Las razones por las que Nicaragua vuelve a atraer la atención mundial

Durante la década de los ochenta, Nicaragua fue noticia constante en la prensa mundial. El derrocamiento de la dictadura somocista en los estertores de la década de los setenta, y el posterior establecimiento de un régimen que adelantó una revolución popular, que tuvo primero claros visos de originalidad y luego un marcado giro a la izquierda, concitaron la atención mundial. Más aún porque todo ello se daba en un cruento contexto de violencia, signado primero por una insurrección y luego por una guerra civil y porque el pequeño país centroamericano se convirtió en un protagonista menor de la Guerra Fría, cuyo final se acercaba.

Durante los últimos años, Nicaragua apenas llamó la atención de la opinión pública internacional, a no ser por tragedias naturales y la denuncia de uno u otro caso de corrupción en los gobiernos liberales que se sucedieron de 1990 al 2006. Sin embargo, en los últimos meses el mundo ha vuelto a prestar atención a lo ocurre en el triángulo terrestre en el que el continente americano se estrecha. Y ha sido precisamente de la mano de Daniel Ortega, uno de los líderes de aquella revolución del 79 y cabeza del ejecutivo durante los años ochenta, que la patria de Rubén Darío y de Sandino, es hoy otra vez noticia. Y, lamentablemente, no son precisamente buenas noticias.

En el 2006, Daniel Ortega, del FSLN, llegó nuevamente a la presidencia. Y aunque lo hizo apenas con el 38% de los votos, en virtud de un acuerdo de cúpulas con el caudillo liberal Arnoldo Alemán, que, entre otras cosas, eliminó el mínimo anterior necesario para ganarla en primera vuelta, ciertamente sus votantes albergaban la esperanza de establecer un gobierno más sensible que los precedentes a las necesidades sociales de la población.

Sin embargo, a diez años de haber asumido Ortega la presidencia, renovada en unas cuestionadas elecciones del 2011, Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del continente, solo superado por Haití. Pero no solamente. Los avances en la construcción de la institucionalidad democrática, forjados en los noventa y primeros años del presente siglo, han sido gradualmente desmontados por el régimen del caudillo del FSLN, que hoy se prepara para asumir un nuevo período -cinco años más- mediando una farsa electoral a realizarse el 6 de noviembre próximo. Ahora con su mujer, Rosario Murillo, como candidata a vicepresidenta.

La concentración de poder por parte de Daniel Ortega, de desnaturalización de las instituciones -policía y ejército incluidos- y la ilegalización de los auténtico partidos opositores, ha ido aparejado de la apropiación de la mayor parte de los réditos de la cooperación petrolera venezolana que, según especialistas, alcanza la bicoca de más de 4.000 millones de dólares. La cooperación en términos generosos para Nicaragua, de la que Ortega y su grupo se han apropiado, es resultado de un acuerdo económico suscrito entre él y el fallecido Hugo Chávez, al que Nicolás Maduro ha dado continuidad.

Una parte de esos fondos el gobierno de Ortega los ha empleado en planes de asistencia social, sustentados en el clientelismo político, y constituyen todavía el sustento del apoyo que luce en las encuestas oficiales. Todo cobijado con un discurso programático que se auto denomina “cristiano, socialista y solidario”.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el régimen de Ortega. En el año 2013, mediante una ley aprobada por el parlamento bajo su control, entregó mediante una generosa concesión prácticamente todo el territorio nacional, a un oscuro empresario de China Popular, para la supuesta construcción de un canal interoceánico.Tres años después, no hay señales creíbles de tal obra, que amén de la destrucción ambiental que implicaría, desarraigaría a más de cien mil familias campesinas de sus territorios. Wang Jing, el empresario beneficiado por la concesión, ha enfrentado el último año graves problemas financieros y la población campesina se encuentra en estado de movilización permanente en rechazo al pretendido canal.

El régimen venezolano enfrenta una crisis integral y sin duda su desenlace significará un parteaguas también para Ortega. De hecho, ya en los últimos meses la cooperación venezolana se ha visto reducida obligando al gobierno nicaragüense a restringir sus planes asistencialistas y anunciar un aumento de los impuestos.

Sumado a ello, el pasado 21 de septiembre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley Nicaraguan Investiment Conditionality H.R. 5708. La ley, una iniciativa bi partidista, cuyos autores y promotores han sido los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata), establece dos disposiciones fundamentales. Por un lado indica que los Estados Unidos se opondrán a que se otorguen créditos a Nicaragua en las instituciones multilaterales como son el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tanto no se reestablezca el Estado de Derecho y la efectiva independencia de poderes, se efectúen elecciones transparentes y se garantice la libertad de expresión.

De otra parte, establece que 120 días después que la legislación entre en vigencia el Departamento de Estado deberá presentar al Congreso un informe sobre los actos de corrupción en el ejecutivo nicaragüense y en otras instituciones como el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.

La aprobación de esta ley en la primera instancia del legislativo estadounidense es un indicativo fiel de la percepción y preocupación que priva en los Estados Unidos por el estado de cosas en Nicaragua, cuyo régimen, además, no oculta su alianza – estratégica, han dicho sus protagonistas- con Rusia e Irán.

Las consecuencias de la entrada en vigencia de la ley, una vez que sea ratificada por el senado y refrendada por el presidente estadounidense, serían poco menos que catastróficas para la endeble economía nicaragüense que tiene en los EE UU el principal socio comercial y gran dependencia del financiamiento internacional.

La oposición en Nicaragua, mantiene un desconocimiento adelantado a las “elecciones” de noviembre próximo en las que, el ya septuagenario Daniel Ortega, pretende legitimar una dictadura de tipo dinástico bajo el modelo de partido único, al estilo de los viejos modelos socialistas de “democracia popular”. La oposición demanda que se convoquen nuevos comicios, con árbitros electorales imparciales, presencia de observación nacional e internacional independiente y calificada y que no se den exclusiones de ningún tipo.

Aunque en Nicaragua hay señales ciertas de la existencia de pequeños grupos armados opuestos a Ortega, la oposición, que abarca un amplio abanico de identidades ideológicas desde la derecha hasta la izquierda democrática, ha sido categórica en afirmar que la guerra no es opción, y apuestan por una salida cívica. Mientras, el régimen no da ninguna señal de corregir el rumbo.

Es previsible, entonces, que en Nicaragua los meses que faltan y el próximo año, se den hechos que atraerán la atención de la opinión pública internacional.

(Publicado en MUNDIARIO- España el 7 de octubre)

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