Del FSLN al orteguismo

Han pasado más de tres meses desde el estallido de la insurrección cívica en Nicaragua. Casi 100 días en los que se ha revelado -de la forma más clara posible -la inconformidad acumulada en la sociedad nicaragüense ante la concentración de poder autoritario en la pareja y familia Ortega Murillo y el hartazgo frente a la corrupción y los abusos en todos los niveles que su gobierno promueve y practica desde hace 11 años.

Pero lo que no ha dejado de sorprender, incluso a sectores opositores, es la acción represiva del régimen de Ortega que ha cometido la más grande matanza en tiempos de paz que se conoce en el país. Más de 300 muertos, 2000 heridos y centenares de desparecidos en tres meses, marcan ya un parte aguas en la historia de Nicaragua. Y con justa razón han provocado un rechazo internacional casi unánime, a excepción de la “izquierda” retrógrada que vira la mirada ante los crímenes  de sus camaradas.

Y con la sorpresa, han surgido las preguntas ¿cómo es posible que el FSLN haya llegado hasta esto?, ¿cómo es posible que aquella Juventud Sandinista, protagonista de hermosas jornadas como la Cruzada Nacional de la Alfabetización, sea ahora un grupo de desalmados criminales? Y Ortega, el comandante revolucionario ¿cómo mutó  a dictador sanguinario, émulo de Pinochet, Videla o Somoza ?

La narrativa de la  izquierda reaccionaria -y esto ya no es oxímoron-, representada por el castrismo en Cuba, Maduro en Venezuela, Morales en Bolivia, y por supuesto por  Ortega en Nicaragua, ha trastocado la semántica, se ha apropiado de palabras como revolución,  izquierda, socialismo. Y vaciándolas de sus contenido original, denominan así prácticas y corrientes en verdad antagónicas. ¿Cómo puede llamarse “revolución” lo que ocurre en Cuba o en Venezuela? Osan en denominar “socialismo” lo que han hecho en Nicaragua, o “liberación” la ocupación que ejecutan los paramilitares orteguistas en las ciudades alzadas cívicamente.

Lo mismo ocurre con el FSLN o la Juventud Sandinista. Esos cuerpos de fieles fanáticos, solo preservan el nombre  de aquellas entidades y  no son más que turbas absolutamente controlados por los Ortega. Y de ellos son parte los grupos que  hoy matan estudiantes, mañana golpean mujeres y luego danzan agitando  felices  las banderas roji negras.

Desde finales de los años ochenta, dentro del FSLN se empezaron a dar manifestaciones de descomposición ética y social. Sin embargo, la guerra como fenómeno  abarcador, hacía que toda acción correctiva al respecto se postergara o se subordinara a la solución de esta. El prolongado conflicto militar, la carencia de controles institucionales o la inobservancia tolerada de ellos y la ausencia de una educación sostenida en valores y principios, fueron el caldo en que se incubó esa descomposición, cuyos síntomas fueron subestimados o francamente soslayados. Los sectores del sandinismo que lo advirtieron entonces, no tuvieron la suficiente fuerza para imponerse y corregir.

Luego de la derrota electoral del 90, Daniel Ortega desde su posición de Secretario General, procedió a desmontar la mínima pero existente institucionalidad del FSLN y nutrió su base de apoyo individual de los sectores beneficiados por la “piñata” y de otros, muchos de ellos procedentes del lumpen proletariado, golpeados por los planes de ajuste económico ejecutados por los gobiernos neo liberales que sucedieron a Ortega.

Este es un primer factor que contribuyó a la desaparición del FSLN y su continuidad nominal en el cuerpo orteguista de hoy.

La siguiente fuente fue la ampliación de esa base social sobre la base de los beneficios sociales posibles de ejecutar por el manejo discrecional  de la millonaria  cooperación petrolera venezolana. Esos beneficios se orientaron a consolidar su proyecto político, premiar fidelidad política mediante dádivas y no a resolver el problema de la pobreza. Si varios millones de dólares se destinaron a comprar canales de televisión para la familia, otros menos a comprar zinc  y madera para repartir entre los más pobres y comprar simpatías.

