Inseguridad en Nicaragua

En Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, se han distinguido en los últimos años por los elevados índices de violencia criminal. El fenómeno está vinculado a tres factores: los altos niveles de pobreza, que la zona sea ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos y a la herencia de las guerras que vivió la región en la década de los ochenta y que dejaron no solo una estela de dolor, sino también una cultura de violencia y numerosas armas de todo tipo en circulación ilegal.

En ese contexto, el gobierno de Daniel Ortega ha usado como uno de sus estandartes propagandísticos la presunta seguridad que se vive en Nicaragua. Pero además que la versión oficial emplea el concepto reduciéndolo a algunos componentes de la “seguridad ciudadana”, y manipula las estadísticas que marcan un alto sub registro, los hechos desmienten la versión oficial.

La seguridad humana, como concepto amplio, abarca distintas dimensiones y su efectividad se sustenta en la capacidad de los Estados para cumplir sus funciones normativas, preventivas y correctivas.

La confirmada presencia en Nicaragua de células de la banda criminal internacional conocida como Mara Salvatrucha, el reciente asesinato de una candidata a vice alcaldesa en un importante municipio rural, el aumento alarmante de los feminicidios, así como denuncias de despojos y tomas de propiedades urbanas y rurales, entre estas últimas muchas de comunidades indígenas, están demostrando la precariedad del eje de la propaganda oficialista.

Tres áreas de la seguridad tocan de manera inmediata la epidermis de la sociedad: la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica y la seguridad social. Y en las tres, el déficit de la gestión de Ortega es evidente: Nicaragua hoy es menos segura que hace diez años, en la administración de justicia no priva la ley sino la discrecionalidad, y la virtual bancarrota de la seguridad social ha colocado en situación de riesgo vital a millares de jubilados y asegurados.

Bajo la administración de Ortega la seguridad humana solo tiende a desmejorarse. ¿Por qué? Porque el orteguismo ha despojado a las instituciones estatales de su naturaleza original, que es representar y servir a los intereses de la ciudadanía. Las ha puesto al servicio de los intereses de su familia y del círculo de adláteres. Ni siquiera cabe ya decir en función de los intereses del partido de Ortega, el FSLN, que ha quedado reducido a un cuerpo ejecutor obediente, sin ninguna capacidad decisoria.

Castradas de su esencia, las instituciones se dedican a velar por los intereses del proyecto familiar y los funcionarios estatales, operan de acuerdo a las instrucciones de la pareja presidencial, no en apego a las leyes. Como afirmó recientemente un funcionario extranjero, en Nicaragua una llamada telefónica desde la secretaría del FSLN, pesa más que la ley.

La discrecionalidad promovida desde la más altas esferas y practicada en todos los niveles, propicia la malversación del erario, el desvío de recursos, la falta de transparencia, la apropiación indebida y el tráfico de influencias.

La discrecionalidad permite la penetración del crimen organizado y que este emplee el país para la ejecución de sus delitos o como refugio. De esta manera el gobierno de Ortega ha otorgado protección, bajo la figura de asilo, al ex presidente salvadoreño Mauricio Funes (FMLN), acusado por la Fiscalía de su país por cinco delitos de corrupción; así mismo tal discrecionalidad permitió que el delincuente tailandés Thaksin Shinawatra se movilizara por el mundo con pasaporte diplomático nicaragüense otorgado por Ortega, quien lo nombró –ya prófugo- Embajador en Misión Especial.

Mientras el régimen se vuelve protector de delincuentes internacionales y da impunidad a los suyos, el ciudadano común padece la inseguridad de sus derechos, cuyo reconocimiento o no, que el Estado los resguarde o no, depende de factores metajurídicos.

La inseguridad física la padecen todos los ciudadanos. La masacre de una familia, incluyendo menores de edad en julio del 2015, a manos de patrullas de la Policía Nacional, sin resultados satisfactorios en la investigación, despojó a la institución policial de la escasa credibilidad que gozaba. Sufren inseguridad las mujeres que viven violencia machista en sus hogares, sin que el Estado tome cartas en el asunto. Hay incertidumbre por el destino de sus tierras y por su propio futuro en las familias campesinas que habitan en la franja del pretendido canal, así como en familias y empresarios que enfrentan tomas ilegales de sus propiedades, por grupos o individuos afines al gobierno de Ortega. Hay angustia en los pensionados y jubilados, cuyos derechos adquiridos a atención médica , medicinas y a una pensión, penden de un hilo ante la quiebra del Instituto de Seguridad Social, resultado entre otras cosas del uso discrecional de los fondos.

