Inseguridad en Nicaragua

En Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, se han distinguido en los últimos años por los elevados índices de violencia criminal. El fenómeno está vinculado a tres factores: los altos niveles de pobreza, que la zona sea ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y a la herencia de las guerras que vivió la región en la década de los ochenta y que dejaron no solo una estela de dolor, sino también una cultura de violencia y numerosas armas de todo tipo en circulación ilegal.

En ese contexto, el gobierno de Daniel Ortega ha usado como uno de sus estandartes propagandísticos la presunta seguridad que se vive en Nicaragua. Pero además que la versión oficial emplea el concepto reduciéndolo a algunos componentes de la “seguridad ciudadana”, y manipula las estadísticas que marcan un alto sub registro, los hechos desmienten la versión oficial.

La seguridad humana, como concepto amplio, abarca distintas dimensiones y su efectividad se sustenta en la capacidad de los Estados para cumplir sus funciones normativas, preventivas y correctivas.

La confirmada presencia en Nicaragua de células de la banda criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, el reciente asesinato de una candidata a vice alcaldesa en un importante municipio rural, el aumento alarmante de los feminicidios, así como denuncias de despojos y tomas de propiedades urbanas y rurales, entre estas últimas muchas de comunidades indígenas, están demostrando la precariedad del eje de la propaganda oficialista.

Tres áreas de la seguridad tocan de manera inmediata la epidermis de la sociedad: la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y la seguridad social. Y en las tres, el déficit de la gestión de Ortega es evidente: Nicaragua hoy es menos segura que hace diez años, en la administración de justicia no priva la ley sino la discrecionalidad, y la virtual bancarrota de la seguridad social ha colocado en situación de riesgo vital a millares de jubilados y asegurados.

Bajo la administración de Ortega la seguridad humana solo tiende a desmejorarse. ¿Por qué? Porque el orteguismo ha despojado a las instituciones estatales de su naturaleza original, que es representar y servir a los intereses de la ciudadanía. Las ha puesto al servicio de los intereses de su familia y del círculo de adláteres. Ni siquiera cabe ya decir en función de los intereses del partido de Ortega, el FSLN, que ha quedado reducido a un cuerpo ejecutor obediente, sin ninguna capacidad decisoria.

Castradas de su esencia, las instituciones se dedican a velar por los intereses del proyecto familiar y los funcionarios estatales, operan de acuerdo a las instrucciones de la pareja presidencial, no en apego a las leyes. Como afirmó recientemente un funcionario extranjero, en Nicaragua una llamada telefónica desde la secretaría del FSLN, pesa más que la ley.

La discrecionalidad promovida desde la más altas esferas y practicada en todos los niveles, propicia la malversación del erario, el desvío de recursos, la falta de transparencia, la apropiación indebida y el tráfico de influencias.

La discrecionalidad permite la penetración del crimen organizado y que este emplee el país para la ejecución de sus delitos o como refugio. De esta manera el gobierno de Ortega ha otorgado protección, bajo la figura de asilo, al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (FMLN), acusado por la Fiscalía de su país por cinco delitos de corrupción; así mismo tal discrecionalidad permitió que el delincuente tailandés Thaksin Shinawatra se movilizara por el mundo con pasaporte diplomático nicaragüense otorgado por Ortega, quien lo nombró –ya prófugo- Embajador en Misión Especial.

Mientras el régimen se vuelve protector de delincuentes internacionales y da impunidad a los suyos, el ciudadano común padece la inseguridad de sus derechos, cuyo reconocimiento o no, que el Estado los resguarde o no, depende de factores metajurídicos.

La inseguridad física la padecen todos los ciudadanos. La masacre de una familia, incluyendo menores de edad en julio del 2015, a manos de patrullas de la Policía Nacional, sin resultados satisfactorios en la investigación, despojó a la institución policial de la escasa credibilidad que gozaba. Sufren inseguridad las mujeres que viven violencia machista en sus hogares, sin que el Estado tome cartas en el asunto. Hay incertidumbre por el destino de sus tierras y por su propio futuro en las familias campesinas que habitan en la franja del pretendido canal, así como en familias y empresarios que enfrentan tomas ilegales de sus propiedades, por grupos o individuos afines al gobierno de Ortega. Hay angustia en los pensionados y jubilados, cuyos derechos adquiridos a atención médica , medicinas y a una pensión, penden de un hilo ante la quiebra del Instituto de Seguridad Social, resultado entre otras cosas del uso discrecional de los fondos.

Pero esta realidad es consustancial a la naturaleza del régimen orteguista. Es su esencia, es su manera de sobrevivir, sustentándose en el clientelismo y en el compadrazgo, no en la ley ni el respeto a la institucionalidad. En Nicaragua se asiste no a la gestión de gobernantes administrando en nombre de la sociedad, sino de individuos que han usurpado el poder y ven el Estado como botín y los cargos públicos como una oportunidad para aprovecharse.

Con Ortega, el Estado, lejos de ser protector de los derechos ciudadanos, se ha tornado en un ente que los amenaza. Nadie que se coloque fuera de los intereses del orteguismo, está seguro, aunque lo parezca.

Por eso, la restitución de la democracia es condición para construir la seguridad que Nicaragua necesita. Solo así el crimen organizado, la corrupción, el desempleo y la inseguridad ciudadana podrán ser resueltos con propuestas programáticas novedosas y realistas.