Paralelo a eso, mediante el ejercicio del poder –nepótico-  y en particular la cuota  que del mismo ha manejado Rosario Murillo, se promovió a importantes cargos estatales, desde ministerios hacia abajo, a disciplinados y fieles subordinados  a su proyecto familiar. Muchos de ellos jóvenes, inofensivos ante el autoritarismo. La misma lógica se empleó nombrando  jerarcas militares recién pasados a retiro en altos cargos, incluyendo el vicepresidente del período anterior.

Todas estas acciones obedecieron a la estrategia del orteguismo  de  disponer de un aparato estatal controlado y a su servicio, de un instrumento movilizador  de su base social, que le revistiera  de legitimidad en las calles. Con la posibilidad de activarlo, con todos los recursos necesarios, como instrumento en  los fraudes electorales o  como fuerza de choque paramilitar. En estos tres meses lo ha desplegado de la última forma  en una orgía espeluznante.

Sin embargo hay  tres  fenómenos que son la debilidad estructural inherente de Ortega, pese a la victoria que ahora alardee. De una parte la corrupción, los atropellos y el abuso que su régimen practica, han  afectado a muchos que han sido parte de su base social. En la medida que el orteguismo dejó de ser un proyecto político de un conjunto social para ser el de una familia fue labrando el aislamiento que hoy experimenta.

La merma  de la  base social del régimen reduce sus bases de apoyo beligerante a las estructuras organizadas, en su mayoría movilizadas por paga o por fanatismo. Los recursos para la paga no son ilimitados y el fanatismo es temporal ante la fuerza de los hechos. En  ninguno de los casos hay racionalidad ni convicciones sustentadas. Y ese factor es fundamental en situaciones de movilización y la resistencia social, como las que vive ahora en Nicaragua . Dicho de otra manera, son cada vez menos los orteguistas dispuestos al sacrificio por Ortega.

Sin embargo en las fuerzas sociales reveladas la situación es otra. Las convicciones  que dan legitimidad  y la cohesión son fortalezas ciudadanas. Por eso el mundo cada día es testigo como, en un país en el que se dispara a matar contra las manifestaciones cívicas, los ciudadanos han hecho de ese acto de heroísmo una práctica cotidiana. Esa es la garantía de su victoria.

(Publicado en Mundiario– España, 24 de julio del 2018)

(Se autoriza y agradece su reproducción, citando debidamente autoría)

Anuncios

Las reformas electorales para la democracia en Nicaragua

En la vida moderna de Nicaragua, los períodos democráticos han sido breves paréntesis. Las guerras, las intervenciones extranjeras y la violencia política, siempre originada desde el poder, han marcado la vida del que hoy sigue siendo el segundo país más pobre de América, en gran parte como saldo de esa cruenta historia.

Hoy dos verdades son  evidentes en Nicaragua: de un lado la naturaleza dictatorial, con pretensiones dinásticas, del régimen de Daniel Ortega y de otra parte, el rechazo ciudadano a la guerra o cualquier forma de violencia,  como vía para reconquistar la democracia. Mientras la primera  se confirma  cada día en la actuación nacional e internacional del orteguismo, la segunda es palpable en los estados de opinión de la población e incluso se expresa se manifiesta de manera singular en la aparente apatía frente a los abusos, la corrupción y la impunidad que el régimen practica y promueve.

Sería un error concluir que la falta  o esporádica movilización  ciudadana en rechazo  a las actuaciones  y políticas oficiales y sus consecuencias, es resignación fatalista o peor aun, apoyo mayoritario al gobierno.

Los estrictos controles que ejerce el régimen de Ortega en amplios sectores de la vida social, la represión expresa o sutil, física o económica, el chantaje y el soborno, son instrumentos que se dirigen precisamente a inhibir la movilización de la población descontenta. Así lo hizo el somocismo a lo largo de su dilatada dictadura, así fue en los años ochenta cuando el FSLN gobernó. Así lo han hecho siempre los regímenes antidemocráticos.

No obstante, la historia señala que eficacia de los  instrumentos  represivos solo es temporal  y nunca han sido capaces de impedir los cambios políticos y sociales ni las demostraciones de inconformidad o rechazo.