Pero esta realidad es consustancial a la naturaleza del régimen orteguista. Es su esencia, es su manera de sobrevivir, sustentándose en el clientelismo y en el compadrazgo, no en la ley ni el respeto a la institucionalidad. En Nicaragua se asiste no a la gestión de gobernantes administrando en nombre de la sociedad, sino de individuos que han usurpado el poder y ven el Estado como botín y los cargos públicos como una oportunidad para aprovecharse.

Con Ortega, el Estado, lejos de ser protector de los derechos ciudadanos, se ha tornado en un ente que los amenaza. Nadie que se coloque fuera de los intereses del orteguismo, está seguro, aunque lo parezca.

Por eso, la restitución de la democracia es condición para construir la seguridad que Nicaragua necesita. Solo así el crimen organizado, la corrupción, el desempleo y la inseguridad ciudadana podrán ser resueltos con propuestas programáticas novedosas y realistas.

(publicado en MUNDIARIO- España, el 6 de septiembre, 2017)

 

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A 38 años Daniel Ortega resucitó el somocismo

El 19 de julio se cumplen 38 años del derrocamiento de la dictadura somocista. Sin duda la fecha más trascendente en la historia de Nicaragua. Sin embargo, su significado y sus consecuencias -incluso sus causas últimas- son todavía objeto de debate. Las opiniones divergentes surgen no solo porque como hecho político y social albergó las contradicciones de la sociedad nicaragüense. Se dan también porque muchos de sus protagonistas, como cronistas e historiadores, o mediante el testimonio, impregnan de su experiencia personal la narrativa y la interpretación de lo ocurrido.

Pero la mayor alteración ha provenido de los intereses propagandísticos del régimen de Ortega, que ha pervertido el análisis ecuánime de los hechos. Como dijo alguna vez Fidel Castro, “la historia es un sub producto de los hechos”. Y la versión oficial la escribe el poder, alterando o negando hechos, quitando o colocando protagonistas.

El derrocamiento del somocismo significó innumerables actos de heroísmo individual y colectivo, precisamente por eso se ha tendido a mitificarlo. O desde el otro lado, a satanizarse. Lo uno y lo otro, explicable en una sociedad dada a atribuir a causas providenciales los hechos extraordinarios. Pero no fue ni milagro ni suceso espontáneo. Fue el desenlace de un conflicto acumulado por décadas entre las fuerzas democráticas y la dictadura. Y así como esa jornada de lucha por la democracia no fue la primera, pues la historia precedente a julio del 79 es abundante en intentos políticos, guerrillas y alzamientos que enarbolaron las banderas democráticas, tampoco sería la última.

El derrocamiento del régimen somocista solo fue posible cuando se cristalizó la acción conjunta de las fuerzas democráticas y la incorporación masiva de la población en la fase final de la insurrección armada. Ello fue el resultado deliberado de la labor previa, coronado en un contexto internacional favorable en el que también se materializó un apoyo plural, igualmente pre concebido y cultivado. Así fue posible resolver en favor de la democracia, la contradicción principal que había gravitado en la sociedad nicaragüense desde la década de los años treinta: democracia vs. dictadura.

En lo social, la participación anti somocista abarcó un amplio arco que alcanzó los extremos la sociedad: desde los sectores de la burguesía excluida del usufructo del poder, hasta el lumpen proletariado. Un acierto indiscutible del FSLN -de la fracción insurreccional en particular- consistió en concretar esa alianza en lo político, sobre la base de un programa democrático que concitó un consenso nacional inédito e irrepetible hasta ahora

Y aunque el sandinismo fue la fuerza hegemónica, es necesario recordar -aunque parezca obvio- que no fue la única en la amalgama anti dictatorial.

En el plano político dos grandes bloques coincidieron en el objetivo de ese momento histórico. De una parte, el bloque de centroizquierda articulado en el Movimiento Pueblo Unido (MPU)-Frente Patriótico Nacional (FPN); y el de la derecha democrática agrupada en el Frente Amplio Opositor (FAO).

