Ortega enfrenta sanciones por corrupción e impunidad

En Managua, es comentario abierto que no hay tranquilidad en los despachos -ni en las alcobas- de El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega, presidente designado y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada, vocera y gobernanta de Nicaragua.

Y es comprensible que no haya sosiego en la sede del omnímodo poder que administra Nicaragua desde el 2007. Después de ejercer durante diez años un gobierno autoritario y de haber desmontado las instituciones democráticas que desde 1990 pujaban por establecerse, las cosas no pintan nada bien para la pareja Ortega- Murillo.

El pasado 21 de diciembre el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Roberto Rivas Reyes mediante la aplicación de Ley Magnitsky. Rivas Reyes, un protegido de Ortega y de su aliado, el jubilado Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quien preside el aparato electoral que ha organizado los fraudes electorales ejecutados en Nicaragua en los últimos diez años. Y eso, unido a sus prácticas corruptas como funcionario público, son las razones de la sanción estadounidense.

Las acusaciones de corrupción que recaen sobre Rivas Reyes, merecen párrafo aparte. La vida de Rivas Reyes está llena de lujos exuberantes e imposibles de  explican a partir de su ingreso salarial y de lo que le genera una modesta plantación de café de la cual es propietario. Su enriquecimiento, por lo demás ofensivo en el segundo país más pobre del continente de América, ha sido paralelo a su ejercicio como funcionario público. Mansiones y automóviles de lujo en Managua, Madrid y San José, jets privados, y numerosas inversiones inmobiliarias internacionales, solo pueden ser explicadas por el uso de recursos del erario en beneficio particular o porque es testaferro de poderosos, o por ambas cosas.

Pero Ortega no solo no ha destituido a Roberto Rivas Reyes, colocado ahora entre los catorce delincuentes internacionales sancionados por la Ley Magnitsky, sino que mediante una pueril reforma legal, lo confirmó en su cargo -aunque liberándolo de responsabilidades administrativas-, le preservó todas sus prebendas y la impunidad en que vive.

Un hecho que llama la atención en Managua en las últimas semanas, es que las escandalosas caravanas en las que se moviliza Rivas Reyes han dejado de circular. ¿Dónde está? Ortega ¿lo protege o lo retiene? Rivas Reyes sabe mucho, demasiado quizás y por eso la hipótesis que su director le mandó hacer mutis, es cada vez más aceptada.

Pero la impunidad que Ortega otorga a Rivas Reyes, también se la proporciona a perseguidos internacionales. Tal es el caso de Mauricio Funes, ex presidente salvadoreño, condenado por enriquecimiento ilícito en su país, quien vive alegremente en Managua, asiste a actos oficiales y goza incluso de protección policial. Más recientemente se ha  denunciado que Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura  de Guatemala y sobre quien hay una orden de captura por el delito de peculado y fraude, también está en Nicaragua.

La impunidad que el régimen de Ortega otorga a personajes acusados de corrupción, y  de distinta calaña, se extiende a violadores de los Derechos Humanos.

En los últimos años en el campo, las ejecuciones de la policía y el ejército a ciudadanos opositores, son cada vez más frecuentes. Desde el 2011 a la fecha, el número de opositores -a los que el régimen señala de delincuentes comunes- “muertos en combate” o abiertamente ejecutados, pasa de los cincuenta. El caso más reciente incluye las vejaciones y el asesinato a dos menores de edad a manos de unidades del ejército. Los cadáveres, como en otros casos, no fueron entregados a los familiares. Y al igual que en situaciones similares, los jefes policiales y militares involucrados, gozan de la protección del régimen de Ortega.

Permitir el enriquecimiento ilícito y otorgar protección ante las acusaciones por crímenes y corrupción, es la moneda con la que Ortega paga la fidelidad a los suyos. O bien es un servicio que ofrece a corruptos internacionales, fundado en el control unipersonal de las instituciones del estado.

Sin embargo, las sanciones con la Ley Magnitsky ya aplicadas a Roberto Rivas y los anuncios que pronto habrá nuevos sancionados, incluyendo al Tesorero del FSLN, Francisco López y altos magistrados judiciales, y la Nica Act que sancionaría al actual gobierno de Nicaragua por violador a las libertades y que puede ser aprobada en cualquier momento en el Senado de los EEUU, causan justificada preocupación en el círculo de los Ortega Murillo.