En Nicaragua, en los últimos años, se han hecho patente beligerantes demostraciones del campesinado, el movimiento femenino y los  ancianos, en contra de decisiones oficiales sustantivas como la concesión canalera lesiva a la soberanía nacional, la violencia que sufren las mujeres y la cada vez más exigua  amenazada seguridad social.

El cierre del siglo veinte abunda en cambios políticos radicales que poco antes que se dieran parecían imposibles: desde el No a Pinochet en 1988, pasando por las revoluciones democráticas en el este europeo, hasta la derrota electoral del FSLN en febrero del 90. Una condición indispensable en los desenlaces que se dieron mediante el voto, fue la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En Nicaragua, el desmontaje del andamiaje institucional democrático que, en medio de no pocas dificultades, pujaba por establecerse desde 1990,  y en particular la destrucción del sistema electoral, obra del orteguismo, invalidan las  elecciones en las actuales circunstancias, como vía para lograr los cambios políticos. Carecen de transparencia y por eso mismo son ilegítimas y faltas de credibilidad. El porcentaje de abstención que alcanzó el setenta por ciento en los comicios municipales de noviembre pasado, lo refrenda.

La aplicación de la Ley Magnistky a Roberto Rivas Reyes,  presidente del aparato electoral nicaraguense, testaferro y fiel servidor de Ortega, es más que emblemática. No es creíble un sistema electoral presidido por un individuo calificado como delincuente internacional y cuya venalidad está más que comprobada.

Entonces si en las actuales circunstancias (subrayo y enfatizo: actuales) las elecciones no son el camino a la democracia ¿cuál es? No es la violencia, a la que propio régimen empuja y cuyo saldo histórico de destrucción y muerte bien se conoce en Nicaragua. Solo hay uno: cambiar las condiciones y lograr que las elecciones sean transparentes, incluyentes y cuyos resultados respetados sin ápice de duda. Se trata de restituir la validez del principal instrumento para el ejercicio de la voluntad ciudadana: el voto.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), convergencia que aglutina a partidos y movimientos opositores, expresiones de la sociedad civil y personalidades independientes, planteó el pasado 21 de diciembre, quince puntos que recogen la reforma electoral que Nicaragua necesita. La propuesta del FAD, la  más importante alianza opositora al orteguismo, es la más completa que se ha presentado en el menú de opciones de la reforma electoral hasta ahora conocido .

Pero las elecciones libres, inclusivas y transparentes, no serán de fácil conquista. Y no lo serán porque la esencia del régimen que encabeza Daniel Ortega es el autoritarismo,  y porque sus cabecillas – el propio Ortega y su mujer en primer término- saben que en elecciones libres se juegan no solo su existencia política sino también  la  impunidad que ahora gozan y los casi infinitos  beneficios que disfrutan en el poder.

No será dádiva, porque en política predominan la opción y las propuestas que tengan a su favor la correlación de fuerzas. Por eso, la batalla cívica del pueblo nicaragüense es indispensable para lograr las reformas, realizar elecciones libres y recuperar la democracia. Pero en esa vorágine, cuyo estallido puede ser en cualquier momento y cuyas modalidades no se pueden prever, el mayor perdedor es desde ya el orteguismo.

El contexto internacional es cada vez más desfavorable a Ortega y sus márgenes de maniobra se estrechan. Por esa misma razón y porque es lo que más conviene al país, el orteguismo debería ahorrar el costo social que significaría una solución tardía y ahorrarse el costo político  a sí mismo. Debería, pero todo indica que no es su opción. De allí que la transformación democrática -que es inevitable, aunque se atrase-  será muy a pesar suyo.

No será ni con la  violencia, ni en conciliábulos, que  se reconquistará la democracia en Nicaragua. Las fuerzas democráticas tienen el desafío ineludible de afianzar las alianzas, desmarcarse de cualquier asomo de pacto de cúpulas y apostar a la acción ciudadana como condición para conquistar las reformas, para restituir la democracia.  A la comunidad internacional le corresponde apoyar ese esfuerzo y dar su valioso e insustituible aporte.

(publicado en Mundiario- España el 15 de marzo del 2018 y una versión en La Prensa, Nicaragua)

Ejército de Ortega practica ejecuciones

“ ¿Dónde están nuestros hermanos campesinos? Que contesten los asesinos !”