En lo militar, el FSLN con sus tres expresiones, tuvo el predominio absoluto, si bien en la insurrección final operaron unidades menores del Partido Socialista Nicaragüense (PSN) a través de la llamada Organización Militar del Pueblo (OMP), subordinadas al mando sandinista y minúsculos grupos del maoísta Movimiento de Acción Popular (MAP) que actuaron al margen.

Mención aparte ameritan los medios de comunicación y el gremio periodístico, que durante décadas fueron un vehículo cotidiano de denuncia contra los Somoza. ¿Como escamotear el papel jugado por La Prensa y su director Pedro Joaquín Chamorro? ¿O por Radio Corporación y otras emisoras? Aunque dicho rol haya sido indiscutible, ese aporte hoy la versión orteguista lo desdeña.

El derrocamiento del somocismo, que debió abrir paso a un proceso democrático, devino en la Revolución Popular Sandinista. De la hegemonía sandinista en la etapa final de la lucha contra a dictadura, se pasó al dominio del FSLN no más arrancar la década de los ochenta. El pluralismo político, uno de los tres pilares del programa convocante a la alianza anti somocista, muy pronto pasó a administrarse a conveniencia y solo se toleró en la medida que no pusiera en riesgo el nuevo poder.

Las consecuencias no tardaron. Ya en el primer año post somocismo, se inició una rápida decantación de las fuerzas políticas, esta vez en torno al nuevo conflicto sandinismo vs. anti sandinismo. Los errores cometidos en la gestión económica, la pérdida de la base social campesina y una temprana alineación con los países socialistas -pese al enarbolado no alineamiento en política exterior-, terminaron por destruir el consenso.

La abierta injerencia de la administración Reagan, fue un acicate a los restos del ejército somocista derrotado y a la inconformidad en el campo, la confrontación se radicalizó, las conquistas sociales naufragaron prontamente y sobrevino la guerra civil, cuyas consecuencias dividieron y desangraron el país hasta el límite.

Con el retiro del apoyo militar de la URSS -sometida ya a su propia crisis terminal, la economía del país destruida por la guerra y sobre todo con la mayoría ciudadana clamando un cambio, el FSLN se vio irremediablemente obligado a finales de los 80, a convocar elecciones adelantadas, mismas que fueron observadas como ninguna otra antes en la historia latinoamericana. Los resultados abrieron -de nuevo- la posibilidad de enrumbar al país hacia un proceso democrático, camino que el orteguismo aliado con el liberalismo corrupto, se encargaría después de destruir, de la misma manera que destruyó al viejo FSLN para convertirlo en una agrupación de dóciles, sometidos al mando de una familia.

Si bien el 19 de julio de 1979 significó el fin del régimen somocista, su herencia cultural sobrevivió en la práctica y en el sub consciente de importantes sectores de la población e incluso entre militantes y dirigentes del FSLN. La revolución no logró -si acaso lo intentó- desterrar esa herencia nefasta del somocismo. En los últimos diez años ha rebrotado bajo el poder orteguista, que ha revertido las conquistas democráticas y resucitó las prácticas y los anti valores del régimen derrotado en julio de 79.

Vino nuevo -y ya no tanto- en odres viejos, por eso -y tampoco esta vez por milagro- ya en irreversible proceso de descomposición.

(publicado en MUNDIARIO-España 14 de julio, 2017)

Se caen las mentiras de Daniel Ortega

Hace algunos años, un político español -de izquierdas para más señas-, comparaba las personalidades del presidente venezolano Hugo Chávez, entonces en el pináculo de su carrera política y de Daniel Ortega. Decía que Chávez podía llegar a ser incluso simpático, que administraba de forma desordenada los recursos de los que disponía, en cambio el nicaragüense por mucho que se esforzaba, no lograba generar simpatía genuina en sus interlocutores y que siempre estaba buscando recursos, los que igualmente mal administraba o desaparecía. Finalmente decía, Chávez, para bien o para mal, hace lo que dice, Ortega en cambio, o hace lo contrario a lo dicho, o muy pronto se desdice. Miente a menudo  de forma rampante sellaba.

Individualidades aparte, la demagogia y el cinismo son inherentes al populismo. Y si bien siempre encuentran caldo de cultivo por doquier, tienen mayores posibilidades de tener éxito -que siempre será temporal y parcial- en las sociedades que sufren mayor atraso educativo. Ello explica el porqué el populismo, en todas sus variantes, mantiene el atraso a conveniencia o, en el caso de las expresiones más autoritarias, controla y manipula la educación formal, que la asume como parte del aparato de propaganda.

