A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)

LA INMORALIDAD COMO GOBIERNO

La historia de Nicaragua, tan llena de sinuosidades en la búsqueda de la democracia y la libertad, ha nutrido el calendario de numerosas efemérides políticas. No hay mes en que falte alguna relevante. La mayoría de batallas o martirios, escasas las que celebran victorias o alegrías nacionales. Porque como Sísifo, dice el símil, el pueblo de Nicaragua cuando casi ha llegado a la cima, una y otra vez ha tenido que volver al inicio.

Empieza enero, y cómo no, apenas al décimo día se conmemora el martirio de Pedro Joaquín Chamorro, periodista y político que terca y consecuentemente enfrentó a la dictadura somocista durante décadas, con la palabra para denunciar y convocar, y cuando lo consideró necesario, con el fusil.

El 10 de enero de 1978, dieciocho meses antes de su derrocamiento, el somocismo, evidenciado como una dictadura sangrienta, mandó a asesinar a Chamorro. Fueron sicarios los que apretaron el gatillo de la escopeta, pero los autores intelectuales del magnicidio conspicuos miembros de la cúpula del régimen.

El asesinato de Pedro Joaquín, como el pueblo lo llamaba a secas, fue repudiado por toda la ciudadanía. Desató de inmediato innumerables demostraciones populares, incluso violentas, que continuaron ininterrumpidamente hasta la insurrección general que derrocó al somocismo en julio de 1979. Nada casual. La sociedad nicaragüense estaba preñada de contradicciones que pugnaban por resolverse. De una parte la dictadura somocista había aniquilado todo espacio democrático mediante farsas electorales y represión, contaba para ello con una guardia pretoriana, con cómplices disfrazados de oposición y disponía del erario, para sobornar y comprar. De otra parte, las fuerzas opositoras, plurales y multiformes, por décadas habían labrado de diferentes maneras el camino para conquistar la democracia.

Con el asesinato de Chamorro el somocismo demostró hasta donde era capaz de llegar. El grupo económico de los Somoza que ejercía el usufructo del estado en su beneficio particular y en clara ventaja de los otros sectores de la clase empresarial, también estaba dispuesto a eliminar, incluso físicamente, a cualquiera que osara enfrentarlo, indistintamente de su pertenencia social o arraigo.

Y se dio el estallido. Transcurrirían menos de dos años para que el pueblo nicaragüense acariciara el establecimiento definitivo –eso creímos, eso quisimos– de una sociedad democrática, moderna, respetuosa de la pluralidad inherente, que allanara la conquista de la justicia social.

En 1985 se instaló una Asamblea Nacional, con carácter constituyente y de legislación ordinaria. La Constitución que resultó de sus deliberaciones, estableció que las tomas de posesión de los electos a la presidencia y vice presidencia en los comicios a realizarse cada cinco años, serían el 10 de enero correspondiente. Homenaje explícito y merecido por supuesto, a Pedro Joaquín Chamorro, el Mártir de las libertades públicas, como lo reconoció la misma Carta Magna.

Este 10 de enero del 2017, tomarán posesión de la presidencia y de la vicepresidencia, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, respectivamente. Él inicia así su cuarto período como gobernante, tercero consecutivo, y ella su primero en un cargo de supuesta elección. “Tomarán posesión” es un decir y el acto, lleno de parafernalia y frases vacuas a las que la Murillo es tan dada, solo es la parte final de la puesta en escena que empezó el 6 de noviembre con la farsa electoral.

La pareja Ortega-Murillo, es apenas el segundo caso en la historia de América Latina, en que quienes ostentan los máximos cargos del Poder Ejecutivo, comparten alcoba como matrimonio y en el que las principales decisiones de gobierno se toman –se supone– entre gemidos y arrumacos. Los argentinos Perón y María Estela Martínez eran hasta ahora el único.

Pero más allá del rasgo grotesco, más medieval que del siglo XXI que representa el acto de toma de posesión de la pareja Ortega-Murillo como reyezuelos de Nicaragua –con séquito y bufones incluidos–, es también una afrenta pública a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro precisamente cuando se conmemora su muerte. Chamorro fue mandado a matar por luchar toda su vida contra todo lo que Ortega personaliza: continuismo en el poder, fraude electoral, nepotismo, corrupción y descaro político.