Era una consigna que resonaba en los recintos universitarios  y en las marchas ciudadanas contra la dictadura somocista. Era Nicaragua a finales de los años setenta, cuando por la represión política en el campo se contabilizaban decenas de campesinos asesinados o desaparecidos.

Desde hace dos semanas la misma consigna vuelve a leerse en las redes sociales y en los muros de las ciudades y a escucharse en las protestas ciudadanas. Es siempre en Nicaragua, y aunque han pasado 40 años el drama es un déjà vu. Ejecución sumaria. Masacre. Torturas. Violaciones. Son palabras que han regresado y con ellas el dolor de quienes  las  han padecido y la creciente indignación de una sociedad que no quiere repetir todo lo sufrido.

El último de los hechos que ha dado lugar a ello podría haber pasado como una noticia más de los últimos meses, aunque con una dudosa credibilidad por la parcialidad de sus emisores primarios: “El delincuente Rafael Dávila Pérez, alias “Colocho” y 5 de sus compinches murieron este fin de semana al enfrentarse a balazos con tropas del Sexto Comando Militar Regional, en el sector de la comunidad San Pablo 22, en el municipio de la Cruz de Rio Grande, al este del país.” Así informó la radio oficiosa su versión de lo ocurrido.

Lo que se ha sabido  después, por la valiente denuncia de Elea Valle, la esposa del mencionado Rafael Dávila Pérez y por unas desgarradoras fotografías que de manera anónima empezaron a circular por la red, es lo que tiene estremecida a la sociedad nicaragüense: Dávila Pérez  no era un delincuente común, era un alzado en armas contra el régimen de Ortega por razones políticas; los muertos fueron el resultado de una ejecución sumaria, no de un combate; entre los muertos hay dos menores de edad, Yojeisel  y Francisco de 16 y 12 años respectivamente, ambos hijos de Dávila y quienes habían acudido a encontrarse con su padre después de largo tiempo de no verlo. Los cadáveres de los menores, según las fotografías y testigos,  presentan evidentes signos de torturas y acuchillamiento. En palabras de la madre, Yojeisel, la niña, también fue ultrajada sexualmente.

La jefatura del ejército, incluyendo a su jefe supremo, Daniel Ortega, ha guardado un estrepitoso silencio frente a las denuncias hechas. Pero no solo, también ha puesto oídos sordos a la demanda de la ahora viuda de Dávila Pérez y madre de las dos víctimas menores de edad, para que los cuerpos sean entregados. Al dolor por la ejecución de sus tres seres queridos, se suma el escarnio de no poder darles la debida sepultura.

En los últimos siete años en Nicaragua, según los registros oficiales, se han dado 20 enfrentamientos armados de las fuerzas de la policía o del ejército con grupos “delincuenciales“. De ellos han resultado  41 ciudadanos muertos. Nunca se han presentado capturados y pese a la recurrente versión oficial de que son delincuentes comunes, familiares y amigos de los fallecidos y sacerdotes, han sostenido -en todos los casos-  que eran personas alzadas en armas por razones políticas.

Pero delincuentes comunes o no, el  Estado y las autoridades militares y policiales, no han cumplido con la obligación de respetar la vida y la integridad física de los capturados y procesarlos debidamente como en derecho les corresponde.

El último caso, ya conocido como la masacre de La Cruz de Río Grande, ha dado lugar a que ex jefes militares, jerarcas religiosos, entre ellos varios obispos católicos, diversas organizaciones de la sociedad civil y  partidos políticos de oposición, adviertan que el régimen de Ortega se ha configurado ya de manera clara en una dictadura en que la policía y el ejército son instrumentos de represión política, que violan constante y flagrantemente los Derechos Humanos.

La situación es preocupante, no solo por el último hecho denunciado en sí mismo, sino porque podría ser el inicio de un nuevo ciclo de violencia política en un país en donde las heridas morales de dos guerras en los últimos cuarenta años están todavía frescas y las consecuencias materiales de 100 mil muertos, otro tanto de sobrevivientes con lesiones físicas y morales permanentes, centenares de miles de migrantes y millonarios daños, todavía son notorios.