En Nicaragua, el orteguismo que ejerce un control absoluto de la educación formal pública, incluyendo la universitaria, y cuasi absoluto de los medios de comunicación, ha hecho de la divulgación gubernamental un acto cotidiano de propaganda y de los contenidos educativos -programas y textos- una  labor sistemática y permanente de culto a la personalidad de la pareja Ortega-Murillo, a quienes presentan como los exclusivos gestores y autores de la pasada épica revolucionaria y de  todo “lo bueno” que hoy ocurre en el país.

Dos ideas centrales figuran de forma transversal en la narrativa cotidiana orteguista. La primera es  que la gestión del gobierno contra la pobreza es exitosa, beneficiando a la población de logros sociales y la otra  es la reivindicación de la legitimidad del  gobierno, democrático y respetuoso  de los derechos de los nicaragüenses, dicen.

Si bien hay sectores de la población nicaragüense, especialmente los beneficiados con las acciones asistencialista del régimen que son todavía su base política activa y hasta hace poco la denuncia provenía solo de la oposición política a Ortega y de expresiones de la sociedad civil, hoy el mentís a las falacias oficiales es cada vez más generalizado y contundente.

Hace pocas semanas el PNUD dio a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano 2016. Dicho informe, que se elabora sobre la base de las cifras que proveen los gobiernos nacionales, evalúa una serie de variables a fin de concluir el grado de bienestar económico, social y cultural de la población. En este informe Nicaragua ocupa el lugar número 124 de un universo de 188 países. Hace 10 años figuraba en el 112.

Dicho de otra manera: la gestión del régimen de Daniel Ortega que asumió la presidencia en enero del 2007, ha sido ineficaz y Nicaragua ha retrocedido 12 escalas en 10 años, en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, que es –según el mismo informe- un 35 % pobre en el segundo país más pobre de América.

De otra parte, Ortega fue oficialmente reelecto en los comicios del 6 de noviembre del 2016, de los que fue arbitraria e ilegalmente excluida la auténtica oposición y en los que se experimentó un 70 % de abstención. Difícilmente puede reconocerse como legítimo un gobierno que surge en esas circunstancias.

Pero hay más. En febrero pasado el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que recuerda al estado de Nicaragua la “necesidad de respetar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos” e instó a la Unión Europea  a “vigilar estrechamente la situación en el país y a adoptar, si fuera necesario, medidas concretas”. Medidas que solo asoman en el terreno de recorte a la cooperación económica.

En Washington, el miércoles 5 de abril, 25 congresistas, entre  republicanos y demócratas, presentaron para su discusión, una nueva versión del proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act) que retoma la iniciativa presentada en la legislatura pasada  que no logró ser discutida.

La Nica Act, en esta nueva versión, plantea de manera más categórica al régimen de Ortega la necesidad de restablecer el estado de derecho y la democracia, respetar las libertades ciudadanas, así como investigar y castigar la corrupción en las instituciones estatales. En caso contrario, todos los préstamos al gobierno nicaragüense en los organismos financieros internacionales, no serán aprobados por EE UU, “excepto por razones humanitarias, o para promover la democracia en Nicaragua”. Y, después de 90 días de aprobada la ley, EE UU daría a conocer un informe sobre la corrupción en Nicaragua.

El Informe del PNUD, la resolución del Parlamento Europeo y el proyecto bipartidario de la Nica Act en el Congreso de los EE UU, demuestran que el discurso de  Ortega se ha agotado. En Nicaragua no hay ni democracia ni superación de la pobreza. Es la corrupción la que se ha instalado.

Como decía el político español citado al inicio, Ortega miente a menudo. La diferencia es que ya no engaña.

(Publicado en MUNDIARIO, España 7.4.2017)

Cúpula de C x L pagó precio por personalidad

El pasado domingo Ciudadanos por la Libertad realizó su primera Convención, en ella eligió su Comité Ejecutivo Nacional. Se coloca así a las puertas de recibir su personalidad jurídica de parte del CSE. En el evento llamaron la atención varios hechos, entre otros, la escasísima presencia de mujeres y jóvenes en el órgano electo, y que los convencionales hayan escogido de forma unánime como presidenta, a doña Carmella María Rogers Amburn, conocida entre sus amigos antes y en el mundo político ahora, como Kitty Monterrey.