Ortega sabe que EE UU es un adversario poderoso, y con maniobras pretende eludirlo. Y sabe que el terreno de enfrentamiento en la sociedad global actual, es el comercial y el financiero, los mismos en los que, pese a las peroratas antiimperialistas que suele largar a sus bases, es frágil. Y es más frágil ahora que su protector en los últimos diez años -el régimen chavista- vive una crisis terminal.

Pero Ortega también sabe que el voto ciudadano es su más poderoso adversario, toda vez que sea ejercido en libertad y sin exclusiones. Por eso ha impedido elecciones libres en los últimos diez años con la complicidad y los fieles servicios del ahora sancionado Roberto Rivas.

Por la misma razón, la oposición ha presentado la propuesta de una reforma electoral profunda, que permita  elecciones libres, sin exclusiones y con observación internacional. Ese es el camino –el único en paz- para restituir la democracia en Nicaragua y con ello terminar la impunidad y desterrar la corrupción.

Esa es la batalla cívica que se fermenta en Nicaragua. Suficientes razones para que el insomnio se pasee en El Carmen.

(publicado en Mundiario, España el 27 de febrero del 2018)

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Ejército de Ortega practica ejecuciones

“ ¿Dónde están nuestros hermanos campesinos? Que contesten los asesinos !”

Era una consigna que resonaba en los recintos universitarios  y en las marchas ciudadanas contra la dictadura somocista. Era Nicaragua a finales de los años setenta, cuando por la represión política en el campo se contabilizaban decenas de campesinos asesinados o desaparecidos.

Desde hace dos semanas la misma consigna vuelve a leerse en las redes sociales y en los muros de las ciudades y a escucharse en las protestas ciudadanas. Es siempre en Nicaragua, y aunque han pasado 40 años el drama es un déjà vu. Ejecución sumaria. Masacre. Torturas. Violaciones. Son palabras que han regresado y con ellas el dolor de quienes  las  han padecido y la creciente indignación de una sociedad que no quiere repetir todo lo sufrido.

El último de los hechos que ha dado lugar a ello podría haber pasado como una noticia más de los últimos meses, aunque con una dudosa credibilidad por la parcialidad de sus emisores primarios: “El delincuente Rafael Dávila Pérez, alias “Colocho” y 5 de sus compinches murieron este fin de semana al enfrentarse a balazos con tropas del Sexto Comando Militar Regional, en el sector de la comunidad San Pablo 22, en el municipio de la Cruz de Rio Grande, al este del país.” Así informó la radio oficiosa su versión de lo ocurrido.

Lo que se ha sabido  después, por la valiente denuncia de Elea Valle, la esposa del mencionado Rafael Dávila Pérez y por unas desgarradoras fotografías que de manera anónima empezaron a circular por la red, es lo que tiene estremecida a la sociedad nicaragüense: Dávila Pérez  no era un delincuente común, era un alzado en armas contra el régimen de Ortega por razones políticas; los muertos fueron el resultado de una ejecución sumaria, no de un combate; entre los muertos hay dos menores de edad, Yojeisel  y Francisco de 16 y 12 años respectivamente, ambos hijos de Dávila y quienes habían acudido a encontrarse con su padre después de largo tiempo de no verlo. Los cadáveres de los menores, según las fotografías y testigos,  presentan evidentes signos de torturas y acuchillamiento. En palabras de la madre, Yojeisel, la niña, también fue ultrajada sexualmente.

La jefatura del ejército, incluyendo a su jefe supremo, Daniel Ortega, ha guardado un estrepitoso silencio frente a las denuncias hechas. Pero no solo, también ha puesto oídos sordos a la demanda de la ahora viuda de Dávila Pérez y madre de las dos víctimas menores de edad, para que los cuerpos sean entregados. Al dolor por la ejecución de sus tres seres queridos, se suma el escarnio de no poder darles la debida sepultura.