En Nicaragua, como en cualquier otra parte del mundo, el  delincuente o el asesino, como el corrupto, cuando siente el amparo de impunidad que le da la protección del poder, es incentivado  a repetir sus acciones. Pero además su conducta tiende a ser imitada.

De allí que la responsabilidad de quienes ahora  ejercen el poder en Nicaragua es enorme. Y están frente a una disyuntiva: o  investigan y castigan a los responsables de la masacre de la Cruz de Río Grande y de todas las denunciadas antes,  o se mantienen como cómplices encubridores, y se atienen a las consecuencias políticas y legales que tales hechos inevitablemente tendrán a corto y mediano plazo.

Publicado en :

MUNDIARIO- España: www.mundiario.com/articulo/politica/nicaragua-ejercito-ortega-oractica-ejecuciones-sumarias/20171128164551107572.html

Nicaragua Hoy : http://www.nicaraguahoy.info/ejercito-ortega-practica-ejecuciones-sumarias/

Inseguridad en Nicaragua

En Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, se han distinguido en los últimos años por los elevados índices de violencia criminal. El fenómeno está vinculado a tres factores: los altos niveles de pobreza, que la zona sea ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y a la herencia de las guerras que vivió la región en la década de los ochenta y que dejaron no solo una estela de dolor, sino también una cultura de violencia y numerosas armas de todo tipo en circulación ilegal.

En ese contexto, el gobierno de Daniel Ortega ha usado como uno de sus estandartes propagandísticos la presunta seguridad que se vive en Nicaragua. Pero además que la versión oficial emplea el concepto reduciéndolo a algunos componentes de la “seguridad ciudadana”, y manipula las estadísticas que marcan un alto sub registro, los hechos desmienten la versión oficial.

La seguridad humana, como concepto amplio, abarca distintas dimensiones y su efectividad se sustenta en la capacidad de los Estados para cumplir sus funciones normativas, preventivas y correctivas.

La confirmada presencia en Nicaragua de células de la banda criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, el reciente asesinato de una candidata a vice alcaldesa en un importante municipio rural, el aumento alarmante de los feminicidios, así como denuncias de despojos y tomas de propiedades urbanas y rurales, entre estas últimas muchas de comunidades indígenas, están demostrando la precariedad del eje de la propaganda oficialista.

Tres áreas de la seguridad tocan de manera inmediata la epidermis de la sociedad: la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y la seguridad social. Y en las tres, el déficit de la gestión de Ortega es evidente: Nicaragua hoy es menos segura que hace diez años, en la administración de justicia no priva la ley sino la discrecionalidad, y la virtual bancarrota de la seguridad social ha colocado en situación de riesgo vital a millares de jubilados y asegurados.

Bajo la administración de Ortega la seguridad humana solo tiende a desmejorarse. ¿Por qué? Porque el orteguismo ha despojado a las instituciones estatales de su naturaleza original, que es representar y servir a los intereses de la ciudadanía. Las ha puesto al servicio de los intereses de su familia y del círculo de adláteres. Ni siquiera cabe ya decir en función de los intereses del partido de Ortega, el FSLN, que ha quedado reducido a un cuerpo ejecutor obediente, sin ninguna capacidad decisoria.

Castradas de su esencia, las instituciones se dedican a velar por los intereses del proyecto familiar y los funcionarios estatales, operan de acuerdo a las instrucciones de la pareja presidencial, no en apego a las leyes. Como afirmó recientemente un funcionario extranjero, en Nicaragua una llamada telefónica desde la secretaría del FSLN, pesa más que la ley.

La discrecionalidad promovida desde la más altas esferas y practicada en todos los niveles, propicia la malversación del erario, el desvío de recursos, la falta de transparencia, la apropiación indebida y el tráfico de influencias.

La discrecionalidad permite la penetración del crimen organizado y que este emplee el país para la ejecución de sus delitos o como refugio. De esta manera el gobierno de Ortega ha otorgado protección, bajo la figura de asilo, al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (FMLN), acusado por la Fiscalía de su país por cinco delitos de corrupción; así mismo tal discrecionalidad permitió que el delincuente tailandés Thaksin Shinawatra se movilizara por el mundo con pasaporte diplomático nicaragüense otorgado por Ortega, quien lo nombró –ya prófugo- Embajador en Misión Especial.