Daniel Ortega y con él su mujer, a lo largo de los últimos diez años han desmontado el Estado de Derecho que había empezado a construirse en Nicaragua, han entregado la soberanía nacional a un oscuro empresario chino para la supuesta construcción de un canal interoceánico, se han enriquecido ellos y sus adláteres aprovechando los recursos del Estado, han descompuesto la institucionalidad de la policía y el ejército para colocarlos a su servicio y perpetuar un régimen familiar. Pero sobre todo, y al mismo tiempo de lo anterior, han corrompido moralmente el ejercicio de la política, en nombre de la izquierda y de una falsa revolución.

Pero hoy como en 1978, se han acumulado en la sociedad nicaragüense, contradicciones insalvables, que tarde o temprano darán al traste con el régimen de Ortega, para que de una vez por todas en el país se establezca la democracia, se construya la justicia,y la ética y la moral en política. Para no ser más Sísifo, porque los pueblos no están condenados a cumplir el fatídico mito, aunque a veces lo parezca.

(Publicado en MUNDIARIO-España el 9.1.2017, con el título: Tarde o temprano, contradicciones insalvables darán al traste con el régimen de Ortega)

2016, el año que Daniel Ortega perdió

Si la legitimidad de un gobierno se mide por el respaldo mayoritario en comicios reconocidos y la democracia de una sociedad por la libertad de sus ciudadanos para opinar y escoger, Daniel Ortega, el inconstitucional presidente de Nicaragua, deberá anotar saldos rojos en su balance anual del 2016. Aunque su vocería intente demostrar lo contrario.

De la agenda política del año resaltarán las votaciones del pasado 6 de noviembre, en las que, según las cuentas del Consejo Electoral, Ortega resultó victorioso con un 72% de los votos. Así, Ortega y su consorte, Rosario Murillo, serán ungidos el próximo10 de enero como presidente y vicepresidenta para el período 2017-2022.

Sin embargo, en Nicaragua nadie duda, ni el ciudadano de a pie ni los especialistas, que las llamadas elecciones no fueron más que una puesta en escena, cuyos desenlace se conocía con antelación. Tampoco le han otorgado legitimidad a dichos comicios el gobierno de los EE UU,  que calificó el proceso de viciado, ni la Unión Europea, que lamentó que no fuesen libres.

Y a la puesta en escena no se prestó la ciudadanía nicaragüense. Según organismos especializados, la abstención alcanzó el 70% del padrón electoral, el más alto de los últimos treinta años y que hizo ostensible el rechazo a la farsa.

Pero hay más. Un estudio de opinión realizado entre el 13 de septiembre y el 19 de octubre pasado -precisamente en los meses previos a las votaciones del 6 de noviembre pasado-, por la Universidad de Vanderbilt como parte del Barómetro de las Américas, revela que el 63 % de los ciudadanos nicaragüenses opina que “hay que cuidarse al hablar de política, incluso con los amigos”. Es decir, dos tercios de la población expresan algún temor por causas políticas. Temor a perder el empleo, en un país en que el desempleo abierto y el encubierto, constituyen la principal angustia cotidiana de la población. Temor a las claques orteguistas, que bajo la complicidad de la policía amenazan y agreden a quienes protestan. Temor a la propia policía que dirigida de facto por el consuegro de Ortega, es otra pieza en el engranaje represivo del régimen.

No obstante ese temor tiende a desaparecer en la medida que los ciudadanos ven agredida su vida cotidiana y su modus vivendi. El rechazo de la población campesina al proyectado canal interoceánico de Ortega, quedó demostrado el pasado 30 de noviembre cuando una marcha sobre la ciudad capital fue reprimida por la policía que recurrió incluso a la destrucción de puentes y corte de caminos para impedir la movilización ciudadana.

Pero el balance negativo del 2016 de Ortega deberá anotar además y de manera resaltada, la crisis de Venezuela y sus consecuencias sobre Nicaragua y el hecho que la comunidad internacional ha posado los ojos sobre su gestión. Sus desmanes ya no pasan inadvertidos para el mundo.

