Ortega enfrenta sanciones por corrupción e impunidad

En Managua, es comentario abierto que no hay tranquilidad en los despachos -ni en las alcobas- de El Carmen, residencia y oficina de Daniel Ortega, presidente designado y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta designada, vocera y gobernanta de Nicaragua.

Y es comprensible que no haya sosiego en la sede del omnímodo poder que administra Nicaragua desde el 2007. Después de ejercer durante diez años un gobierno autoritario y de haber desmontado las instituciones democráticas que desde 1990 pujaban por establecerse, las cosas no pintan nada bien para la pareja Ortega- Murillo.

El pasado 21 de diciembre el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a Roberto Rivas Reyes mediante la aplicación de Ley Magnitsky. Rivas Reyes, un protegido de Ortega y de su aliado, el jubilado Cardenal Miguel Obando y Bravo, es quien preside el aparato electoral que ha organizado los fraudes electorales ejecutados en Nicaragua en los últimos diez años. Y eso, unido a sus prácticas corruptas como funcionario público, son las razones de la sanción estadounidense.

Las acusaciones de corrupción que recaen sobre Rivas Reyes, merecen párrafo aparte. La vida de Rivas Reyes está llena de lujos exuberantes e imposibles de  explican a partir de su ingreso salarial y de lo que le genera una modesta plantación de café de la cual es propietario. Su enriquecimiento, por lo demás ofensivo en el segundo país más pobre del continente de América, ha sido paralelo a su ejercicio como funcionario público. Mansiones y automóviles de lujo en Managua, Madrid y San José, jets privados, y numerosas inversiones inmobiliarias internacionales, solo pueden ser explicadas por el uso de recursos del erario en beneficio particular o porque es testaferro de poderosos, o por ambas cosas.

Pero Ortega no solo no ha destituido a Roberto Rivas Reyes, colocado ahora entre los catorce delincuentes internacionales sancionados por la Ley Magnitsky, sino que mediante una pueril reforma legal, lo confirmó en su cargo -aunque liberándolo de responsabilidades administrativas-, le preservó todas sus prebendas y la impunidad en que vive.

Un hecho que llama la atención en Managua en las últimas semanas, es que las escandalosas caravanas en las que se moviliza Rivas Reyes han dejado de circular. ¿Dónde está? Ortega ¿lo protege o lo retiene? Rivas Reyes sabe mucho, demasiado quizás y por eso la hipótesis que su director le mandó hacer mutis, es cada vez más aceptada.

Pero la impunidad que Ortega otorga a Rivas Reyes, también se la proporciona a perseguidos internacionales. Tal es el caso de Mauricio Funes, ex presidente salvadoreño, condenado por enriquecimiento ilícito en su país, quien vive alegremente en Managua, asiste a actos oficiales y goza incluso de protección policial. Más recientemente se ha  denunciado que Mario Roberto Aldana Pérez, ex ministro de Agricultura  de Guatemala y sobre quien hay una orden de captura por el delito de peculado y fraude, también está en Nicaragua.

La impunidad que el régimen de Ortega otorga a personajes acusados de corrupción, y  de distinta calaña, se extiende a violadores de los Derechos Humanos.

En los últimos años en el campo, las ejecuciones de la policía y el ejército a ciudadanos opositores, son cada vez más frecuentes. Desde el 2011 a la fecha, el número de opositores -a los que el régimen señala de delincuentes comunes- “muertos en combate” o abiertamente ejecutados, pasa de los cincuenta. El caso más reciente incluye las vejaciones y el asesinato a dos menores de edad a manos de unidades del ejército. Los cadáveres, como en otros casos, no fueron entregados a los familiares. Y al igual que en situaciones similares, los jefes policiales y militares involucrados, gozan de la protección del régimen de Ortega.

Permitir el enriquecimiento ilícito y otorgar protección ante las acusaciones por crímenes y corrupción, es la moneda con la que Ortega paga la fidelidad a los suyos. O bien es un servicio que ofrece a corruptos internacionales, fundado en el control unipersonal de las instituciones del estado.

Sin embargo, las sanciones con la Ley Magnitsky ya aplicadas a Roberto Rivas y los anuncios que pronto habrá nuevos sancionados, incluyendo al Tesorero del FSLN, Francisco López y altos magistrados judiciales, y la Nica Act que sancionaría al actual gobierno de Nicaragua por violador a las libertades y que puede ser aprobada en cualquier momento en el Senado de los EEUU, causan justificada preocupación en el círculo de los Ortega Murillo.

Ortega sabe que EE UU es un adversario poderoso, y con maniobras pretende eludirlo. Y sabe que el terreno de enfrentamiento en la sociedad global actual, es el comercial y el financiero, los mismos en los que, pese a las peroratas antiimperialistas que suele largar a sus bases, es frágil. Y es más frágil ahora que su protector en los últimos diez años -el régimen chavista- vive una crisis terminal.

Pero Ortega también sabe que el voto ciudadano es su más poderoso adversario, toda vez que sea ejercido en libertad y sin exclusiones. Por eso ha impedido elecciones libres en los últimos diez años con la complicidad y los fieles servicios del ahora sancionado Roberto Rivas.

Por la misma razón, la oposición ha presentado la propuesta de una reforma electoral profunda, que permita  elecciones libres, sin exclusiones y con observación internacional. Ese es el camino –el único en paz- para restituir la democracia en Nicaragua y con ello terminar la impunidad y desterrar la corrupción.

Esa es la batalla cívica que se fermenta en Nicaragua. Suficientes razones para que el insomnio se pasee en El Carmen.

(publicado en Mundiario, España el 27 de febrero del 2018)

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