Como se sabe, Ciudadanos por la Libertad es el nombre que adoptaron los ex miembros del PLI, liderados por Eduardo Montealegre una vez que fueron despojados de la casilla legal de ese partido, en otra de las triquiñuelas a las que Daniel Ortega recurrió para evitar sobresaltos en la farsa electoral de noviembre pasado.

Aquel PLI, junto con el MRS, personalidades independientes y otras fuerzas, conformaban la Coalición Nacional por la Democracia, una opción electoral -que en medio de todas las dificultades- prontamente había empezado a mostrar músculo, especialmente con la fórmula de Luis Callejas y Violeta Granera. Tanto así que el despojo a Montealegre de la representación legal del PLI, mediante la sentencia de marras, fue tres días después que se oficializara dicha fórmula.

Aquella sentencia del 7 de junio del 2016, fue la última palada de tierra que el orteguismo lanzó sobre las ruinas del sistema electoral nicaragüense, que él mismo junto con A. Alemán habían ya desnaturalizado y corrompido.

Excluidas del proceso electoral, a las fuerzas aglutinadas hasta entonces en la Coalición Nacional por la Democracia, les quedaban dos caminos: el de la unidad, la resistencia cívica y la movilización ciudadana para lograr elecciones transparentes, sin exclusiones. O el camino contrario, el de la claudicación: abrirse a los halagos del orteguismo y romper la unidad de la oposición.

El MRS, connotados liberales y la independiente Violeta Granera, ex candidata a la vice presidencia, tomaron el primer camino. Seducidos o amenazados (para todos los efectos el resultado es el mismo), la cúpula de los ex PLI optaron por el otro: rompieron la unidad de la oposición y besaron el látigo que les había azotado al arrebatarles la legalidad primero, y despojar de sus curules, inmediatamente después, a 28 diputados opositores electos en su casilla. Lo hicieron, negociaciones mediante, ahora se sabe a cambio de qué.

En septiembre del 2016 -dos meses antes del fraude electoral- los ex PLI, denominados ya Ciudadanos por la Libertad, anunciaron que se conformarían como partido político, solicitarían su personalidad jurídica y participarían en los anunciados comicios municipales de noviembre del 2017. Emergía como líder –directora le llamaron- doña Kitty Monterrey, ya que se anunció el retiro de la política –dicen que definitivo- de Eduardo Montealegre. El ex candidato presidencial Luis Callejas, uno de los líderes en ascenso, se distanció en rechazo a las disposiciones claudicantes y sectarias de la cúpula de CxL

La señora Monterrey, que parece ser la artífice intelectual de las posiciones de Ciudadanos por la Libertad, ha intentado explicar sus decisiones de participar en el juego político del orteguismo, sobre la base del argumento simple de “esto es lo que hay y hay que tomarlo”, apostando a lo que presuntamente logrará la OEA y renunciando a la movilización ciudadana. Todo ello pese a que las condiciones electorales –que posibilitan el fraude y mantienen ilegalizados a varios partidos- no han variado un ápice en los últimos procesos electorales y, por el contrario, Ortega ha afianzado su concentración de poder dinástico y asegurado la sucesión continuista, en parte precisamente a que hay políticos que participan de la coreografía que se dirige desde El Carmen.

Mención aparte necesitan las razones de la señora Rogers para sustentar su negativa a establecer alianzas con el MRS y torpedear, a partir de allí, la unidad de la oposición. Doña Carmela es recurrente en afirmar que hay diferencias ideológicas entre C x L y el MRS. Sin duda las hay, pero no solo: también hay diferencias de cómo se asume la ética política. Si no existiesen esas diferencias, ella sería miembro del MRS o los miembros del MRS estaríamos en C x L. El punto es que, carente de argumentos políticos convincentes –porque no hay-, que expliquen el precio que han pagado por la concesión orteguista de otorgarles la personalidad jurídica, se refugia en ataques y en insinuaciones peligrosas. Así no se hace política democrática y honesta, Kitty. Si se tienen genuina vocación democrática y ética política, la única alternativa es sumar fuerzas para lograr el objetivo de establecer la democracia en Nicaragua, que solo podrá ser resultado de la acción ciudadana.

Es prerrogativa de ellos –de la cúpula de CxL- hacer política como quieran, pero que no pretendan engañar a la ciudadanía y asuman con entereza el costo de ser los nuevos colaboracionistas del régimen.

