividad de dicho foro.

Pero quienes hoy saltan contra la actividad de Luis Almagro, lo hacen para intentar deslegitimar y desautorizar su gestión, toda vez que la misma se ha caracterizado por fiscalizar y denunciar la ruptura de la institucionalidad democrática en los países americanos, como lo hizo ante la destitución de la presidenta Dima Rousseff en mayo pasado.

El medio ambiente, la paz, los Derechos Humanos y el respeto a la democracia, son en el mundo actual, temas cuya vigilancia trasciende las fronteras formales de los estados nacionales y es asumida en gran parte por instancias multilaterales. De allí la importancia de la Carta Democrática que compromete a los estados americanos a observar la división de poderes, el orden y el respeto a las instituciones democráticas, los derechos fundamentales y la libertad de expresión.

Pero regímenes como el de Maduro o el de Ortega, son alérgicos a esos postulados, y reniegan -aunque no se atreven a decirlo con todas las letras- de los acuerdos que como estados han suscrito, en este caso Venezuela y Nicaragua, en el pasado. De allí la virulenta reacción de los voceros del orteguismo y del madurismo contra Almagro, que ha denunciado la caótica situación venezolana y ya ha expresado su preocupación y atención a lo que ocurre en nuestro país.

El factor internacional siempre ha desempeñado una incidencia fundamental en la lucha por la democracia y por la paz. Para no ir muy lejos basta recordar que en los estertores del régimen somocista, el 24 de junio de 1979, la OEA lo condenó y pidió su relevo inmediato, quedando de esa manera en evidencia el aislamiento internacional de la dictadura. Años más tarde, cuando el país se desangraba en la guerra civil, el brasileño Joao Baena Soares, entonces Secretario General de la OEA, fue uno de los testigos de las negociaciones por la paz entre el gobierno de Nicaragua y la Resistencia Nicaragüense iniciadas en marzo de 1988.

Pero si bien es cierto el factor internacional es de un peso invaluable en los hechos políticos domésticos, también es cierto que lo decisivo es el desenvolvimiento del conflicto interno en cada nación, si bien aquel puede acicatear su solución. De tal forma que las gestiones -legítimas y legales- de Luis Almagro, contribuyen sin duda alguna a concretar lo más pronto posible una salida democrática en Venezuela, pero será la lucha de las fuerzas democrática venezolanas la decisiva para concretar esa indispensable alternativa.

Eso vale para Nicaragua. Y la conducta cada vez más errática, despótica y de desprecio de Ortega hacia los actores progresistas de la comunidad internacional, sociedad civil y gobiernos democráticos, solo evidencia ante los ojos del mundo lo que los nicaragüenses ya sabemos y hemos denunciado: el orteguismo es una dictadura. Y no tardarán en manifestar su rechazo y condena cada vez más, distintas personalidades y entidades del mundo entero. A los nicaragüenses nos toca hacer lo propio.

Aniquilar el terror

La lógica de la guerra es tan simple como contundente y cruel: matar o morir. Es, por mucho, más simple que la política propiamente dicha. Pero la guerra y la política- aquella continuación violenta de la otra, decía Clausewitz- son hechas por seres humanos, seres con creencias y valores (o antivalores), portadores de una cultura, con determinada “conciencia social” diría el materialismo histórico. Tienen pues, guerra y política, una dimensión cultural que no siempre es considerada en su real magnitud.

La declaratoria  de guerra contra el terrorismo en Europa hecha por altos cargos, encierra dramatismo, pero también admite el fracaso de lo hecho hasta ahora -precisamente la guerra- para extirpar el terrorismo yihadista. Sin embargo, tal declaratoria, si se asume estrictamente desde el punto de vista militar, conlleva el riesgo de mantener en el descuido otros frentes de lucha. El cultural especialmente.

La guerra actual contra el terrorismo en Europa enfrenta, entre otras, dos dificultades estructurales. La primera es que la legislación europea dificulta la vigilancia y el procesamiento a sospechosos. Esta es una guerra sin estado de excepción en el teatro inmediato de operaciones, ya que el respeto a los Derechos Humanos se convierte en una frontera que los gobiernos no quieren siquiera correr el riesgo de pisar. Y es comprensible.

Sin descartar infaltables casos de ineficiencia policial o de la inteligencia, es común que varios de los terroristas que han actuado como “lobos solitarios”, ya estaban fichados o incluso habían sido interrogados. Y gozando de libertad, y quizás  hasta en “seguimiento”, cometieron los crímenes. Hay demasiados huecos legales y la libre movilidad por los estados de la Unión Europea en virtud del Tratado Schengen, les otorga ventaja a los terroristas. Hollande tuvo que pedir nuevas disposiciones legales para tener poderes especiales después de los actos del 13 de noviembre. Digo bien: nuevas leyes, no la aplicación de leyes pre existentes.