La muerte de Fidel Castro, aparecerá también en sus pérdidas, sobre todo porque a su sombra recurría Ortega para reivindicarse de izquierda ante los grupos que en el mundo añoran tiempos idos y fracasados. Y sobre todo porque el fallecimiento de Castro recuerda que la inmortalidad es un recurso de la demagogia, que la muerte es inevitable incluso para comandantes y presidentes.

El régimen de Ortega entra al 2017 en posición defensiva. Está bajo la lupa del Senado de los EE UU que deberá abordar la Nica Act en los próximos meses, legislación que lo sanciona por antidemocrático, y a mediados de enero deberá conocerse el informe de la Secretaría General de la OEA sobre la situación de la democracia en Nicaragua y particularmente sobre las reiteradas denuncias de violaciones a la Carta Democrática que ha recibido de diferentes sectores de la población.

Las maniobras in extremis siempre han sido un rasgo típico de Ortega. Esta vez no debe ser la excepción. El punto es que su margen de acción se ha reducido considerablemente y ya está en duda que concluya el período que iniciará el 10 de enero: sin legitimidad interna, crecientes presiones económicas y cada vez menos aliados en el ámbito internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España, el 13/12/2016)

 

¿Cuál injerencia?

Como no podía ser de otra manera, el orteguismo ha respondido a la aprobación en primera instancia de la Nica Act, señalándola de ser una acción injerecista. Ciertamente no ha sido el propio Ortega, sino la gobernanta y vocera, quien presentó la reacción oficial. A tono, el coro de voceros oficiosos y plumíferos del régimen han desatado el discurso “anti imperialista”.

Casualmente las recientes declaraciones del viceministro ruso, Serguéi Riabkov, expresando su apoyo al FSLN en las denominadas elecciones de noviembre próximo, brindaron una oportunidad para que los que se erigen en defensores a ultranza de la soberanía nacional, reaccionaran a la injerencia rusa. Pero no. Hicieron mutis, y por el contrario, reprodujeron con alegre despliegue las declaraciones del vocero de Putin. Son los mismos que han apoyado y defendido la entrega del territorio nacional al empresario chino Wang Jing, para la supuesta construcción del canal interoceánico.

Por otra parte, hay quienes que desde posiciones no orteguistas, han criticado a los que supuestamente han reclamado y gestionado “el injerencismo estadounidense”

Sin embargo, demagogia oficial aparte, cabe preguntarse, si en verdad la preocupación reinante en diversos sectores de los EEUU, y que ha llevado a la promoción de la Nica Act, que dispone la oposición a créditos en tanto no se restituya la democracia en el país y la publicación de los actos de corrupción del régimen, es injerencia o no.

En primer término hay que recordar que la cooperación que los EEUU brinda a diversos países proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses. Y, en consecuencia, supervisar su correcto destino y su debida utilización, es responsabilidad de sus gobernantes y legisladores. De allí que la decisión de dar o no préstamos al régimen de Ortega, que violenta los derechos de los nicaragüenses y ha desmantelado el estado de derecho, es absolutamente soberana. El mismo argumento vale para sustentar las posiciones que los EEUU asuman en las instituciones financieras internacionales, donde -de nuevo- los aportes provienen de los impuestos ciudadanos.

De otra parte hay que señalar que en el mundo de hoy, lo concerniente al medio ambiente, democracia y derechos humanos, son temas cuyo escrutinio está más allá de las fronteras formales. Incumben a la comunidad internacional. Diversos tratados multilaterales legislan la materia.

Pero además, las principales convenciones internacionales que reconocen los derechos humanos en sus ámbitos económicos, sociales, culturales y políticos, tienen en Nicaragua, rango constitucional, a la luz del artículo 47 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, ya sabemos que para el régimen, acorde con su naturaleza totalitaria, la Constitución no es la norma fundamental que regula su quehacer, sino un instrumento que se usa de manera funcional a sus intereses y planes.

Dirigir la crítica -la bien intencionada- hacia quienes han denunciado en distintos espacios y foros internacionales los desmanes del régimen, es errado. Es criticar las consecuencias y distraer la atención de las causas que han llevado a este punto.

