Daniel Ortega ha coronado un golpe contra el estado de derecho en Nicaragua.
Si bien las acciones que lo configuran no se atienen a la definición clásica de un golpe de Estado, el proceso de concentración de poder y la desnaturalización de las instituciones, iniciado a partir del 2007, y que tiene su acto más relevante -y acaso el más descarado- en la destitución de los diputados opositores de la Asamblea Nacional, no permiten eufemismos. Es un golpe de Estado.
Los golpes de Estado clásicos se caracterizan por la toma del poder violentamente por un grupo, normalmente mediando la acción explícita de las fuerzas armadas. El caso de Chile en 1973, de Honduras en el 2009, y más recientemente en Turquía, calzan en esa definición, especialmente en la forma y las escenas que los ilustran: la suspensión de las garantías constitucionales, las fuerzas castrenses declarando estado de excepción, el cierre manu militari de los medios de comunicación independientes, los tanques en las calles y una represión generalizada.
No obstante, la evolución de la circunstancias históricas, con el creciente peso de las normas sobre Derechos Humanos y de los convenios internacionales que velan por la democracia, como la Carta Democrática de la OEA, la globalización económica y sus consecuencias políticas y jurídicas, han condicionado que los golpistas -desde dentro o fuera de los gobiernos- recurran a nuevas formas y coartadas para concretar sus despropósitos, normalmente amparándose en interpretaciones antojadizas de las normas constitucionales, en reformas espurias aplicadas previamente por ellos mismos o haciendo operar poderes constituidos, que solo formalmente lo son. Todo para demoler la democracia desde adentro, alegando una legalidad inexistente e intentando reducir el costo político, especialmente externo.
La ciencia política moderna define como rasgos comunes de los golpes de Estado, al margen de las diferencias técnicas o formales mediante los cuales se ejecuten el acto, así: la negación de los derechos ciudadanos y en primer término de los derechos políticos, la subordinación por desnaturalización de las instituciones, la participación -por acción u omisión- de las fuerzas armadas, resultado de su parcialidad, la represión política a la oposición, la criminalización de las protestas sociales y la exaltación de un líder.
Pero hay otro elemento nuevo. Si los golpes en América Latina en la década de los setenta –Chile, Uruguay, Argentina, Guatemala- se sustentaban básicamente en razones ideológicas -el anti comunismo-, ya desde Fujimori en 1992, una causal relevante en las motivaciones golpistas, ha sido encubrir el enriquecimiento ilícito de las cúpulas golpistas a costa del erario.
De otra parte, tampoco legitima los golpes de Estado el hecho que sus ejecutores gocen en algunos casos y siempre temporalmente, de alguna popularidad. Hitler la tuvo en los albores de su poder, Pinochet actuó con el beneplácito o la complicidad pasiva de importantes sectores de la sociedad chilena, al igual que Fujimori en su momento.
En Nicaragua, la Asamblea Nacional era el último espacio institucional en el que la oposición actuaba. Al expulsar de su seno a los diputados que no se rindieron ante su chantaje o presiones, Ortega la terminó de aniquilar como institución y la convirtió en un espacio ocupado solo por empleados suyos. Ciertamente no la ha disuelto. Esa cosa, ese remedo de órgano legislativo, continuará funcionando formalmente para dar forma de ley a la voluntad del dictador, sin voces que desde su seno o con la investidura de parlamentarios, denuncien o cuestionen los atropellos.
La fuerzas armadas no han desplegado tanques ni soldados en las calles, pero los miembros de su jefatura son cómplices conscientes del golpe. ¿No estarán los tanques rusos en elevada disposición combativa, por cualquier cosa?
El hecho que este golpe se ultime cuatro meses antes de las votaciones de noviembre, precedido de la exclusión de la oposición de las mismas, revela además que el proyecto de Ortega no es solo antidemocrático, es absolutista. Ortega quiere gobernar solo, o que su eventual heredero así lo haga. No solo ha debilitado el estado de derecho, como cándidamente dijo la cúpula empresarial: lo sepultó.
El cambio definitivo de las reglas traslada la lucha interna por la democracia a un exclusivo pero amplio escenario: las calles.
Platicandito con Héctor Mairena 