En los últimos siete años en Nicaragua, según los registros oficiales, se han dado 20 enfrentamientos armados de las fuerzas de la policía o del ejército con grupos “delincuenciales“. De ellos han resultado  41 ciudadanos muertos. Nunca se han presentado capturados y pese a la recurrente versión oficial de que son delincuentes comunes, familiares y amigos de los fallecidos y sacerdotes, han sostenido -en todos los casos-  que eran personas alzadas en armas por razones políticas.

Pero delincuentes comunes o no, el  Estado y las autoridades militares y policiales, no han cumplido con la obligación de respetar la vida y la integridad física de los capturados y procesarlos debidamente como en derecho les corresponde.

El último caso, ya conocido como la masacre de La Cruz de Río Grande, ha dado lugar a que ex jefes militares, jerarcas religiosos, entre ellos varios obispos católicos, diversas organizaciones de la sociedad civil y  partidos políticos de oposición, adviertan que el régimen de Ortega se ha configurado ya de manera clara en una dictadura en que la policía y el ejército son instrumentos de represión política, que violan constante y flagrantemente los Derechos Humanos.

La situación es preocupante, no solo por el último hecho denunciado en sí mismo, sino porque podría ser el inicio de un nuevo ciclo de violencia política en un país en donde las heridas morales de dos guerras en los últimos cuarenta años están todavía frescas y las consecuencias materiales de 100 mil muertos, otro tanto de sobrevivientes con lesiones físicas y morales permanentes, centenares de miles de migrantes y millonarios daños, todavía son notorios.

En Nicaragua, como en cualquier otra parte del mundo, el  delincuente o el asesino, como el corrupto, cuando siente el amparo de impunidad que le da la protección del poder, es incentivado  a repetir sus acciones. Pero además su conducta tiende a ser imitada.

De allí que la responsabilidad de quienes ahora  ejercen el poder en Nicaragua es enorme. Y están frente a una disyuntiva: o  investigan y castigan a los responsables de la masacre de la Cruz de Río Grande y de todas las denunciadas antes,  o se mantienen como cómplices encubridores, y se atienen a las consecuencias políticas y legales que tales hechos inevitablemente tendrán a corto y mediano plazo.

Publicado en :

MUNDIARIO- España: www.mundiario.com/articulo/politica/nicaragua-ejercito-ortega-oractica-ejecuciones-sumarias/20171128164551107572.html

Nicaragua Hoy : http://www.nicaraguahoy.info/ejercito-ortega-practica-ejecuciones-sumarias/

Cien años de una revolución que se fue

Frente al imponente edificio de la Universidad Lomonósov, en Moscú, el pintor peruano –comunista para más señas- preguntó a la catedrática soviética:  “¿Cuáles son las corrientes actuales más importantes en la plástica rusa?”. La doctora en artes, entre sorprendida e indignada, respondió “¡En la URSS, solo hay una: el Realismo Socialista !”. Corría el año 1976.

Casi para esos mismos días, los partidos comunistas de España, Francia e Italia, los dos últimos especialmente poderosos, renunciaron abiertamente a la premisa- tenida hasta entonces como dogma en el marxismo-leninismo de la instauración de la dictadura del proletariado como condición para construir el socialismo. A contrario senso de Moscú, reivindicaron la democracia y el pluripartidismo. Aquello fue interpretado como una rebelión y los descalificativos -muchos de ellos todavía en uso por la izquierda más ortodoxa- contra los “disidentes”, abundaron: traidores, revisionistas, agentes de la CIA, entre otros.

La revolución rusa de octubre de 1917 que abrió paso al establecimiento del socialismo en lo que después fue la URSS y marcó su impronta en el siglo XX, celebra su centenario. Y el hecho, sin duda relevante, ha provocado que defensores y críticos en el mundo entero, se enzarcen en debates de todo tipo y calidad.

Pero esa revolución que en los manuales del viejo materialismo histórico, marcaba el inicio de una nueva época, naufragó.

La visión reduccionista de la realidad, el intento de establecer una ideología como la cultura de la sociedad, pasando por alto la diversidad que la caracteriza, y la negación de la democracia como una necesidad histórica, sentenciaron a muerte el socialismo soviético desde muy temprano. El socialismo en la URSS, nació y se estableció como sistema en medio de muchas dificultades, y sobrevivió siete décadas, pero se derrumbó estrepitosamente apenas se plantearon reformas para establecer la transparencia (glásnot) en la política y las reformas modernizantes (perestroika) en lo económico.