Las organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que han denunciado al orteguismo fuera del país, han hecho uso de un elemental derecho. Es más: cumplen la obligación de dar a conocer al mundo lo que pasa en Nicaragua. Las decisiones que tenga a bien tomar cada estado u organización, es su potestad exclusiva. Ya antes la Unión Europea y otros países, han reducido o retirado la cooperación oficial ante los fraudes electorales que ha ejecutado Ortega y  la corrupción que corroe su gobierno.

Claro, que los Estados Unidos tomen medidas como las que pretende la legislación en curso, tiene un mayor impacto nacional e internacional, tanto real como simbólico. No solo porque se trata del principal socio comercial de Nicaragua y donde reside la mayor comunidad migrante de nacionales, también por su peso específico -determinante- en los organismos financieros internacionales. Y, desde luego, porque la política exterior de los Estados Unidos ha jugado un papel incuestionable en la historia nicaragüense, ciertamente no siempre para bien.

Las consecuencias económicas, concretas y potenciales, de la Nica Act, ya han sido señaladas por organismos especializados de incuestionable rigurosidad y credibilidad. Corresponde al régimen de Ortega la autoría de los atropellos que han provocado la reacción estadounidense y por tanto la responsabilidad de las consecuencias, económicas y sociales, de concretarse la aprobación final de dicha ley. Decir otra cosa es tomar el rábano por las hojas y eximir al régimen de su culpa.

Está claro que la responsabilidad última de conquistar el re establecimiento de la democracia en Nicaragua es de los nicaragüenses, con la convicción que el peso de la comunidad internacional -estados y sociedad civil-, y dentro de ella los EEUU, es absolutamente relevante.

El régimen continuará e intensificará su demagogia. Soberanía, anti imperialismo, serán conceptos recurrentes y los adjetivos descalificativos a la oposición continuarán. Es el velo que pretende ocultar los desmanes y los actos de corrupción que la Nica Act revelaría. Es un discurso que se gasta, como se agota el tiempo de Ortega.

Las razones por las que Nicaragua vuelve a atraer la atención mundial

Durante la década de los ochenta, Nicaragua fue noticia constante en la prensa mundial. El derrocamiento de la dictadura somocista en los estertores de la década de los setenta, y el posterior establecimiento de un régimen que adelantó una revolución popular, que tuvo primero claros visos de originalidad y luego un marcado giro a la izquierda, concitaron la atención mundial. Más aún porque todo ello se daba en un cruento contexto de violencia, signado primero por una insurrección y luego por una guerra civil y porque el pequeño país centroamericano se convirtió en un protagonista menor de la Guerra Fría, cuyo final se acercaba.

Durante los últimos años, Nicaragua apenas llamó la atención de la opinión pública internacional, a no ser por tragedias naturales y la denuncia de uno u otro caso de corrupción en los gobiernos liberales que se sucedieron de 1990 al 2006. Sin embargo, en los últimos meses el mundo ha vuelto a prestar atención a lo ocurre en el triángulo terrestre en el que el continente americano se estrecha. Y ha sido precisamente de la mano de Daniel Ortega, uno de los líderes de aquella revolución del 79 y cabeza del ejecutivo durante los años ochenta, que la patria de Rubén Darío y de Sandino, es hoy otra vez noticia. Y, lamentablemente, no son precisamente buenas noticias.

En el 2006, Daniel Ortega, del FSLN, llegó nuevamente a la presidencia. Y aunque lo hizo apenas con el 38% de los votos, en virtud de un acuerdo de cúpulas con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, que, entre otras cosas, eliminó el mínimo anterior necesario para ganarla en primera vuelta, ciertamente sus votantes albergaban la esperanza de establecer un gobierno más sensible que los precedentes a las necesidades sociales de la población.

Sin embargo, a diez años de haber asumido Ortega la presidencia, renovada en unas cuestionadas elecciones del 2011, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente, solo superado por Haití. Pero no solamente. Los avances en la construcción de la institucionalidad democrática, forjados en los noventa y primeros años del presente siglo, han sido gradualmente desmontados por el régimen del caudillo del FSLN, que hoy se prepara para asumir un nuevo período -cinco años más- mediando una farsa electoral a realizarse el 6 de noviembre próximo. Ahora con su mujer, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta.