Mientras el régimen se vuelve protector de delincuentes internacionales y da impunidad a los suyos, el ciudadano común padece la inseguridad de sus derechos, cuyo reconocimiento o no, que el Estado los resguarde o no, depende de factores metajurídicos.

La inseguridad física la padecen todos los ciudadanos. La masacre de una familia, incluyendo menores de edad en julio del 2015, a manos de patrullas de la Policía Nacional, sin resultados satisfactorios en la investigación, despojó a la institución policial de la escasa credibilidad que gozaba. Sufren inseguridad las mujeres que viven violencia machista en sus hogares, sin que el Estado tome cartas en el asunto. Hay incertidumbre por el destino de sus tierras y por su propio futuro en las familias campesinas que habitan en la franja del pretendido canal, así como en familias y empresarios que enfrentan tomas ilegales de sus propiedades, por grupos o individuos afines al gobierno de Ortega. Hay angustia en los pensionados y jubilados, cuyos derechos adquiridos a atención médica , medicinas y a una pensión, penden de un hilo ante la quiebra del Instituto de Seguridad Social, resultado entre otras cosas del uso discrecional de los fondos.

Pero esta realidad es consustancial a la naturaleza del régimen orteguista. Es su esencia, es su manera de sobrevivir, sustentándose en el clientelismo y en el compadrazgo, no en la ley ni el respeto a la institucionalidad. En Nicaragua se asiste no a la gestión de gobernantes administrando en nombre de la sociedad, sino de individuos que han usurpado el poder y ven el Estado como botín y los cargos públicos como una oportunidad para aprovecharse.

Con Ortega, el Estado, lejos de ser protector de los derechos ciudadanos, se ha tornado en un ente que los amenaza. Nadie que se coloque fuera de los intereses del orteguismo, está seguro, aunque lo parezca.

Por eso, la restitución de la democracia es condición para construir la seguridad que Nicaragua necesita. Solo así el crimen organizado, la corrupción, el desempleo y la inseguridad ciudadana podrán ser resueltos con propuestas programáticas novedosas y realistas.

(publicado en MUNDIARIO- España, el 6 de septiembre, 2017)

 

A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)

Se caen las mentiras de Daniel Ortega

Hace algunos años, un político español -de izquierdas para más señas-, comparaba las personalidades del presidente venezolano Hugo Chávez, entonces en el pináculo de su carrera política y de Daniel Ortega. Decía que Chávez podía llegar a ser incluso simpático, que administraba de forma desordenada los recursos de los que disponía, en cambio el nicaragüense por mucho que se esforzaba, no lograba generar simpatía genuina en sus interlocutores y que siempre estaba buscando recursos, los que igualmente mal administraba o desaparecía. Finalmente decía, Chávez, para bien o para mal, hace lo que dice, Ortega en cambio, o hace lo contrario a lo dicho, o muy pronto se desdice. Miente a menudo  de forma rampante sellaba.

Individualidades aparte, la demagogia y el cinismo son inherentes al populismo. Y si bien siempre encuentran caldo de cultivo por doquier, tienen mayores posibilidades de tener éxito -que siempre será temporal y parcial- en las sociedades que sufren mayor atraso educativo. Ello explica el porqué el populismo, en todas sus variantes, mantiene el atraso a conveniencia o, en el caso de las expresiones más autoritarias, controla y manipula la educación formal, que la asume como parte del aparato de propaganda.

En Nicaragua, el orteguismo que ejerce un control absoluto de la educación formal pública, incluyendo la universitaria, y cuasi absoluto de los medios de comunicación, ha hecho de la divulgación gubernamental un acto cotidiano de propaganda y de los contenidos educativos -programas y textos- una  labor sistemática y permanente de culto a la personalidad de la pareja Ortega-Murillo, a quienes presentan como los exclusivos gestores y autores de la pasada épica revolucionaria y de  todo “lo bueno” que hoy ocurre en el país.

Dos ideas centrales figuran de forma transversal en la narrativa cotidiana orteguista. La primera es  que la gestión del gobierno contra la pobreza es exitosa, beneficiando a la población de logros sociales y la otra  es la reivindicación de la legitimidad del  gobierno, democrático y respetuoso  de los derechos de los nicaragüenses, dicen.