La gigantesca burocracia y el estricto control del omnímodo PCUS, ocultaban las heces y las debilidades estructurales del sistema. Pero un sistema que niega el ejercicio de las libertades ciudadanas y abandona al ser humano como centro de su gestión, aunque  sea en nombre de la clase o el pueblo, está condenado inevitablemente a fenecer.

Por eso,  quienes de manera simplista atribuyen el derrumbe del socialismo soviético y sus consecuencias -la desaparición de la llamada comunidad de países socialistas-,  a la gestión personal de Mijail Gorbachov, no hacen más que reconocer la debilidad innata del socialismo soviético. Este mismo razonamiento simplista, es el que atribuye a Stalin –y no al sacrificio del pueblo soviético- la victoria sobre la invasión hitleriana y el aporte de la ex URSS  a la derrota del fascismo. Y lo peor: excusan de esa manera los crímenes del estalinismo.

¿Cómo puede ser legítimo un sistema que necesita un dictador para defenderse y que no resiste una reforma democrática ?

Quienes defienden a ultranza el modelo soviético, esgrimen como uno de sus argumentos, la solidaridad que en nombre del Internacionalismo Proletario practicó la antigua URSS con muchos pueblos. Dicha solidaridad, que no fue incondicional, era parte del cálculo soviético en el contexto de la Guerra Fría. Y se dio en cuanto fue funcional a sus intereses estratégicos. La otra cara de la moneda fueron las invasiones a Hungría (1956), a Checoslovaquia (1968) y a Afganistán (1979), las dos primeras para aplastar movimientos democráticos nacionales y la tercera para afianzar un poder afín, objetivo que no alcanzaron y que dejó un saldo doloroso con miles de jóvenes caídos lejos de su patria. El síndrome de Viet Nam no conoce de ideologías.

La revolución rusa concitó en su momento las esperanzas de los pueblos oprimidos del mundo, y presentó la posibilidad real de construir un sistema alternativo al capitalismo. A partir de ella, el socialismo, como ninguna otra causa política en la historia, movilizó a millones  de personas y otros tanto de miles, entregaron su vida creyendo en sus postulados. Pero como en otras experiencias, las deformaciones que sobrevinieron, enterraron las legítimas expectativas

Ninguna revolución se ha dado reivindicando el establecimiento de una dictadura. La revolución rusa triunfó contra el zarismo  demandando “Pan, paz y tierra“. Tampoco son las intenciones ni los actos heroicos que se producen, los que cuenta para valorar la justeza de una causa, son los resultados y es el saldo neto el que se registra. Y la revolución rusa, no superó el escrutinio de la historia.

(Publicado en MUNDIARIO- España, 6.11.2017)

Criminales libres y torturas

Estado de Derecho es un concepto, y por tanto una abstracción, pero su observancia o no, se manifiesta cotidianamente. Y cuando se expresa en asuntos de vida o muerte, su contundencia es mayor. De los hechos posteriores a los sucesos del pasado 26 de enero en el barrio San Luis, en el que resultaron dos policías y un delincuente muertos, se imponen reflexiones y preguntas impostergables

¿Por qué el delincuente muerto, ex policía, con un largo historial delictivo y condenas pendientes, estaba libre? ¿Por qué? Alguien debe explicarlo. ¿Cuántos más -criminales condenados- circulan libremente por las calles de nuestras ciudades y acaso planean ya el próximo delito?

Que el delincuente aniquilado sea un ex policía, egresado de la academia policial además, no es un asunto menor. Recibió entrenamiento e información, puesta al servicio del crimen. ¿Tiene que ver que haya estado libre  con su condición de ex policía?

En México ex policías se han distinguido como los más sanguinarios delincuentes vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles son los criterios de la institución policial para integrar personal? ¿Hay medidas de control y contra chequeo para prevenir ser penetrados por el crimen organizado ? ¿ Hay y funciona una inspectoría de asuntos internos? ¿Se sanciona? ¿Por qué no hacen públicos sus informes?

¿Por qué los delincuentes capturados presentan evidentes señales de torturas?¿Por qué la policía tortura? (No es el primer caso).