La concentración de poder por parte de Daniel Ortega, de desnaturalización de las instituciones -policía y ejército incluidos- y la ilegalización de los auténtico partidos opositores, ha ido aparejado de la apropiación de la mayor parte de los réditos de la cooperación petrolera venezolana que, según especialistas, alcanza la bicoca de más de 4.000 millones de dólares. La cooperación en términos generosos para Nicaragua, de la que Ortega y su grupo se han apropiado, es resultado de un acuerdo económico suscrito entre él y el fallecido Hugo Chávez, al que Nicolás Maduro ha dado continuidad.

Una parte de esos fondos el gobierno de Ortega los ha empleado en planes de asistencia social, sustentados en el clientelismo político, y constituyen todavía el sustento del apoyo que luce en las encuestas oficiales. Todo cobijado con un discurso programático que se auto denomina “cristiano, socialista y solidario”.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el régimen de Ortega. En el año 2013, mediante una ley aprobada por el parlamento bajo su control, entregó mediante una generosa concesión prácticamente todo el territorio nacional, a un oscuro empresario de China Popular, para la supuesta construcción de un canal interoceánico.Tres años después, no hay señales creíbles de tal obra, que amén de la destrucción ambiental que implicaría, desarraigaría a más de cien mil familias campesinas de sus territorios. Wang Jing, el empresario beneficiado por la concesión, ha enfrentado el último año graves problemas financieros y la población campesina se encuentra en estado de movilización permanente en rechazo al pretendido canal.

El régimen venezolano enfrenta una crisis integral y sin duda su desenlace significará un parteaguas también para Ortega. De hecho, ya en los últimos meses la cooperación venezolana se ha visto reducida obligando al gobierno nicaragüense a restringir sus planes asistencialistas y anunciar un aumento de los impuestos.

Sumado a ello, el pasado 21 de septiembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley Nicaraguan Investiment Conditionality H.R. 5708. La ley, una iniciativa bi partidista, cuyos autores y promotores han sido los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), establece dos disposiciones fundamentales. Por un lado indica que los Estados Unidos se opondrán a que se otorguen créditos a Nicaragua en las instituciones multilaterales como son el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no se reestablezca el Estado de Derecho y la efectiva independencia de poderes, se efectúen elecciones transparentes y se garantice la libertad de expresión.

De otra parte, establece que 120 días después que la legislación entre en vigencia el Departamento de Estado deberá presentar al Congreso un informe sobre los actos de corrupción en el ejecutivo nicaragüense y en otras instituciones como el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

La aprobación de esta ley en la primera instancia del legislativo estadounidense es un indicativo fiel de la percepción y preocupación que priva en los Estados Unidos por el estado de cosas en Nicaragua, cuyo régimen, además, no oculta su alianza – estratégica, han dicho sus protagonistas- con Rusia e Irán.

Las consecuencias de la entrada en vigencia de la ley, una vez que sea ratificada por el senado y refrendada por el presidente estadounidense, serían poco menos que catastróficas para la endeble economía nicaragüense que tiene en los EE UU el principal socio comercial y gran dependencia del financiamiento internacional.

La oposición en Nicaragua, mantiene un desconocimiento adelantado a las “elecciones” de noviembre próximo en las que, el ya septuagenario Daniel Ortega, pretende legitimar una dictadura de tipo dinástico bajo el modelo de partido único, al estilo de los viejos modelos socialistas de “democracia popular”. La oposición demanda que se convoquen nuevos comicios, con árbitros electorales imparciales, presencia de observación nacional e internacional independiente y calificada y que no se den exclusiones de ningún tipo.

Aunque en Nicaragua hay señales ciertas de la existencia de pequeños grupos armados opuestos a Ortega, la oposición, que abarca un amplio abanico de identidades ideológicas desde la derecha hasta la izquierda democrática, ha sido categórica en afirmar que la guerra no es opción, y apuestan por una salida cívica. Mientras, el régimen no da ninguna señal de corregir el rumbo.