Porque la historia es tozuda y ya se ha aprendido la lección, en las fuerzas que conforman el FAD, confluyen conservadores y liberales de cepa, sandinistas de distintas generaciones y personalidades de indiscutible coherencia política, que han optado por  la movilización ciudadana y el rechazo categórico e inequívoco al orteguismo y sus maniobras.

No tengo dudas que en el camino, centenares de hombres y mujeres genuinamente demócratas e invulnerables a presiones y ofertas provenientes del poder, que están hoy en C x L, se sumarán a la lucha ciudadana hasta conquistar la democracia.

 

Criminales libres y torturas

Estado de Derecho es un concepto, y por tanto una abstracción, pero su observancia o no, se manifiesta cotidianamente. Y cuando se expresa en asuntos de vida o muerte, su contundencia es mayor. De los hechos posteriores a los sucesos del pasado 26 de enero en el barrio San Luis, en el que resultaron dos policías y un delincuente muertos, se imponen reflexiones y preguntas impostergables

¿Por qué el delincuente muerto, ex policía, con un largo historial delictivo y condenas pendientes, estaba libre? ¿Por qué? Alguien debe explicarlo. ¿Cuántos más -criminales condenados- circulan libremente por las calles de nuestras ciudades y acaso planean ya el próximo delito?

Que el delincuente aniquilado sea un ex policía, egresado de la academia policial además, no es un asunto menor. Recibió entrenamiento e información, puesta al servicio del crimen. ¿Tiene que ver que haya estado libre  con su condición de ex policía?

En México ex policías se han distinguido como los más sanguinarios delincuentes vinculados al narcotráfico.

¿Cuáles son los criterios de la institución policial para integrar personal? ¿Hay medidas de control y contra chequeo para prevenir ser penetrados por el crimen organizado ? ¿ Hay y funciona una inspectoría de asuntos internos? ¿Se sanciona? ¿Por qué no hacen públicos sus informes?

¿Por qué los delincuentes capturados presentan evidentes señales de torturas?¿Por qué la policía tortura? (No es el primer caso).

Y, como se señaló en las redes sociales después de la comparecencia de los capturados ante la judicial, el órgano policial no tiene ningún empacho en presentarlos públicamente así. Como quien dice torturan y no lo esconden.

El argumento que pretende justificar las torturas por la indignación que ha provocado la muerte de los policías es primitivo y por tanto despreciable, porque la tortura es ante todo un acto de cobardía. Y si es practicada por la autoridad un doble crimen.No hay ninguna motivación, ninguna, que la justifique.

Obviamente no hay institución pública ni privada exenta de ser penetrada por criminales. Pero es obligación del Estado, y de las instituciones públicas correspondientes en primer lugar,  disponer de los mecanismos de prevención del delito. Y si este ocurre, la aplicación efectiva de la legislación penal, incluyendo el debido proceso y los derechos humanos de los reos y procesados. Por ello la tortura está constitucionalmente prohibida. Y nadie, delincuente o asesino incluso, debe ser torturado. Nadie.

Claro: esto es lo que debe ser. Pero en Nicaragua el Estado de Derecho es inexistente y su desmontaje ha ido aparejado a la corrupción moral que promueve y estimula el régimen.

Si hay un presidente que llegó a serlo violentando la Constitución -la misma que prohíbe la tortura- si él mismo ha sido acusado de delitos sexuales que “prescribieron”,  si se designan jefes policiales y militares, magistrados, jueces, procuradores y demás, en virtud de la fidelidad al gobernante y no sobre la base de la ley, la transparencia o la experiencia, es razonable pensar que se exime de penas a delincuentes o a policías que matan o torturan por la misma razón.

Por eso mismo la mayoría de la población, está indefensa. Por eso, usted o yo podemos ser la próxima víctima del crimen o -aunque sea paradójico- de un policía, como lo fueron los niños de Las Jaguitas.

 

TRUMP CONTRA EL MUNDO

Donald Trump es un espectáculo móvil. En él se resumen la política y el espectáculo. Lo que hace y dice es noticia donde quiera que vaya. Lo es -lo será más ahora por ser el presidente de Estados Unidos- por lo impredecible e histriónico. Por lo contradictorio en sí mismo.

Antes de y por encima de político, el ahora presidente, es empresario y como tal ha llegado a ser multimillonario, con inversiones en diversas partes del mundo. Las posee en al menos tres continentes: América por supuesto, Europa y como no, Asia. Subrayo diversas partes del mundo, ya verán por qué.