La otra dificultad es mayor. Las sociedades europeas no estaban –no están- anímicamente preparadas, culturalmente condicionadas, para recibir bombazos en los túneles de sus metros o en sus aeropuertos, ni en la discotecas o estadios, no obstante los recientes ataques en Bruselas, antes en Paris y más antes en Londres y Oslo. Y es absolutamente comprensible que no lo hayan estado. Sin embargo, la resistencia a admitir -todavía-, que el terrorista puede habitar en el vecindario o que puede ser el tipo de la maleta en el metro, tiene una consecuencia: hay una subestimación del peligro. Hasta ahora, que ocurran actos de terror en ciudades de Turquía, Pakistán o Irak, es “normal”, pero en Paris o Bélgica …! es difícil de asimilar. Pero ocurren. Y lo peor: seguirán ocurriendo, porque mientras los europeos siguen en la estupefacción, los terroristas operan.

No se trata de desatar la paranoia. O peor: que el miedo acicateado alimente –aun más- las opciones ultraderechistas y xenófobas, como ya  ocurre.En Francia el Frente Nacional y en Alemania la AFD, avanzan casi vertiginosamente en conseguir simpatías.Se trata que las sociedades europeas asuman que el terrorismo vive, conspira y actúa en su interior.Y que debe ser eliminado.

Si bien desde la perspectiva de Occidente, esta no es una guerra contra la cultura islámica, para el yihadismo sí es una guerra “santa”contra la civilización occidental, a la que pretenden sojuzgar y destruir.Ellos lo han dicho.

Y eso no debe ser subestimado de ninguna manera, por eso la defensa activa de los valores y de la cultura occidentales,  es la primera línea de defensa en esta estrategia integral para aniquilar el terror fundamentalista, sus fuentes y a sus portadores. Y debe ser sin culpas ni complejos, sin negar las otras culturas y su derecho a existir, toda vez que valores universales –y recalco universales- como los Derechos Humanos y la paz, sean observados por unos y otros.

Berta y nosotros.

El asesinato de la dirigente indígena hondureña Berta Cáceres el pasado 3 de marzo, ha provocado, con justificada razón, el repudio unánime en el ámbito internacional. Berta se suma a las doce víctimas que hubo en Honduras en el 2014 por la defensa del ambiente y los recursos naturales. Si: doce en un año. Macabros indicadores que lo califican como el país más peligroso también en este particular rubro.

Tras el crimen no es difícil identificar a sus autores intelectuales. Basta preguntarse ¿a quiénes perturbaba la lucha de Berta a favor de los intereses de las comunidades del noroeste hondureño? La lucha de la comunidad lenca contra las pretensiones de construir una presa hidroeléctrica, se sustenta en la defensa de los bosques, en el rechazo a la contaminación de los recursos hídricos -en particular del Río Lempa- y contra el desplazamiento forzoso al que se verían sometidos.

Básicamente las mismas causas que movilizan en Nicaragua a las comunidades campesinas en el centro, sur y este contra el proyecto del canal que promueve el orteguismo y a las comunidades   indígenas  por sus derechos ancestrales en el Caribe norte.

Pero si bien es cierto el crimen de Berta se da en Honduras, en el marco de lo que muchos califican como “Estado fallido”, que se muestra incapaz de frenar la violencia galopante que asedia en el campo y en las ciudades, también es cierto que demuestra hasta dónde puede llegar el capital troglodita con la complicidad, por acción u omisión, patrocinio o ineptitud, de quienes gobiernan.

La crisis que se vive en el Caribe Norte de Nicaragua entre las comunidades indígenas y los colonos, es latente. Tanto así, que la pasada Asamblea de YATAMA, realizada en los últimos días de febrero, ante la falta de protección por el Estado, convocó a las comunidades a la autodefensa. Y esa resolución no es de importancia menor en una región en la que hay historia de violencia y muchas armas en circulación.

Las causas de esa crisis yacen en la complicidad del régimen con los que, violentando los derechos de propiedad de las comunidades, deforestan y desplazan a la población, se asientan en sus territorios y desarrollan cultivos extensivos. Ello, a pesar que el país cuenta con una legislación que reivindica, incluso constitucionalmente desde 1987, los derechos de propiedad comunitaria e indígenas.

Y respecto al pretendido canal, el régimen es de manera inocultable, patrocinador y socio.

Ante eso, el riesgo que se presenten en Nicaragua crímenes como el cometido contra  Berta, no está de ninguna manera descartado. Triste pero cierto y hay que advertirlo a altas voces y con crudeza, para impedirlo. Si hasta ahora el crimen ha actuado impunemente en el plano de la violencia política, no hay garantías que esa misma violencia no opere contra los activistas sociales. Amenazas y agresiones menores ya se han dado.

El concepto de Desarrollo Sostenible abarca esencialmente el derecho a la vida. Es el aprovechamiento de los recursos naturales sin poner el riesgo la sobrevivencia de las futuras generaciones, pero simultáneamente comprende el derecho humano al ambiente seguro y saludable, al equilibrio ecológico y al agua. Y los Derechos Humanos son universales.

Por eso, afirmar que la lucha de Berta Cáceres y de las comunidades lempas en Honduras, es la nuestra, la de las comunidades campesinas e indígenas de Nicaragua, no es retórica. Es simple y pura verdad.