Es previsible, entonces, que en Nicaragua los meses que faltan y el próximo año, se den hechos que atraerán la atención de la opinión pública internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España el 7 de octubre)

Golpe de Estado en Nicaragua

Daniel Ortega ha coronado un golpe contra el estado de derecho en Nicaragua.

Si bien las acciones que lo configuran no se atienen a la definición clásica de un golpe de Estado, el proceso de concentración de poder y la desnaturalización de las instituciones, iniciado a partir del 2007, y que tiene su acto más relevante -y acaso el más descarado- en la destitución de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, no permiten eufemismos. Es un golpe de Estado.

Los golpes de Estado clásicos se caracterizan por la toma del poder violentamente por un grupo, normalmente mediando la acción explícita de las fuerzas armadas. El caso de Chile en 1973, de Honduras en el 2009, y más recientemente en Turquía, calzan en esa definición, especialmente en la forma y las escenas que los ilustran: la suspensión de las garantías constitucionales, las fuerzas castrenses declarando estado de excepción, el cierre manu militari de los medios de comunicación independientes, los tanques en las calles y una represión generalizada.

No obstante, la evolución de la circunstancias históricas, con el creciente peso de las normas sobre Derechos Humanos y de los convenios internacionales que velan por la democracia, como la Carta Democrática de la OEA, la globalización económica y sus consecuencias políticas y jurídicas, han condicionado que los golpistas -desde dentro o fuera de los gobiernos- recurran a nuevas formas y coartadas para concretar sus despropósitos, normalmente amparándose en interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales, en reformas espurias aplicadas previamente por ellos mismos o haciendo operar poderes constituidos, que solo formalmente lo son. Todo para demoler la democracia desde adentro, alegando una legalidad inexistente e intentando reducir el costo político, especialmente externo.

La ciencia política moderna define como rasgos comunes de los golpes de Estado, al margen de las diferencias técnicas o formales mediante los cuales se ejecuten el acto, así: la negación de los derechos ciudadanos y en primer término de los derechos políticos, la subordinación por desnaturalización de las instituciones, la participación -por acción u omisión- de las fuerzas armadas, resultado de su parcialidad, la represión política a la oposición, la criminalización de las protestas sociales y la exaltación de un líder.

Pero hay otro elemento nuevo. Si los golpes en América Latina en la década de los setenta –Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala- se sustentaban básicamente en razones ideológicas -el anti comunismo-, ya desde Fujimori en 1992, una causal relevante en las motivaciones golpistas, ha sido encubrir el enriquecimiento ilícito de las cúpulas golpistas a costa del erario.

De otra parte, tampoco legitima los golpes de Estado el hecho que sus ejecutores gocen en algunos casos y siempre temporalmente, de alguna popularidad. Hitler la tuvo en los albores de su poder, Pinochet actuó con el beneplácito o la complicidad pasiva de importantes sectores de la sociedad chilena, al igual que Fujimori en su momento.

En Nicaragua, la Asamblea Nacional era el último espacio institucional en el que la oposición actuaba. Al expulsar de su seno a los diputados que no se rindieron ante su chantaje o presiones, Ortega la terminó de aniquilar como institución y la convirtió en un espacio ocupado solo por empleados suyos. Ciertamente no la ha disuelto. Esa cosa, ese remedo de órgano legislativo, continuará funcionando formalmente para dar forma de ley a la voluntad del dictador, sin voces que desde su seno o con la investidura de parlamentarios, denuncien o cuestionen los atropellos.

La fuerzas armadas no han desplegado tanques ni soldados en las calles, pero los miembros de su jefatura son cómplices conscientes del golpe. ¿No estarán los tanques rusos en elevada disposición combativa, por cualquier cosa?

El hecho que este golpe se ultime cuatro meses antes de las votaciones de noviembre, precedido de la exclusión de la oposición de las mismas, revela además que el proyecto de Ortega no es solo antidemocrático, es absolutista. Ortega quiere gobernar solo, o que su eventual heredero así lo haga. No solo ha debilitado el estado de derecho, como cándidamente dijo la cúpula empresarial: lo sepultó.

El cambio definitivo de las reglas traslada la lucha interna por la democracia a un exclusivo pero amplio escenario: las calles.