Lenin, el teórico y revolucionario ruso, argumentó en 1916, que una de las características consustanciales del capitalismo monopolista (imperialista) era la exportación de capital. Más allá de las derivaciones políticas del estudio leninista, la globalización, la transnacionalización de la economía con particular fuerza en las décadas finales del siglo veinte, confirmaron sus apreciaciones.

Sería inconcebible la fortuna de Trump sin que haya exportado capital, sin inversiones directas en el extranjero. Como lo serían las de Carlos Slim o la de Bill Gates. Por muy grandes que sean los mercados de origen de esos capitales, igual que muchos otros, se quedaron estrechos ante su propio crecimiento  en un mundo global que demanda y atrae inversiones foráneas.

Sin embargo, uno de los ejes de la campaña electoral de Trump -anuncio de su credo gubernamental- ha sido el proteccionismo estatal a las empresas nacionales de los EEUU frente a la competencia extranjera, pero también la cuasi obligatoriedad del retorno de muchas inversiones que habían migrado, so pena de pagar más impuestos, incluso exorbitantes.

Y esto tiene un doble objetivo: recuperar puestos de empleo en los propios Estados Unidos, especialmente en industrias emblemáticas como la automovilística, con las consecuencias sociales y políticas que ello conlleva y dar ventaja a su propia economía en el escenario de la competencia global.

Eso en sí mismo podría parecer no solo necesario, sino justo, si no fuese porque el mundo de hoy es diverso, la economía -y la vida- global y porque Trump desarrolla esas propuestas -políticas de gobierno- desde posiciones mesiánicas, anti migración y rozando el ultra nacionalismo. Necesita –en sus cuentas- depurar el mercado laboral estadounidense, invadido de migrantes ilegales, para que el sistema asimile la mano de obra y le ofrezca bienestar a sus trabajadores; requieren las empresas estadounidenses la protección del estado para ser competitivas. Propone, pide, grita: “Primero Estados Unidos”, como Hitler reivindicaba el verso del viejo himno alemán: “Alemania sobre todo”.

Es harto paradójico que mientras en el Foro Económico Mundial en Davos, el presidente de China –de la República Popular China, la de Mao, la que gobierna con mano de hierro el Partido Comunista- defiende el libre comercio y rechaza el proteccionismo, Trump dice lo opuesto. Es claro que aquellos comunistas no lo son más, pero Trump sigue siendo un capitalista.

El mundo asiste a una nueva etapa en el desarrollo de las contradicciones en el seno del capitalismo…y del “socialismo”. Por eso mismo la lucha por la democracia, de su establecimiento o perfeccionamiento, debe estar dotada de contenidos viables, realistas, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Si no, surgirán nuevos Trumps criollos: populistas, enemigos de las libertades, mentirosos, mesiánicos.

A propósito ¿qué ha dicho Ortega de Trump? No ha dicho nada ni dirá nada, porque pretende evitarlo, pero sobre todo porque esconde el propósito de parecerle simpático.

(P.D) Escrito y ya publicado este artículo, se dieron el sábado 21 las formidables movilizaciones ciudadanas en distintas ciudades del mundo, y especialmente la de Washington, para decirle a Trump que no podrá hacer lo que se le antoje.

 

LA INMORALIDAD COMO GOBIERNO

La historia de Nicaragua, tan llena de sinuosidades en la búsqueda de la democracia y la libertad, ha nutrido el calendario de numerosas efemérides políticas. No hay mes en que falte alguna relevante. La mayoría de batallas o martirios, escasas las que celebran victorias o alegrías nacionales. Porque como Sísifo, dice el símil, el pueblo de Nicaragua cuando casi ha llegado a la cima, una y otra vez ha tenido que volver al inicio.

Empieza enero, y cómo no, apenas al décimo día se conmemora el martirio de Pedro Joaquín Chamorro, periodista y político que terca y consecuentemente enfrentó a la dictadura somocista durante décadas, con la palabra para denunciar y convocar, y cuando lo consideró necesario, con el fusil.

El 10 de enero de 1978, dieciocho meses antes de su derrocamiento, el somocismo, evidenciado como una dictadura sangrienta, mandó a asesinar a Chamorro. Fueron sicarios los que apretaron el gatillo de la escopeta, pero los autores intelectuales del magnicidio conspicuos miembros de la cúpula del régimen.