Y, como se señaló en las redes sociales después de la comparecencia de los capturados ante la judicial, el órgano policial no tiene ningún empacho en presentarlos públicamente así. Como quien dice torturan y no lo esconden.

El argumento que pretende justificar las torturas por la indignación que ha provocado la muerte de los policías es primitivo y por tanto despreciable, porque la tortura es ante todo un acto de cobardía. Y si es practicada por la autoridad un doble crimen.No hay ninguna motivación, ninguna, que la justifique.

Obviamente no hay institución pública ni privada exenta de ser penetrada por criminales. Pero es obligación del Estado, y de las instituciones públicas correspondientes en primer lugar,  disponer de los mecanismos de prevención del delito. Y si este ocurre, la aplicación efectiva de la legislación penal, incluyendo el debido proceso y los derechos humanos de los reos y procesados. Por ello la tortura está constitucionalmente prohibida. Y nadie, delincuente o asesino incluso, debe ser torturado. Nadie.

Claro: esto es lo que debe ser. Pero en Nicaragua el Estado de Derecho es inexistente y su desmontaje ha ido aparejado a la corrupción moral que promueve y estimula el régimen.

Si hay un presidente que llegó a serlo violentando la Constitución -la misma que prohíbe la tortura- si él mismo ha sido acusado de delitos sexuales que “prescribieron”,  si se designan jefes policiales y militares, magistrados, jueces, procuradores y demás, en virtud de la fidelidad al gobernante y no sobre la base de la ley, la transparencia o la experiencia, es razonable pensar que se exime de penas a delincuentes o a policías que matan o torturan por la misma razón.

Por eso mismo la mayoría de la población, está indefensa. Por eso, usted o yo podemos ser la próxima víctima del crimen o -aunque sea paradójico- de un policía, como lo fueron los niños de Las Jaguitas.

 

¿Cuál injerencia?

Como no podía ser de otra manera, el orteguismo ha respondido a la aprobación en primera instancia de la Nica Act, señalándola de ser una acción injerecista. Ciertamente no ha sido el propio Ortega, sino la gobernanta y vocera, quien presentó la reacción oficial. A tono, el coro de voceros oficiosos y plumíferos del régimen han desatado el discurso “anti imperialista”.

Casualmente las recientes declaraciones del viceministro ruso, Serguéi Riabkov, expresando su apoyo al FSLN en las denominadas elecciones de noviembre próximo, brindaron una oportunidad para que los que se erigen en defensores a ultranza de la soberanía nacional, reaccionaran a la injerencia rusa. Pero no. Hicieron mutis, y por el contrario, reprodujeron con alegre despliegue las declaraciones del vocero de Putin. Son los mismos que han apoyado y defendido la entrega del territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal interoceánico.

Por otra parte, hay quienes que desde posiciones no orteguistas, han criticado a los que supuestamente han reclamado y gestionado “el injerencismo estadounidense”

Sin embargo, demagogia oficial aparte, cabe preguntarse, si en verdad la preocupación reinante en diversos sectores de los EEUU, y que ha llevado a la promoción de la Nica Act, que dispone la oposición a créditos en tanto no se restituya la democracia en el país y la publicación de los actos de corrupción del régimen, es injerencia o no.

En primer término hay que recordar que la cooperación que los EEUU brinda a diversos países proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Y, en consecuencia, supervisar su correcto destino y su debida utilización, es responsabilidad de sus gobernantes y legisladores. De allí que la decisión de dar o no préstamos al régimen de Ortega, que violenta los derechos de los nicaragüenses y ha desmantelado el estado de derecho, es absolutamente soberana. El mismo argumento vale para sustentar las posiciones que los EEUU asuman en las instituciones financieras internacionales, donde -de nuevo- los aportes provienen de los impuestos ciudadanos.

De otra parte hay que señalar que en el mundo de hoy, lo concerniente al medio ambiente, democracia y derechos humanos, son temas cuyo escrutinio está más allá de las fronteras formales. Incumben a la comunidad internacional. Diversos tratados multilaterales legislan la materia.

Pero además, las principales convenciones internacionales que reconocen los derechos humanos en sus ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos, tienen en Nicaragua, rango constitucional, a la luz del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, ya sabemos que para el régimen, acorde con su naturaleza totalitaria, la Constitución no es la norma fundamental que regula su quehacer, sino un instrumento que se usa de manera funcional a sus intereses y planes.