Si bien hay sectores de la población nicaragüense, especialmente los beneficiados con las acciones asistencialista del régimen que son todavía su base política activa y hasta hace poco la denuncia provenía solo de la oposición política a Ortega y de expresiones de la sociedad civil, hoy el mentís a las falacias oficiales es cada vez más generalizado y contundente.

Hace pocas semanas el PNUD dio a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Dicho informe, que se elabora sobre la base de las cifras que proveen los gobiernos nacionales, evalúa una serie de variables a fin de concluir el grado de bienestar económico, social y cultural de la población. En este informe Nicaragua ocupa el lugar número 124 de un universo de 188 países. Hace 10 años figuraba en el 112.

Dicho de otra manera: la gestión del régimen de Daniel Ortega que asumió la presidencia en enero del 2007, ha sido ineficaz y Nicaragua ha retrocedido 12 escalas en 10 años, en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que es –según el mismo informe- un 35 % pobre en el segundo país más pobre de América.

De otra parte, Ortega fue oficialmente reelecto en los comicios del 6 de noviembre del 2016, de los que fue arbitraria e ilegalmente excluida la auténtica oposición y en los que se experimentó un 70 % de abstención. Difícilmente puede reconocerse como legítimo un gobierno que surge en esas circunstancias.

Pero hay más. En febrero pasado el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que recuerda al estado de Nicaragua la “necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos” e instó a la Unión Europea  a “vigilar estrechamente la situación en el país y a adoptar, si fuera necesario, medidas concretas”. Medidas que solo asoman en el terreno de recorte a la cooperación económica.

En Washington, el miércoles 5 de abril, 25 congresistas, entre  republicanos y demócratas, presentaron para su discusión, una nueva versión del proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act) que retoma la iniciativa presentada en la legislatura pasada  que no logró ser discutida.

La Nica Act, en esta nueva versión, plantea de manera más categórica al régimen de Ortega la necesidad de restablecer el estado de derecho y la democracia, respetar las libertades ciudadanas, así como investigar y castigar la corrupción en las instituciones estatales. En caso contrario, todos los préstamos al gobierno nicaragüense en los organismos financieros internacionales, no serán aprobados por EE UU, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”. Y, después de 90 días de aprobada la ley, EE UU daría a conocer un informe sobre la corrupción en Nicaragua.

El Informe del PNUD, la resolución del Parlamento Europeo y el proyecto bipartidario de la Nica Act en el Congreso de los EE UU, demuestran que el discurso de  Ortega se ha agotado. En Nicaragua no hay ni democracia ni superación de la pobreza. Es la corrupción la que se ha instalado.

Como decía el político español citado al inicio, Ortega miente a menudo. La diferencia es que ya no engaña.

(Publicado en MUNDIARIO, España 7.4.2017)

Cúpula de C x L pagó precio por personalidad

El pasado domingo Ciudadanos por la Libertad realizó su primera Convención, en ella eligió su Comité Ejecutivo Nacional. Se coloca así a las puertas de recibir su personalidad jurídica de parte del CSE. En el evento llamaron la atención varios hechos, entre otros, la escasísima presencia de mujeres y jóvenes en el órgano electo, y que los convencionales hayan escogido de forma unánime como presidenta, a doña Carmella María Rogers Amburn, conocida entre sus amigos antes y en el mundo político ahora, como Kitty Monterrey.

Como se sabe, Ciudadanos por la Libertad es el nombre que adoptaron los ex miembros del PLI, liderados por Eduardo Montealegre una vez que fueron despojados de la casilla legal de ese partido, en otra de las triquiñuelas a las que Daniel Ortega recurrió para evitar sobresaltos en la farsa electoral de noviembre pasado.

Aquel PLI, junto con el MRS, personalidades independientes y otras fuerzas, conformaban la Coalición Nacional por la Democracia, una opción electoral -que en medio de todas las dificultades- prontamente había empezado a mostrar músculo, especialmente con la fórmula de Luis Callejas y Violeta Granera. Tanto así que el despojo a Montealegre de la representación legal del PLI, mediante la sentencia de marras, fue tres días después que se oficializara dicha fórmula.