(publicado en MUNDIARIO- España, el 6 de septiembre, 2017)

 

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A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)

POR LA DEMOCRACIA, CONTRA LA CORRUPCION.

Hace aproximadamente dos décadas, llegó a mis manos un estudio patrocinado por una institución académica centroamericana, que sostenía que en América Latina, los costos para prevenir y sancionar la corrupción, superaban los recursos que por ella se perdían. Dicho estudio, abundante en datos, consideraba la corrupción un fenómeno circunscrito a la esfera de las instituciones estatales.

Dicha tesis, cuestionable desde el punto de vista ético, hoy también sería invalidada por las dimensiones financieras que ha alcanzado la corrupción y porque se ha expandido a la esfera privada.

La corrupción se ejerce de diversas maneras y está prevista en varios tipos penales: malversación de fondos, soborno, tráfico de influencias, peculado, nepotismo, fraude, cobro ilegal de comisiones, enriquecimiento ilícito. Tipos que pueden concurrir más de uno en una sola acción delictiva. Sin embargo, en todos ellos está presente la característica que, de acuerdo a Transparencia Internacional, define la corrupción: el uso y abuso del poder en beneficio propio, privado. Y se considera el poder en su acepción amplia, no solo en cuanto control gubernamental.

Mucho se ha dicho sobre las causas que provocan y posibilitan la corrupción. La certeza que habrá impunidad, o que sea muy probable que se de, aunque se haya delinquido, es la más común y deviene precisamente de que el hechor ejerce algún tipo de poder en la esfera pública o cuenta con su protección, misma que por cierto no es gratuita. El abandono de valores como la integridad, la ética y la obligación de rendir cuentas, que priva en diversos sectores de la población y en quienes detentan algún poder, es el terreno fértil para que la corrupción se establezca. El deterioro de estos valores es resultado tanto de su inobservancia, pese a las obligaciones que incluso por ley corresponde cumplir, como de su consciente desatención en la educación formal.

Un ejemplo: si quien ejerce el cargo de presidente en Nicaragua, no rinde cuentas de su gestión, ni en la Asamblea Nacional, ni en sus excepcionales comparecencias públicas, ni se expone a los cuestionamientos de los periodistas, ¿por qué debería hacerlo el funcionario de tercer nivel?

El caso Odebrecht, que ha sacado a flote una trama delictiva en diez países latinoamericanos, es el más claro ejemplo de como en la corrupción pueden coludir funcionarios públicos y empresarios. Pero también el caso demuestra que es posible que los casos de corrupción se conozcan, se ventilen ante la sociedad y óptimamente sus responsables sean sometidos a juicio y castigados, siempre y cuando haya funcionamiento de las instituciones democráticas y se respete la libertad de prensa.

El hecho que hoy se conozcan más casos de corrupción, es positivo en cuanto los corruptos, si bien pueden tener impunidad judicial, o pretenderla, están expuestos al escrutinio ciudadano. No obstante, la aspiración debe ser erradicar y, en todo caso reducir al mínimo, la corrupción. Eso solo es posible lograrlo en un contexto democrático.

El sistema democrático, entendiendo por este la independencia de poderes, la libertad de prensa y una sociedad civil beligerante, es el contexto más favorable para neutralizar, detectar y sancionar los actos de corrupción.

En la mayoría de los países de América Latina, donde la democracia funciona, no obstante las imperfecciones, la sociedad civil desempeña un creciente papel en la lucha contra la corrupción, mediante la denuncia, la formulación de propuestas normativas y sobre todo, con la activa movilización ciudadana. Las movilizaciones en Guatemala en el 2015, que llevaron a la renuncia destitución del presidente y la vice presidenta, constituyen hasta ahora la más importante experiencia en este orden.

En países donde la democracia ha sido desmantelada, como es el caso de Venezuela y Nicaragua, el establecimiento de regímenes autoritarios ha estado acompañado de la instalación de una corrupción sistémica. No es casual que en el informe de Transparencia Internacional del 2016, Venezuela, aparezca como el peor valorado en América Latina (lugar 166 entre 176 países) y Nicaragua no tan lejos (en el lugar 145).

Uruguay, donde se han sucedido tres gobiernos de izquierda en los últimos 12 años, pero en el que se respetan las reglas democráticas, es considerado el menos corrupto en América Latina. Le sigue Chile, donde se han alternado gobiernos de izquierda y de derecha, en los últimos 27 años. Las etiquetas ideológicas no funcionan para calificar a los corruptos.

La lucha por la democracia es también una lucha contra la corrupción. No se trata solamente de lograr que se respete la voluntad popular expresada en los votos, de establecer instituciones independientes, vigorosas y creíbles dirigidas por funcionarios probos, que administren justicia jueces íntegros y que haya absoluta y plena libertad de prensa y de organización. Se trata de establecer y normar debidamente, una cultura de la transparencia, de rendición de cuentas y de ética de los servidores, en los funcionarios públicos, en los organismos de la sociedad civil, en los partidos políticos, en los ciudadanos.

Razonamientos como “roba, pero hace “, “ es un compañero”, “pecó, pero es de los nuestros”, son inadmisibles en una sociedad democrática, porque apañan la corrupción. Erradicar la corrupción, hay que decirlo también, pasa por el castigo a los corruptos. El corrupto es un delincuente y como tal debe ser tratado, con independencia de su cargo, eficacia de su gestión o militancia partidaria.