El asesinato de Pedro Joaquín, como el pueblo lo llamaba a secas, fue repudiado por toda la ciudadanía. Desató de inmediato innumerables demostraciones populares, incluso violentas, que continuaron ininterrumpidamente hasta la insurrección general que derrocó al somocismo en julio de 1979. Nada casual. La sociedad nicaragüense estaba preñada de contradicciones que pugnaban por resolverse. De una parte la dictadura somocista había aniquilado todo espacio democrático mediante farsas electorales y represión, contaba para ello con una guardia pretoriana, con cómplices disfrazados de oposición y disponía del erario, para sobornar y comprar. De otra parte, las fuerzas opositoras, plurales y multiformes, por décadas habían labrado de diferentes maneras el camino para conquistar la democracia.

Con el asesinato de Chamorro el somocismo demostró hasta donde era capaz de llegar. El grupo económico de los Somoza que ejercía el usufructo del estado en su beneficio particular y en clara ventaja de los otros sectores de la clase empresarial, también estaba dispuesto a eliminar, incluso físicamente, a cualquiera que osara enfrentarlo, indistintamente de su pertenencia social o arraigo.

Y se dio el estallido. Transcurrirían menos de dos años para que el pueblo nicaragüense acariciara el establecimiento definitivo –eso creímos, eso quisimos– de una sociedad democrática, moderna, respetuosa de la pluralidad inherente, que allanara la conquista de la justicia social.

En 1985 se instaló una Asamblea Nacional, con carácter constituyente y de legislación ordinaria. La Constitución que resultó de sus deliberaciones, estableció que las tomas de posesión de los electos a la presidencia y vice presidencia en los comicios a realizarse cada cinco años, serían el 10 de enero correspondiente. Homenaje explícito y merecido por supuesto, a Pedro Joaquín Chamorro, el Mártir de las libertades públicas, como lo reconoció la misma Carta Magna.

Este 10 de enero del 2017, tomarán posesión de la presidencia y de la vicepresidencia, Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, respectivamente. Él inicia así su cuarto período como gobernante, tercero consecutivo, y ella su primero en un cargo de supuesta elección. “Tomarán posesión” es un decir y el acto, lleno de parafernalia y frases vacuas a las que la Murillo es tan dada, solo es la parte final de la puesta en escena que empezó el 6 de noviembre con la farsa electoral.

La pareja Ortega-Murillo, es apenas el segundo caso en la historia de América Latina, en que quienes ostentan los máximos cargos del Poder Ejecutivo, comparten alcoba como matrimonio y en el que las principales decisiones de gobierno se toman –se supone– entre gemidos y arrumacos. Los argentinos Perón y María Estela Martínez eran hasta ahora el único.

Pero más allá del rasgo grotesco, más medieval que del siglo XXI que representa el acto de toma de posesión de la pareja Ortega-Murillo como reyezuelos de Nicaragua –con séquito y bufones incluidos–, es también una afrenta pública a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro precisamente cuando se conmemora su muerte. Chamorro fue mandado a matar por luchar toda su vida contra todo lo que Ortega personaliza: continuismo en el poder, fraude electoral, nepotismo, corrupción y descaro político.

Daniel Ortega y con él su mujer, a lo largo de los últimos diez años han desmontado el Estado de Derecho que había empezado a construirse en Nicaragua, han entregado la soberanía nacional a un oscuro empresario chino para la supuesta construcción de un canal interoceánico, se han enriquecido ellos y sus adláteres aprovechando los recursos del Estado, han descompuesto la institucionalidad de la policía y el ejército para colocarlos a su servicio y perpetuar un régimen familiar. Pero sobre todo, y al mismo tiempo de lo anterior, han corrompido moralmente el ejercicio de la política, en nombre de la izquierda y de una falsa revolución.

Pero hoy como en 1978, se han acumulado en la sociedad nicaragüense, contradicciones insalvables, que tarde o temprano darán al traste con el régimen de Ortega, para que de una vez por todas en el país se establezca la democracia, se construya la justicia,y la ética y la moral en política. Para no ser más Sísifo, porque los pueblos no están condenados a cumplir el fatídico mito, aunque a veces lo parezca.

(Publicado en MUNDIARIO-España el 9.1.2017, con el título: Tarde o temprano, contradicciones insalvables darán al traste con el régimen de Ortega)