Aquella sentencia del 7 de junio del 2016, fue la última palada de tierra que el orteguismo lanzó sobre las ruinas del sistema electoral nicaragüense, que él mismo junto con A. Alemán habían ya desnaturalizado y corrompido.

Excluidas del proceso electoral, a las fuerzas aglutinadas hasta entonces en la Coalición Nacional por la Democracia, les quedaban dos caminos: el de la unidad, la resistencia cívica y la movilización ciudadana para lograr elecciones transparentes, sin exclusiones. O el camino contrario, el de la claudicación: abrirse a los halagos del orteguismo y romper la unidad de la oposición.

El MRS, connotados liberales y la independiente Violeta Granera, ex candidata a la vice presidencia, tomaron el primer camino. Seducidos o amenazados (para todos los efectos el resultado es el mismo), la cúpula de los ex PLI optaron por el otro: rompieron la unidad de la oposición y besaron el látigo que les había azotado al arrebatarles la legalidad primero, y despojar de sus curules, inmediatamente después, a 28 diputados opositores electos en su casilla. Lo hicieron, negociaciones mediante, ahora se sabe a cambio de qué.

En septiembre del 2016 -dos meses antes del fraude electoral- los ex PLI, denominados ya Ciudadanos por la Libertad, anunciaron que se conformarían como partido político, solicitarían su personalidad jurídica y participarían en los anunciados comicios municipales de noviembre del 2017. Emergía como líder –directora le llamaron- doña Kitty Monterrey, ya que se anunció el retiro de la política –dicen que definitivo- de Eduardo Montealegre. El ex candidato presidencial Luis Callejas, uno de los líderes en ascenso, se distanció en rechazo a las disposiciones claudicantes y sectarias de la cúpula de CxL

La señora Monterrey, que parece ser la artífice intelectual de las posiciones de Ciudadanos por la Libertad, ha intentado explicar sus decisiones de participar en el juego político del orteguismo, sobre la base del argumento simple de “esto es lo que hay y hay que tomarlo”, apostando a lo que presuntamente logrará la OEA y renunciando a la movilización ciudadana. Todo ello pese a que las condiciones electorales –que posibilitan el fraude y mantienen ilegalizados a varios partidos- no han variado un ápice en los últimos procesos electorales y, por el contrario, Ortega ha afianzado su concentración de poder dinástico y asegurado la sucesión continuista, en parte precisamente a que hay políticos que participan de la coreografía que se dirige desde El Carmen.

Mención aparte necesitan las razones de la señora Rogers para sustentar su negativa a establecer alianzas con el MRS y torpedear, a partir de allí, la unidad de la oposición. Doña Carmela es recurrente en afirmar que hay diferencias ideológicas entre C x L y el MRS. Sin duda las hay, pero no solo: también hay diferencias de cómo se asume la ética política. Si no existiesen esas diferencias, ella sería miembro del MRS o los miembros del MRS estaríamos en C x L. El punto es que, carente de argumentos políticos convincentes –porque no hay-, que expliquen el precio que han pagado por la concesión orteguista de otorgarles la personalidad jurídica, se refugia en ataques y en insinuaciones peligrosas. Así no se hace política democrática y honesta, Kitty. Si se tienen genuina vocación democrática y ética política, la única alternativa es sumar fuerzas para lograr el objetivo de establecer la democracia en Nicaragua, que solo podrá ser resultado de la acción ciudadana.

Es prerrogativa de ellos –de la cúpula de CxL- hacer política como quieran, pero que no pretendan engañar a la ciudadanía y asuman con entereza el costo de ser los nuevos colaboracionistas del régimen.

Porque la historia es tozuda y ya se ha aprendido la lección, en las fuerzas que conforman el FAD, confluyen conservadores y liberales de cepa, sandinistas de distintas generaciones y personalidades de indiscutible coherencia política, que han optado por  la movilización ciudadana y el rechazo categórico e inequívoco al orteguismo y sus maniobras.

No tengo dudas que en el camino, centenares de hombres y mujeres genuinamente demócratas e invulnerables a presiones y ofertas provenientes del poder, que están hoy en C x L, se sumarán a la lucha ciudadana hasta conquistar la democracia.