Dirigir la crítica -la bien intencionada- hacia quienes han denunciado en distintos espacios y foros internacionales los desmanes del régimen, es errado. Es criticar las consecuencias y distraer la atención de las causas que han llevado a este punto.

Las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que han denunciado al orteguismo fuera del país, han hecho uso de un elemental derecho. Es más: cumplen la obligación de dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Las decisiones que tenga a bien tomar cada estado u organización, es su potestad exclusiva. Ya antes la Unión Europea y otros países, han reducido o retirado la cooperación oficial ante los fraudes electorales que ha ejecutado Ortega y  la corrupción que corroe su gobierno.

Claro, que los Estados Unidos tomen medidas como las que pretende la legislación en curso, tiene un mayor impacto nacional e internacional, tanto real como simbólico. No solo porque se trata del principal socio comercial de Nicaragua y donde reside la mayor comunidad migrante de nacionales, también por su peso específico -determinante- en los organismos financieros internacionales. Y, desde luego, porque la política exterior de los Estados Unidos ha jugado un papel incuestionable en la historia nicaragüense, ciertamente no siempre para bien.

Las consecuencias económicas, concretas y potenciales, de la Nica Act, ya han sido señaladas por organismos especializados de incuestionable rigurosidad y credibilidad. Corresponde al régimen de Ortega la autoría de los atropellos que han provocado la reacción estadounidense y por tanto la responsabilidad de las consecuencias, económicas y sociales, de concretarse la aprobación final de dicha ley. Decir otra cosa es tomar el rábano por las hojas y eximir al régimen de su culpa.

Está claro que la responsabilidad última de conquistar el re establecimiento de la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses, con la convicción que el peso de la comunidad internacional -estados y sociedad civil-, y dentro de ella los EEUU, es absolutamente relevante.

El régimen continuará e intensificará su demagogia. Soberanía, anti imperialismo, serán conceptos recurrentes y los adjetivos descalificativos a la oposición continuarán. Es el velo que pretende ocultar los desmanes y los actos de corrupción que la Nica Act revelaría. Es un discurso que se gasta, como se agota el tiempo de Ortega.

Las razones por las que Nicaragua vuelve a atraer la atención mundial

Durante la década de los ochenta, Nicaragua fue noticia constante en la prensa mundial. El derrocamiento de la dictadura somocista en los estertores de la década de los setenta, y el posterior establecimiento de un régimen que adelantó una revolución popular, que tuvo primero claros visos de originalidad y luego un marcado giro a la izquierda, concitaron la atención mundial. Más aún porque todo ello se daba en un cruento contexto de violencia, signado primero por una insurrección y luego por una guerra civil y porque el pequeño país centroamericano se convirtió en un protagonista menor de la Guerra Fría, cuyo final se acercaba.

Durante los últimos años, Nicaragua apenas llamó la atención de la opinión pública internacional, a no ser por tragedias naturales y la denuncia de uno u otro caso de corrupción en los gobiernos liberales que se sucedieron de 1990 al 2006. Sin embargo, en los últimos meses el mundo ha vuelto a prestar atención a lo ocurre en el triángulo terrestre en el que el continente americano se estrecha. Y ha sido precisamente de la mano de Daniel Ortega, uno de los líderes de aquella revolución del 79 y cabeza del ejecutivo durante los años ochenta, que la patria de Rubén Darío y de Sandino, es hoy otra vez noticia. Y, lamentablemente, no son precisamente buenas noticias.

En el 2006, Daniel Ortega, del FSLN, llegó nuevamente a la presidencia. Y aunque lo hizo apenas con el 38% de los votos, en virtud de un acuerdo de cúpulas con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, que, entre otras cosas, eliminó el mínimo anterior necesario para ganarla en primera vuelta, ciertamente sus votantes albergaban la esperanza de establecer un gobierno más sensible que los precedentes a las necesidades sociales de la población.

Sin embargo, a diez años de haber asumido Ortega la presidencia, renovada en unas cuestionadas elecciones del 2011, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente, solo superado por Haití. Pero no solamente. Los avances en la construcción de la institucionalidad democrática, forjados en los noventa y primeros años del presente siglo, han sido gradualmente desmontados por el régimen del caudillo del FSLN, que hoy se prepara para asumir un nuevo período -cinco años más- mediando una farsa electoral a realizarse el 6 de noviembre próximo. Ahora con su mujer, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta.

La concentración de poder por parte de Daniel Ortega, de desnaturalización de las instituciones -policía y ejército incluidos- y la ilegalización de los auténtico partidos opositores, ha ido aparejado de la apropiación de la mayor parte de los réditos de la cooperación petrolera venezolana que, según especialistas, alcanza la bicoca de más de 4.000 millones de dólares. La cooperación en términos generosos para Nicaragua, de la que Ortega y su grupo se han apropiado, es resultado de un acuerdo económico suscrito entre él y el fallecido Hugo Chávez, al que Nicolás Maduro ha dado continuidad.

Una parte de esos fondos el gobierno de Ortega los ha empleado en planes de asistencia social, sustentados en el clientelismo político, y constituyen todavía el sustento del apoyo que luce en las encuestas oficiales. Todo cobijado con un discurso programático que se auto denomina “cristiano, socialista y solidario”.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el régimen de Ortega. En el año 2013, mediante una ley aprobada por el parlamento bajo su control, entregó mediante una generosa concesión prácticamente todo el territorio nacional, a un oscuro empresario de China Popular, para la supuesta construcción de un canal interoceánico.Tres años después, no hay señales creíbles de tal obra, que amén de la destrucción ambiental que implicaría, desarraigaría a más de cien mil familias campesinas de sus territorios. Wang Jing, el empresario beneficiado por la concesión, ha enfrentado el último año graves problemas financieros y la población campesina se encuentra en estado de movilización permanente en rechazo al pretendido canal.

El régimen venezolano enfrenta una crisis integral y sin duda su desenlace significará un parteaguas también para Ortega. De hecho, ya en los últimos meses la cooperación venezolana se ha visto reducida obligando al gobierno nicaragüense a restringir sus planes asistencialistas y anunciar un aumento de los impuestos.

Sumado a ello, el pasado 21 de septiembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley Nicaraguan Investiment Conditionality H.R. 5708. La ley, una iniciativa bi partidista, cuyos autores y promotores han sido los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), establece dos disposiciones fundamentales. Por un lado indica que los Estados Unidos se opondrán a que se otorguen créditos a Nicaragua en las instituciones multilaterales como son el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no se reestablezca el Estado de Derecho y la efectiva independencia de poderes, se efectúen elecciones transparentes y se garantice la libertad de expresión.

De otra parte, establece que 120 días después que la legislación entre en vigencia el Departamento de Estado deberá presentar al Congreso un informe sobre los actos de corrupción en el ejecutivo nicaragüense y en otras instituciones como el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

La aprobación de esta ley en la primera instancia del legislativo estadounidense es un indicativo fiel de la percepción y preocupación que priva en los Estados Unidos por el estado de cosas en Nicaragua, cuyo régimen, además, no oculta su alianza – estratégica, han dicho sus protagonistas- con Rusia e Irán.

Las consecuencias de la entrada en vigencia de la ley, una vez que sea ratificada por el senado y refrendada por el presidente estadounidense, serían poco menos que catastróficas para la endeble economía nicaragüense que tiene en los EE UU el principal socio comercial y gran dependencia del financiamiento internacional.

La oposición en Nicaragua, mantiene un desconocimiento adelantado a las “elecciones” de noviembre próximo en las que, el ya septuagenario Daniel Ortega, pretende legitimar una dictadura de tipo dinástico bajo el modelo de partido único, al estilo de los viejos modelos socialistas de “democracia popular”. La oposición demanda que se convoquen nuevos comicios, con árbitros electorales imparciales, presencia de observación nacional e internacional independiente y calificada y que no se den exclusiones de ningún tipo.

Aunque en Nicaragua hay señales ciertas de la existencia de pequeños grupos armados opuestos a Ortega, la oposición, que abarca un amplio abanico de identidades ideológicas desde la derecha hasta la izquierda democrática, ha sido categórica en afirmar que la guerra no es opción, y apuestan por una salida cívica. Mientras, el régimen no da ninguna señal de corregir el rumbo.

Es previsible, entonces, que en Nicaragua los meses que faltan y el próximo año, se den hechos que atraerán la atención de la opinión pública internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España el 7 de octubre)

Golpe de Estado en Nicaragua

Daniel Ortega ha coronado un golpe contra el estado de derecho en Nicaragua.

Si bien las acciones que lo configuran no se atienen a la definición clásica de un golpe de Estado, el proceso de concentración de poder y la desnaturalización de las instituciones, iniciado a partir del 2007, y que tiene su acto más relevante -y acaso el más descarado- en la destitución de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, no permiten eufemismos. Es un golpe de Estado.

Los golpes de Estado clásicos se caracterizan por la toma del poder violentamente por un grupo, normalmente mediando la acción explícita de las fuerzas armadas. El caso de Chile en 1973, de Honduras en el 2009, y más recientemente en Turquía, calzan en esa definición, especialmente en la forma y las escenas que los ilustran: la suspensión de las garantías constitucionales, las fuerzas castrenses declarando estado de excepción, el cierre manu militari de los medios de comunicación independientes, los tanques en las calles y una represión generalizada.

No obstante, la evolución de la circunstancias históricas, con el creciente peso de las normas sobre Derechos Humanos y de los convenios internacionales que velan por la democracia, como la Carta Democrática de la OEA, la globalización económica y sus consecuencias políticas y jurídicas, han condicionado que los golpistas -desde dentro o fuera de los gobiernos- recurran a nuevas formas y coartadas para concretar sus despropósitos, normalmente amparándose en interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales, en reformas espurias aplicadas previamente por ellos mismos o haciendo operar poderes constituidos, que solo formalmente lo son. Todo para demoler la democracia desde adentro, alegando una legalidad inexistente e intentando reducir el costo político, especialmente externo.

La ciencia política moderna define como rasgos comunes de los golpes de Estado, al margen de las diferencias técnicas o formales mediante los cuales se ejecuten el acto, así: la negación de los derechos ciudadanos y en primer término de los derechos políticos, la subordinación por desnaturalización de las instituciones, la participación -por acción u omisión- de las fuerzas armadas, resultado de su parcialidad, la represión política a la oposición, la criminalización de las protestas sociales y la exaltación de un líder.

Pero hay otro elemento nuevo. Si los golpes en América Latina en la década de los setenta –Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala- se sustentaban básicamente en razones ideológicas -el anti comunismo-, ya desde Fujimori en 1992, una causal relevante en las motivaciones golpistas, ha sido encubrir el enriquecimiento ilícito de las cúpulas golpistas a costa del erario.

De otra parte, tampoco legitima los golpes de Estado el hecho que sus ejecutores gocen en algunos casos y siempre temporalmente, de alguna popularidad. Hitler la tuvo en los albores de su poder, Pinochet actuó con el beneplácito o la complicidad pasiva de importantes sectores de la sociedad chilena, al igual que Fujimori en su momento.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional era el último espacio institucional en el que la oposición actuaba. Al expulsar de su seno a los diputados que no se rindieron ante su chantaje o presiones, Ortega la terminó de aniquilar como institución y la convirtió en un espacio ocupado solo por empleados suyos. Ciertamente no la ha disuelto. Esa cosa, ese remedo de órgano legislativo, continuará funcionando formalmente para dar forma de ley a la voluntad del dictador, sin voces que desde su seno o con la investidura de parlamentarios, denuncien o cuestionen los atropellos.

La fuerzas armadas no han desplegado tanques ni soldados en las calles, pero los miembros de su jefatura son cómplices conscientes del golpe. ¿No estarán los tanques rusos en elevada disposición combativa, por cualquier cosa?

El hecho que este golpe se ultime cuatro meses antes de las votaciones de noviembre, precedido de la exclusión de la oposición de las mismas, revela además que el proyecto de Ortega no es solo antidemocrático, es absolutista. Ortega quiere gobernar solo, o que su eventual heredero así lo haga. No solo ha debilitado el estado de derecho, como cándidamente dijo la cúpula empresarial: lo sepultó.

El cambio definitivo de las reglas traslada la lucha interna por la democracia a un exclusivo pero amplio escenario: las calles.